Hay de todo, desde lo francamente fuera de lugar hasta acotar al mínimo la agenda. Ver a continuación los principales planteamientos.
Los desafíos que enfrentará el nuevo Ministro de Educación
Oriana Miranda, Radio UCH.cl, 21 de abril 2013
http://radio.uchile.cl/noticias/206388/
El fin al lucro, la gratuidad de la educación y el cambio del modelo educacional son los principales desafíos que tendrá que enfrentar quien asuma como Ministro de Educación luego de la destitución de Harald Beyer. Esto, en un tenso contexto político y ante el fortalecimiento del movimiento estudiantil, que continuará movilizado hasta concretar sus demandas.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que el Gobierno dará a conocer el nombre del nuevo Ministro de Educación “en los próximos días”. Con un tenso ambiente político y un movimiento estudiantil empoderado, son múltiples los desafíos que el futuro ministro tendrá que enfrentar, pese a lo breve que será su administración.
Para el Coordinador Nacional de Educación 2020, Mario Waissbluth, son precisamente esos factores los primeros que dificultarán la gestión del nuevo ministro, quien “llega a asumir una crisis política, en primer lugar, en que los ambientes están enrarecidos al máximo posible. Por lo tanto, independientemente de las tareas, es un ministro que va a tener que tener un extremado buen manejo y tacto político para que podamos volver a hablar de educación. Además, hay que considerar que este ministro va a tener una vida corta, no más allá de marzo de 2014, cualquiera sea la coalición que entre a gobernar”.
El experto evidencia que el nuevo ministro tendrá que asumir tareas pendientes en el terreno legislativo. Entre ellas, la ley de carrera docente, la ley de acreditaciones y la creación de una superintendencia de educación superior, las que están estancadas en el Congreso “no por politiquerías, sino por graves discrepancias”.
Pero las clásicas demandas del movimiento estudiantil también tendrán que ser escuchadas por el ministro, para no repetir los errores de Harald Beyer que desencadenaron en su destitución. Más allá del fin al lucro y la educación gratuita, la vocera de la ACES, Eloísa González, apunta que “los grandes desafíos del próximo ministro son esencialmente tener una postura determinada que trascienda el plano ideológico, porque hasta ahora hemos visto distintos ministros que han defendido el modelo educativo a pesar de todas las contradicciones y problemas que hemos planteado los estudiantes. Lo que se requiere es que se asuma que aquí existe un problema con un modelo determinado y no solamente de más o menos fondos”.
Los estudiantes han sido claros en señalar que la salida de Beyer no significa un triunfo para el movimiento ni una solución automática a los problemas de la educación. “No se puede decir que ahora el Ministerio de Educación va a hablar de fin al lucro y educación gratuita para todos, eso lo va a continuar decidiendo el Presidente Piñera junto a los presidentes de partidos de la Coalición”, expresa Moisés Paredes, vocero de la CONES.
“Por eso el llamado que hacemos a los estudiantes es a continuar movilizados, a seguir en las calles porque que la educación sea calificada como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado lo vamos a conseguir con la movilización, con la participación e irrumpiendo en la agenda política de este país”, señala.
Pero ni siquiera la elección de un nuevo presidente significará necesariamente un cambio de modelo. “No va a ser así de fácil, porque los candidatos y los grupos políticos que van a las elecciones son los mismos que han venido jugando con la educación y con el lucro, entonces confianza en ese sentido no hay”, explica Fabián Araneda, vicepresidente de la Fech.
En lo que Araneda sí confía es en que “somos un movimiento social que está desarrollando una propuesta para el país y ese movimiento tiene que hacerse cargo de las decisiones, no simplemente estar exigiéndole al gobierno sino que ser capaz de levantar sus propias líneas programáticas”.
Así, independiente del Ministro de Educación de turno, los dirigentes estudiantiles apuntan a un cambio del modelo como la más probable solución a los problemas de la educación y el principal reto tanto para quien asuma como ministro como para el propio movimiento estudiantil.
