En poco más de dos semanas, Chile experimentó una serie de hechos violentos en su sistema educativo que ninguna persona sensata puede ignorar ni subestimar. El 27 de marzo, un estudiante de 18 años asesinó a la inspectora María Victoria Reyes en un liceo de Calama, lo que marca el primer homicidio en un establecimiento escolar en el país. El acto fue premeditado y su propio autor lo denominó “Dies Irae”, “día de la ira”. El 31 de marzo, encapuchados lanzaron bombas molotov contra la inspectoría del Liceo Lastarria, en Providencia, hiriendo a funcionarios. El 8 de abril, en la Universidad Austral de Valdivia, un grupo de estudiantes retuvo durante dos horas a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, a quien empujaron, insultaron y rociaron con agua cuando intentaba salir tras participar en la inauguración del año académico. Estos sucesos se suman a una serie de agresiones previas en liceos emblemáticos -como el INBA, el Instituto Nacional y el Lastarria- que ya registraban antecedentes de ataques incendiarios, agresiones a docentes y expulsiones de infractores. Por último, en días recientes, una verdadera ola de amenazas contagiosas se extiende por establecimientos a lo largo del país, lo que afecta seriamente el normal desenvolvimiento de las actividades escolares y entorpece el trabajo policial.

Todos estos actos son condenables. No hay ningún matiz que justifique el asesinato de una inspectora en su lugar de trabajo, la cobardía de ocultar el rostro para destruir lo que la comunidad construyó, ni la brutalidad de detener e intimidar a una autoridad pública en un espacio universitario.

Si se desea entablar una conversación seria sobre estos asuntos, es importante aplicar una enseñanza de la sociología; es necesario distinguir entre el fenómeno y su representación, entre la crisis real y la narrativa que se le atribuye.

El sociólogo Stanley Cohen, en su obra Folk Devils and Moral Panics (1972), describió un proceso social que se repite de manera casi mecánica. Goode y Ben-Yehuda (1994, 2016) estructuraron sus componentes en cinco criterios: primero, alguna condición o grupo aparece en el debate público como una amenaza a los valores e intereses sociales dominantes; luego, los medios de comunicación lo presentan de manera estilizada y estereotipada; después, se genera un consenso -al menos en sectores influyentes- acerca de la realidad y gravedad del peligro; a continuación, la reacción social y política aparece exagerada en relación con la amenaza real; y, finalmente, la condición desaparece o se degrada, pero permanecen las medidas de control y las categorías de peligro.

Lo que Cohen llama pánico moral no implica que el fenómeno sea inventado, sino que esa desproporción funciona a favor de intereses que trascienden el problema en sí mismo. Stuart Hall, en Policing the Crisis (1978), profundizó en este tema: evidenció que el pánico moral sobre la delincuencia juvenil en la Gran Bretaña de los años 1970 surgió cuando las tasas de violencia crecían a un ritmo más lento que en la década anterior y que este pánico actuó como un síntoma de una crisis de hegemonía política más profunda, que necesitaba un chivo expiatorio y un pretexto para fortalecer un Estado más punitivo.

La presencia de este fenómeno en el escenario chileno de las últimas semanas resulta alarmante por su precisión. Los incidentes de violencia reportados son graves, únicos en su tipo y diversos, como se expondrá a continuación. Sin embargo, la narrativa creada los agrupa en un solo fenómeno peligroso, los magnifica para que parezcan signos de una crisis generalizada de desorden, y los utiliza para sustentar una agenda política que ya existía mucho antes de que el primer cóctel molotov fuera lanzado en el Lastarria o del encierro y maltrato de la ministra Lincolao en Valdivia.

El gobierno del Presidente Kast y el bloque oficialista han implementado con eficacia seis actuaciones políticas al amparo del pánico moral que han contribuido a generar.

Primero, han aumentado la percepción de una emergencia constante, aprovechando el impacto emocional de Calama para convencer de que todo el sistema educativo está en peligro inminente y que está siendo manipulado por agentes vagamente definidos como extremistas de izquierda.

Segundo, han revitalizado una agenda de seguridad que empezaba a desgastarse; incluso dentro del oficialismo, la gestión del Ministerio de Seguridad era cuestionada. Al contrario, ahora iniciativas como la revisión de mochilas, los detectores de metales y penas más severas de todo tipo para los infractores han recuperado impulso y visibilidad.

Tercero, han aprovechado la crisis para fortalecer la unidad del bloque oficialista, que ya mostraba fisuras en sus primeras semanas, lo que ponía en riesgo la rápida tramitación de la ley miscelánea.

