El gobierno no libra una guerra cultural declarada: hace algo más oportunista, eficaz y de menor costo político aparente. Escaramuzas legislativas, administrativas y comunicacionales en varios frentes a la vez, mientras oscila entre la pulsión iliberal y el freno de sus propios socios. Sin buscarlo, ha esclarecido cuál es su tendencia más profunda, su deseo, hacia el iliberalismo a la vez que ha experimentado la reacción contraria de una opinión pública que no ha podido domesticar y de una institucionalidad que persiste y parece ser más fuerte de lo imaginado por el Presidente y su círculo íntimo.

Síntomas

Las últimas semanas han provocado una acumulación de episodios que la crónica política registra por separado, como si nada tuvieran que ver entre sí. Un borrador de reforma constitucional que se filtra y obliga al gobierno a recular. Un plebiscito que se insinúa y esconde a los dos días. Unas bases de concurso con apariencia inocua que reordenan el financiamiento de la investigación posdoctoral, probablemente con un ojo puesto en reducir la potencia crítica de las ciencias sociales y humanidades. El volador de luces que propone privatizar Codelco. Una ministra que imagina a los profesores vendiendo inteligencia artificial. Un ministerio de las Culturas que redistribuye sus fondos según criterios inéditos. Otro ministro, el de Defensa, declara necesaria la derogación de la Ley Lafkenche y del Convenio 169 de la OIT por considerarlos un riesgo para el país.

Cada una de estas cosas tiene su nota, su declaración y su desmentido; ninguna dura más de un ciclo noticioso. Algunas desaparecen en los arcanos del Estado, otras reemergen retocadas o confundidas con otras medidas. La sensación de desgobierno es palpable. Más al fondo, trasluce corrientes ideológicas que pugnan por hacerse del timón del gobierno.

En cambio, la lectura más habitual de estos sucesos en los medios de comunicación consiste en atribuirlos a ‘descoordinaciones’ interministeriales, intervenciones inconsultas del ‘segundo piso’, competencias por liderazgos o por purezas ideológicas, tácticas para inundar la agenda pública y acallar a los opositores, un Presidente ausenta o vacilante, obligado semanalmente a salir en defensa de alguno de sus ministros, y no al revés.

Por mi parte, propongo leerlos aquí como síntomas de una misma condición. Y la condición es esta: al gobierno le resulta cada vez más difícil contener sus pulsiones iliberales, a pesar del tímido esfuerzo del Presidente por desembarazarse de ese calificativo.

Entiéndase bien: no hablo de autoritarismo ni de ruptura democrática, menos aún de neofascismo, como hace la izquierda ultraletrada, categorías que no aplican al gobierno y a las luchas que operan en su seno, y cuyo uso indiscriminado sólo desgasta el vocabulario. A veces parecería que desde esos círculos se pretende acusar un ambiente ominosamente dictatorial, con el fin de reclamar para sí un estatuto de víctimas y perseguidos y, de paso, enaltecer la propia épica de combate al ‘sistema’.

En tanto, el iliberalismo, en sentido estricto, es la democracia de las mayorías despojada de sus límites: sin contrapesos efectivos, sin derechos de las minorías puestos a resguardo de la aritmética parlamentaria, sin desconfianza hacia el propio poder. Es un impulso antes que una doctrina afinada y, como todo impulso, se manifiesta en gestos que después se complican, se corrigen o se busca olvidar.

A esa pulsión hay que agregarle un segundo factor: es oscilante. Está atrapada entre sectores de derechas que pugnan —cada día más abiertamente— por radicalizar sus posiciones o por moderarlas. Hace más de un año identifiqué este fenómeno como un rasgo constitutivo de las nuevas derechas en torno a Kast, Kaiser y sus círculos aledaños. Hace tres años, en esta misma columna, analicé con detalle cómo esa ideología iliberal operaba entre los republicanos chilenos, con su densa herencia gremialista-pinochetista y su ethos conservador-jerárquico autoritario.

