A continuación de los numerosos postings en este blog sobre la discusión, tramitación y aprobación final de la Ley General de Educación (LGE), se incluyen a continuación:
— Texto del Proyecto de Ley (LGE) aprobado por el Congreso Nacional. Ver aquí179 KB
— Texto de la Resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre el Proyecto de Ley aprobado por el Congreso Nacional. ver aquí328 KB
— Ley General de Educación, Mónica Jiménez de la Jara, Ministra de Educación, El Mercurio, 22 agosto 2009 [ver textio más abajo]
— Economía y educación, opinión editorial, El Mercurio, 22 agosto 2009 [ver texto más abajo]
Recursos asociados
— Más reacciones frente a promulgación de la LGE, 18 agosto 2009
— Finalmente: Promulgada la LGE, 17 agosto 2009

Ley General de Educación
Mónica Jiménez de la Jara, Ministra de Educación
El Mercurio, columna de opinión, 22 agosto 2009
El lunes pasado, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley General de Educación. Me interesa destacar sus lineamientos más sobresalientes, para que se pueda entender el sentido de las nuevas bases que establece para el sistema educacional y dimensionar su impacto.
Un poco de historia. Hoy podemos decir que gracias a los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación y, especialmente, a los de la actual Presidenta, hemos levantado las bases de una cobertura prácticamente universal, una jornada escolar completa, una disminución notable de la brecha digital y, por sobre todo, un sistema que incluye y acoge a los estudiantes más vulnerables, a través de iniciativas tan relevantes como la Ley de Subvención Escolar Preferencial.
Con la seguridad de que hemos consagrado el derecho de todos a acceder a la educación, estamos abocados a alcanzar su calidad y a organizar el sistema a partir de una viga maestra que establece la base institucional que le da sentido a su conjunto. Esta viga es la Ley General de Educación.
El acento de esta ley -su novedad- está en las nuevas relaciones que genera. Esta ley cambia la vida de los estudiantes y la vinculación del sistema de educación con sus familias, con los directivos de los colegios, los docentes y entre las instituciones que lo conforman.
La niñas y los niños nunca más serán discriminados por razones socioeconómicas, todo colegio subvencionado público o privado tendrá que aceptar su inscripción; en séptimo y octavo años tendrán profesores especializados que asegurarán la calidad de sus aprendizajes; se formarán en el respeto a la diversidad; y junto con tener garantizada una base común de calidad, los programas de estudio serán de acuerdo con su realidad y responderán a sus necesidades.
Esta ley reconoce formalmente la importancia del papel de la familia en la educación y otorga carácter oficial a la comunidad escolar, de la cual forma parte. Así, velaremos por su derecho a ser informada y a participar en el proceso educativo.
Los sostenedores serán cualificados y deberán contar con un proyecto educativo y el compromiso de cumplir con los estándares de calidad de los aprendizajes que se definan a nivel nacional. Gracias a ello, mejorará la gestión y orientación de los colegios sustantivamente. Por otra parte, deberán tener giro único y todos los recursos que reciban del Estado tendrán que ser gastados en educación. La comunidad educativa tendrá derecho a acceder a la cuenta pública que éstos deberán realizar.
A los docentes, estas nuevas condiciones les permitirán desempeñarse en un establecimiento en que los estudiantes y sus familias serán mejor acogidos y, por tanto, estarán más satisfechos; en que el funcionamiento del colegio será más expedito y se verá favorecido por el liderazgo de quien lo dirige.
La Ley General de Educación fomentará una comunidad escolar mejor organizada, más activa, con más participación, donde todos sus actores tienen derechos específicos y obligaciones que cumplir.
Pero éste no es el único aporte de esta ley. Esta define las instituciones que permitirán garantizar la calidad de la educación que se imparte. Se crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad que permitirá orientar los esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de los aprendizajes sobre la base de estándares indicativos para los diversos actores. Para nosotros, cuando este sistema se apruebe en el Congreso, habremos terminado la obra gruesa del edificio que estamos levantando e iniciaremos una nueva etapa. En ésta jugarán un papel central la ley que fortalecerá a la educación pública, y la reforma a la educación técnico profesional y a la educación superior.
Gracias a esta ley hemos colocado el marco institucional que precisa la educación para ser ese canal eficaz y pertinente que los jóvenes requieren para incorporarse a la sociedad y que el país necesita para seguir su camino al desarrollo.
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Economía y educación
El Mwercurio, opinión editorial, 22 agosto 2009
Por ejemplo, somos el país cuyos estudiantes secundarios tienen más horas de clases entre los países que han participado en la prueba PISA (sigla inglesa del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, de la OCDE). Eso es fruto de la jornada escolar completa, cuya implementación suma hasta ahora casi cinco mil millones de dólares, y que representa un gasto operacional adicional del orden de 700 millones de dólares. Hasta ahora, ninguna evidencia sugiere que esta inversión haya rendido frutos en el aprendizaje de nuestros estudiantes o en alguna otra dimensión educativa relevante.
Hay muchas razones para ello, pero una central es que los establecimientos educacionales chilenos no están estimulados o presionados a elevar sus desempeños. La posibilidad de elección de colegios que existe en el país ha incidido en esto, y nuestro buen desempeño relativo en el contexto latinoamericano en las pruebas PISA parece descansar, en parte, en esta herramienta. Pero esa política no es suficiente por diversas razones, entre las que destaca que en algunas zonas las posibilidades de elección no siempre son significativas. Parece razonable, pues, complementar esta iniciativa con exigencias más formales. La reciente promulgación de la Ley General de Educación (LGE) es un avance a este respecto. Entre otras muchas reformas, ella dispone la definición de estándares de aprendizaje de los estudiantes -elaborados por el ministerio y aprobados por el nuevo Consejo Nacional de Educación- que deberán ser satisfechos por todos los establecimientos de nuestro país.
Además, la LGE crea una agencia (normada por otra ley específica, cuyo proyecto aún se discute en el Congreso) para velar por el cumplimiento de dichos estándares. Esta entidad también realizará visitas inspectivas a los establecimientos y emitirá un informe con recomendaciones que, si bien no son obligatorias, invitará a los colegios a estudiar las iniciativas más apropiadas para mejorar sus desempeños. Si tras un período razonable ellos no alcanzan los niveles definidos, no podrán recibir la subvención escolar. Hay, pues, una presión para que todos los planteles se orienten efectivamente a mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.
Esta legislación implica un bienvenido cambio de enfoque en educación, propiciando un Estado más orientado al control de desempeños y que entregue a las escuelas y sus equipos directivos y pedagógicos las decisiones sobre las estrategias más adecuadas para alcanzarlos.
Por cierto, esta reforma requiere de otras para aumentar sus posibilidades de éxito. Desde luego, es indispensable que los colegios tengan la suficiente flexibilidad para adaptarse a las exigencias a que se los someterá, y que el país, por medio de políticas adecuadas, se asegure de que los sostenedores puedan acceder a buenos directores, a docentes motivados y bien preparados, y a materiales educativos -incluidos los digitales- de calidad. En estos planos se necesitan reformas complementarias a las que se promulgaron esta semana.