Educación Superior en Venezuela

 

Luis Ugalde, s.j

 

 

Sábado, 22 de junio de 2013

 

 

La Educación Superior en Venezuela con la democracia creció de manera impresionante a partir de la caída del dictador Pérez Jiménez en 1958, cuando el número total de estudiantes no llegaba a 10.000. Para el año 1991 en un cuadro internacional comparativo el problema universitario de Venezuela aparecía más cualitativo que cuantitativo, pues la proporción de estudiantes en educación superior en relación al total de la población en Venezuela era superior al de la mayoría de los países europeos, de Israel y de Japón. Entre 1992 y 2005 se duplicó el total de estudiantes de carreras largas (5 años) en las universidades y de cortas (3 años) en Institutos y colegios universitarios.

 

El año 2004 había 48 universidades, 23 oficiales y 25 privadas y 119 institutos universitarios, 51 oficiales y 68 privadas, para un total de 167 instituciones de educación superior, 74 oficiales y 93 privadas. (Fuente: Departamento de Estadística CNU- OPSU). Ese año el total de estudiantes superiores era de 1.123.063, 614.341 en las oficiales y 508.722 en las privadas. Dos de cada tres estudiaban en las universidades oficiales (473.587) y uno en las privadas (207.478); mientras que en los institutos universitarios la proporción era inversa: 140.754 en las oficiales y 301.244 en las privadas. Conviene recordar que en los primeros 5 años del actual gobierno se duplicó el número de estudiantes en la educación superior privada.

 

Finalmente resaltamos como dato significativo que en el año 2004, por primera vez en la historia del país, egresaron más graduados de la educación superior privada (53.056) que de los centros oficiales (48.228). El hecho de que se gradúen más, siendo menor el número de estudiantes, refleja el alto índice de retirados y de repitientes en las instituciones oficiales. Tanto en las oficiales como en las privadas, hay instituciones de buena calidad, como también otras que dejan mucho que desear.

 

El régimen actual se ha propuesto transformar este cuadro de manera que se dupliquen los números, se extingan las instituciones privadas y las oficiales sean controladas y se conviertan, ya sin autonomía, en piezas al servicio de la revolución socialista del siglo XXI.

 

 

 

I – Universidad, Autonomía y Control Gubernamental

 

 

 

En los primeros años del actual gobierno los temas y preocupaciones eran similares a los de los gobiernos anteriores y también los debates del Consejo Nacional de Universidades (CNU): el crecimiento numérico, la calidad educativa, los presupuestos insuficientes para demandas crecientes y el habitual forcejeo entre las tendencias políticas en su afán de lograr hegemonía universitaria. La Constitución Bolivariana de 1999 proclamaba una sociedad democrática y plural con una educación superior orientada al cambio dentro de ese marco. Además esta Constitución consagra en su artículo 109 la autonomía universitaria, de manera acertada y enfática.

 

Si ahora en julio de 2010 tomáramos una fotografía instantánea, veríamos que ha cambiado radicalmente, no la realidad de la educación superior, pero sí el debate ideológico y la lucha por el control de la universidad a fin de implantar el modelo de universidad única al servicio del Estado-partido único, de acuerdo al modelo soviético o cubano.

 

Al mismo tiempo se busca duplicar el número (según algunas cifras propagandísticas y dudosas ya se habría logrado), eliminando las exigencias académicas para el ingreso y convirtiendo todas (o muchas) las instituciones de educación superior en universidades. Así ya no se habla de Educación Superior, sino de Educación Universitaria, como ya lo hace la Ley Orgánica de Educación. Una vez aprobada, de manera sectaria y sin discusión, la anticonstitucional Ley Orgánica de Educación en 2009, ahora se espera la aprobación de una Ley de Universidades que acabaría de hecho, aunque no verbalmente, con la autonomía universitaria. Esta autonomía en relación al gobierno y al partido es impensable y carece de sentido en la concepción estatista de partido único, propia de sociedades “comunistas”. Ni opositores, ni simpatizantes caen en la ilusión de pensar que en Cuba o en el modelo soviético la universidad es, o puede ser, autónoma del Gobierno-partido.

