Opiniones de interés para el debate sobre el futuro e la educación suprior chilena:
— Eduardo Bitrán, Presidente del Consejo Nacional de Innovación, El informe de la OCDE y el Banco Mundial a la luz de la Estrategia de Innovación
— El Mercurio, 2.475 programas universitarios desaparecieron en 2008: desde ingenierías a “actor cómico”
— Gonzalo Vargas, rector Universidad Tecnológica de Chile – INACAP, Institutos discriminados
— Carta de Presidentes de Federaciones Universitarias a la Presidenta Bachelet
— La Tercera, Ues. privadas y estatales discutieron sobre competir o no por financiamiento público
— La Tercera, En junio comienza a funcionar equipo de trabajo Ues. Estatales-Mineduc
— El Mercurio, opinión editorial, Hacia una nueva educación superior
— El Mercurio online, Universitarios marcharon a La Moneda para exigir reforma a la educación superior
— Andrés Bernasconi, Vicerrector de Investigación y Postgrado, Universidad Andrés Bello, Condiciones para el nuevo trato

El informe de la OCDE y el Banco Mundial a la luz de la Estrategia de Innovación
Eduardo Bitrán, Presidente del Consejo Nacional de Innovación
La Nación, 17 mayo 2009
El sistema requiere universidades con investigación científica y formación en diversas áreas del saber, otras con capacidades de formación e investigación especializadas y otras preferentemente orientadas a la formación de pregrado. Hoy, los incentivos llevan a que todas traten de hacer lo mismo, impidiendo la especialización y la generación de masas críticas de investigación.
El Consejo de Innovación (CNIC) planteó en la Estrategia Nacional de Innovación que Chile debe contar con capital humano de calidad para avanzar hacia la economía del conocimiento. Coinciden con ello la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial en su informe “La educación superior en Chile”.
Hay coincidencia en que se debe avanzar hacia un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, accesible y de calidad internacional; un sistema flexible, que permita a cada persona trazar su itinerario de formación, moviéndose según sus necesidades e intereses, entre todos los niveles de la educación (técnica o profesional), la capacitación y el mercado laboral.
Hay acuerdo también en que para ello es relevante contar con un marco de cualificaciones que permita articular los diferentes niveles e instituciones de educación superior. Además, se requiere que la formación esté en consonancia con las demandas del mercado laboral (presente y futuro), avanzando en particular a nivel universitario hacia carreras más cortas, centradas en competencias, moduladas y con niveles reconocidos internacionalmente. Todo ello bajo un esquema de calidad adecuado a los distintos niveles de formación y comparable internacionalmente.
Un solo ejemplo: debemos avanzar a ingenierías de cinco años, con programas de máster y doctorado articulados con la formación de pregrado. Así reduciremos el costo de formar ingenieros que trabajen en gestión de operaciones y podremos desarrollar profesionales capaces de trabajar en innovación y desarrollo tecnológico. Esta es una de las principales falencias para la inserción de Chile en la economía del conocimiento.
Por otro lado, en Chile todavía tenemos problemas de cobertura en la educación superior. La OCDE y el CNIC coinciden en la necesidad de contar con un solo sistema de financiamiento a los alumnos, que no discrimine por nivel ni por casa de estudios y promueven el crédito con aval del Estado como la mejor herramienta. El consejo propone, además, que para apoyar el ingreso a la educación superior de los estudiantes más pobres, el país haga un mayor esfuerzo en becas de arancel y mantención.
Los desafíos en educación superior obligan como apuntan la OCDE y el Banco Mundial a una reforma de segunda generación, que involucra tanto al sector público como a las instituciones educacionales. Así, mientras el financiamiento del Estado (como el Aporte Fiscal Directo) debiera vincularse a la producción de bienes públicos (en lugar de razones históricas) y regirse por contratos de desempeño de largo plazo, las instituciones de educación, por su parte, deben definir estratégicamente su vocación en el sistema.
El sistema requiere universidades con investigación científica y formación en diversas áreas del saber, otras con capacidades de formación e investigación especializadas y otras preferentemente orientadas a la formación de pregrado. Hoy, los incentivos llevan a que todas traten de hacer lo mismo, impidiendo la especialización y la generación de masas críticas de investigación.
