Por Robert Verhine el 30 de junio de 2026 12:47 pm (Tomado del Blog de Simón Schwartzman) (Traducción automática de Google)
( Este texto se basa en presentaciones recientes realizadas en el Centro Lemann de la Universidad de Stanford y en el XXXII Simposio ANPAE. Las diapositivas utilizadas y las referencias bibliográficas pueden obtenerse previa solicitud por correo electrónico: rverhine@gmail.com )
Introducción
La aprobación, en abril de 2026, del nuevo Plan Nacional de Educación (PNE) para el periodo 2026-2036 reaviva el debate sobre la naturaleza misma de la planificación educativa brasileña. ¿Debe entenderse un plan nacional como una declaración de intenciones, un símbolo del valor social atribuido a la educación o un instrumento estratégico compuesto por metas realistas, medibles y alcanzables?
Este tema cobra especial relevancia al examinar el Objetivo 19a del nuevo Plan Nacional de Educación (PNE), que establece aumentar la inversión en educación hasta alcanzar el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2036. Desde el PNE 2014-2024, esta propuesta se ha convertido en un símbolo de una agenda que vincula la educación, la justicia social y el desarrollo nacional.
Aunque cuenta con amplio respaldo del sector académico y los movimientos sociales, el objetivo sigue siendo controvertido. Sus defensores argumentan que Brasil históricamente ha invertido poco en educación y que solo un aumento sustancial de la inversión garantizará la calidad, la equidad y el acceso universal. Sus críticos, por otro lado, sostienen que el objetivo es financieramente inviable, políticamente irrealizable y potencialmente perjudicial para el equilibrio general de las políticas sociales.
Este texto analiza críticamente el Objetivo 19a, argumentando que, si bien posee un importante valor simbólico, su baja probabilidad de realización compromete el carácter estratégico del Plan Nacional de Educación (PNE), convirtiéndolo más en una declaración de aspiraciones que en un instrumento eficaz de planificación a largo plazo.
Construyendo el objetivo del 10%
El Objetivo 20 del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024 establecía que la inversión pública en educación debía alcanzar el 7% del PIB en el quinto año de su implementación y el 10% al final de la década. El nuevo PNE mantuvo prácticamente la misma lógica hasta el Objetivo 19, elevando ligeramente la meta intermedia al 7,5% del PIB y ampliando el concepto para incluir la inversión en educación, no solo en educación pública.
La elección del PIB como indicador se basa en la idea de que la educación constituye una inversión estratégica para el desarrollo nacional. Dado que el PIB representa la riqueza generada internamente, se entiende que refleja la capacidad potencial para financiar políticas públicas. En términos simbólicos, la meta del 10 % se ha consolidado como una expresión del compromiso político con la educación.
Los argumentos a favor de este objetivo son consistentes. Brasil aún presenta profundas desigualdades educativas, tanto regionales como sociales, especialmente en la educación básica. Persisten déficits históricos relacionados con la infraestructura escolar, la remuneración docente, la educación infantil, la educación integral y la calidad del aprendizaje. Además, estudios internacionales demuestran altos retornos sociales y económicos asociados a la inversión en educación, en particular en la primera infancia.
En este contexto, el aumento de la financiación se presenta como una condición necesaria para abordar la falta de financiación estructural del sistema educativo brasileño.
La perspectiva internacional y los límites del objetivo
La defensa del Objetivo 19a suele basarse en el argumento de que Brasil históricamente ha invertido poco en educación y, por lo tanto, debería destinar una proporción excepcionalmente alta de su riqueza nacional a este sector. Sin embargo, las comparaciones internacionales sugieren que el 10% del PIB está muy por encima de los estándares globales vigentes.
Datos de la UNESCO, la OCDE y el Banco Mundial indican que los países desarrollados invierten, en promedio, entre el 4 % y el 6 % de su PIB en educación. Incluso países reconocidos por la alta calidad de sus sistemas educativos, como Alemania, Japón, Canadá, el Reino Unido y Corea del Sur, mantienen niveles de inversión dentro de este rango. Los países escandinavos rara vez superan el 7 %.
En este contexto, Brasil ya cuenta con un compromiso financiero relativamente alto, que ha oscilado entre el 5% y el 6% del PIB en la última década. Esto sugiere que los problemas educativos brasileños no se deben exclusivamente a una insuficiencia global de recursos, sino también a cuestiones de eficiencia, gestión y distribución del gasto.
Pocos países alcanzan o superan el 10% del PIB en gasto militar. Entre ellos predominan las naciones pequeñas y relativamente pobres, con características institucionales muy diferentes a las de Brasil. Varias naciones insulares del Pacífico, por ejemplo, no mantienen un gasto militar significativo, ya que dependen de la protección estratégica de Estados Unidos o de Australia. Lesoto depende en gran medida de la ayuda internacional, gran parte de la cual se destina específicamente a la educación. Cuba, frecuentemente citada como ejemplo, tiene una economía altamente centralizada, y algunos analistas sostienen que su elevado gasto en educación se ha producido a expensas de las inversiones en otras áreas estratégicas.
Esta evidencia sugiere que simplemente trasladar el objetivo del 10% al contexto brasileño ignora importantes diferencias institucionales, económicas y fiscales.