 

Naturalmente este deseo oficial hoy en Venezuela se enfrenta al sentir de una gran mayoría de la comunidad universitaria y de la sociedad que, con la Constitución en la mano (art. 109), defiende una universidad autónoma. Las elecciones de profesores y estudiantes en las universidades oficiales con autonomía electoral han demostrado en los últimos 10 años una relación de 75 a 25 a favor de quienes no desean un modelo socioeconómico y universitario estatista y subordinado al gobierno. A los “revolucionarios” lógicamente esto les parece intolerable y en contradicción a su propósito de imponer una universidad para construir el socialismo estatista-comunista.

 

Esta divergencia y enfrentamiento entre la mayoría democrática de la sociedad y de las universidades y el partido empeñado en usar los recursos del gobierno y del Estado para imponer una universidad subordinada al socialismo del siglo XXI – socialismo no nombrado en la Constitución y opuesto a ella – crea un problema muy grave que marca el cuadro universitario de 2010 y será decisivo en los próximos años.

 

 

 

II – Estrategias de Control

 

 

 

Son necesarios varios elementos combinados para forzar el tránsito de la universidad autónoma, plural y de espíritu democrático a una universidad subordinada al partido de gobierno, con principios totalitarios y excluyentes de todo pluralismo. Al no poderlo hacer desde una dictadura declarada, como en Cuba o en el Chile de Pinochet, hay que identificar problemas reales o funcionamientos insatisfactorios de la actual universidad venezolana para partir de su denuncia y llegar a una universidad revolucionaria socialista. Veamos algunos puntos y modos de esa transición.

 

 

 

1- Ingreso a la Universidad

 

 

 

Toda universidad que desea calidad en cualquier sistema político establece ciertas exigencias de ingreso a fin de iniciar los estudios con probabilidad de éxito.

 

Por otra parte en Venezuela hay varios millones que recibirían con agrado un título universitario si se les brindara con rebajas, aunque carezcan de los niveles mínimos de ingreso y de preparación para realizar con éxito la carrera correspondiente.

 

Nuestras universidades desde hace décadas tienen un sistema de admisión para aceptar a los que, además del bachillerato, tengan los niveles básicos exigidos. Las restricciones no son de tipo económico sino de vocación y de preparación previa. Con frecuencia estos requisitos vocacionales y académicos de ingreso varían de acuerdo a las carreras, pues parece lógico que para estudiar derecho no se exijan las mismas capacidades y preparación en matemáticas que para estudiar ingeniería. Las normas estaban establecidas por acuerdos del CNU, es decir conjuntamente entre las universidades y el Ministerio de Educación y ambas se combinaban para su aplicación. Las universidades privadas también exigían el examen de la OPSU, además de su propio sistema de admisión.

 

Ante la insatisfacción por la distancia entre el total de aspirantes y el número de admitidos, hay una vía demagógica para obligar a las universidades a eliminar las exigencias de ingreso y admitir a todos, con el falso argumento de que la entrada a la universidad es un derecho constitucional que a nadie se le puede restringir. Según este argumento también los analfabetos tendrían libre ingreso a la Universidad. Conviene no olvidar que en Venezuela en las universidades de pago oficial el estudiante tiene el beneficio del comedor semigratuito y de especial atención médica; lo que aumenta la presión para entrar y permanecer en la universidad, aunque no se apruebe ninguna materia.

 

Con el libre ingreso, los primeros años se llenarían de decenas de miles de “estudiantes”, de los que sólo una mínima parte estudiaría verdaderamente con probabilidades de culminar la carrera. Con ello colapsarían las universidades por falta de profesores, aulas y demás servicios, y crecería el ya alto número de repitientes y de gente que termina una carrera de cinco años en doble tiempo. Ese nuevo problema se trataría de resolver con más demagogia: salgamos de ellos dándoles el título universitario, aunque no estén preparados. Esta tendencia evidente lleva a rebajar la universidad, empobrecerla y dejarla sin recursos para la investigación y para retener los mejores talentos académicos; la sociedad sufre una enorme pérdida al recibir profesionales ineptos, y los jóvenes son burlados al sentirse comprobar su incompetencia. No estamos hablando de peligros remotos, sino de tendencias ya vividas en tiempos demagógicos, por ejemplo en las universidades argentinas.

 

Pero la demagogia para el libre ingreso a la universidad tiene un factor de presión en el contexto educativo actual. En algunas universidades de mejor calidad y de más exigente ingreso, hasta un 80% de los cupos son obtenidos por bachilleres provenientes de colegios privados, a pesar de que los alumnos de estos no llegan al 20 % del total de estudiantes de bachillerato. Este hecho es utilizado para acusar a las buenas universidades oficiales de excluyentes, oligárquicas, neoliberales y privatizadoras. Hay que devolver las universidades oficiales al pueblo y el camino es la eliminación de los exámenes de ingreso, se argumenta desde el gobierno.