En las universidades donde la investigación tiene mayor relevancia es necesario también coordinar esas capacidades con la formación de posgrado, considerando las necesidades del Sistema de Innovación. En las de pregrado, en tanto, se requiere una formación modulada con estándares internacionales, articuladas con la formación de posgrado y con la formación técnico-profesional.
La OCDE critica la excesiva fragmentación y falta de orientación estratégica del financiamiento público a la ciencia de base y el desarrollo de capacidades científicas en las universidades. La consideración de criterios de excelencia, sin un espacio para decisiones estratégicas nacionales, es un obstáculo para la generación de masas críticas en áreas de investigación con alto potencial de impacto en el desarrollo económico del país. Por ello, el Consejo de Innovación reitera que debemos aumentar la vinculación entre la generación de conocimiento en las universidades y la utilización de éste en los sectores productivos. El sistema universitario chileno genera 0,21 publicaciones científicas por cada mil habitantes, una posición aceptable en relación a America Latina. Pero si consideramos el número de resultados de investigación identificados como de impacto económico en relación con el gasto en I+D, nuestro desempeño equivale sólo a un cuarto del nivel esperado en países de la OCDE.
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Según datos del Consejo Superior de Educación: 2.475 programas universitarios desaparecieron en 2008 – desde ingenierías a “actor cómico”
M. G. Dalgalarrando, El Mercurio, 17 mayo 2009
La poca demanda y el rediseño de los programas influyeron en la eliminación de carreras de pregrado, de magíster y doctorado. Carreras vespertinas son más susceptibles al cierre de ingresos que las diurnas.
En apenas un año, 2.475 programas de educación superior cerraron su ingreso a nuevos alumnos. La situación se observó en los planes de magíster, doctorado y carreras de pregrado -tanto técnicas como universitarias- del sistema, entre el año 2007 y 2008.
Los datos recogidos por las encuestas de ambos años de Índices del Consejo Superior de Educación demuestran que en ese periodo 151 doctorados, 671 magíster y 1.653 carreras de pregrado dejaron de matricular a nuevos alumnos.
Una de las principales razones del porqué desaparecen estos programas es la baja demanda del estudiantado. Así lo explicó el vicerrector académico de la Universidad Arcis, Alexis Meza, quien analizó la situación que debió enfrentar su plantel el año pasado cuando cerraron los ingresos para Arquitectura, Periodismo e Ingeniería Comercial en Santiago.
“Son carreras que fueron disminuyendo su demanda”, admitió Meza, quien narró que en el caso de Periodismo pasaron de 150 estudiantes por año a sólo 25 nuevos matriculados, por lo que finalmente decidieron cerrarla.
Uno de los alumnos afectados, Andrés Aguilera, relató que “hubo baja en las matrículas. Me fui a la Academia de Humanismo Cristiano y con la convalidación me atrasé un semestre”.
La U. Arcis también cerró las matrículas de las sedes de Chiloé, Punta Arenas, Cañete, Portezuelo y Cabrero, y sólo siguen estudiando los que ingresaron antes de 2008. Meza adujo que quisieron “concentrarse en las ciudades grandes”, como Santiago, Concepción y Valparaíso.
Otro de los factores para la desaparición de programas es su rediseño. Por ejemplo, la UTEM evalúa todos los años la reapertura de algunos programas que han cerrado sus matrículas. “En Cartografía el año 2008 no hubo ingresos pero el 2009 sí, porque hubo un cambio en los planes de estudio”, aseguró la rectora Haydée Gutiérrez.
También influye en la fluctuación de las carreras la condición de vespertina de algunas de ellas que, según el vicerrector académico de la Usach, Rodrigo Vidal, “son muy dinámicas”, ya que pueden desaparecer de un año a otro.
Este plantel enfoca los planes vespertinos en personas que están trabajando en un amplio rango de áreas pero que no cuentan con un título profesional. Mientras un año pueden convocar a un grupo de 20 personas y lanzar un programa académico, al siguiente, pueden no tener la misma demanda y suprimir el programa.
