A continuación tres columnas de opinión aprecidas en el diario El Espectador de Bogotá, Colombia, de Daniel
Mera Villamizar, columnista habitual de dicho medio de prensa, sobre asuntos de interés para la discusión sobre el futuro de las universidades públicas en la región lartinoamericana.
Gerencia y bienestar en universidades públicas
Por: Daniel Mera Villamizar
Columna de opinión, El Espectador, Colombia, 8 julio 2010
NOTABLES ACADÉMICOS ATRAPADOS en cargos administrativos y 45% de deserción por cohorte.
Sin un mejoramiento cualitativo de la gestión universitaria y del bienestar estudiantil, entre otros cambios, el sistema de educación superior pública, que responde por el 55% de la matrícula, no ayudará lo necesario a cumplir las metas de la década. Entre ellas, consolidar la masificación con inclusión social, pasando del 35% al 50% de cobertura o más, y subir la permanencia estudiantil al 75%. ¿Qué tipo de gestión lograrán esos y otros progresos sostenidos?
Una gestión más profesional, a partir de la creación de un régimen de carrera de administradores universitarios que promueva la especialización de talento humano en las diferentes funciones no académicas ni intelectuales de la gestión de una institución de educación superior. La improvisación de profesores como directores o “gerentes”, y la ausencia de perfiles y competencias específicas para cargos de responsabilidad media, ponen significativas cantidades de recursos físicos, humanos y financieros en manos inexpertas. Los académicos necesitan un cuerpo gerencial y de gestión competitivo a su servicio, y los funcionarios de este cuerpo necesitan una carrera, estímulos, estabilidad.
Los cargos de vicedecanos de estudiantes, directores de planeación y de admisión o vicerrectores de bienestar, por ejemplo, podrían ser parte de la carrera de administradores universitarios, evitando, además, la alta rotación. Cada institución decidirá, con autonomía, si vincula su personal administrativo a la carrera, contribuyendo a crear un mercado nacional de gestores universitarios que redundará en la eficiencia de las instituciones y del subsistema. El Gobierno, sin embargo, a través de incentivos financieros, podrá impulsar dicha carrera. Esto llevaría a que en la reforma de la Ley 30 de 1992, también se modifiquen las instancias colegiadas, enfocándolas en las cuestiones académicas y tal vez variando su composición.
Si Bienestar es el área encargada de liderar la permanencia de los estudiantes, especialmente de los que tienen bajo nivel socio-económico y académico, habrá que llegar a otra transformación. Lo que dice la ley citada no fue pensado para la descomunal tarea de dar realidad a la inclusión de nuevos sectores sociales en la educación terciaria, sino para enriquecer la experiencia de vida de estamentos sin privaciones en la universidad, un enfoque que debe complementarse. Por eso habló de un 2% del presupuesto de funcionamiento de cada institución para bienestar universitario. El nuevo reto puede verse así: si el subsidio en la matrícula es “$100”, pero no consigue, a modo indicativo, “$15” más para “bienestar”, perderá los “$100”. Casi uno de dos alumnos pobres está desertando. Como vivienda y alimentación son carencias de muchos, en lugar de hacerse cargo Bienestar, habría que fomentar una industria de servicios para la retención estudiantil, incluyendo quizás el acompañamiento psico-académico. La universidad no puede hacerlo sola, ni aun teniendo la plata. Al final, los académicos tendrían más poder estratégico y menos dolores de cabeza por gerenciamiento, con una sociedad agradecida.
Daniel Mera Villamizar
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Reforma en educación superior
Por: Daniel Mera Villamizar
Columna de opinión, El Espectador, Colombia, 29 junio 2010
EVITAR EL SIGUIENTE CONFLICTO generalizado de las universidades públicas con el gobierno y crear el consenso necesario en la educación superior para el nuevo período del país. ¿Será eso posible?
Las protestas del semestre pasado llevaron a recursos adicionales, en 2010, por 118 o $160 mil millones, según se mire, que resuelven muy parcialmente el problema de desfinanciamiento acumulado, estimado por los rectores en alrededor de medio billón de pesos. La fórmula, en general, no gustó, porque sólo $70 mil millones harán “base presupuestal”, garantizando su recurrencia, aunque su criterio de distribución, un fondo competitivo para aumentar cobertura, constituye una importante innovación.
La Ministra, sin embargo, varió su posición y decidió concertar con el Sistema Universitario Estatal y las asociaciones de instituciones de educación superior una reforma de la Ley 30 de 1992 en el esquema de financiación. El proyecto fue radicado en abril, con mensaje de urgencia, y archivado por vencimiento de términos en junio. Una “muerte anunciada”, y tal vez conveniente, porque no hay suficiente claridad sobre la relación entre la reforma de lo financiero, lo institucional y lo “estructural”.
