Estamos ad portas de la última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera el próximo 21 de mayo, cuenta que vendrá precedida por más de dos años de movilizaciones de varios sectores sociales, especialmente en pos de transformaciones profundas al sistema educativo. El movimiento estudiantil se ha logrado posicionar como un actor ineludible a la hora de hablar de educación y ha entregado credenciales de particular conocimiento y lucidez cuando lo ha hecho, por lo mismo sería equivocado por parte del Presidente pretender abordar la problemática educativa en su discurso sin hacer referencia a nuestras demandas.

Las movilizaciones de los últimos años han significado una tremenda oportunidad que como país podríamos haber aprovechado mucho mejor. Podríamos haber comenzado a transformar este sistema educativo que tanto daño ha hecho a los jóvenes chilenos, que nos ha endeudado, segregado y maleducado. Pudimos comenzar a entender la educación como un derecho que debe estar garantizado, y por tanto, debe ser gratuito y no depender de cómo se le ocurra distribuir los quintiles de ingreso a un gobierno. Pudimos haber puesto fin efectivo al lucro en educación, garantizando así a todos nuestros estudiantes que nunca más unos pocos podrían enriquecerse a costa de venderles una falsa promesa, como lo ha hecho la Universidad del Mar.

También podríamos haber atacado directamente a la terrible segregación en nuestro sistema educativo, poniendo fin al copago en educación escolar y a la PSU como método de acceso. Pudimos haber construido una educación pública potente para Chile, aumentando los recursos del Estado a sus instituciones y desmunicipalizando el sistema secundario. Pudimos haber quitado las trabas para democratizar nuestras instituciones, derogando los dictatoriales Decretos con Fuerza de Ley (DFL) que hoy lo impiden. Compromisos adquiridos y no realizados por el gobierno, dicho sea de paso.

Son muchas las pequeñas y grandes transformaciones que podríamos haber impulsado como país con la energía y la fuerza de las convicciones expresadas en las calles. Sin embargo, este clamor no ha encontrado respuesta alguna, ni desde el gobierno ni desde el conjunto del mundo político.

Mientras miles de chilenos claman por cambios de fondo, siguen insistiendo con un sistema basado en becas y créditos, pese a que estos últimos años han fallado en su tiempo de entrega (becas JUNAEB), en su pérdida repentina (las becas del Pedagógico el 2011 y la famosa requintilización hoy), en cambios en reglas del juego para postular (becas CONICYT este año) o en la cobertura de sus beneficios (como las publicitadas rebajas a las tasas de interés del CAE o los Créditos CORFO), demostrando su fracaso.

Se plantea una Superintendencia que blanquea el lucro en lugar de prohibirlo, mientras los dueños de la educación siguen financiando sus casas y vacaciones con los aranceles de sus estafados estudiantes. El copago sigue intacto, y sobre la PSU se discute quién la hace, quién la paga, cuántas veces se toma al año… cualquier cosa menos cómo combatir la segregación que (re)produce. La educación pública sólo ha retrocedido, pues cada vez son más los fondos que no reconocen el especial rol que debiera jugar.

El escenario solamente empeora cuando vemos lo que este gobierno sí ha hecho. Un repaso a las leyes que se han aprobado en materia educativa durante el período 2010-2013 muestra básicamente aumentos de subvenciones a un ritmo similar al que se había venido haciendo con anterioridad. Un ajuste tributario que bonifica directamente a la educación que no es pública y subsidia directamente el gasto privado en educación de los sectores más acomodados, incentivos hacia una lógica de competencia entre instituciones educativas e inclusive entre los propios docentes al interior de una comunidad educativa, reformas a un sistema de becas y créditos que continuamente demuestra su fracaso. Es decir, lo poco hecho mantiene intacta la lógica de concebir la educación como bien de consumo individual y no como derecho social universal.

Una cuenta presidencial es una buena instancia para compartir y someter a juicio de la ciudadanía el trecho que ha recorrido la política durante el año de gestión. Para este gobierno es una última oportunidad. El Presidente puede darnos una sorpresa y abrirse a atender las demandas del movimiento estudiantil -la educación es un derecho y, por tanto, debe ser gratuita- o este 21 de mayo representará la constatación final de que su gobierno, al menos en educación, fue un rotundo y sonado fracaso.

Sin embargo, es la clase política en su conjunto la que ha fracasado. Luego de tres años de movilizaciones, las transformaciones en educación son prácticamente nulas. Y si nos remontamos hasta más atrás el panorama se hace aún peor: desde que estalló el 2006, éste será el octavo 21 de Mayo, han pasado dos gobiernos, cientos de miles de personas en las calles, cientos de liceos y universidades paralizadas y tomadas, más de un 80% de los chilenos apoyando las demandas estudiantiles en las encuestas, y hasta ahora el único cambio que hemos visto es que la LOCE se llama LGE.

Nuestra institucionalidad política sigue estancada por el miedo, gobernada por conflictos de interés y, por tanto, sin capacidad de enfrentar los disensos que los movimientos sociales hemos puesto sobre la mesa: la necesidad de un Estado que garantice nuestros derechos. Frente a un gobierno y una clase política que ha demostrado con creces no dar el ancho, y ante un escenario electoral que estas semanas se ha encargado de recordarnos lo poco sustantivos de sus debates,  el desafío para los movimientos sociales es enorme. Debemos ser nosotros quienes llenemos el vacío político que se ha generado, pues nadie hará por nosotros las grandes transformaciones que la mayoría de Chile hoy demanda y anhela.