 

La solución a esta realidad lamentable es el mejoramiento de la educación primaria y secundaria de las escuelas públicas, no la rebaja del ingreso a la universidad. En Venezuela hace algunas décadas los liceos públicos eran exigentes, disciplinados y considerados de mejor nivel que los colegios privados; cosa que no ocurre hoy.

 

La respuesta sensata de parte de las universidades a este problema, no es la eliminación de las exigencias de ingreso, ni la rebaja de su nivel, sino una alianza educativa entre las universidades, el magisterio en el nivel diversificado y básico y los ministerios educativos, para elevar la educación primaria y secundaria en los centros educativos oficiales y reforzar especialmente la educación en los sectores de menores recursos.

 

Hay otro factor político muy importante que lleva al gobierno a exigir la eliminación de toda exigencia de ingreso a la universidad y es la necesidad de que sean admitidos los que reciban título de bachillerato en las especiales misiones gubernamentales.

 

En el 2004, cuando el Gobierno con popularidad baja debía enfrentarse a un Referéndum revocatorio, se inventaron las misiones con programas enfocados a necesidades específicas que pudieran provocar un entusiasmo rápido en quienes – por el hecho de ser pobres – se sentían excluidos de los servicios de salud, alimentación, o educación. Esto bien recubierto de propaganda, permitiría elevar la popularidad del Presidente, como en efecto ocurrió. La rapidez venía garantizada por el envio de varias decenas de miles de cubanos al área de salud y de educación. Así nacieron las misiones Barrio Adentro (salud), Mercal (alimentación) y otros. En el área educativa se lanzaron la misión Robinson (pseudónimo del Simón Rodríguez, maestro del Libertador) para la alfabetización, la misión Rivas (José Félix Rivas, héroe de las batallas de la Independencia muerto en la guerra) para el bachillerato, la misión Sucre (destacado general de la Independencia y primer presidente de Bolivia) para la universidad. Había un potencial electoral de casi dos millones de venezolanos que algún día soñaron ser bachilleres o universitarios, y no pudieron por circunstancias de la vida.

 

En Venezuela el combate decisivo contra el analfabetismo se dio al comienzo de la democracia, a partir de 1960, pero 40 años después se hizo una enorme propaganda nacional e internacional para la misión (alfabetización) Robinson, aunque el número de analfabetos adultos no llegaba al 10%. Se trajeron materiales cubanos, en muchos casos se inscribieron adultos alfabetizados – atraídos por otras promesas económicas – como analfabetos. Al final dijeron que se habían alfabetizado 1.500.000, aunque la cifra verdadera parece que no llegó a 300.000.

 

Cientos de miles de jóvenes se anotaron en la Misión Ribas para obtener con facilidades y rebajas el título de bachiller. Idea que hubiera sido acertada, si se hubiera ejecutado con seriedad. Luego, esos bachilleres con escasa preparación se plantaban a la puerta de la universidad, pero era evidente que no iban a superar las exigencias de ingreso, lo que creaba un problema político. En consecuencia se creó la Misión Sucre, como manera de recibirlos y, con un sistema de universidad paralela, llevarlos a graduarse sin el nivel requerido. Para evitar luego el desempleo de estos, el gobierno empleador les daría preferencia y además se esperaba que ellos y sus familias fueran más leales y militantes a favor de la “revolución”.

 

 

 

La autonomía universitaria y el éxito de la buena formación requieren que cada universidad tenga influencia directa en la admisión a ella y específicamente a cada una de las carreras, pues lógicamente no se requieren los mismos conocimientos y aptitudes para unas carreras y otras. Así mismo tiene que haber una política nacional de orientación, preparación e ingreso a la universidad. Estas dos exigencias requieren un diálogo franco y razonable entre los ministerios de educación, de educación superior y las universidades para juntos abordar de modo decidido la ampliación del número de jóvenes que exitosamente continúen sus estudios después de la secundaria. Esto requiere mejorar el nivel de la formación escolar básica, ofrecer alternativas de oficios con buena preparación y orientar adecuadamente a los jóvenes, pues no todos son para los estudios universitarios; ellos y el país, requieren estudios, formación y capacitación en oficios con preparación elevada de nivel internacional.

