Sigue el debate iniciado ayer sobre los criterios que debe usar la política pública para distriubuir recursos d ela renta nacional entre diferentes componente de la educación terciaria: instituciones y estudiantes, necesidad socioeconómica y mértito, selección y acceso, elites y masa, docencia e investigación, tradición e innovación, público y privado.
Declaraciones del ministro de Educación
Con profunda preocupación y molestia hemos conocido las declaraciones recientes del ministro Nicolás Eyzaguirre en un programa de televisión. Ciertamente la frase más desafortunada e inaceptable fue: “Voy a decir con toda claridad: las universidades estatales son aquellas que representan el lugar donde se construye la cultura, donde se construye el futuro, donde se construye el pensamiento, en el que el mandante es el conjunto del país. Por tanto nosotros privilegiamos las universidades estatales en materia del portafolio de investigación país, como el lugar más natural donde aquello se verifique y eso tiene que tener una expresión, lo que se llama técnicamente el financiamiento basal. Vamos a privilegiar el que ciertas cuestiones que requieren un punto de vista país sean investigadas en universidades estatales”.
En la reunión del Consejo de Rectores (CRUCh), el ministro aclaró sus dichos, expresando que la investigación se debe valorar y realizar en todas las instituciones -dependiendo de las capacidades y talentos-, sin relación con su procedencia.
Estamos convencidos de que la diversidad del sistema de educación superior debe garantizar la libertad de enseñanza en nuestro país. La riqueza de esta libertad radica en que permite una sociedad pluralista, enriquece los bienes culturales, vela por una mayor calidad del sistema y profundiza las bases democráticas de una sociedad. Obviamente que esta reflexión cultural, artística y de investigación científica no es patrimonio de las universidades estatales, como de manera errónea expresó el ministro. Es así como una universidad de orientación pública debe ser analizada desde una concepción basada en su quehacer y en las acciones que la universidad emprende en pos del bien común, sin que prevalezca el origen de su propiedad como elemento discriminador.
La Red de Universidades Públicas no Estatales -G9- agrupa a las universidades públicas no estatales del CRUCh. Sus instituciones tienen tradición, servicio público, arraigo e identidad en el entorno regional y nacional, siendo referentes nacionales e internacionales. Estas instituciones cuentan con el mayor promedio de años de acreditación, en pregrado y posgrado; representan más del 40% de la matrícula del CRUCh, con la mitad de los alumnos y programas de doctorado, académicos, estudiantes titulados y graduados de las universidades del CRUCh. En cuanto a la investigación, su aporte al país representa más de la mitad de los proyectos Fondecyt y de las publicaciones indexadas, con gran calidad e índice de impacto. Además cuentan con cerca del 70% de los proyectos de desarrollo y transferencia tecnológica, con un claro liderazgo en patentes y licenciamientos.
Así también, la red G9 reúne a instituciones que en su mayoría reciben a estudiantes de una amplia procedencia socioeconómica y escolar y con un alto índice de vulnerabilidad. Recibimos un aporte estatal desde nuestros orígenes, basado en la investigación y en los proyectos docentes prioritarios para el país. Los aportes de becas permiten que un número importante de estudiantes tenga educación gratuita. La identificación de nuestras instituciones con la comunidad se debe resaltar, sin diferencia alguna con las universidades estatales en cuanto a su compromiso con el desarrollo de la región.
El bien público es lo que marca la misión de nuestras instituciones. Desde hace más de 125 años, el sistema de educación superior no estatal ha sido parte fundamental del desarrollo universitario que podemos observar hoy, con varias de sus instituciones reconocidas a nivel internacional. Las declaraciones del ministro resultan más sorprendentes aún cuando en una columna en este diario, el 29 de diciembre de 2013, previo a ser nombrado en su cargo, expresaba: “…hasta ahora he usado, sin definir, el concepto de universidad pública. Aunque es materia de controversia, no lo veo como sinónimo de universidad estatal. Corporaciones sin fines de lucro, debidamente acreditadas y que solo busquen crear y difundir el saber sin discriminaciones de ningún tipo, ni por raza, credo, condición social o corriente de pensamiento, tanto en sus contenidos como en la selección de alumnos y profesores, constituyen, en un sentido amplio, una universidad pública”.
Rechazamos con fuerza las declaraciones expresadas esta semana por el ministro, por no reconocer la historia, la realidad actual y no ir acorde al desarrollo del país. Estas posturas desconocen que la variedad de nuestro sistema de educación superior garantiza la libertad de enseñanza, y es un aporte vital al país. Así, podremos asegurar un sistema de calidad y equidad, junto a una sociedad más pluralista y democrática. Conscientes de que las universidades públicas no estatales han sido fundamentales en el desarrollo de Chile y de sus comunidades, el G9 renueva hoy su compromiso de trabajo conjunto para asegurar un avance real en la calidad de la Educación Superior en nuestro país.
Ignacio Sánchez D.