Podría resultar problemático acordar incrementos sustanciales de recursos públicos para el sistema de educación terciaria, o cualquiera, sin establecer un amplio consenso sobre cómo éste va a satisfacer las expectativas de la sociedad y la economía. Tocar lo financiero primero o aisladamente, corre el riesgo de dejar “sin dientes” o instrumentos al resto de reformas. La apuesta de la Ministra parece ser que el consenso se creará después, pero el proyecto de ley dice que las definiciones serán de dos, el Ministerio y los rectores, cuando debería involucrarse a más actores, y es preciso repensar el marco normativo en el que se toman las decisiones.
No era razonable intentar una reforma integral al final del Gobierno, pero sí ahora, al comienzo de otro. La meta de cobertura del proyecto archivado era 50% en 2019, mientras la del gobierno electo es “duplicar durante la próxima década el número de alumnos inscritos en las universidades”, o sea 70%. El nuevo Ministro de Hacienda tendrá que decir si le cuadran los aumentos reales de las transferencias a las universidades, especialmente a partir de 2012. Habrá mayor énfasis en la innovación, probablemente como nunca antes, y es discutible segmentar ahí la competencia por recursos públicos entre universidades estatales y privadas.
Que la “estrategia financiera” del sistema es mejorable lo muestra la introducción del modelo de “crédito estudiantil contingente al ingreso” por parte de los congresistas ponentes. Las discusiones con las agremiaciones, el foro internacional y el proyecto de ley dejan un acervo valioso, pero hay que ser más sensibles al desfinanciamiento, para anticipar líos, y más ambiciosos con el potencial de los recursos nuevos, comenzando por fortalecer la voz y el compromiso de las universidades en la fijación de metas de país.
Daniel Mera Villamizar
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Universidades desfinanciadas, ¿y sin Ministra?
Por: Daniel Mera Villamizar
Columna de opinión, El Espectador, Colombia, 13 0ctubre 2009
LOS RECTORES DE LAS 32 UNIVERSIdades estatales pagaron en El Tiempo y El Espectador la publicación de una carta abierta al presidente Uribe, el Ministro de Hacienda y los congresistas pidiendo enfrentar el desfinanciamiento de sus instituciones en el presupuesto de 2010. Evitaron, cuidadosamente, referirse al Ministerio de Educación.
Básicamente, que la Ministra tenía la mayor parte de la razón en 2003 respecto a que las universidades públicas podían “hacer más con la misma plata de la nación”, pero tal vez no tiene tanta razón en 2009. La Ministra se muestra inconmovible frente a la evidencia de unos gastos, no cuestionados, nuevos y obligatorios, que han venido creciendo más que las transferencias, que no crecen en términos reales. Algunos rectores dicen, no en la carta abierta, que no pueden expandir más la venta de servicios para aumentar los recursos propios porque afectarían la esencia misional. Hay desfinanciamiento acumulado (estimado en $500 mil millones, conservadoramente), y una situación parecida a un “diálogo roto”.
Eso es curioso porque la ministra podrá mostrar al final de su gestión que logró impulsar casi milagros de eficiencia en las universidades estatales. Aumento extraordinario de cobertura, avances de calificación docente y de actividad investigativa, incremento de la infraestructura física, y consolidación de las acreditaciones y certificaciones de calidad. Todo con la misma plata. Debería estar feliz con el balance que hacen los rectores de lo alcanzado bajo el régimen que les impuso, con ciertas salvedades. Pero ella está arriesgando no aprovechar “el momento de los 108 mil millones de pesos”, que es el monto que están solicitando sumar a la base presupuestal, para dejar sentado el espíritu de la “siguiente etapa” de la educación superior pública: un nuevo “arreglo institucional” que sustituya la Ley 30 de 1992. Es decir, la Ministra debe decidir si “ya está bueno de lo vivido” entre 2003 y 2009, y si usa el “suave látigo” de los $108 mil millones para “abrir un nuevo período”.
Retomar el diálogo con franqueza implicaría que la Ministra le diga al consejo de rectores del Sistema Universitario Estatal que en meses hay que finalizar el “forcejeo” de largos años sobre los indicadores (de consenso) para medir la gestión de las universidades (y asignar recursos con equidad matizada), y para eso pueden usar de nuevo la Casa de Nariño, y que a su vez se aguante que los rectores le reclamen que “cómo es que no apoya los $108 mil millones de compensación, exponiendo a la nación a demandas, cuando el Ministerio ahora es ejecutor de política con $200 mil millones para inversión en 2009 versus $3.000 millones en 2003”. Con ánimo constructivo y liderazgo, esos términos, ya escuchados, podrían llevar a discutir cómo las transferencias crearían los mejores incentivos para el sistema, respetando la autonomía universitaria. Aunque, por ahora, lo primero es que los rectores sí cuenten con la Ministra. Que se restablezca el diálogo.
Daniel Mera Villamizar