 

Con el enfoque de control político que quiere dar el Gobierno al ingreso a las universidades se pierde el nivel de estas, se hace mal uso del presupuesto y se hace daño a muchos aspirantes al enviarlos demagógicamente al fracaso.

 

 

 

2- Egreso de la Universidad

 

 

 

El gobierno además de la Misión Sucre desde el comienzo controlaba una decena de universidades “experimentales” cuyas autoridades legalmente son nombradas por el Ejecutivo. Además creó la Universidad Bolivariana y amplió de 4.000 a más de 200.000 la Universidad de las Fuerzas Armadas (UNEFA). Ambas fueron entendidas como instrumento del gobierno-partido para formar “revolucionarios”. Si las cifras que da el gobierno son ciertas, entre ambas hoy tendrían tantos estudiantes como las 20 universidades oficiales juntas en 2004. La Universidad Central con más de 2 siglos de historia tiene unos 50.000 estudiantes y la UNEFA en 5 años la habría cuadruplicado. Luis Fuenmayor, ex-rector de la Universidad Central, ex director de la OPSU con el actual régimen y hasta ayer partidario del actual “proceso”, dice que la cifra es falsa, lo que parece muy probable a falta de pruebas que lo contradigan. Estas dos universidades han abierto núcleos y “aldeas universitarias” (en muchos casos sin la previa autorización legal exigida) en decenas y decenas de poblaciones en todo el territorio nacional. Con frecuencia sin espacios, ni profesores adecuados, ni laboratorios para carreras como ingeniería. Sabemos de estudiantes que sólo tienen clases dos días a la semana, pues en los otros tres, otros requieren los mismos espacios. La UNEFA que era una pequeña y buena universidad de la Fuerza Armada ha sucumbido al afán proselitista y al deseo de implantar la hegemonía numérica y el control burocrático e ideológico del mundo universitario. No se olvide que los rectores y autoridades de la UNEFA y de la Universidad Bolivariana son nombrados por el Ejecutivo, sin participación electoral alguna, mientras el Gobierno que los nombra exige que en las universidades de presupuesto oficial, donde hay autonomía en la elección de autoridades, se imponga el principio universitariamente absurdo de que cada persona que vive en el campus debe tener un voto igual para elegir las autoridades académicas. Esto tiene la finalidad de llevar al caos universidades que el gobierno no ha podido controlar en las elecciones de autoridades, estudiantes y profesores.

 

En estas condiciones los egresados están en inferioridad de preparación para competir en un mundo globalizado y para responder a las exigencias de su profesión en el país, y es evidente el peligro de frustración y desempleo. La manera de resolver este problema de los egresados es que el Gobierno empleador les dé preferencia (y a veces la exclusividad) a los egresados de la Misión Sucre, de la Universidad Bolivariana, de la UNEFA y de una docena de universidades controladas por el gobierno.

 

Ésta política que “de facto” ya está implantada, quiere imponerse “de iure” y la nueva Ley Orgánica de Educación en el art.35 numeral 8 permite al Ejecutivo reservar carreras e imponer que en determinadas profesiones sólo podrán trabajar los egresados de determinadas instituciones: “La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas a ello”. (LOE art.35, 8)

 

Este artículo de la Ley Orgánica de Educación abre la puerta a una posibilidad, que pudiera ser razonable en una democracia, pero que es fatal en manos de un gobierno empeñado en implantar el control exclusivo. Podría decidirse que quienes se gradúan de derecho deben hacerlo en universidades revolucionarias y socialistas y no en centros “neoliberales” al servicio del imperialismo. Con este argumento el Gobierno se reservaría también carreras de educación, y comunicación social, por ejemplo. Ya va siendo un hecho que en dependencias regionales del Ministerio de Educación se rechace a candidatos por el mero hecho de provenir de la UPEL (Universidad Pedagógica Libertador) o de las privadas. También se ha hecho pública la intención del Ejecutivo de no admitir al ejercicio del derecho en el sistema judicial, sino a los egresados de determinadas universidades controladas por el gobierno. En el afán de controlar los MCS también podría imponerse esta política anticonstitucional, controladora para imponer una única ideología.

 

 

 

3- Control de Autoridades y de Presupuesto

 

 

 

Sin cierta autonomía presupuestaria, sin autonomía en la elección y nombramiento de las autoridades y con la clara determinación del gobierno-partido de apoderarse de la universidad para formar “revolucionarios”, parece decidida la muerte de la universidad autónoma. Hay modo de evitarla si la inmensa mayoría de la comunidad universitaria autonomista actúa con claridad y decisión para defenderla y desarrollar el pluralismo y la creatividad para responder a los problemas actuales y reforzar su conexión con la sociedad.