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Rectores esperan mayor participación y diálogo con futuro ministro de Educación
Integrantes del Consejo de Rectores señalan que con el ex ministro Harald Beyer no siempre hubo diálogo.
por J. Herrera y J.L. Pérez, La Tercera, 21 de abril 2013
http://diario.latercera.com/2013/04/20/01/contenido/pais/31-134903-9-rectores-esperan-mayor-participacion-y-dialogo-con-futuro-ministro-de-educacion.shtml
Cuando Harald Beyer asumió como ministro de Educación, el Consejo de Rectores (Cruch) se mostró dispuesto a trabajar con él, e incluso el vicepresidente de la entidad, Juan Manuel Zolezzi, señaló que “probablemente lleguemos a muchos acuerdos, si él está disponible, dependiendo de los temas que nos toque tratar”.
Sin embargo, durante los 14 meses que estuvo Beyer a la cabeza del Mineduc, las autoridades tuvieron varios desencuentros y se enfrentaron, por ejemplo, por la duración de las carreras o una posible nueva institucionalidad para administrar la PSU. Y tras la destitución del ministro, directivos de las universidades tradicionales señalaron que les gustaría tener una relación más cercana con el futuro ministro de la cartera.
Zolezzi, también rector de la U. de Santiago, señaló, a través de un comunicado que en la gestión Beyer “faltó un poco de diálogo con los distintos actores”.
Mientras que el rector de la U. de Talca, Alvaro Rojas, señaló que “el ministro de Educación es el presidente del Consejo de Rectores y si uno tuviera algo que observar, es que gran parte de los anuncios (relativos a educación superior) los supimos por la prensa”.
Añadió que “antes el presidente del Cruch iba a las reuniones, las dirigía, anunciaba, consultaba, veía opiniones”, y asegura que esa actitud no siempre estuvo presente con el ex ministro.
Es en ese escenario en que el rector Rojas sostiene que “deseo que el ministro nuevo tenga la posibilidad de conversar con los distintos actores, y que entienda que (como Cruch) cumplimos un rol. Creo que las leyes nos dan la potestad y queremos seguir ejerciéndola”.
Mientras, el rector Zolezzi asegura que “esperamos tener mayor diálogo, que el ministro pueda recoger las opiniones de todos los grupos de interés en esta área y pueda rápidamente tomarse una imagen de la situación y pueda conducir mejor la discusión de los proyectos actuales y seguir trabajando en esos temas”.
Emilio Rodríguez, rector de la U. de Tarapacá, dijo que “en las sociedades democráticas, las leyes deben generarse con diálogo permanente, incorporando a las partes involucradas. El Consejo trasciende a los ministros y rectores de turno, y por lo tanto su opinión debe ser respetada y considerada.
Proyectos
Tras la destitución del ministro, varios proyectos quedan bajo estudio en el Cruch y en tramitación en el Congreso. En ese sentido, Zolezzi dice: “Espero que no haya estancamiento, que tengamos la posibilidad de conversar con el nuevo ministro”, sobre los proyectos que están en el Congreso, como el de Superintendencia de Educación Superior.
Una opinión similar tiene el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez. “En la agenda son prioritarios el tema de la Superintendencia, el de la Acreditación y seguir trabajando en la reforma curricular que lleve a un mejor aprovechamiento del tiempo en las carreras”, dijo.
Añade que “ojalá que el nuevo ministro tome el tema del financiamiento de las instituciones”, en el cual se deben estudiar ciertos cambios. De hecho, actualmente el Cruch está trabajando en una propuesta, cuyos primeros lineamientos debieran ser presentados este jueves, para modificar el Aporte Fiscal Indirecto, el cual entrega fondos a los planteles que más alumnos con buenos puntajes PSU capten. Sin embargo, Sánchez es enfático en que los proyectos “tienen que ser mejorados con la discusión, pero también tenemos que ponernos un plazo”.
¡Buena nueva!