Por ahora, el resultado es un gobierno que enuncia, se asusta de lo enunciado y se retracta, para volver a enunciar en otro frente. Y de la fricción entre ambos factores brota un tercero, que es el objeto de esta columna: la búsqueda de una línea media en el terreno donde el costo es menor y el rendimiento simbólico es mayor. Suele llamarse a esa línea de guerra cultural. Yo propongo entenderla, con algunas especificaciones, como guerrilla cultural.

Espejo

El ejemplo inmediato es el de la reforma constitucional de seguridad. Conviene recordar el punto de partida: hace un par de meses, el gobierno reconoció no contar con un plan de seguridad, pese a que la materia había sido el eje del programa del entonces candidato Kast. La respuesta tardía —pero igualmente improvisada— a esa admisión inicial no fue un plan, sino el anuncio de una cruzada constitucional inesperada, en un país que, tras dos procesos fallidos, había convenido tácitamente en no volver a tocar por ahora la carta fundamental.

El primer borrador filtrado contemplaba once enmiendas y contenía una pieza notable. Elaborado en reacción al fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de Escuelas Protegidas, buscaba impedir que ese criterio —que privar de derechos o beneficios sociales a los condenados constituye discriminación arbitraria— se aplicara a las nuevas iniciativas de seguridad. Para ello proponía intervenir los numerales 2 y 26 del artículo 19, invocando expresamente la jurisprudencia “exageradamente garantista” del Tribunal. La operación, como ha mostrado Javier Couso en Ciper, tenía un aire orwelliano: donde se establecían diferencias manifiestamente arbitrarias, se decretaba por mero fiat constitucional que eran razonables; donde se afectaba la esencia de derechos, se decretaba que no se la afectaba. Y era, además, inédita. En efecto, nunca un gobierno chileno había respondido a un fallo adverso proponiendo enmendar la norma que el tribunal acababa de interpretar.

Lo interesante no es la audacia del borrador sino la velocidad del retroceso. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, acusó que el texto dañaba la institucionalidad —un reproche de opositor, no de aliado— y anunció que su partido no podía respaldarlo. La ministra de Salud, May Chomali, expresó reparos; el ministro Arrau respondió que ella desconocía el proyecto. El senador Matías Walker, voto clave, calificó de demencial lo que se proponía. Veinticuatro horas después del comité político ampliado, Ramírez salía “muy contento” y proyectaba un “amplísimo apoyo”. El texto ingresado al Senado bajó de once a ocho enmiendas, borró toda referencia crítica a la jurisprudencia constitucional y trasladó las inhabilidades a una futura ley de quórum calificado. La pulsión apareció, se midió con sus propios socios y se replegó.

No del todo, sin embargo. Sobrevive la creación de un estado de excepción de seguridad pública que el Presidente podría decretar sin aprobación del Congreso durante ciento veinte días, prorrogables por otros ciento veinte, con facultades —suspender la libertad personal, interceptar y registrar comunicaciones— propias del estado de asamblea, que sólo procede en caso de guerra externa y requiere ratificación parlamentaria inmediata. De ahí la fórmula de Couso: el resultado habilitaría al Presidente para conducirse como una suerte de “dictador constitucional” durante buena parte de un año. ¿No escuchamos pretensiones similares en los años 1980?

Y aquí aparece el dato que más dice sobre el estado de la opinión encuestada. La Cadem de la primera semana de agosto muestra apoyos altísimos a las medidas de seguridad del gobierno: 88% a las penas por reclutamiento de menores, 84% al despliegue policial permanente en los cincuenta barrios críticos, 79% a consagrar la seguridad como deber del Estado. Pero al llegar al nuevo estado de excepción, el respaldo cae al 49% frente al 44%. Es decir: la ciudadanía acompaña la agenda punitiva y se detiene casi exactamente donde la agenda se vuelve iliberal. La pulsión encuentra su freno no solo en la UDI, sino también en las encuestas que miden el estado de la opinión pública.