 

El Gobierno de manera decidida trata de controlar e imponer los presupuestos y las autoridades; en primer lugar “de facto”, sin esperar la nueva Ley de Universidades que luego tratará de elaborar e imponerla para el control total.

 

En cuanto al presupuesto, sabemos que todo él depende del Gobierno que dispondría de un instrumento de uso discrecional, premiando a los dóciles y castigando a los rebeldes.

 

Por otra parte al incrementar de manera explosiva el número de estudiantes de las universidades subordinadas y dóciles, como la Universidad Bolivariana, UNEFA, Misión Sucre, institutos universitarios repintados para convertirlos en universidades etc., se logra que el mismo presupuesto se tenga que dividir ahora entre un número que casi duplica al anterior. Esto, combinado con el falso principio igualitario de tanto presupuesto como número de estudiantes, se concluye que deberían destinarse 30 veces más recursos a la Universidad Bolivariana que a la Simón Bolívar, por ejemplo. El corolario de esta lógica – perversa pero con cierta apariencia de justicia igualitaria – es que ahora los “burgueses” de la Simón Bolívar tienen el presupuesto y los laboratorios que en justicia corresponden a los “pobres” de la Bolivariana. Este razonamiento olvida la diversificación de la calidad universitaria, los diferentes costos de las carreras, los altos costos de la investigación aunque haya menos estudiantes etc. y busca una nivelación hacia abajo, que es la ruina de la universidad.

 

En el actual forcejeo presupuestario que busca ahogar o arrodillar a las grandes universidades democráticas y autónomas del país, el argumento demagógico presenta como política justa lo que es brutal agresión a la universidad autónoma y a sus áreas de mayor calidad.

 

Por otra parte, hay varios hechos financieros innegables que a veces se olvidan en esta pugna por el control político de la universidad. El financiamiento de los estudios universitarios o de educación superior tiene en Venezuela tres características fatales:

 

a- No toma en cuenta las diversas formas de contribución financiera de la sociedad a las universidades, además del presupuesto oficial universitario.

 

b- No ha resuelto la absurda duplicación de la nómina al incluir en el presupuesto de cada año a los ya jubilados, además del personal activo.

 

c- No ha frenado el alarmante empobrecimiento de la Universidad y su creciente incapacidad para retener los mejores talentos, a quienes la sociedad ofrece más atractivas alternativas de trabajo e ingreso, dentro o fuera del país.

 

 

 

El análisis detenido de cada punto desborda los límites de este artículo, pero podemos explicitar algo más los tres enunciados.

 

 

 

a- El financiamiento plural de las universidades

 

 

 

Es anacrónico pretender que la Universidad se financie y deba financiarse sólo con el presupuesto oficial. Ya esto no ocurre ni en China, ni en ninguno de los países del mundo, excepto Cuba y algún otro donde no hay más economía que la estatal.

 

En América Latina el crecimiento de las universidades y sus presupuestos se ha dado con la contribución creciente de las empresas, las fundaciones y sobre todo de las familias beneficiadas, junto con los presupuestos públicos. Nos referimos al conjunto del sistema universitario. También en Venezuela es un hecho, patente si tomamos en cuenta que ya en el año 2004 fueron más los graduados en educación superior privada (53.056 sin aportes del presupuesto oficial) que quienes lo hicieron en universidades e institutos financiados por el presupuesto oficial (48.228); se trata de un hecho, aunque no deseable.

 

El gobierno actual promulgó el 3 de agosto de 2005 la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)) y con ella ha promovido una acertada política para incrementar el aporte de las empresas a las universidades. Ésta ley, con los lógicos ajustes que aconseja la experiencia, es una manera extraordinaria de vincular la Universidad y la Empresa productiva en doble dirección. Lamentablemente, dos tendencias funestas atentan contra sus buenos efectos: una en algunas empresas que buscan evadir este aporte a las universidades y sustituirlo por la inversión en la misma empresa, pero incluyendo como inversión en ciencia y tecnología gastos que no lo son; y la otra, el deseo gubernamental de apropiarse de ese dinero y no permitir que la empresa y la universidad actúen con autonomía. Esto es distinto de la necesaria y diligente supervisión estatal y la exigencia de plena transparencia.