La autoridad ha reconocido que el AFI, al estar ligado a la PSU, distorsiona el sistema de admisión a las universidades chilenas y tiende a segregar.
Este instrumento se convirtió, desde un principio, en un incentivo perverso al ligar la captación de recursos con la selectividad.
Valoramos que el Ejecutivo haya anunciado que para la presentación del proyecto que reemplazará el AFI, escuchará a los actores involucrados.
por Juan Manuel Zolezzi, La Tercera – 21/04/2013 – 04:00
MAS DE 20 años debieron pasar antes de que un gobierno decidiera modificar drásticamente el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que son los recursos que destina el Estado de Chile a las instituciones que reciben a los 27 mil 500 jóvenes con mejores puntajes de la PSU.
La propuesta del Ejecutivo consiste en reemplazar el AFI por el denominado “fondo pro equidad”. La autoridad ha reconocido que el AFI, al estar ligado a un instrumento de selección como la PSU, distorsiona el sistema de admisión a las universidades chilenas y tiende a segregar.
Lo sostenido por la cartera de Educación es lo que venimos diciendo como Universidad de Santiago desde hace 20 años, cuando iniciamos un proceso que decidió bonificar en un 5% el puntaje de los estudiantes con mejor rendimiento escolar y que estuvieran entre el 15% superior de su promoción, según sus notas de enseñanza media (NEM).
Con la medida intentábamos aminorar la creciente desigualdad que advertíamos con instrumentos de selección como la PAA, cuya iniquidad se evidenció aún más con la actual PSU. La enorme brecha entre postulantes de establecimientos educacionales particulares, subvencionados y municipales nos señalaba cuán errados estábamos -y seguimos cometiendo el mismo error- en materia de selección a la educación superior.
Aplicamos esa bonificación durante 11 años, dejando de percibir como universidad cerca de cinco millones de dólares por concepto AFI. Sin embargo, logramos que ingresaran al sistema de educación superior, y se titularan, más de 15 mil estudiantes. Está claro que sin esta medida nunca habrían sido profesionales, por lo que nos sentimos muy orgullosos.
De manera arbitraria e injusta, el Consejo de Rectores determinó el 2003 eliminar todo tipo de bonificaciones, incluida la nuestra.
El 2008 se logró un gran acuerdo tendiente a incorporar como factor a ponderar en la entrega del AFI, además del puntaje en la PSU, el ranking de notas de enseñanza media, variable que hoy -y no exento de debate el 2012- es parte del proceso único de selección a las universidades chilenas. La iniciativa, que finalmente no prosperó, contemplaba determinar la asignación del AFI de los estudiantes considerando en un 50% cada uno de los factores.
El AFI se convirtió, desde un principio, en un incentivo perverso al ligar la captación de recursos con la selectividad. Cuando se inició este sistema de financiamiento a la oferta, en 1981, los planteles incrementaron desde un 43% a un 60% la ponderación de la PAA para captar la mayor cantidad de postulantes con mejores puntajes.
El Mineduc anunció recientemente que busca modificar la entrega de los recursos que corresponden al AFI, con la finalidad de entregarlo a los planteles de educación superior que tengan un alto nivel de calidad y que reciban a estudiantes más vulnerables. Nos sentimos identificados y gratificados con esta iniciativa, porque como universidad del Estado recibimos a la gran mayoría de jóvenes provenientes de los quintiles menos favorecidos.
Valoramos que el Ejecutivo haya anunciado que para la presentación del proyecto de ley que reemplazará el AFI, escuchará a los actores involucrados y revisará distintas propuestas.
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¿AFI o fondo pro equidad?
Desde que fue creado, el AFI ha permitido mantener en forma permanente un sano indicador de calidad y competitividad institucional.
La gran mayoría de los jóvenes AFI pertenece más bien a familias que con esfuerzo han formado a sus hijos orientándolos al alto rendimiento académico y de PSU.
