El diario español La Gaceta de los Negocios da cuenta hoy de lo que denomina Desmadre económico y organizativo en la universidad pública española, tema de particular interés para las universidades públicas alrededor del mundo y, particularmente, en Chile y América Latina. Se basa en un informe del Tribunal de Cuentas que atribuye las falencias de gestión presupuestaria, ante todo, al esquema de gobierno de las instituciones universitarias públicas. En efecto, sostiene,
Hay alrededor de mil personas en los órganos sociales; 2.600, en los de gobierno; más de 10.000, en los claustros y 46.000, en los consejos de departamento.
Este organigrama, con múltiples órganos colegiados, que en muchos casos desempeñan funciones homogéneas y que se solapan, dificulta enormemente la elaboración y toma de decisiones en la universidad pública española.
El reportaje informa que el Tribunal de Cuentas deja patente que en 13 de las 47 universidades públicas no hay un órgano de control interno de sus cuentas.
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Recursos asociados
The transformation of public universities, Social Science Research Council n(SSRC) de los EE.UU., sitio, 2008
Educación Superior en Iberoamerica: Informe 2007, julio 2007
Reestructuración de la enseñanza de las ingenierías en España, junio 2007
Universidades: preparar el futuro empieza hoy, mayo 2007
Transformaciones de la universidad pública, septiembre 2005

Desmadre económico y organizativo en la universidad pública española
Más de 60.000 personas toman decisiones, pero no hay quien controle sus cuentas.
G. Sánchez de la Nieta /Enrique Morales
Madrid. La universidad española está desmesurada en su estructura y descontrolada en su gestión económica. El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las universidades públicas españolas, al que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA, es demoledor y deja patente una situación de ineficacia en la gestión, excesiva burocracia y prácticamente nula supervisión financiera.
Más de 60.000 personas, fundamentalmente profesores, deciden las normas y el funcionamiento de la universidad, pero poco más de cien controlan directamente los presupuestos y las cuentas internas de éstas, que rondan los 7.500 millones de euros.
El extenso estudio del tribunal, de 385 páginas y elaborado a partir de los trabajos de las comunidades, deja patente que en 13 de las 47 universidades públicas no hay un órgano de control interno de sus cuentas.
Una gestión dispersa
Pero el problema fundamental está en que la gestión de las cuentas de las universidades está totalmente descentralizada, con numerosas unidades y departamentos que toman decisiones administrativas y financieras sin ningún control. Un auténtico riesgo que ni siquiera puede ser controlado en las 34 universidades con unidades de control interno, con personal insuficiente para desarrollar la labor y que, en cualquier caso, no se corresponde con el volumen de ingresos y gastos que gestionan estas instituciones, según denuncia el Tribunal. En 13 universidades no hay quien controle, en cinco hay una persona y sólo en una hay más de diez.
La ausencia de gestores administrativos y controladores choca con un enrevesado y multitudinario organigrama de departamentos de decisión y de gobierno. Hay alrededor de mil personas en los órganos sociales; 2.600, en los de gobierno; más de 10.000, en los claustros y 46.000, en los consejos de departamento.
Este organigrama, con múltiples órganos colegiados, que en muchos casos desempeñan funciones homogéneas y que se solapan, dificulta enormemente la elaboración y toma de decisiones en la universidad pública española.
A esto se suma que la mayoría de los componentes de estos órganos son profesores, no independientes, que participan en la aplicación y la elaboración de normas internas que además les afectan directamente. Sin duda una situación que influye en la objetividad a la hora de gestionar los intereses generales de la universidad.
El disparate organizativo queda reflejado en el desmesurado número de organismos y entes dependientes de las universidades públicas. El Tribunal de Cuentas reconoce que no hay datos ni registros de esos órganos y deduce que es posible que haya mucho incontrolados.
Los presupuestos
El descontrol presupuestario queda patente en algunas cifras. Pese al compromiso de las universidades de equilibrar sus cuentas, diez de ellas fueron deficitarias en 2003, pese a que el superávit global fue de 400.000 euros. El 60% de las universidades aprobaron su presupuesto una vez iniciado el ejercicio, lo que resta eficacia a este instrumento planificador. Junto a esto, las modificaciones en las cuentas estimadas incrementaron los presupuestos un 27%, lo que evidencia una más que deficiente previsión inicial. Muchas de ellas han modificado sus cuentas sin ajustarse a la normativa aplicable o han dejado de reconocer obligaciones por falta de crédito.
A estos despropósitos, se une la carencia de un plan estratégico en tres de cada cuatro universidades. La ausencia de una planificación bianual provoca rigidez en la toma de decisiones e imposibilita la adaptación la asuntos como la evolución demográfica, la demanda de enseñanzas, la creación de nuevas titulaciones o el reemplazo de profesores.