 

Dado que hay tantos cientos de miles que estudian en instituciones privadas, Venezuela necesita una amplia y generosa política nacional de crédito educativo que ayude al año a cerca de medio millón de estudiantes. Política crediticia que favorece el estudiante que luego como profesional devuelva parte de lo recibido, para que otros puedan seguir estudiando. Lamentablemente este tema tan necesario y oportuno, no se ha desarrollado.

 

 

 

b – La duplicación de nómina

 

 

 

El problema de la duplicación de nómina viene del hecho de que los universitarios (como los militares, diplomáticos, magistrados y otros altos funcionarios públicos) pueden jubilarse con 20 ó 25 años de trabajo, lo que permite jubilaciones con 50 años de edad o menos, que luego, con otro trabajo, pasan a cobrar doble sueldo. Esto sería algo insostenible e insensato aun en las sociedades más ricas y desarrolladas; así como las dobles jubilaciones.

 

El problema para las universidades de presupuesto oficial es que en edades muy productivas pierden excelentes talentos a los que financiaron costosos estudios dentro y fuera del país. Por otra parte, los pagos de los jubilados están en la misma nómina de los activos, lo que lleva a la duplicación de la nómina; es decir, en las facultades tradicionales de la UCV por ejemplo, la nómina de los jubilados supera a la de los activos y todo se debe pagar por el presupuesto actual anual( Por ejemplo en el presupueswto 2010 de la UCV los Gastos de personal son 434 millones y las Transferencias 420 millones; de estas el 80% es para jubilados y pensionados).

 

Este es un problema que empobrece a la Universidad activa y la va ahogando, sobre todo a las que tienen más años. La solución es compleja y debe abordarse de modo integral. El gobierno actual ha perdido la gran ocasión que tenía con los enormes ingresos petroleros excepcionales recibidos de sincerar y sanear el sistema de jubilaciones para el futuro.

 

 

 

c- Empobrecimiento

 

 

 

El empobrecimiento de la universidad queda en evidencia si se comparan los ingresos de investigadores y tiempos completos con lo que se ganaba en los años 60, 70, 80 ó 90 en esa misma labor, o con lo que hoy gana un profesional de su nivel en Venezuela, fuera de la universidad o fuera del país. Así mismo los sueldos universitarios se han deteriorado en relación con los universitarios de México, Brasil, Chile o Colombia.

 

 

 

III El Nombramiento de Autoridades, el CNU y la OPSU

 

 

 

El nombramiento de las autoridades es otro punto necesario para eliminar la autonomía universitaria y lograr una universidad sumisa y dedicada a implantar en exclusividad la formación de “socialistas revolucionarios” ejecutores de las líneas del gobierno, aunque sus planes sean anticonstitucionales. Como los autonomistas ganan por amplia mayoría las repetidas elecciones profesorales y estudiantiles para autoridades y representantes en cuerpos colegiados, se inventó la fórmula demagógica de exigir la elección de autoridades por todo el personal de la universidad, a razón de un voto por persona.

 

Debemos recordar que no se conoce ninguna universidad en el mundo (capitalista o comunista) cuya buena calidad se deba a esta fórmula de elección y también que ésta es la propuesta de sólo un grupo pro-gobierno, pues muchos que están con el proceso se oponen muy sensatamente, por considerarla antiuniversitaria y destructiva.

 

La universidad por su propia naturaleza es diferenciadora y tanto las notas como los cargos deben asignarse de acuerdo a las capacidades demostradas y evaluaciones. En la Universidad hay representaciones electas por los trabajadores para defender sus intereses y las autoridades tienen sus instancias de diálogo y de negociación, pero para decidir –por ejemplo- sobre el currículo de medicina los experimentados profesores e investigadores de medicina son más competentes que el estudiante de primer año o el que corta la grama en el jardín; ello nada tiene que ver con la dignidad de unos y de otros ni con sus derechos constitucionales.