Plebiscito

El segundo síntoma pulsional fue aún más breve y, por eso, más elocuente. Ante la dificultad de reunir los cuatro séptimos en el Senado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, deslizó en El Mercurioque un plebiscito era una opción que no podía descartarse y que el sentido profundo de la reforma era ajustar las normas a las exigencias de la ciudadanía. La idea —de claro corte populista— circuló durante poco más de cuarenta y ocho horas. Los constitucionalistas consultados —entre ellos Verónica Undurraga y Leslie Sánchez— recordaron que el mecanismo existe, pero solo bajo condiciones que aquí no se cumplen. El ministro Arrau dijo desconocer su origen y aseguró que plebiscitar no estaba sobre la mesa. El Presidente Kast la sepultó desde Ñuble: el camino institucional, dijo, consiste en presentar proyectos y someterlos a la deliberación del Congreso.

Lo que interesa no es el desenlace, correcto, sino que la idea haya podido nacer. Porque su origen es reconocible: cuando las instituciones de control no entregan el resultado deseado, se apela, por encima de ellas, a un pueblo supuesto, cuya voluntad se conoce a partir de las encuestas de aprobación de la agenda de seguridad. Es el mismo movimiento que el ministro de Seguridad había esbozado al sugerir que las medidas más polémicas se podían “preguntar a la gente”. No hay aquí un proyecto de demolición institucional; hay una tentación que asoma, se enuncia y se retira. Esa intermitencia es el fenómeno, no las anécdotas con las que se rodea su explicación.

Emergencia

Todo lo anterior se engarza con la autodefinición que el propio gobierno eligió: el suyo sería un gobierno de emergencia. La fórmula nació como economía de campaña —concentrarse en seguridad, crecimiento y empleo, no abrir frentes valóricos— y ha demostrado una notable plasticidad. Sirve desde el primer día tanto para avanzar como para no avanzar. Sirvió, en agosto, para que el Presidente descartara el proyecto que obligaría a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de un aborto. No vamos a avanzar en esa materia, dijo, porque no prometimos impulsar medidas que generaran tensión social.

La emergencia, entretanto, se ha vuelto permanente y se ha multiplicado. Está la de seguridad, en pleno debate. Está la de las catástrofes naturales, con sus temporales y sus muertos. Y está, sobre todo, la económica, que no cede: el PIB cayó 0,3% en el primer trimestre y 0,2% en el segundo; el desempleo del trimestre abril-junio llegó a 9,4%, el más alto en casi cinco años; el consenso de mercado sitúa el crecimiento de 2026 en torno a 1,3%, cerca del piso del rango que el propio Banco Central ya había corregido a la baja. El Presidente anticipa un magro repunte para el cuarto trimestre.

Un gobierno que gobierna bajo emergencia declarada dispone de una coartada permanente y de una carencia igualmente permanente. La emergencia no es un programa: es lo que se pone en el lugar donde debería haber uno. Y cuando la economía no entrega resultados a corto plazo y la reforma emblemática de seguridad se atasca en el Senado, la pregunta por ‘qué mostrar’ se vuelve apremiante. Por el momento, lo único que crece es el escepticismo de la población y la sensación de que el gobierno camina zigzagueando.

Lenguaje

Aquí entra el frente que menos se anticipaba y que quizá más revela. En mayo, en Puerto Montt, el Presidente cuestionó el financiamiento estatal a la investigación con una frase que se volvió emblema: cien, quinientos millones para un estudio que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca, y que no generó ningún trabajo. Días después admitió que la frase podía modificarse. La frase, en efecto, se modificó; el criterio no.

En agosto, la ANID publicó las bases del Fondecyt de Postdoctorado 2027 con un cambio sin precedentes en el instrumento: hasta un 70% de los proyectos adjudicados deberá concentrarse en diez áreas prioritarias de ciencias aplicadas, y los postulantes extranjeros deberán acreditar residencia definitiva. Una treintena de sociedades científicas, el Consejo de Rectores y voces de alta visibilidad pública objetaron el giro. La discusión pública lo tradujo como un recorte a las humanidades; la ministra Ximena Lincolao respondió, con razón parcial, que varias prioridades son ellas mismas sociales, tales como el capital humano, el futuro del trabajo, la seguridad y la gobernanza pública. Y luego ha vuelto a confirmar esta política, sorda frente al concierto de voces en contra.

