La Universidad es, en su esencia más genuina, la institución que genera y comparte conocimiento a través de la investigación y la innovación. Su naturaleza no solo radica en la producción científica, sino también en la formación de profesionales capaces de ejercer una ciudadanía plena, y su sentido de responsabilidad social trasciende las fronteras locales.

Puede parecer una obviedad, pero en un mundo donde la inmediatez devora la reflexión y los algoritmos parecen haber colonizado nuestra capacidad de juicio, es fundamental elevar a categoría de esencial el papel de la Universidad como transmisora de valores democráticos que sustentan la arquitectura de nuestra convivencia. La Academia debe erigirse como el espacio donde la libertad de pensamiento ejerce de escudo contra la sinrazón; el foro donde el rigor, el argumento y la palabra ocupan el terreno que otros ceden al miedo y al odio. Reivindicar la Universidad es, hoy más que nunca, defender la democracia misma.

Conviene recordar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su Conferencia Mundial sobre Educación Superior celebrada en Barcelona, exhortó a las universidades a asumir mayores cuotas de responsabilidad ante amenazas globales como el cambio climático, la persistencia de los conflictos armados, el aumento de la pobreza, las desigualdades económicas y de género, y el declive de la democracia.

Para asegurar la capacidad de transformación de las instituciones de educación superior y de investigación, en el mismo informe, la UNESCO calificó de “imperativo ético” garantizar sistemas de educación superior más abiertos, inclusivos, equitativos y colaborativos. Soy bien consciente de que debilitar estas raíces menoscaba la función social de la Universidad y nos aboca a sociedades con mayores tasas de desigualdad.

Es precisamente este imperativo ético el que nos impulsa, desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), a poner en valor el Sistema Universitario Español (SUE). La educación superior y la investigación tienen un papel estratégico e insustituible en la construcción de sociedades más sostenibles, resilientes y pacíficas. Y aquí es importante subrayar que, cuando reclamamos recursos suficientes, marcos normativos adecuados o apelamos a la autonomía universitaria, no pedimos privilegios: defendemos un modelo de educación superior concebido como bien público que contribuye al progreso responsable de la sociedad.

Estoy convencida de que esta manera de entender la Universidad ―como bien común al servicio de la sociedad, de su progreso y del bienestar de la gente― es un empeño colectivo. La ciencia, la innovación, la cooperación, la solidaridad y los valores compartidos son el mejor instrumento no solo para garantizar el progreso económico, sino también para preservar el modelo social de convivencia que cimenta ese desarrollo.

En tiempos de incertidumbre y pesimismo es el momento de poner en valor la Universidad como baluarte de la democracia y la convivencia

Es evidente que, en un contexto internacional crítico, las universidades debemos liderar y anticipar las transformaciones tecnológicas y sociales, con visión ética y con un decidido compromiso social; insisto en ello. No obstante, quiero señalar que este potencial enfrenta amenazas. Dos de ellas son, sin duda, el ataque a la autonomía universitaria y la creciente “utilitarización” de la enseñanza, como advierte la Unión Europea en sus hojas de ruta para el fortalecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior.

Ante estas realidades, la respuesta es más Universidad. Porque, como bien señalaba la filósofa Adela Cortina, una sociedad democrática necesita de una ciudadanía con “ética de la razón cordial”, personas capaces de distinguir entre el ruido y el argumento, entre el prejuicio y el dato. Una sociedad donde se erosiona el pensamiento crítico y el humanismo está abonada a la arbitrariedad y el autoritarismo.

Siempre he entendido la institución como espacio crítico, plural y autónomo, también como amparo y defensa de la diversidad, la igualdad, la justicia y la paz. Y estoy convencida de que en tiempos de incertidumbre y pesimismo es el momento de poner en valor la Universidad como baluarte de la democracia y la convivencia y como terreno fértil para cultivar la esperanza.