La idea de un fondo pro equidad tiene sentido; sin embargo, no hay razones suficientes para que ese fondo sustituya al AFI. Ambos son complementarios.
por Rubén Covarrubias – 21/04/2013 – 04:00
http://www.latercera.com/noticia/opinion/ideas-y-debates/2013/04/895-519700-9-afi-o-fondo-pro-equidad.shtml
DENTRO de la acalorada agenda educacional de los últimos tiempos, sin darnos cuenta han ido surgiendo temas que el ex ministro de Educación Harald Beyer nos fue planteando y que han pasado casi inadvertidos. Son temas de fondo que, de prosperar, provocarán un cambio sustancial en la educación superior. Uno de ellos es el fin del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), para ser sustituido por el llamado Fondo Pro-Equidad.
Si bien es atendible la voluntad ministerial para promover la equidad, no es menos cierto que la idea de hacerlo a costa de eliminar el AFI es discutible. Desde que fue creado, el Aporte Fiscal Indirecto ha permitido mantener en forma permanente un sano indicador de calidad y competitividad institucional, contribuyendo al esfuerzo conjunto de todas las universidades -públicas, tradicionales y privadas- por conseguir la preferencia de los mejores puntajes PSU del año. Lo hacemos porque somos conocedores del positivo impacto que tiene en el aula contar con alumnos de alto rendimiento académico, que suelen obtener mejores puntajes. Ellos provocan sinergias positivas en el grupo curso, una especie de nivelación “hacia arriba”, logrando revitalizar también la práctica docente universitaria y a toda la institución.
Tan sano y positivo es, que incluso hoy todos los rankings que miden la reputación de las universidades chilenas consignan como indicador clave el número de alumnos con mejores puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) con que cuenta cada institución. Este indicador es relevante también para los postulantes y sus familias que, preocupados por la calidad, valoran positivamente la capacidad institucional de convocar a los mejores puntajes. Es decir, el AFI es también un elemento orientador de la decisión de postulantes.
El argumento que se esgrime para dar término al Aporte Fiscal Indirecto indica que los cerca de 27 mil 500 mejores alumnos que obtienen este fondo provendrían de las familias más acomodadas del país. Sin embargo, la información oficial indica que sólo el 38% de los jóvenes AFI proviene de colegios particulares pagados; el resto pertenece a colegios subvencionados o municipales. Ergo, la gran mayoría pertenece más bien a familias que con gran esfuerzo y mérito han formado a sus hijos orientándolos al alto rendimiento académico y de PSU.
Desde el Ministerio se ha argumentado la necesidad de alinear la entrega de los recursos con la política de equidad. De allí la idea del Fondo Pro-Equidad. Supongo que el elemento orientador para su distribución será la procedencia del postulante en términos de tipo de establecimiento educacional y, seguramente, la universidad en la que sean convocados. También supongo que la política de equidad se materializará otorgándoles mayor aporte a los que provengan de colegios municipalizados y, luego, a los subvencionados.
En sí misma la idea pro equidad tiene sentido; sin embargo, no observo argumentos suficientes para que este Fondo sustituya al Aporte Fiscal Indirecto. Ambos son instrumentos con fines distintos, pero complementarios. Sería impropio negarse a mejorar los niveles de equidad en el país, tanto como olvidar incentivar el mérito y la necesaria competencia entre las instituciones universitarias por conseguir que los mejores alumnos les prefieran.
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La agenda pendiente en educación superior
Carlos Williamson B.: “Frente a tanta consigna insustancial del vocerío de la calle y los llamados de última hora a entorpecer el avance de estos proyectos con el falso dilema de que su apoyo supone cierta complicidad con el lucro, es clave superar el actual estado de crispación política…”
La destitución del ministro Beyer deja a mitad de camino un paquete de reformas legales a la educación superior que configuran una nueva institucionalidad. En síntesis, dar garantías reales de que la calidad estará presente en la oferta educacional, capacidad para fiscalizar el lucro en las universidades y fomentar una inclusión social mayor a través de un financiamiento que no discrimine entre estudiantes igualmente vulnerables.
