Columna de opinión publicada en Artes y Letras del diario El Mercurio , 2 de julio 2006.
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Educación: foco y horizonte
Al debate en curso sobre la educación chilena le falta foco y horizonte. El foco, ¿dónde debería estar? Según algunos, en una radical modificación de los fundamentos del sistema; según otros, en el régimen de incentivos a que se hallan sometidos los colegios. Además, hay quienes preferirían focalizarse sobre asuntos específicos, tales como el estatuto docente, el régimen de administración municipal, la formación inicial de los profesores, el gasto por alumno o el uso de la jornada escolar completa. En cuanto al horizonte de la discusión, la dispersión de opiniones es similar: definido en términos del corto, mediano o largo plazo; en función del progreso en exámenes estandarizados o según criterios más amplios de formación valórica, ciudadana y comunitaria; de cara a objetivos de calidad, equidad, eficiencia o competitividad; en relación a la imagen de un modelo centralizado o descentralizado; en la perspectiva de concepciones pedagógicas más o menos estructuradas, constructivistas, personalizadas, etc.
Bajo estas condiciones, el debate se hace en tantos idiomas como surgieron luego de que la Lira de Orfeo cayera sobre el pavimento del Templo hecha pedazos. Sin embargo, el foco debiera ser evidente: la desigualdad social y de las oportunidades escolares. De hecho, hacia allá apuntan la evidencia empírica acumulada y los argumentos compartidos por todos los sectores políticos durante la pasada campaña presidencial. También el horizonte ha de emerger de allí con claridad de madrugada: se trata de organizar una educación que, durante 12 años, asegure aprendizajes semejantes para todos los niños y jóvenes chilenos, independientemente de su origen socio-familiar.
Cómo construir un puente de propuestas entre uno y otro –el foco-diagnóstico y el horizonte-meta– es el desafío. Un prerrequisito es encontrar los consensos necesarios donde fundar sus cimientos. Los principales actores del sistema –gobierno, municipalidades, asociaciones de colegios privados subvencionados, profesores, estudiantes y especialistas educacionales de diferentes persuasiones– necesitan encontrar un terreno común y articular sus intereses y preferencias en una visión convergente. ¿Es posible? Pienso que sí, a condición de que el acuerdo base incluya los siguientes elementos.
Primero, el reconocimiento de que el sistema educacional es de provisión mixta, con participación de colegios públicos y privados.
Segundo, la aceptación de que en un sistema tal, todos los establecimientos tienen el derecho y el deber de definir su propio proyecto educativo y de gestionarlo con autonomía en el marco de la ley, dotando a sus directores de atribuciones suficientes.
Tercero, la conformidad con el principio de que los proveedores públicos y privados, que suministran la educación obligatoria y gratuita, deben ser tratados con estricta igualdad en cuanto a la apertura de nuevos establecimientos, el financiamiento por alumno, la observancia de la regla de no discriminación arbitraria, la sujeción a un órgano público independiente de aseguramiento de la calidad y supervisión, y el compromiso con estándares más exigentes de aprendizaje para todos los alumnos.
De existir acuerdo en torno a estos principios y reglas, no debería ser difícil, en un segundo momento, convenir soluciones para los tópicos que aparecen como potencialmente más divisivos: selección académica, esquema de co-financiamiento, flexibilización del estatuto docente, fin de lucro de los establecimientos privados subvencionados, etc. ¿Pasaremos este examen?
José Joaquín Brunner