LA EDUCACION chilena goza de buena salud: las clases se desarrollan normalmente para más de 4,5 millones de estudiantes. La demanda por acceso a la educación superior se mantiene alta y activa. Hay más becas, créditos subsidiados y oportunidades de estudio que nunca antes. El Parlamento discute una profunda reforma al sistema regulatorio y de fiscalización de nuestra educación terciaria. Por tanto, nada en el horizonte hace presagiar una crisis, como algunos anuncian hace rato.

¿Digo con esto que no hay problemas amenazantes ni asuntos difíciles a los cuales la autoridad debería dedicarse con premura? Sería ciego siquiera sugerirlo.

Hay situaciones que la autoridad sectorial necesita enfrentar: debe sacar adelante la nueva institucionalidad para la educación superior (superintendencia, agencia de calidad, efectiva prevención legal del lucro universitario, régimen de intervención de universidades fallidas, fortalecimiento del aparato ministerial encargado de este sector); en función de esto, restablecer el vínculo con el Cruch y las universidades privadas acreditadas; asimismo, poner en marcha un proyecto de información para los estudiantes al estilo del sistema alemán, que permite a cada postulante crear su propio ranking de opciones de acuerdo a sus preferencias personales.

Junto con lo anterior, el ministro necesita revisar y ordenar su agenda para los meses que restan del actual gobierno. Precisa abandonar iniciativas impracticables, hacer la pérdida correspondiente y abocarse a unas pocas prioridades. De lo contrario, arriesga concluir su gestión con pocos logros propios, en medio de una agenda que se irá deshilachando sola. ¿Qué debe sacar de la agenda? El intento voluntarioso -pero mal encaminado- de disputar al Cruch el liderazgo del cambio de la PSU; la idea audaz -pero malograda- de crear, sin acuerdo previo, un nuevo esquema de financiamiento para las universidades; el anuncio de trasladar las potestades gubernamentales en el campo de la ciencia y tecnología al Ministerio de Economía.

Reducir una agenda abultada, algo caótica y sin articulación política serviría para aminorar los puntos de fricción y las desavenencias con la oposición. Por su parte, esta última -su polo concertacionista al menos- necesita aclarar su propia agenda y estrategia, y comunicar al país sus posturas de fondo en materia educacional. ¿Está dispuesta a subsidiar la educación universitaria de los hijos del quintil más rico, transfiriendo a los grupos de mayor ingreso cerca de US$ 1.500 millones anuales en nombre de la “gratuidad”? ¿Cuál es su propuesta concreta para fortalecer la educación estatal? ¿Incluye una reforma de sus estructuras de gobierno y gestión? ¿Dará un trato igualitario a los estudiantes, independientemente de la institución en la cual estudian?

Por el momento, la oposición concertacionista aparece más interesada en los fuegos de artificios de una acusación constitucional -de feble base, por lo demás- que en proyectar su propia obra de 20 años en el campo educacional, obra que ella misma somete ahora a un juicio donde 11 ex ministros del ramo serán convocados a testificar. Más que un error, una tontería. Desgraciada coyuntura ésta: en nada favorable a la educación.