Los dos periódicos nacionales editorializan hoy sobre el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), sus limitaciones y su criticada gestión de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
El diario El Mercurio se refiere a la Licitación de la PSU recomendada por la Fiscalía Nacional Económica. [Ver texto completo más abajo]. Varios Rectores, a su turno, apoyan esta media.
La Tercera, entre tanto, títula su editorial de hoy 1 de febrero: Consejo de Rectores: Hora de dar vuelta la página.
Recursos asociados
Acceso a fondos públicos: lo que está detrás del fin del Consejo de Rectores , La Tercera, 28 enero 2007 [Ver texto completo más abajo]
Encuesta Universidad Adolfo Ibáñez-Fondecyt: Las universidades se autoexaminan, 24 diciembre 2007
Universidades del Consejo de Rectores v/s privadas , Universia, 16 abril 2007
Rector de la Universidad de Chile es nombrado vicepresidente ejecutivo del Cruch , Universia, 12 enero 2007

Viernes 01 de Febrero de 2008
Licitación de la PSU
El Mercurio, Eitorial
Es de utilidad para el país la denuncia que el diputado Dittborn (UDI) planteó ante la Fiscalía Nacional Económica por eventuales conductas contrarias a la libre competencia en cuanto al monopolio parcial sobre la Prueba de Selección Universitaria (PSU) que hoy posee el Consejo de Rectores.
En su breve informe, dicha fiscalía constató la posición dominante del Consejo de Rectores en la actividad de elaborar y administrar las pruebas de selección para la educación superior. Si bien ella adujo falta de información y archivó el caso sin pronunciarse respecto de si existe o no abuso de tal posición dominante en la actualidad, recomendó al Consejo de Rectores licitar dicha actividad de elaboración y administración al oferente de menor precio o, alternativamente, establecer que el Estado imponga precios máximos. En ambos casos, ese proceso debería sujetarse a estándares mínimos de calidad. Ambas opciones reducirían el riesgo de abusos de posición dominante.
Es de lamentar que la fiscalía citada no se haya pronunciado explícitamente sobre la conveniencia social de contar con un conjunto único de pruebas de selección para la educación superior. Esto reduciría los costos para los alumnos de dar pruebas, aprovecharía economías de escala en su elaboración y aumentaría la competencia entre las entidades de educación superior, al asegurar la posibilidad de comparar los puntajes de admisión.
Un juego único de pruebas también permitiría un sistema de postulación unificado, protegiendo mejor a los alumnos menos informados y con menos ventajas, en comparación con los sistemas de postulación fragmentados, que permiten a cada entidad imponer costos de cambio a aquellos nuevos alumnos que optan por otra entidad. Estas características convierten a las pruebas de selección en un monopolio natural por el lado de la demanda. A su vez, eso explica la variedad de subsidios en especie que recibe el Consejo de Rectores para reducir los costos de la PSU. Destacan entre ellos el uso gratuito de cientos de locales en todo el país y los subsidios fiscales a los alumnos que compran este servicio, tanto en dinero como en la forma de alimentación y transporte.
Sin embargo, los monopolios suelen tener insuficientes incentivos para proveer calidad. Esa regla general se ve confirmada en el caso de la PSU, pues, por ejemplo, el Consejo ofrece muy escasos facsímiles para que los alumnos preparen su prueba. Asimismo, la aplicó sin un período de marcha blanca, exponiendo a toda una generación de estudiantes a riesgos innecesarios. Ante estas deficiencias, y dada la importancia de la calidad de las pruebas, la exigencia de estándares mínimos es insuficiente. Es importante y urgente avanzar hacia la creación de un pago por calidad para la entidad que las elabore y aplique.
La posición dominante también puede ser usada por sus controladores para dificultar la entrada o el crecimiento de sus rivales. En este caso, la fiscalía se dirige al Consejo de Rectores como si fuera una entidad imparcial; pero, en realidad, ella representa a un grupo de proveedores establecidos -las universidades estatales y otras con aporte estatal directo- con interés en no favorecer a sus rivales. Habría sido conveniente que aquélla propusiera medidas correctivas; entre ellas, incorporar al Consejo a todas las entidades privadas de educación superior.
Es erróneo poner el énfasis en los posibles abusos por precio y, en cambio, omitir las fallas de calidad y las barreras a la entrada asociadas a una posición dominante. Los futuros candidatos presidenciales deberían incorporar esta modernización a sus programas.