El punto de fondo, sin embargo, es otro y la ministra no lo ha refutado: el eje se desplaza desde la competencia entre pares hacia prioridades fijadas por la autoridad. A la par, se reduce a las ciencias sociales, a las humanidades y a las artes a un lugar subalterno, como si su necesidad social fuese ínfima. La autoridad replica que decide con datos y que ahí no hay ideología. La inversión es perfecta: en la vieja fórmula, el dato mataba al relato; aquí, el dato es el relato.

El desenlace de este desencuentro de la ministra con las comunidades que crean y transmiten el conocimiento llegó la semana pasada. Invitada a un podcast, la misma ministra proyectó el porvenir de los profesores —nuestra profesión más sacudida por la sociedad y sus élites— no en las escuelas y liceos sino en las empresas de inteligencia artificial. Podrían convertirse, anticipó, en vendedores o en el servicio al cliente. Luego aclaró que se refería al cargo de customer success manager y lamentó que la simplificación de su visión pudiera parecer desatinada. En verdad, la aclaración empeora el diagnóstico. Un país que lleva quince años intentando restituir el prestigio y el atractivo de la profesión docente escucha a su ministra de Ciencia describir la reconversión de esos profesionales como una oportunidad de posventa. La guerrilla cultural se libra también en estos terrenos existenciales, donde las visiones de la nueva derecha traducen la ciencia en start-ups y convierten a los docentes en hábiles comunicadores y enseñantes incomparables en el mercado tecnológico.

El tercer movimiento que se le viene a la memoria ocurre durante el ministerio de las Culturas. Los Fondos Cultura 2027 llegan con un ajuste presupuestario a la baja cercano al 10%, restricciones de postulación que impiden a los ganadores de 2026 repostular en 21 de las 46 líneas, cuotas orientadas a contenidos para niños y familias y una recomposición de los comités evaluadores. El ministro Undurraga lo presenta como transparencia y oxigenación del sistema; el sector lo lee como un filtro administrativo y no puede esquivar la sospecha.

Nótese que el procedimiento es el mismo en los tres casos: no se legisla, se cambian las bases. Mauro Basure, en una columna reciente, devela la racionalidad de esta estratagema: “La cuestión interesante no está en las intenciones secretas, sino en las afinidades y efectos acumulativos: quién obtiene becas, proyectos y puestos; qué departamentos pueden renovarse; qué preguntas conservan instituciones capaces de sostenerlas; quién podrá formar a quienes vienen después”. Habla pues de una guerra de guerrilla cultural tecnocratizada.

Conviene contrastar todo esto con un documento que el propio Estado de Chile publicó hace poco más de dos años. En diciembre de 2023, el Ministerio de Ciencia dio a conocer la Primera Radiografía de las capacidades de investigación en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales: un volumen con un mural de Matta en la portada, epígrafes de Vallejo, Mistral, Neruda y Parra, y la tesis de que estas disciplinas son herramientas para comprender la incertidumbre e imaginar soluciones a los desafíos de la democracia. Sus datos no han caducado. En 2021, apenas el 13,9% de los graduados chilenos de pregrado provenía de estas áreas, la proporción más baja de la OCDE, cuyo promedio es del 26,3%. En postgrado, el 16,5%, tercera cifra menor del bloque. El personal investigador dedicado a ellas equivale al 9,6% del total, bajo el promedio de 13%. El financiamiento promedio por proyecto adjudicado en 2022 fue de 86 millones de pesos en Humanidades y Artes y de 118 millones en Ciencias Sociales, frente a 154 millones en el resto de las áreas. Y las tasas de adjudicación del Fondecyt Regular, según ese mismo informe, no difieren significativamente entre disciplinas.

Es decir: el privilegio que se viene a corregir no figura en los registros del propio ministerio que hoy lo corrige. Lo que se está redistribuyendo es una escasez compartida, no una renta capturada.