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile y presidente G9
Sergio Lavanchy M.
Rector Universidad de Concepción
Claudio Elórtegui R.
Rector Universidad Católica de Valparaíso
José Rodríguez P.
Rector Universidad Técnica Federico Santa María
Víctor Cubillos G.
Rector Universidad Austral de Chile
Jorge Tabilo A.
Rector Universidad Católica del Norte
Aliro Bórquez R.
Rector Universidad Católica de Temuco
Diego Durán J.
Rector Universidad Católica del Maule
Juan Miguel Cancino C.
Rector Universidad Católica de la Santísima Concepción
Lo público limita con lo privado
Aldo Valle: “Las universidades estatales requieren de un nuevo trato de parte de su mandante -como ha dicho el ministro-, cuyo objetivo es que estas salgan de una vez de la condición histórica de menoscabo en que se las ha tenido…”
Los rectores de las universidades estatales reconocemos como una virtud la existencia de un sistema de provisión mixta en educación superior, es decir, en que concurren universidades públicas y privadas. Esto constituye una valiosa tradición cultural de Chile, que ha sido puesta en riesgo en las últimas décadas por la progresiva y sistemática reducción de la oferta pública. Por la misma razón, la reforma en educación está dirigida a fortalecer el pilar público y a restablecer los equilibrios sociales perdidos.
Las universidades estatales tienen propósitos, formas y valores institucionales que constituyen para ellas deberes públicos, y no meras opciones o preferencias. Su autonomía tiene límites que vienen dados precisamente por su pertenencia al Estado. Una universidad pública jamás podría adherir a una confesión religiosa, a una ortodoxia moral o doctrina filosófica determinada, ni administrar recursos fiscales sin el control pertinente, porque a partir de ese mismo momento dejaría de ser pública.
Las universidades privadas, en cambio, son tales en la medida que tienen reservado un ámbito que limita con el Estado y que este -para bien de la democracia y el pluralismo- no puede transgredir. Esto equivale a decir que no se les puede imponer propósitos, formas o determinados valores institucionales por más democrático que sea el Estado o por mayoritaria que sea la voluntad que sostiene a un gobierno. De esto mismo se colige que las universidades privadas legítimamente pueden optar por adherir a confesiones o corrientes de pensamiento. Pueden también preferir un sentido público, pero ello será siempre facultativo, porque nunca dejarán de tener la decisión autónoma de una opción diferente.
Por otra parte, la sociedad requiere de la existencia de una red de universidades públicas para impedir que el sistema educacional sea una mera yuxtaposición o uniformidad de proyectos corporativos privados, que prescindan de ciertos valores y virtudes cívicas irrenunciables para la construcción de la sociedad democrática como decisión colectiva vinculante. El convoy en que van las universidades estatales debe detenerse necesariamente en las estaciones del pluralismo, la participación, la formación de ciudadanía y el servicio a los objetivos nacionales de la política pública.
Por otra parte, hacer esta distinción no equivale a reducir la acción del Estado en educación superior, ni en investigación, solo a universidades estatales. Las universidades tradicionales del Consejo de Rectores han hecho un valioso aporte al país, que el Estado no puede desatender. Lo mismo cabe decir respecto de otras instituciones privadas con capacidades de investigación, siempre que cumplan con otras condiciones propias de fines públicos. Nadie ha sostenido algo en detrimento del aporte que entregan las instituciones privadas. Por lo mismo, lo que resulta difícil de entender y aceptar es que el propósito democrático de fortalecimiento de las universidades públicas se interprete como una acción en contra de las instituciones privadas, incluidas aquellas que han dado testimonio de su sentido público.
Las universidades estatales requieren de un nuevo trato de parte de su mandante -como ha dicho el ministro-, cuyo objetivo es que estas salgan de una vez de la condición histórica de menoscabo en que se las ha tenido. Esto incluye modernizar su estructura y funcionamiento, pero sobre todo dejar de concebirlas como otros oferentes privados. A nadie, creo, puede parecer razonable que se las considere como públicas para su control administrativo y como privadas para su financiamiento.
Si lo que se pretende es que permanezcan constreñidas en su gestión administrativa y académica, sin los recursos fiscales adecuados -muy por debajo de los promedios en los países que se toman en serio su educación pública-, entonces lo que esconde la sobrerreacción ante el propósito de fortalecerlas es el temor o el rechazo a que las instituciones estatales mejoren su participación en el sistema de educación superior, eleven su productividad científica y extiendan sus capacidades en la generación de ideas y en la deliberación pública.
Tal rechazo solo puede justificarse si se considera que no es bueno que los países tengan un sólido pilar público en educación. Esto mismo, sin embargo, a la vez refuerza la idea contraria a diluir los límites entre lo público y lo privado. Si desde la perspectiva privada se quiere contener lo público, entonces la distinción no es inocua, salvo que se quiera relativizar siempre a favor de lo privado.
Aldo Valle
Presidente del Consorcio de Universidades del Estado
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