Estos temas se debate en España en términos muy semejantes a la discusión chilena: qué obligación de informar deben asumir las universidades, cuánta información y sobre qué la deben proporcionar, a quién, y qué beneficios acarrea la transparencia para la elección de los estudiantes, la rendición de cuenta ante la sociedad y el gobierno y para la calidad de las propias instituciones.
Educación planea exigir más transparencia a la Universidad
Propone reforzar los mecanismos de información para saber dónde están los mejores docentes e investigadores y qué centros funcionan mejor
J. A. AUNIÓN
El País, Madrid – 01/03/2010
La Universidad española debe ser más transparente. “Se deben conocer dónde están los mejores equipos docentes en cada rama de conocimiento, dónde se encuentran los expertos investigadores en cada ámbito y cuáles son los centros más activos en innovación y transferencia”. Así lo reclama el informe del Ministerio de Educación que se está debatiendo para cambiar el modelo de financiación universitaria. Se trata, señala el texto, de que todos los actores puedan tomar decisiones “con las máximas garantías de acierto”. Empezando por los estudiantes.
El experto de la OCDE Francesc Pedró ha descrito en alguna ocasión el actual como un “sistema ciego”, que obliga a los estudiantes a guiarse sólo “por sus preferencias o intuiciones”, pero sin “contar también con criterios racionales”. Ahora, “el único indicador comparativo que tienen son las notas de corte”, dice el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra José García-Montalvo: cuanto más altas, más prestigiosa la titulación. El catedrático añade cuáles podrían ser los principales indicadores de calidad docente: cuánto se tarda, de media, en terminar una carrera; cuál es la tasa de estudiantes que abandonan en 1º o en 2º; cuántos alumnos eligieron esa titulación en primera opción; o la tasa de inserción laboral una vez titulados.
Ese tipo de información se puede encontrar ahora, pero, o bien como informes de una parte interesada y sin comparación alguna -“Las universidades tienen su oficina de inserción laboral, pero, claro, todos quieren quedar bien”, dice García-Montalvo- o cuando hay comparación se eligen datos “tan agregados” que tampoco sirven. Es decir, que se ofrecen datos por universidades y no por facultades o departamentos o se dan por áreas de conocimiento y no por carreras. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con el informe REFLEX que en España dirigió la agencia de evaluación ANECA. Se trata de la comparativa más completa que se ha hecho en Europa sobre inserción laboral de universitarios, pero los resultados se publicaron por áreas de conocimiento y países.
“Las universidades tienen alergia a los ranking, a las comparaciones”, dice el profesor de la Pompeu Fabra, que tiene la percepción de que se trata de algo que ocurre en casi toda Europa. Las razones más comunmente esgrimidas contra las clasificaciones -mucho más extendidas en el mundo anglosajón- es que los métodos tienen sus limitaciones, sus fallos y quizá nunca conseguirán ser absolutamente justos al cotejar realidades que pueden ser muy distintas.
Pero eso no es excusa, según los expertos que han redactado el informe para la nueva financiación (una comisión en la que han tomado parte expertos, el Gobierno, las comunidades y las universidades). “El conocimiento de los resultados, la metodología empleada y las propias limitaciones del método deben ser perfectamente asequibles para la comunidad universitaria”, señala el texto.
De este modo, la propuesta es, cada uno o dos años, “poner a disposición de todas las instituciones, todos los agentes y la sociedad en general, un informe que permita valorar los resultados de las universidades y evaluar la rentabilidad del gasto público financiado por los contribuyentes”. El informe se presentará a las Cortes. Los indicadores habrán de consensuarlos el Gobierno, las comunidades y las propias universidades, tarea que será sin duda ardua, lenta y que podría descafeinar las intenciones expuestas en el documento con absoluta claridad: “Sólo con un sistema de información potente se podrá realizar una correcta toma de decisiones y se fomentará la competencia de nuestros centros”.
La era de la rendición de cuentas
El camino que señala la Asociación Europea de Universidades para la modernización de los campus del continente es el de dar más autonomía a las universidades, pero a la vez exigirle más rendición de cuentas. Y para rendir cuentas es necesaria una mayor transparencia.
El problema es cómo se decide qué se va a valorar a la hora de medir la calidad de la docencia y de la investigación. Porque si ya es controvertido exponer públicamente unos datos que pueden sacar los colores y alejar alumnos de una facultad de una universidad concreta, lo es mucho más si lo que se juega es la financiación. No se trata de dejar sin dinero a quien lo haga mal, sino de repartir presupuesto extra entre los que lo hagan mejor, según el planteamiento para la nueva financiación, lo cual ya se hace, en mayor o menor medida, en algunas comunidades autónomas. Pero la idea es que la propia universidad actúe de esa misma manera al repartir fondos entre sus facultades y departamentos.
“Ahora mismo, no hay una contabilidad de costes internos dentro de la universidad. Cada departamento tiene que justificar en qué se ha gastado el dinero, pero no se mira el resultado que ha tenido ese gasto”, dice el catedrático de Economía de Pompeu Fabra José García-Montalvo.
Y si seguimos hacia abajo, todavía es más peliagudo valorar la calidad de la enseñanza de cada profesor. Algo fundamental, no ya para que tenga efectos en su carrera y, en consecuencia, en su motivación, sino para poder modernizar los métodos de enseñanza, hoy excesivamente basados en las clases magistrales. Este punto -la participación activa de los estudiantes a través de tutorías, seminarios para grupos reducidos, con clases prácticas o trabajos dirigidos- es el fundamental para muchos especialistas de la reforma europea de las universidades.
Si consigue por fin consensuar el nuevo modelo de financiación (promesa pendiente de la anterior legislatura) el problema sin duda será elegir la metodología a seguir para la rendición de cuentas.