Hay gente que ejerce una labor sin título profesional. La Usach ofrece la regularización de los estudios y si no hay demanda no se imparte”.
Rodrigo Vidal
Vicerrector académico Usach
CRIMINALÍSTICA
Uno de los casos más emblemáticos de cierre de matrículas es el de Criminalística de la UTEM. Pese a que en 2008 los estudiantes pidieron su cierre por falta de campo laboral y cientos de ellos demandaron al plantel, más de 1.300 alumnos continúan estudiando la carrera. La presidenta del centro de alumnos, Alejandra Cruz (en la foto), defendió que “la escuela sigue funcionando, no es una carrera desaparecida. Tiene el ingreso congelado y los mil estudiantes que quedan son por vocación”.
La U. Bolivariana cerró curso para payasos y bufones de teatro
Uno de los programas cerrados fue el curso “Actor Cómico”, que impartió durante 2004 y 2006 la escuela de Teatro de la Universidad Bolivariana, dirigida por la actriz Elena Muñoz. El curso técnico, de dos años de duración, estaba dirigido a los actores y se especializaba en la comedia, con énfasis en los personajes del bufón y el payaso. Entre sus alumnos tuvo a las actrices Paula Zúñiga y Trinidad González, quienes integraron el elenco de la premiada obra teatral Neva. “La demanda era poca porque el curso era muy especializado”, dijo Muñoz. Otro curso cerrado fue “Naturopatía Holística”, del Instituto Profesional Carlos Casanueva, basado en medicina que privilegia productos naturales.
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Institutos discriminados
Gonzalo Vargas, rector Universidad Tecnológica de Chile – INACAP
La T ercera, 14 mayo 2009
Desde el comienzo del nuevo sistema de educación superior, hace ya tres décadas, el mismo Estado que lo creó ha discriminado sistemáticamente en contra los institutos profesionales.
La reforma de la educación superior hace ya tres décadas estableció tres tipos de instituciones de educación superior: las universidades, los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP). Sorprendentemente, desde el comienzo del nuevo sistema, el mismo Estado ha discriminado sistemáticamente en contra de estos últimos.
La primera gran discriminación se refiere a su campo de acción y el valor de sus títulos. Desde el inicio, los IP quedaron excluidos de impartir carreras conducentes a una docena de títulos profesionales, los que fueron reservados a las universidades. Ya se han agregado otros cinco títulos profesionales y, actualmente, hay proyectos de ley en el Congreso que incluirían otros 13.
Además, pareciera que los títulos profesionales sin licenciatura, que pueden ser otorgados tanto por universidades como por IP, no valen lo mismo según el tipo de institución que lo otorgue. Así lo refleja la recién aprobada LGE, que autoriza a ejercer la docencia a los titulados de “universidades acreditadas”. Por otra parte, los licenciados de las universidades pueden acceder a postgrados, no así los egresados de institutos profesionales, quienes, al no tener licenciatura, ven dificultado su acceso a esa instancia de perfeccionamiento. Asimismo, la homologación internacional de los títulos de IP es compleja, en un mundo globalizado donde la educación superior en general entrega grados académicos y no títulos profesionales.
La segunda gran discriminación es económica. Desde el inicio del sistema, las universidades no están afectas a impuesto de primera categoría; los IP y CFT sí. Las ayudas estudiantiles gubernamentales también muestran diferencias. Algunos beneficios (Beca Bicentenario, Fondo Solidario de Crédito Universitario) están disponibles sólo para universidades tradicionales, excluyendo a todas las demás instituciones. Y, como corolario, los institutos profesionales, no así las universidades, están excluidos de los concursos del Fondo de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Superior.
Hay que recordar que el propio Estado fue desechando tempranamente esta modalidad institucional, al transformar todos los IP de su propiedad en universidades. Esos antiguos institutos profesionales son ahora parte del Cruch, lo que les permite acceder a beneficios reservados sólo a los miembros de ese grupo.
