Columna publicada en El Mercurio, página de Educación, domingo 27 septiembre 2009.
Costo de la educación superior: ¿quién paga?
José Joaquín Brunner
Suele destacarse, con razón, que Chile ostenta uno de los más altos índices de esfuerzo de los hogares para el financiamiento de la educación superior.
Efectivamente, mientras en nuestro país las familias y los estudiantes contribuyen con un 83% del gasto total en instituciones de educación terciaria, en los países miembros de la OCDE dicha cifra oscila entre 4% en Dinamarca y 53% en la República de Corea, sin superar un 20% en el promedio de estos países.
Una parte de la explicación radica en el bajísimo gasto público que se destina en Chile a la educación superior; apenas un 0,3% del PIB, siendo el gasto privado de un 1,4% del PIB. En cambio, en el promedio de la OCDE, dichas cifras son, respectivamente, 1% y 0,5%.
Vivimos pues en mundos diametralmente distintos. Una diferencia es la proporción de estudiantes matriculados en instituciones privadas sin subsidio estatal: un 14,2% en carreras técnico-vocacionales y un 13,7% en programas académico-profesionales dentro del mundo OCDE, por oposición a Chile donde las cifras correspondientes son 90% y 43%.
Otro contraste: en nuestro país también los estudiantes inscritos en instituciones con subsidio fiscal pagan un elevado precio, a diferencia de lo que ocurre en varios países de la OCDE, donde solamente pagan un mínimo en ese tipo de instituciones.
Dicho a la manera de los debates televisivos, estaríamos aquí frente a un mundo neoliberal donde la educación superior se compra, en oposición a otro fraternal y solidario donde ella se dona generosamente por el Estado.
La verdad es otra, sin embargo. Primero, el mundo gratuito de la educación terciaria se halla en retirada no sólo en Asia, Europa Central y del Este y los países ricos del Pacífico, sino también en el Reino Unido, los Países Bajos, Canadá y otros antiguos bastiones del Estado de bienestar.
Enseguida, la provisión fuertemente subsidiada de enseñanza terciaria, allí donde subsiste, se compensa con altas tasas impositivas para personas y empresas. Por ejemplo, en Dinamarca los ingresos tributarios recolectados por el gobierno representan un 36% del PIB; en Chile es apenas alrededor de un 20%.
Cabe preguntar, entonces, si acaso se justifica el extraordinario esfuerzo en que incurren las familias chilenas para financiar la educación superior de sus hijos. Todo parece confirmarlo.
Los jóvenes en posesión de un título se encuentran no sólo mejor protegidos de los vaivenes del desempleo y gozan de una serie de beneficios no-monetarios, sino que obtienen, además, un importante premio salarial en el mercado de trabajo.
En efecto, mientras en los países de la OCDE los graduados universitarios reciben en promedio remuneraciones 1,6 veces superiores a las que obtienen personas con educación media completa, en Chile dicha diferencia es de casi 4 veces según cifras recientes.
En suma, la educación superior es cara y en todas partes la financian, al final, los hogares. Pueden hacerlo directamente, por la vía de aranceles y otras tasas pagadas a las instituciones, o bien de manera indirecta, a través de los impuestos.
En Chile se ha optado por el primer camino. Sin embargo, la contribución de las familias y de los propios beneficiados se ha vuelto insostenible para la mayoría, a pesar de los esquemas de crédito estudiantil y de becas existentes. Éstos necesitan ser racionalizados y ampliados, para lo cual es imprescindible un mayor gasto fiscal.
El próximo gobierno deberá elegir entre aumentar dicho gasto por el camino de una mayor tributación o reasignando fondos públicos y empleándolos de manera más eficiente.
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