Mapa

La guerrilla no obedece a un plan; obedece a las tensiones en el campo de batalla. El oficialismo discute, semana a semana, hasta dónde llegar, y lo hace en torno a una lista de tópicos que reaparece con puntualidad. Los indultos a uniformados: el Presidente promete analizarlos caso por caso, mientras los parlamentarios presionan por una fórmula general. El aborto y el proyecto “escucha su corazón”, en el que el Partido Nacional Libertario recogió firmas republicanas y encontró la objeción de la ministra de Salud y del presidente de la UDI antes que la del Presidente. La salida de militares a las calles, ya pedida por alcaldes que antes se habrían opuesto y ahora reflotada como parte de un nuevo estado de excepción. La educación, donde la ministra pausa los SLEP y repone la selección en el sistema de admisión escolar, mientras sostiene que no busca hacer de la contrarreforma un objetivo en sí mismo, distinción que el resultado no siempre demuestra. La supresión de prestaciones sociales como castigo. Los filtros para asignar recursos a las ciencias, las artes y el patrimonio. Y el alineamiento internacional, que es un nudo adicional: una apuesta temprana por Washington que devolvió una sobretasa arancelaria del 12,5% y una desaprobación del 57% del manejo de la relación comercial, mientras el Presidente recibe al embajador chino para preparar la APEC y el Canciller visita el imperio celeste para encontrar a su par. Entretanto, como vimos, el ministro de Defensa propone desahuciar la Ley Lafkenche y un convenio suscrito con la OIT. Los continuos desarreglos verbales alcanzan entonces, incluso, al frente de las relaciones exteriores, hoy uno de los más críticos a propósito de las disputas por la hegemonía global.

Un vecindario convergente ayuda a fijar el sentido. El 28 de julio, Kast asistió en Lima a la investidura de Keiko Fujimori, quien anunció un plan de militarización de la seguridad inspirado en el modelo de Bukele. El 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió en Cali prometiendo un listado de grupos narcoterroristas y la construcción de megacárceles. Nadie necesita confesar influencias: el registro de organizaciones criminales y el traslado de reos a Talca pertenecen a la misma familia de dispositivos. Y la familia bukeliana se multiplica.

La presión más eficaz, sin embargo, no proviene del interior, sino del entorno oficialista. Viene de Johannes Kaiser y del Partido Nacional Libertario, que declinaron integrarse al gobierno y se definen como una oposición amigable. Desde ahí impulsan la derogación de la ley de identidad de género, la retirada del país de la injerencia de organismos internacionales (¿también de la OIT?) y la reapertura del debate sobre el aborto. Kaiser lo dijo sin eufemismos en julio: tenemos al gobierno bailando la música que ponemos nosotros. Es una posición envidiable —fijar la agenda cultural sin pagar el costo de gobernar— y explica buena parte de las oscilaciones que observamos.

Guerrilla

Una guerra cultural supone frentes, una campaña declarada, un estado mayor y una teoría de la hegemonía. Eso existe a nivel global de Occidente: es el libreto de Bannon leyendo a Gramsci, el de Orbán proclamando que la política no basta, el de los congresos donde se discute el arte contrarrevolucionario y cómo congregar y mantener una red valores conservadores en Occidente. Lo que ocurre en Chile es de otra escala. No hay campaña; hay escaramuzas. No se aprueban leyes; se modifican las bases de concurso, los criterios de evaluación, las composiciones de los comités y los calendarios de implementación. No se declara un objetivo; se enuncia una frase, se mide la reacción y al día siguiente se aclara que hubo una mala explicación de nuestra parte.

En ese contexto, el gobierno Kast celebrará —junto a otras fuerzas reaccionarias— el avance internacional de las ultraderechas hispanoparlantes. Convocada por Vox y la Fundación Disenso —el think tank del partido español que preside Santiago Abascal—, la quinta edición del Foro Madrid se reunirá la próxima semana en Santiago de Chile bajo el lema «Una nueva era para Iberoamérica». Reunirá a referentes de la ultraderecha iberoamericana, así como a neoliberales, integristas, conservadores y autoritarios de diversas procedencias. “Chile no es solo una sede. Es una demostración de que la reconquista es posible”, señala el sitio web del encuentro.