No resulta extraño entonces que el número de institutos profesionales en Chile se haya reducido en 44% entre 1990 y 2007, pasando de 79 a 44. El número total de universidades, en cambio, varió de 60 en 1990, a 61 en 2007 (tras un máximo de 70 en 1995). No obstante lo anterior, en número de alumnos, los IP aumentaron su participación del 16% al 21% en el mismo período. Esto sugiere que, sin los sesgos negativos ya mencionados, la participación de los IP sería sustancialmente mayor.
En este sentido, el reciente informe de la Ocde y el Banco Mundial sobre la educación superior chilena señala que “el monopolio que tienen las universidades para otorgar estos títulos se basa en supuestos no garantizados y que tienen consecuencias negativas para la educación superior chilena”.
El llamado es a revisar el “concepto chileno de licenciatura”, así como también a terminar con el monopolio de las universidades del derecho de impartir un listado “arbitrario” de carreras. Bueno sería acoger ese llamado, pues el sistema de educación superior es uno de los pilares centrales del desarrollo social y económico.
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Carta de Presidentes de Federaciones Universitarias a la Presidenta Bachelet
13 mayo 2009
http://www.fech.cl/files/carta_a_Bachelet_marcha13052009.pdf
Santiago, Miércoles 13 de Mayo 2009
Sra. Presidenta de la República
Michelle Bachelet
Presente
Su Gobierno se planteó como principio el desafío de escuchar a la ciudadanía, de ser un Gobierno Ciudadano, y a punto de terminar este período, creemos más necesario que nunca retomar esa senda.
A pesar de lo que nos digan, sabemos que la educación chilena sigue en crisis. Los cambios que se han hecho han sido insuficientes. Lo han sido porque han postergado la Educación Pública como su pilar angular, y porque no han representado el sentir de las mayorías, expresadas por el movimiento secundario del 2006.
La educación superior vive un momento de crisis. Distintas universidades a lo largo de Chile se encuentran en una triste situación financiera y de calidad, profundizando la incapacidad de asegurar el derecho a la educación de calidad que el sistema debiese asegurar para todos los chilenos y chilenas. También vemos con tremenda impotencia como el rol público de las universidades estatales pierde cada vez más sentido, y donde lo que hace la diferencia es el bolsillo y las deudas de las familias. El actual sistema de educación superior privilegia el interés particular en donde debiese primar sólo el bien común. Hoy debemos avanzar en otra dirección, donde el sentido público de la educación que el país requiere para crecer sea asegurado por el Estado. El escenario nos invita hoy también a asumir el desafío de que las instituciones que hoy forman el sistema de educación superior encuentren coherencia y se pongan al servicio del país.
No más discusiones ancladas a intereses corporativos y particulares. Las pequeñeces no pueden tener espacio en tan importante debate.
Frente a este diagnóstico no podemos más que ser críticos ante el actuar del gobierno, el que no ha sabido priorizar en políticas educacionales que corrijan la grave situación que hoy denunciamos. Año a año Chile pierde miles de talentos de jóvenes que no tienen reales oportunidades para desarrollar sus dones y habilidades. Del mismo modo no podemos permitir que se repitan tantos errores cometidos en el pasado en torno al proceso legislativo de la Ley General de Educación, la que en ningún caso representa lo que la mayoría de los chilenos esperaba. El esfuerzo de las instituciones políticas de la nación debe orientarse hacia la búsqueda de soluciones, sin embargo es central que estas soluciones se hallen cerca del pueblo, y no encerradas en los estrechos pasillos del Congreso Nacional.
Como estudiantes, Sra. Presidenta, la invitamos a cambiar el paradigma según el cual tomamos las decisiones que definirán el futuro del país. La invitamos a escuchar de verdad al movimiento estudiantil. En el Bicentenario de la República, proponemos un proceso de reflexión y deliberativo nacional en las comunidades educativas, para llegar a un Congreso Nacional de Educación en el que tomemos acuerdos transversales apuntados a las nuevas Leyes de Educación Superior y Educación Pública. Esperamos sacar de ahí una propuesta que sea llevada en una Consulta a la ciudadanía, para que así se tome una decisión vinculante basada en la premisa de que se trata de un problema de todos los chilenos. Por eso esperamos que se detenga la promulgación de la Ley de Educación Pública y de Educación Superior hasta que la ciudadanía tenga sus propuestas construidas.