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Acceso a fondos públicos: lo que está detrás del fin del Consejo de Rectores
Terminar con esta agrupación, que reúne a las 25 universidades tradicionales, viene de la petición de los planteles privados de recibir recursos del Estado.
Katerinne Pavez y Elizabeth Simonsen
Diario La Tercera, 28 enero 2007
“En el mundo hay una aceptación creciente de que las universidades privadas de buena calidad sin fines de lucro deberían tener acceso a fondos públicos, y ahora que Chile está comenzando un sistema de acreditación de las universidades, es el momento para cambiar”. Son las palabras de Ian Whitman, director del programa de Cooperación de los Países no Miembros de la OECD, quien la semana pasada estuvo en Chile junto a un grupo de expertos del Banco Mundial, analizando el sistema de educación superior en Chile.
Paralelamente, el Consejo Asesor de Educación Superior debatía sobre acabar el Consejo de Rectores (Cruch) y entregar la PSU al Ministerio de Educación. Una medida que implicaría terminar con la desigualdad de trato que existe hoy entre las universidades tradicionales y privadas, especialmente entre las entidades privadas del Consejo de Rectores (la UC, entre éstas) y las que nacieron luego de la reforma de los 80. Una modificación que cambiaría el mapa del financiamiento de la educación superior.
LA LUCHA POR EL AFD
Actualmente, las 25 universidades del Consejo de Rectores reciben dineros provenientes del crédito estudiantil, aportes fiscales por captar a los mejores puntajes, donaciones y el Aporte Fiscal Directo, recursos que entrega el Estado por ley a las universidades y que son de libre disposición. El año pasado, el Fisco repartió $ 122 mil millones por este concepto.
Una vía de financiamiento a la que están ajenas las privadas. Además, tienen acceso limitado a financiamiento de proyectos. Por ello, varias reclaman. “Es preciso un trato igualitario, a partir de dineros concursables, siempre y cuando haya rendición de los fondos”, dice Fernando Montes, rector de la Alberto Hurtado.
De la misma idea es Manuel Krauskopf, ex rector de la U. Andrés Bello y miembro del consejo asesor. Opina que los estudiantes de las privadas y centros de formación técnica también debieran poder acceder al crédito del fondo solidario -que tiene un interés de 2% anual-, pues hoy sólo pueden postular al crédito con aval del Estado, a una tasa del 6%.
Ernesto Silva, rector de la Universidad del Desarrollo, va más allá. “Todos los actores deben competir por los aportes fiscales directos. Se debe financiar la demanda, apoyar a los alumnos y financiar proyectos específicos y también la investigación”.
Pero no es la única lucha que se está dando por estos días. Las privadas del Consejo de Rectores apelan a mantener las vías de financiamiento estatal, que significan ingresos considerables para sus arcas: hasta el 40% del presupuesto de la Católica de la Santísima Concepción proviene del Aporte Fiscal Directo. Algo en lo que coinciden casi todos los actores.
Las entidades públicas también tienen su afán: recibir un trato preferente de parte del Estado, lo que implicaría, por ejemplo, menos trabas para gestionar recursos. En resumen, una nueva forma de financiamiento basada en aspectos como la acreditación, idea apoyada por la mayoría del consejo asesor.
Pero el fin del Consejo de Rectores o su ampliación para incluir a las privadas supondría un cambio también para los estudiantes: la administración de la PSU, hoy en manos de la U. de Chile y que es obligatoria sólo para los planteles del Cruch. Muchos se preguntan si todas las privadas están dispuestas a aceptarla como obligatoria y a sumarse a un proceso de postulación único, como pasa con las entidades tradicionales. “Deben aceptar las reglas del juego: no recibir alumnos con puntajes menores, ni matricular fuera del plazo. No sé si todas están en condiciones de cumplir”, dice Juan Zolezzi, rector de la Usach.
Entre las privadas las aguas están divididas. “Un método único de postulación puede arrojar antecedentes y datos muy valiosos acerca de cómo se postula, preferencias, etc., que son útiles para conocer y perfeccionar el sistema completo”, dice Orlando Poblete, rector de la U. de Los Andes. “En principio sí, siempre y cuando contemple tests que cada universidad pueda agregarles”, opina Silva.