Continua el debate sobre el futuro del Consejo de Rectores.
Mi opinión a este respecto se expresa en una columna publicada hoy en el diario La Tercera. Texto completo a continuación.
¿Adiós al Consejo de Rectores?
El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) es, sin duda, un organismo anacrónico. Impulsado por Juan Gómez Millas, Rector de la UCH, nació el año 1954, cuando la matrícula total de educación superior no llegaba a 20 mil alumnos. Su propósito era facilitar la coordinación entre las universidades entonces existentes (8 a partir del año 1956 y hasta 1980). En la práctica, dicho objetivo se materializó únicamente en el plano del proceso de selección para el ingreso a la enseñanza superior, primero a través del Bachillerato, luego la PAA, hoy la PSU.
Actualmente integran el CRUCH 25 universidades que comparten un solo rasgo. Cual es, que todas ellas –y sólo ellas– reciben anualmente un subsidio fiscal no condicionado (AFD o aporte fiscal directo).
Es un organismo extemporáneo, decimos, porque hoy representa a menos de la mitad de las universidades chilenas. Su propio nombre es pura fantasía. Además, dejó de cumplir su cometido original; no posee ningún rol efectivo de coordinación. Ni siquiera la prueba de selección (PSU) tiene la importancia de antaño, ahora que cada año ingresan a la educación superior más de 200 mil alumnos; más de 120 mil en el caso de las universidades, menos de la mitad de ellos a las del CRUCH.
Entre tanto sí han surgido organismos y programas públicos que ejercen funciones claves, tales como el Consejo Superior de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación, CONICYT y sus diversos fondos, el Consejo Nacional de Innovación, los organismos que administran esquemas de crédito estudiantil, el MECESUP, el sitio Futuro Laboral y otros.
En breve, el CRUCH se halla reducido a representar los intereses corporativos de sus miembros frente al Estado, particularmente en el ámbito del financiamiento público. Pero aún esta función se halla entrabada por la diversidad y asimetría existente entre las instituciones que lo componen: estatales y privadas, metropolitanas y regionales, acreditadas y sin acreditación, con mayor o menor prestigio, alta o bajamente selectivas, preferentemente docentes o intensivas en investigación.
Incluso el hecho de ser beneficiarias del AFD más que unirlas, las separa. Mientras algunas universidades reciben un aporte que, por alumno, supera el millón de pesos, en otros casos no alcanza a 200 mil pesos por alumno (cifras del 2006).
Tampoco goza el CRUCH de respaldo en el mundo universitario. Según una encuesta aplicada entre autoridades académicas, de entre los cambios institucionales experimentados por el sistema a partir de 1980, el rol desempeñado por el CRUCH es valorado con la menor puntuación, aún entre los encuestados de las instituciones pertenecientes al Consejo.
Ha llegado pues el momento de hacer el balance y, con la experiencia adquirida a lo largo de cinco décadas, renovar el CRUCH, transformándolo en un órgano auténticamente representativo del conjunto de las universidades acreditadas. Sus funciones podrían ser variadas: participar en el debate público sobre políticas de educación superior y de fomento de la ciencia y la innovación; impulsar estudios sobre el sistema y mejorar su información y transparencia; promover mediante créditos de aprendizaje el intercambio estudiantil; proponer una racionalización en la distribución de los subsidios fiscales; elaborar indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de sus miembros; proyectar la educación universitaria chilena en el ámbito regional latinoamericano, etcétera. Es hora de dar el paso y abordar estos nuevos desafíos; de ‘dar vuelta la página’, como propuso el viernes el editorial de este medio.
José Joaquín Brunner
Universidad Diego Portales, ex Ministro
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“Tal como funciona hoy, el Consejo de Rectores está generando inequidades en el sistema”: Fernando Montes, rector de la U. Alberto Hurtado, El Mercurio, 3 agosto 2008