Proponemos una nueva manera de construir, de responsabilidad mutua, de sueños y progreso; pero para eso necesitamos la garantía de que la voz que se levanta desde los estudiantes será reconocida. Hagamos la democracia en serio, como tanto se ha prometido. Esperamos que esta misiva sea sólo el comienzo de una relación de trabajo que desde una Reforma a la Educación Superior y a la Educación Pública permita avanzar en transformar la educación en general.
Se despiden atentamente y esperando una pronta respuesta a las problemáticas expuestas.
Miguel Crispi, Presidente FEUC
Federico Huneeus, Presidente FECH
Jonathan Serracino, Presidente FEUAH
Pablo Zenteno, Presidente FEUCEN
Cristian Sanhueza, Vocero Consejo de Presidentes UDP
Ues. privadas y estatales discutieron sobre competir o no por financiamiento público
La Tercera, 13 mayo 2009
En foro organizado por estudiantes de la UC, directivos de la Usach, la U. del Desarrollo y la UC, se enrostraron las profundas diferencias existentes en cuanto al aporte fiscal.
Una marcada diferencia entre universidades privadas y estatales, en cuanto a competir o no por recursos estatales, quedó en evidencia hoy en el foro “Financiamiento de la Educación Superior ¿Estado para todo?”, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile.
Mientras el prorrector de la UC, Carlos Williamson, y el rector de la U. del Desarrollo, Ernesto Silva, insistieron en la necesidad de promover la competencia entre las universidades por recursos fiscales, el discurso del prorrector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Pedro Narvarte, apuntó a no promover esa competencia y a no ser “fundamentalistas del mercado” en el ámbito de la educación superior. “Nosotros no competimos con nadie. Simplemente defendemos una identidad” expresó Narvarte.
POSICIONES ENFRENTADAS
Con una clara oposición al “nuevo trato” que piden las universidades estatales y en cuya propuesta comenzaron a trabajar ayer los rectores de las universidades públicas y el Ministerio de Educación, Williamson y Silva fueron coincidentes en que la asignación de recursos fiscales debe ser competitiva. “No corresponde un trato preferente a las universidades estatales” dijo Williamson.
En esa perspectiva, Narvarte recalcó que el nuevo trato que piden las universidades que son propiedad del Estado obedece a que “han sido abandonadas y duramente golpeadas durante años” y que en un escenario de creciente competencia “están en desventaja por las rigideces legales y administrativas que les impone el hecho de ser instituciones públicas”. Agregó que el mayor financiamiento que piden las universidades públicas no pretende quitar ni restar recursos fiscales a las otras instituciones de educación superior privadas que lo reciben.
Los directivos de la UC, Usach y UDD coincidieron en que se debe aumentar el financiamiento estatal para la educación superior “que es insuficiente” para cubrir todas las necesidades.
Para el rector Silva lo mejor es que el Estado subsidie la oferta, a lo que claramente se ha opuesto el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, quien ha señalado que se debe subsidiar la demanda. “La asignación de los recursos a los estudiantes también debe ser competitiva” dijo Williamson, para quien la cobertura deberá crecer “en especial para los quintiles más bajos”.
EL ROL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Consultado por un estudiante de la UC sobre qué diferencia a las universidades estatales del resto, para que el Estado le deba entregar preferentemente más recursos, Narvarte se refirió al rol de la universidad fiscal. “El 90 por ciento de nuestros estudiantes o nunca ha pagado por educación o ha pagado muy poco. Vienen de colegios públicos y particulares subvencionados. De todos ellos, más de el 70 por ciento es el primero de su familia que estudia en la universidad. ¿Eso no tiene un sentido distinto? ¿Queremos eso o no queremos eso para el país? Porque si no queremos universidades del Estado que se hagan cargo de eso, mejor privatizarlas” sentenció el prorrector de la Usach.
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En junio comienza a funcionar equipo de trabajo Ues. Estatales-Mineduc
La Tercera, 13 mayo 2009
Rectores del Consorcio de Ues. Estatales y entregaron a la ministra de Educación el documento consensuado del Nuevo Trato. La titular de educación comprometió una respuesta para junio.
