El Gobierno laborista del Primer Ministro Tony Blair acaba de anunciar una radical reforma del sistema educacional inglés. Su propuesta reviste enorme interés para los debates en curso sobre el futuro de nuestra propia reforma educacional.
Efectivamente, el 25 de octubre se dio a conocer el Informe (White Paper) titulado Higher Standards, Better Schools for All – More Choice for Parents and Pupils, el cual contiene propuestas y medidas que buscan dar un nuevo impulso a las transformaciones que ha venido experimentando el sistema escolar inglés desde el arribo al gobierno del New Labour bajo la inspiración de Blair y la denominada Tercera Vía o nuevo progresismo.
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Discurso del Primer Ministro Tony Blair al dar a conocer la nueva propuesta.
Discurso de la Secretaria de Estado de Educación, Ruth Nelly, al presentar la propuesta al Parlamento.
A continuación un resumen en castellano de las principales medidas contenidas en el Informe.
El Informe propone un conjunto de medidas para transferir más poder a los padres, centrar su funcionamiento en torno a las necesidades de los alumnos, otorgar mayor independencia a los colegios y redefinir el rol de las autoridades locales.
Bajo los lineamientos de esta propuesta:
Se crearán los Trust schools, colegios (uno o más) que gozarán de amplia autonomía administrativa, financiera y de adaptación curricular bajo el gobierno de una corporación (Trust), formada por agentes tales como universidades, empresas, organizaciones no gubernamentales o grupos de padres. Estos colegios podrán fijar sus propias políticas de admisión, en conformidad con la ley y el Código Nacional de Prácticas, sin incurrir en selección por habilidad de los alumnos. El Gobierno proveerá recursos a través de un fondo especial para la creación de estos colegios.
Se establecerá una Oficina del Schools Commissioner, encargada de facilitar la creación de estos nuevos colegios, apoyar a los padres que deseen formarlos o de emparejar a escuelas existentes con las nuevas Corporaciones que se creen. Esta Oficina recibirá financiamiento del Gobierno para el cumplimiento de sus fines.
Se modificará el rol de las autoridades locales las cuales pasarán de ser proveedores directos de educación a transformarse en promotoras de los intereses de los padres y alumnos, velando por el cumplimiento de los estándares y la información que las escuelas deberán proporcionar a las familias.
Se otorgarán mayores derechos, más información, mayor apoyo y una más amplia capacidad de incidir en las decisiones a los padres de familia.
Las escuelas se obligarán a dar mayor información a los padres y serán responsables ante éstos y la comunidad; no ante el gobierno. Se estimulará la creación de consejos escolares.
Se ampliarán las facultades del sistema de supervisión. Las escuelas calificadas como inadecuadas tendrán un año de plazo para mostrar mejoramientos sustantivos. Caso contrario serán sujetas a medidas especiales. Las escuelas que fracasan tendrán un año de plazo para cambiar. De no hacerlo serán cerradas y se creará un nuevo establecimiento en el mismo lugar.
Se dará igual importancia en los procesos de evaluación de los establecimientos al rendimiento de cada uno de sus alumnos y al desempeño de la escuela como tal. Los alumnos rezagados en lenguaje y matemática recibirán apoyo especial.
Se continuará alentando a los establecimientos de enseñanza media para que se especialicen en un área y creen redes y asociaciones que faciliten su desarrollo especialista.
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