Columna de opinión publicada en la Sección Educación del diario El Mercurio, domingo 9 febrero 2008. A continuación, el texto.
Más allá del debate sobre las subvenciones: ¿Qué hacer?
El fragor de la polémica en torno al cobro indebido de subvenciones y la falta de adecuado control en esta materia ha impedido asumir el principal desafío que resulta de esta situación. Cual es, la urgente modernización del Estado en el sector educacional.
En efecto, la conducción de este sector descansa sobre la frágil y anacrónica organización de nuestro Ministerio de Educación, pieza vital, sin embargo, dentro del esquema de gobierno del sistema escolar.
A lo largo de los últimos 18 años, este ministerio ha impulsado una serie de importantes reformas, pero no ha emprendido aún la de su propia organización.
Urge hacerlo. De hecho, el Acuerdo Educacional entre el Gobierno y la oposición prevé una nueva estructura de gobierno para el sistema escolar, con la presencia de cuatro organismos públicos: una autoridad curricular nacional, un organismo de control y fiscalización, una entidad encargada de monitorear el desempeño de las escuelas (la Agencia de Calidad) y el propio ministerio, cuyas funciones futuras no aparecen sin embargo claramente definidas.
¿Cuáles debieran ser esos roles?
En primer lugar, formular políticas y diseñar las normas fundamentales para el sistema escolar, tareas que suponen una especial capacidad de “inteligencia” o, como suele decirse ahora, de gestión de conocimientos.
Los ministerios de países como Finlandia, Corea, el Reino Unido, los Países Bajos y otros cuentan con equipos altamente profesionalizados, con gran capacidad técnica, que operan con el respaldo de una rica plataforma de conocimiento e información.
Nuestro ministerio necesita, en segundo lugar, desarrollar una plataforma tal, en estrecha conexión con centros académicos nacionales e internacionales dedicados a la investigación educacional, que le permita adquirir un grado mayor de sofisticación en el diseño de políticas, regulaciones e incentivos.
En tercer lugar, requiere contar -internamente o por la vía de servicios contratados externamente- con equipos humanos en condiciones de elaborar estándares y planes curriculares, y de prestar asistencia a los colegios en conformidad con las recomendaciones de la Agencia de la Calidad.
Por último, el ministerio debe dar un verdadero salto tecnológico que lo habilite para administrar y controlar de mejor forma los procesos rutinarios de comunicación con las escuelas y la comunidad educacional, el pago de subvenciones, el registro de la matrícula, sus relaciones con los sostenedores, la producción de las estadísticas oficiales, etcétera.
Por el momento, los rezagos en estos aspectos constituyen un obstáculo para racionalizar estos procesos y generan, además, problemas de orden administrativo, contable, de gestión e información que entraban un eficaz desempeño ministerial.
La actual coyuntura, cuando se inicia el debate parlamentario de los proyectos de ley que darán lugar al nuevo esquema de gobierno del sistema escolar, es favorable para emprender esta redefinición de funciones ministeriales. Corresponde al Gobierno tomar ahora la iniciativa.
Los ministerios de países como Finlandia y el Reino Unido cuentan con equipos de gran capacidad técnica y con el respaldo de una rica plataforma de información.
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