“Se va a instalar un grupo de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Consorcio de Universidades Estatales a partir del mes de junio, para empezar a abordar los temas que planteamos en el Nuevo Trato”.
Así lo explicó el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez Vera, tras un encuentro que sostuvieron representantes del Consorcio de Universidades Estatales (CUE), con la Ministra de Educación, Mónica Jiménez, para presentarle el documento consensuado entre estas instituciones, a fin de alcanzar un Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades.
En la ocasión, los rectores Pérez Vera; Juan Manuel Zolezzi, de la USACH; Sergio Pulido, de la U. de Tarapacá; Raúl Navarro, de la UMCE; Patricio Sanhueza, de la UPLA; Juan Antonio Rock, de la U. de Talca; Luis Alberto Loyola, de la U. de Antofagasta; y Haydée Gutiérrez, rectora (S) de la UTEM, informaron que la Secretaria de Estado se comprometió a tener una respuesta a la propuesta recibida e iniciar un plan de trabajo en conjunto a partir de junio de este año, valorando su gesto como un avance para preservar la calidad y equidad de sus planteles.
RESPUESTA EN JUNIO
Tras el encuentro el rector Pérez expresó que “la ministra Jiménez ha recibido nuestro documento, lo va a trasmitir a la Presidenta y nos señaló que en junio nos va a entregar una respuesta a la luz de las políticas de Gobierno sobre Educación Superior”.
En el texto, precisó, “se plantea la responsabilidad que tiene el Estado de preservar las Universidades Estatales de tal manera que conserven sus valores republicanos, la calidad y la equidad de su quehacer”.
La propuesta supone compromisos por parte de las universidades hacia la comunidad, y compromisos del Estado con las universidades. Ello significa un aporte mínimo del 50% del presupuesto total de las universidades. Se trata de un planteamiento que recoge el anterior documento elaborado por la Universidad de Chile y la propuesta que ya venía trabajando el Consorcio de Universidades Estatales.
NO ESTAMOS PIDIENDO UN PRIVILEGIO
“Las Universidades Estatales entendemos que el sistema de Educación Superior total debe ser redefinido, pero eso no obsta a que se trate de manera preferente la relación entre el Estado y las Universidades Estatales”, afirmó la máxima autoridad de la Universidad de Chile.
Y agregó que: “estamos haciendo un planteamiento concreto, no estamos pidiendo permiso, no estamos pidiendo un favor, no estamos pidiendo un privilegio. Estamos diciendo lo que en todos los países desarrollados del mundo existe, que es que el Estado da una atención especial a las Universidades Estatales porque ahí se preservan los bienes públicos por obligación en espacios públicos por obligación”, aseveró.
Asimismo, sostuvo que las comunidades universitarias han hecho planteamientos concretos, serios y responsables. “Lo que estamos haciendo es una petición, tanto al Gobierno como a los distintos actores políticos, y particularmente a los candidatos a la Presidencia, para que se pronuncien respecto a esta propuesta”, enfatizó, señalando que lo que en definitiva está en juego es la preservación de la educación pública del país.
DISCUSIÓN EN LAS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES
Por su parte, Juan Manuel Zolezzi, rector de la Universidad de Santiago y Presidente del CUE, explicó que el grupo de rectores planteó a la Ministra “que en la medida en que la Presidenta lo ponga como un tema de debate, va a ser tomado por los diferentes candidatos”.
Así, esperan que sus propuestas sean “acogidas y puedan ser planteadas en un futuro Gobierno y en una discusión que esperamos que se dé en torno a las candidaturas presidenciales”.
El rector Zolezzi destacó que la propuesta es fruto de un trabajo paralelo entre la Universidad de Chile y el CUE.
“Hemos acordado algunos aspectos que han mejorado ambas propuestas, y eso es lo que le hemos entregado hoy día como Consorcio de Universidades del Estado, y por supuesto con la Universidad de Chile incluida, a la Ministra, y esperamos que haya materias que se puedan resolver en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo”.