La vía chilena tiene ventajas obvias. Es barata: no requiere movilizar amplias mayorías o elaborar sofisticados acuerdos sino, únicamente, “un voto más”. Es reversible: siempre se puede precisar, matizar, aclarar. Es justificable: cada movimiento admite una razón técnica —eficiencia, focalización, transparencia, oxigenación— que desplaza la discusión desde los fines hacia los medios y desarma al adversario, que queda en la incómoda posición de defender el statu quo administrativo. Y es acumulativa: ninguna de estas decisiones, por sí sola, merece una crisis; todas juntas reordenan un campo.

También ayuda que el adversario esté ausente. Las izquierdas chilenas no han encontrado un lenguaje propio para este terreno, y su reacción oscila entre la retórica del rechazo enfático y el silencio. Hace un año escribí que la derecha no solo estaba ganando las elecciones, sino también la batalla por los significados colectivos. Lo que ha cambiado desde entonces es que ahora una nueva derecha gobierna, y que la disputa por los significados dispone de instrumentos administrativos. Es una diferencia de grado que se traduce en una diferencia de género.

Iliberalismo

En otra oportunidad sostuve que el proyecto que hoy gobierna alberga tres órdenes normativos que no se llevan bien. El orden de la familia y de la comunidad moral, con su pater familias, su esfuerzo de salvación mediante el trabajo y sus jerarquías. El orden del mercado, que reduce todo vínculo a un contrato y disuelve precisamente la comunidad que este quiere restaurar. Y el orden del Leviatán securitario, que quiere un Estado fuerte y vigilante, algo que los libertarios no toleran y que a los otros dos les cuesta presupuesto. Filosóficamente son incompatibles. Políticamente conviven obligados, porque la coalición los necesita a todos para sumar.

En la práctica, la guerrilla cultural es lo que hace una coalición incapaz de elegir entre sus tres almas. No es un desvío del programa: es lo que aparece en el lugar donde debería estar el programa. Cuando la economía no rinde en el plazo corto, cuando la reforma emblemática se atasca y cuando los socios cobran cada uno en su moneda, quedan las escaramuzas: una base de concurso, un criterio de evaluación, una frase sobre los libros. Son gestos de bajo costo y alto rendimiento simbólico, que permiten entregarle algo a cada quien sin decidir nada. ¿Cuánto puede durar esta situación de equilibrios inestables?

Conviene no exagerar. No hay un riesgo inminente de que la familia de las neoderechas duras termine por reunificarse y pase de la guerrilla a una guerra cultural abierta y declarada. Pero tampoco pueden apagarse las alarmas e imaginar que se cumplirá el panglosiano dicho, aquel de que “todo va a estar bien”. Nada de lo ocurrido hasta ahora —incluidas algunas propuestas ‘demenciales’— configura un quiebre democrático. Tampoco manifiesta una reducción de las pulsiones iliberales; al contrario, ¡qué duda cabe! Estas salieron del clóset y, desde hace dos semanas, andan sueltas por la ciudad. El Presidente mismo ha debido salir al frente a desmentir—contra toda la evidencia acumulada— que ni él ni su gobierno están en guerra de ‘reconquista’ contra los valores y principios liberales.

La verdad es que el sistema institucional ha funcionado y que las resistencias al iliberalismo han venido tanto de la oposición como de algunos aliados claves del gobierno. Pero la guerrilla cultural no ha sido abandonada.

Las pulsiones iliberales continúan latiendo. No necesitan una doctrina para operar; le bastan ocasiones y coyunturas favorables para materializarse. Como vimos, últimamente han estado en la agenda. Lo confirman las reacciones suscitadas dentro de la coalición oficialista y las voces de alerta de los escasos círculos académico-intelectual liberales que parece estar despabilándose.

El frustrado borrador de seguridad y el proyecto que aún no termina de negociarse entre las corrientes internas de las derechas han servido como una radiografía de las pulsiones iliberales y sus síntomas. Las próximas semanas serán claves para saber si la guerrilla cultural acentúa la ofensiva o retrocede, y si prevalecen los arreglos institucionales.