Además, el argumento de que la educación merece una inversión excepcional para compensar las carencias históricas puede aplicarse igualmente a la salud, el saneamiento, la vivienda, la infraestructura y la ciencia y la tecnología, áreas que también han sufrido largos periodos de falta de financiación. Dar prioridad absoluta a la educación implica, inevitablemente, concesiones a otras políticas igualmente esenciales para el desarrollo nacional.
Limitaciones estructurales del objetivo
A pesar de su poder simbólico, el objetivo del 10% se enfrenta a serios obstáculos estructurales.
En primer lugar, la trayectoria histórica de las inversiones educativas brasileñas revela una enorme brecha entre la realidad y el objetivo establecido. Entre 2015 y 2025, el gasto público en educación fluctuó entre el 5,2 % y el 5,6 % del PIB, sin una tendencia constante de crecimiento acelerado.
En segundo lugar, el sistema tributario brasileño se caracteriza por su alta rigidez. Gran parte del gasto público federal es obligatorio, entre ellas la seguridad social, las nóminas, el servicio de la deuda y las transferencias constitucionales. El gasto discrecional del gobierno federal representa actualmente solo alrededor del 2% del PIB, lo que limita considerablemente la capacidad para una rápida expansión del gasto en educación.
Otro elemento clave se relaciona con la descentralización de la financiación educativa. La educación básica depende en gran medida de los estados y municipios, mientras que el gobierno federal concentra la mayor parte de sus gastos en la educación superior y en los estudios de posgrado. Por lo tanto, un aumento sustancial del gasto total en educación requeriría no solo una mayor participación federal, sino también una ampliación de la capacidad financiera de los gobiernos subnacionales.
Además, los porcentajes del PIB pueden resultar engañosos. Dado que este indicador se basa en la relación entre el gasto en educación y el producto nacional, su variación puede deberse tanto a un aumento de la inversión como a una reducción del PIB. En periodos de bajo crecimiento económico, el porcentaje puede aumentar incluso sin una expansión real del gasto. Por el contrario, en periodos de fuerte crecimiento económico, la inversión en educación puede crecer en términos reales y aun así representar una proporción menor del PIB.
Los riesgos de un objetivo poco realista
La principal crítica al objetivo del 10% no proviene de una falta de importancia para la educación, sino de la baja probabilidad concreta de que se logre.
Los objetivos excesivamente ambiciosos pueden debilitar la credibilidad del Plan Nacional de Educación como instrumento de planificación estatal. Cuando los objetivos establecidos legalmente se perciben como inalcanzables, existe el riesgo de desmoralizar la planificación y de disminuir la confianza en las políticas públicas.
Además, un aumento sustancial del gasto en educación podría comprometer las inversiones en otras áreas sociales igualmente estratégicas. La mejora de la educación depende en gran medida de la complementariedad social. Los niños desnutridos, que carecen de acceso a la atención médica o viven en condiciones precarias, tienden a obtener peores resultados académicos, independientemente del nivel de gasto en educación.
También existen limitaciones importantes en los mecanismos disponibles para aumentar el gasto público. Los aumentos de impuestos se topan con la resistencia política en un país con una carga tributaria ya elevada. La deuda pública se enfrenta a restricciones fiscales y riesgos macroeconómicos. Las reformas estructurales requieren cambios constitucionales complejos y prolongados. Si bien las mejoras en la eficiencia son deseables, resultan insuficientes por sí solas para cerrar la brecha necesaria para alcanzar el 10% del PIB.
En busca de alternativas más viables
El objetivo 19a podría formularse de manera más realista y operativa, sustituyendo los objetivos fijos en porcentaje del PIB por objetivos graduales de crecimiento real de la inversión en educación, acompañados de revisiones periódicas basadas en las condiciones económicas y fiscales del país.
Dicha formulación debería tener en cuenta las proyecciones de crecimiento económico, la evolución de los ingresos públicos, los parámetros del Coste de Calidad del Estudiante (CCS), las desigualdades regionales y sociales, y la necesidad de equilibrio con otras políticas sociales estratégicas.
Una alternativa sería establecer objetivos de expansión diferenciados para cada nivel educativo y ámbito federativo, vinculados a indicadores concretos de acceso, calidad y equidad. Este enfoque permitiría una mayor previsibilidad fiscal y una mejor integración entre la política educativa y la planificación macroeconómica.
De este modo, el Objetivo 19 dejaría de ser predominantemente simbólico y se convertiría en un instrumento eficaz para la planificación educativa y fiscal a largo plazo, que vincularía la expansión, la calidad, la equidad y la sostenibilidad financiera.
El reto para Brasil no reside únicamente en aumentar el gasto, sino también en construir mecanismos de financiación social más eficientes, equilibrados y coordinados. En este sentido, el futuro de la educación brasileña dependerá de la capacidad de integrar la educación, el desarrollo económico y las políticas sociales desde una perspectiva verdaderamente sistémica y sostenible.
Artículos recientes:
El desperdicio de inteligencia
; Lección de democracia;
Vida y muerte de las universidades;
José Joaquín Brunner: Violencia en las escuelas y la autoridad de los docentes;
Olvidar la lección
0 Comments