A propósito de mi columna Balance y Perspectivas del domingo pasado, El Mercurio editorializa  enfatizando aspectos que evalúa positivamente de la administración Piñera en el campo de la educción. He aquí el texto de dicha editorial.

Editorial

Balance educacional del Gobierno

Más allá de errores específicos que puedan haberse cometido, hay una transformación coherente y profunda, que influirá en una mejor educación escolar…

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Un reconocido especialista en educación, José Joaquín Brunner, ha criticado en este diario la labor educacional del actual gobierno, reprochándole básicamente falta de dirección determinada, prioridades claras y manejo adecuado. Desde una perspectiva más general, sin embargo, cabe también sostener que, pese a sus fallas, ha sido una agenda que puso en marcha cambios trascendentes, pero el Gobierno falló en explicarla y comunicarla apropiadamente. El Ejecutivo, aunque con traspiés —cambios de ministros incluidos—, efectivamente desplegó una agenda intensa, aunque diversos críticos cuestionaron una supuesta falta de foco o no amoldarse a las presiones estudiantiles. La actual administración siempre admitió sus diferencias con parte importante de tales críticas y demandas, por razones de equidad y eficiencia. En cuanto al foco, se orientó a calidad y financiamiento. En algunos casos, esos ejes se reforzaron con aumento de cobertura y mejor gestión.

En educación escolar, el mayor esfuerzo financiero se asignó a la subvención escolar preferencial, que se aumentó y se extendió a la educación media. Simultáneamente, se buscó fortalecer la calidad de la enseñanza municipal mediante una selección profesional de sus jefes de departamento y de los directores de escuelas y liceos, que vieron incrementada su autonomía, aunque menos que cuanto el Gobierno postuló originalmente. Se aprobó e implementó la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que aumentó la fiscalización de los establecimientos escolares con la creación de una superintendencia especializada, y se instaló una agencia de supervisión y apoyo.

Se postuló atraer y retener a las personas más capacitadas a la profesión docente —principal debilidad de nuestro sistema escolar—, creando la beca “Vocación de profesor”, asignando competitivamente recursos para fortalecer las facultades de educación, promoviendo una renovación de los programas de formación continua y enviando un proyecto de ley sobre carrera docente. Este no ha avanzado en el Congreso como hubiese querido el Gobierno, pero es difícil imaginar una carrera demasiado distinta para tener buenos profesores en el aula. El actual Estatuto Docente es una barrera para eso. Los cambios curriculares en la educación básica y hasta 2° medio constituyen una pieza angular para una mayor calidad, al igual que el gran mejoramiento de los textos escolares y de disponibilidad de material educativo adecuado en las aulas. Más allá de errores específicos que puedan haberse cometido, hay una transformación coherente y profunda, que influirá en una mejor educación escolar.

Algo similar cabe decir respecto de la educación parvularia. Los cambios en financiamiento, el aumento en cobertura y las reformas administrativas e institucionales para asegurar una mejor calidad son importantes. El Gobierno hizo bien en poner el foco en este nivel e iniciar cambios que, de profundizarse, podrían rendir enormes frutos en el futuro.

En educación superior, si bien el Gobierno inicialmente no logró plantear una agenda precisa, reconoció un financiamiento muy insuficiente de los estudiantes y, sobre todo, que descansaba en exceso en las familias y discriminaba entre aquellos. Así, aumentó las becas, llegando a jóvenes del 60% más vulnerable, y flexibilizó los requisitos de acceso. El próximo año recibirán una beca casi 400 mil estudiantes, más de tres veces el número de beneficiarios cuando asumió el actual gobierno. También se han modificado los sistemas de crédito, reduciendo las tasas de interés y traspasando el riesgo desde los estudiantes al Estado, para que estos, una vez egresados, en vez de pagar una cuota fija (como ocurría antes de los cambios), paguen una proporción no superior al 10% de sus ingresos. Aunque se ha criticado la poca sensibilidad del Gobierno hacia las universidades estatales, terminará transfiriéndole a ellas más recursos adicionales que los gobiernos anteriores. El Ejecutivo también promovió una agenda que buscaba asegurar, reconociendo su heterogeneidad, una mayor calidad de las instituciones de educación superior, pero las diferencias en el Congreso sobre cómo lograr este propósito impidieron su avance.