El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se reúne esta tarde con representantes autonómicos con objeto de debatir el informe Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español para la reforma universitaria que ha redactado un comité de expertos.

Los límites de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra consagradas en la Constitución van a marcar el debate. El documento, entre otras medidas, propone agilizar los campus con un rector casi plenipotenciario elegido cada cinco años (de entre académicos candidatos de cualquier parte del mundo) por un Consejo de la Universidad en el que entrarían a participar con un 25% las comunidades autónomas ahora convocadas. El Consejo que contará con 21-25 miembros como máximo, renovados cada cinco años, elegirá al rector (ahora lo hace el claustro o lo vota toda la comunidad universitaria). Estos miembros serán elegidos por las autonomías entre personas de reconocido prestigio profesional o académico. Los expertos exigen que estos no hayan tenido un cargo político, empresarial o sindical en los cuatro años anteriores a su nombramiento.

Los expertos —11 tras la renuncia de dos— apuestan también por la “desfuncionarización” , estableciendo dos vías de acceso al profesorado: uno para ser titulares y catedráticos funcionarios y otro para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos. “¿Sería inconstitucional una ley que en la práctica otorgase el gobierno de las universidades públicas a las comunidades autónomas?”, se han preguntado en su texto particular los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea. Ambos consideran “un riesgo para la plena independencia investigadora”, de los profesores contratados, pues las figuras de profesores funcionarios son “la garantía constitucional que comporta la libertad de cátedra”.

La semana pasada la Conferencia de Rectores (CRUE), que se reunió con el ministro Wert, reclamó que antes que acometer otra reforma se resolviesen sus problemas financieros y en especial de profesorado. “Esto impide que demos la mejor prestación que debíamos de dar y, por lo tanto, lo que pedimos de alguna manera y forma al Gobierno es que se tenga esto en consideración y que volvamos al menos a la situación de partida si queremos volver a asumir cualquier tipo de reforma”, declaró su presidenta, Adelaida de la Calle.