 

No se eligen por votación, los ministros del gobierno, ni los pilotos de avión, ni se decide entre todos los empleados del hospital si un enfermo grave requiere operación o no; esto lo deciden los expertos de acuerdo a sus conocimientos y no al número de votos de todos los que trabajan en la institución. Con esto queremos decir que en una República hay elecciones que se ejercen por el mero hecho de ser ciudadano y hay otras que requieren determinadas competencias y se restringen a quienes las tengan. Por ejemplo, para ser candidato a la Presidencia basta ser venezolano y tener el mínimo de edad requerido; pero para ser candidato a autoridad universitaria se requiere además cualificación certificada, de manera que no pueda ser candidato quien no la tenga: no puede ser candidato a Decano de Medicina o de Derecho quien no tenga el título universitario en esa área. Un analfabeta puede ser candidato a Presidente de la República, pero no candidato a Rector de una universidad, pues ésta exige cualificación previa certificada por el título correspondiente que viene del desempeño exitoso que lo llevó a culminar la carrera y el doctorado. Confundir demagógicamente esto es acabar con la universidad.

 

Si quienes exigen el voto igualitario y universal para la elección de autoridades, creyeran de veras que ésta es la fórmula para mejorar la universidad, ya la habrían aplicado en el casi centenar de universidades e institutos universitarios venezolanas donde las autoridades son nombradas por el gobierno; ya en la UNEFA y en la Universidad Bolivariana se hubiera impuesto el sistema de una persona un voto, no importa a qué se dedique en la universidad ni cuál sea su preparación y calificación (alumno de primer año, vigilante, o doctor).

 

Ese sistema no sirve para gobernar bien y elevar la calidad académica de la universidad, pero podría ser útil para sembrar el caos y el desorden para luego promover la intervención del Ejecutivo con autoridades impuestas.

 

Hay otras maneras de quitar poder a las universidades en su autonomía. De acuerdo a la todavía vigente Ley de Universidades, el CNU (Consejo Nacional de Universidades) es “el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la presente Ley por las Universidades, de coordinar las relaciones de ellas entre sí y con el resto del sistema educativo, de armonizar sus planes docentes, culturales y científicos y de planificar su desarrollo de acuerdo con las necesidades del país. Este Consejo, con sede en Caracas, tendrá un Secretario permanente y una oficina de Planificación del Sector Universitario, vinculada a los demás organismos de planificación educativa, que le servirá de asesoría técnica” (art.18). La OPSU es un Secretariado del CNU, no del Ministro.

 

Obviamente para un Gobierno autoritario que quiere imponer un tipo de sociedad y de universidad, es contraproducente mantener este CNU, presidido por el Ministro y con participación de todas las universidades y otros representantes de los poderes públicos y de la vida universitaria. Es fácil lograr que la mayoría de los votos sean gubernamentales (conversión de institutos universitarios en universidades, aumento del número de las experimentales, etc.) Así mismo, aunque de modo ilegal, la OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario) dejó de ser Oficina del CNU para ser del Ministerio. Finalmente las reuniones del CNU que se tenían cada mes con toda regularidad, han perdido toda importancia y periodicidad, pues el Ejecutivo lleva adelante sus políticas sin el Consejo ni voto del CNU. Las reuniones esporádicas son más bien informativas. Con estos cambios en el CNU y la OPSU ha cambiado también el modo de discutir, de aprobar y de ejecutar el presupuesto.

 

 

 

IV Resumen

 

 

 

El gobierno está tratando de implantar un modelo autoritario y estatista de universidad al servicio de la “revolución”. Lo hace debilitando o eliminando la autonomía de la universidad y el poder de negociación en el ingreso, en el presupuesto y en la autónoma elección de autoridades. En varias áreas y empresas empleadoras que dependen del gobierno éste da preferencia o exclusividad, a los egresados de las universidades del régimen con militancia y sumisión ideológica. De esta manera avanza el asedio a la universidad autónoma. Ahora se quiere aprobar una Ley de Universidades que consagre y fortalezca una universidad sumisa al Ejecutivo y en la que desaparezca la pluralidad de ideas y la autonomía intelectual, y operativa.

 

La Universidad venezolana es una y múltiple con autonomía como está definida en la Constitución del Estado de los venezolanos. Un grupo del partido de gobierno la asedia para imponer otro modelo propio de sistemas totalitarios.

 

Por otra parte la gran mayoría de profesores, administrativos y estudiantes universitarios no están de acuerdo con este modelo y lo ven contraproducente para el país. Dependerá de la decisión y lucha de estos y de su capacidad de renovación, comunicación y alianza con los diversos sectores sociales, el rescate de una Universidad que es madre nutricia (alma mater) de la sociedad entera, una universidad no contra el Gobierno, sino en diálogo e interacción creativa con él para producir los cambios, la reflexión y las soluciones que necesita toda la sociedad venezolana.