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Universitarios marcharon a La Moneda para exigir reforma a la educación superior
El Mercurio online, 13 mayo 2009
Más de mil estudiantes participaron de la movilización, bajo un fuerte resguardo policial. Los presidentes de las federaciones llegaron a la sede de Gobierno a entregarle una carta a la Presidenta.
SANTIAGO.- Más de mil estudiantes de universidades estatales y privadas, además de secundarios, marcharon desde Plaza Italia hasta el paseo Bulnes, frente al Palacio de La Moneda, en demanda de una reforma profunda a la educación superior.
La movilización, que se inició cerca de las 10.30 horas, fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) junto a las universidad privadas Diego Portales, Central y Alberto Hurtado.
Resguardados por un contingente de Carabineros, los estudiantes marcharon por la Alameda, Portugal y Curicó hasta llegar al paseo Bulnes, donde los presidentes de las federaciones expusieron las principales demandas del sector.
Luego, los dirigentes se dirigieron hasta La Moneda con el fin de entregarle una carta con su petitorio a la Presidenta Michelle Bachelet. En la sede de Gobierno esperaban ser recibidos por la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá.
Durante la manifestación, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), Miguel Crispi, instó al Gobierno a “tomar medidas claras en favor de la educación pública y la educación superior”, afirmando que “no puede postergar esta discusión hacia un próximo gobierno”.
Denunció que “tenemos universidades estatales que están en la crisis absoluta, que no van a sobrevivir más de uno o dos años y necesitan un rescate de parte del Estado (…) Esto no es solamente un tema de plata, es un tema de fondo”.
A la marcha también se sumaron los estudiantes secundarios, quienes convocaron además a una nueva movilización para el próximo martes 19 de mayo, donde invitaron a participar a los profesores.
El vocero de la asamblea metropolitana de estudiantes secundarios, José Herrera, explicó que “nos estamos sumando a esto porque todos los sectores estudiantiles debemos luchar por el cambio a ale educación, exigimos una educación digna y garantizada por el Estado”.
Especificó que, entre sus demandas, se encuentra “un pase escolar gratuito y funcional todo el año” y el fin de la PSU, test que consideran discriminatorio.
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Condiciones para el nuevo trato
Andrés Bernasconi, Vicerrector de Investigación y Postgrado, Universidad Andrés Bello
El Mercurio, 10 mayo 2009
Señor Director:
Las universidades estatales piden al Gobierno un nuevo trato. Este incluye demandas de mejoras económicas y la modificación de reglas propias de la administración pública que, aplicadas a las universidades, limitan su capacidad de responder con agilidad a las cambiantes condiciones del entorno. En la discusión de este nuevo trato ha faltado considerar la necesidad que tienen las universidades del Estado de un nuevo sistema de gobierno, abierto a la participación de representantes de los intereses de la sociedad.
Las universidades estatales debieran tener órganos superiores de gobierno formados mayoritariamente por personas externas a la propia universidad. Entre ellos, representantes del Gobierno, pero también personalidades que promuevan el interés de la comunidad en que cada universidad está inserta. Con estos consejos directivos, se busca acercar la universidad al medio social en que se desenvuelve, allegarle respaldo político y económico, y permitir algún nivel de rendición de cuentas de los ejecutivos superiores de la universidad a una instancia externa, con más independencia de juicio que los estamentos -profesores, estudiantes y administrativos- que componen dicha institución.
Podría pensarse que las juntas directivas que existen actualmente en las universidades estatales cumplen esta función, pero la experiencia sugiere que, salvo en casos de vacío de poder por grave crisis institucional, no han sido un contrapeso eficaz de la autoridad de los rectores. Dos tercios de los miembros de las juntas directivas son académicos de la universidad, o personas ajenas a ella, pero elegidas por la propia institución. El tercio restante, personas externas a la universidad y de designación presidencial, han carecido de mandatos claros de parte de los gobiernos que las han nombrado, dependen para el ejercicio de sus responsabilidades de la información que el rector buenamente quiera entregarles, y sirven ad honorem.
Las alternativas no son mejores: los nuevos estatutos de la Universidad de Chile de 2006 reducen la participación de los representantes del Gobierno a dos miembros en un consejo universitario de carácter ejecutivo que tiene una veintena de integrantes, mientras en el órgano legislativo y de fijación de políticas, el senado, no hay representación del Gobierno ni de personas externas a la universidad.