La madre de las batallas para fiscalizar la transparencia de las operaciones patrimoniales y financieras y controlar el lucro será la Superintendencia. Se obligará a disponer de información auditada sobre la situación económica de las instituciones, previniendo manejos turbios o desórdenes administrativos que dañan la fe pública y minan la confianza de los estudiantes y sus familias. Por otra parte, se fiscalizará la publicidad engañosa y los pagos no informados que se cobran a los estudiantes.
Y respecto del rol fiscalizador sobre el lucro en las universidades, cuya principal fuente son los contratos con relacionados, la exigencia legal será que tales operaciones sean hechas en condiciones de equidad; o sea, a precios de mercado. Este es un tema técnicamente complejo que será muy debatido, por la dificultad de contar con precios referenciales para evaluar tales operaciones.
El otro pilar es el nuevo sistema de acreditación. El proyecto sale al rescate de una idea central de cualquier modelo de aseguramiento de la calidad: esta no se impone desde afuera, sino que es responsabilidad de las propias instituciones, lo cual supone fomentar el principio de autorregulación.
Pero su resguardo no queda al libre albedrío; se obliga a cumplir con lo declarado por las instituciones por medio de un riguroso control de estándares mínimos. En paralelo, se corrige una debilidad respecto de cómo se articulan hoy las etapas de licenciamiento y acreditación. En la actualidad, quien recibe la licencia o autonomía no tiene un seguimiento posterior, lo que se presta para el abuso y la consecuente impunidad si algo sale mal, y como la acreditación no es obligatoria, las instituciones quedan en tierra de nadie.
De aprobarse la reforma, la acreditación, que promueve el mejoramiento continuo, se hace obligatoria, y como ambas tareas -licenciamiento y acreditación- caen bajo la mira de una misma agencia, el sistema gana en coordinación y eficacia. Asimismo, se acaba con la acreditación graduada por años, que crea la falacia de que la calidad se asocia a la complejidad de la institución -a mayor número de años, mejor-, y se la reemplaza por un “ser o no ser”, bajo el concepto de acreditada o no acreditada.
Se funden los conceptos de acreditación institucional y por programas, aspectos que son inseparables, y, finalmente, se termina con el corporativismo de un consejo integrado por “jueces” que son a la vez “partes interesadas” y se lo reemplaza por miembros independientes.
Es de advertir que tanto la Superintendencia como la Agencia de Acreditación tendrán la autoridad para revocar el reconocimiento oficial que da el Estado a las instituciones de educación superior y, por tanto, para inducir el cierre de aquellas que se apartan de la ley.
Es claro entonces que se llena un vacío en una legislación hasta ahora muy imprecisa para señalar facultades y procedimientos para fiscalizar y, eventualmente, revocar el reconocimiento. Con todo, un tema no resuelto es clarificar qué pasará con los estudiantes de instituciones que enfrentan una situación de tal naturaleza. El caso de la Universidad del Mar mostró con elocuencia que hay que tomar resguardos mayores que eviten devastadores dramas personales y familiares al producirse el cierre. De otro modo, la autoridad puede inhibirse de actuar por los efectos políticos de una decisión sin duda extrema.
Finalmente, respecto del financiamiento estudiantil, lo más importante del proyecto en el Congreso es que se hace cargo de una odiosa discriminación que perjudica a los estudiantes más pobres que reciben el Crédito con Aval del Estado, al rebajarse la tasa desde el 6% al 2%. Se nivela la cancha en tasas respecto de los estudiantes que acceden al Fondo Solidario y se corrige la actual inequidad de que el pago no es contingente al ingreso, lo que suele provocar desembolsos insostenibles para las familias.
Frente a tanta consigna insustancial del vocerío de la calle y los llamados de última hora a entorpecer el avance de estos proyectos con el falso dilema de que su apoyo supone cierta complicidad con el lucro, es clave superar el actual estado de crispación política y pasar a un debate sereno y con altura de miras. Ello supone aceptar que el verdadero diálogo se construye sin dogmatismos y mucho menos con mala fe.
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