La Universidad de Santiago, por su parte, ha aprobado el año pasado un proyecto de nuevos estatutos que va en la misma dirección de diluir la presencia de los representantes del Gobierno y de otros miembros externos: desaparece la actual junta directiva y se la reemplaza por un consejo universitario con ínfima presencia de actores del medio externo.
Consejos superiores estamentales, como los que se ha dado la UCh y busca crear la Usach, son un retroceso en la rendición de cuentas de las universidades al país, al consagrar la idea de que el gobierno de estas instituciones es responsable sólo ante la comunidad universitaria.
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Hacia una nueva educación superior
El Mercurio, opinión editorial, 21 abril 2009
La ministra de Educación ha anunciado en entrevista con “El Mercurio” que su cartera tiene preparado el borrador de una política para la educación superior. Es una noticia bienvenida, porque ésta es una materia que no puede seguir postergándose, pero que al mismo tiempo requiere abordarse, discutirse y acordarse con sentido nacional más que como respuesta a la presión de grupos particulares. Mientras más se dilate el debate, más probable es que la política termine siendo capturada por dichos grupos.
La política actual ha ido evolucionando de una manera desordenada y respondiendo a necesidades o urgencias del momento, antes que a una visión de largo plazo coherente sobre este asunto de tanta trascendencia para el país. La masificación de la educación superior, la diversidad de instituciones y los desafíos en ciencia y tecnología son todas dimensiones que requieren un tratamiento de carácter permanente, poniendo acento en oportunidades para los estudiantes, calidad de la oferta educativa y relevancia de la investigación para el país.
Es importante partir reconociendo que el sistema de educación superior nacional descansa sobre un gasto total como proporción del PIB o por estudiante en relación con el PIB per cápita que se compara favorablemente con los países de la OCDE, situación que, por ejemplo, no ocurre en la educación escolar. Así, el gasto en educación superior como porcentaje del PIB es igual a 1,5 por ciento para esos países, mientras que para Chile alcanza a un 1,8 por ciento. Claro que Chile destaca por un aporte público particularmente bajo: entre 0,3 y 0,5 por ciento del PIB, que contrasta con el 1,1 por ciento de la OCDE.
Hasta ahora ha habido buenas razones para este aparente desequilibrio. En particular, el alto retorno privado de la educación superior en Chile y el elevado retorno social de inversiones tempranas en educación escolar. Pero en la medida en que se masifica la educación superior, los estudiantes provienen de hogares que son cada vez de menos ingresos y que requieren más recursos públicos para financiarse. Además, la ciencia y tecnología parece ser un pilar cada vez más importante del progreso económico, y se requiere financiarla adecuadamente. De hecho, los actuales niveles parecen inconsistentes con la inversión que el país está haciendo en formación de posgrado.
Pero los nuevos recursos no se pueden seguir allegando de la misma manera que ocurre actualmente. Hay, por una parte, un número exageradamente alto de programas de financiamiento estudiantil que discriminan por la naturaleza jurídica de las instituciones, criterio que no tiene ningún sentido. El único atendible es la calidad de la institución. El financiamiento de la ciencia y tecnología, y más generalmente de los bienes públicos que es capaz de proveer el sistema de educación superior, sin rendición de cuentas y sin apertura a todas las instituciones que demuestren capacidad para proveer dichos bienes es una situación que no se puede mantener. Si ello continúa, se discutirá rápidamente, como ha pasado en otras latitudes, la legitimidad de los aportes públicos a estas instituciones, con lo que pierde no sólo el sistema de educación superior, sino que también el país.
Los cambios en la política para este sistema seguramente requerirán de modificaciones institucionales. Algunas de éstas serán revisiones a la composición y funcionamiento de estructuras como el Consejo de Rectores. Otras podrían ser de carácter legal, como aquellas que apunten a liberar a las universidades estatales de una serie de trabas burocráticas que dificultan su labor, pero ello probablemente requiera de transformaciones en el gobierno corporativo de esas instituciones.
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