Cuarto, han empleado el pánico moral para incomodar a las oposiciones de centro e izquierda: quienes cuestionan la eficacia o la proporcionalidad de las medidas son presentados como defensores tácitos (“cómplices pasivos”) de la violencia ante la opinión pública.

Quinto, han promovido la narrativa de que los hechos violentos buscan desestabilizar el régimen, incluso mencionando “las fuerzas del octubrismo rearticuladas”, lo que convierte al gobierno en víctima anticipada de una supuesta conspiración aún no demostrada.

Sexto, han abonado el terreno para el proyecto que propone agregar nuevas agravantes de responsabilidad penal en casos de delitos contra miembros de la comunidad educativa en establecimientos o en lugares donde se desarrollen actividades curriculares o extracurriculares, así como en delitos contra la propiedad en dichos recintos. Así, nos acercamos al punto en el que las escuelas empiezan a concebirse como una infraestructura crítica de máxima seguridad.

Ninguna de estas operaciones habría ocurrido sin el clima generado por el pánico moral. Lo que se buscaba ocurrió. Contraponer a quienes desean “mano dura” con la violencia y a quienes son cómplices encubiertos de ella. El ministro Alvarado lo manifestó claramente, al referirse al proyecto de endurecimiento de las penas en los colegios: de un lado están “quienes desean proteger y cuidar la educación en nuestro país”, mientras que del otro lado quedan “quienes, de manera encubierta, desean mantener la violencia en los colegios”. Punto seguido: “No busquemos excusas para seguir validando la violencia en los colegios”, remachó.

Esta retórica binaria y coercitiva, que sugiere que quienes no apoyan al gobierno justifican la violencia, sería difícil de concebir en un entorno democrático normal. Sólo se vuelve posible cuando el pánico moral está tan intensificado que cualquier matiz parece cómplice. No es propio del lenguaje de los gobernantes democrático-liberales, sino del de un Estado de excepción que aún no ha sido declarado oficialmente.

Violencias, diagnósticos, respuestas

El error principal en el debate actual -y la estrategia que el pánico moral aprovecha más efectivamente- radica en tratar como un solo fenómeno lo que en realidad son cuatro tipos distintos de violencia escolar. Cada uno tiene sus causas, dinámicas y soluciones específicas. Confundir estas formas no sólo es un error analítico, sino que también asegura que las políticas serán ineficaces.

Las formas más habituales y menos evidentes de violencia son las microagresiones cotidianas y el bullying. Incluye agresiones físicas entre compañeros, exclusión y humillación con connotaciones sexuales o de género, así como el bullying psicológico contra quienes son considerados diferentes -por peso, capacidades u origen- y el ciberacoso que prolonga la agresión más allá del horario escolar, entre otras.

Sus causas principales se encuentran en el hogar y en las primeras etapas de la socialización, como la disfunción familiar, la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol y drogas en el entorno cercano. Además, la escuela no logra consolidarse como una comunidad moral con normas claras de convivencia, dejando sin regulación las tensiones que los estudiantes traen de afuera.

Para reducir esta violencia, las políticas efectivasincluyen programas de aprendizaje socioemocional en la educación inicial, protocolos claros para detectar y responder al bullying, la participación activa de las familias y entornos escolares que promuevan  el respeto mutuo, la pertenencia y la autoestima. Los detectores de metales tienen poca relevancia en este contexto. La expulsión simplemente desplaza el problema a otros colegios. En cuanto a las sanciones, ampliar las facultades de los colegios tiene efectos limitados, como indica la legislación punitiva, que aumenta mientras la violencia persiste.

La segunda forma de violencia se dirige específicamente contra los docentes y, en 2025, aumentó un 39%, según la Superintendencia de Educación. Hoy en día, 4 de cada 10 profesores informan haber sido víctimas de agresiones. Esta violencia tiene causas particulares: la figura del docente ha perdido la legitimidad que antes le otorgaban la tradición, la jerarquía formal y, en algunos casos, su carisma personal.

En su lugar, se ha instaurado una ideología pedagógica basada en roles iguales -el profesor sólo como “facilitador de aprendizajes” y el estudiante como cliente- que despoja de autoridad a la relación pedagógica sin ofrecer una autoridad alternativa. La tesis que defendí hace más de dos años -en una columna sobre la crisis educativa- sigue siendo válida: cuando la autoridad del docente se confunde con el autoritarismo y se la trata con desconfianza, el vacío que se genera no produce libertad, sino desorientación. La solución no consiste en incrementar cámaras o arcos detectores de metales, sino en recuperar el prestigio social del docente, mejorar sus condiciones laborales, fortalecer un liderazgo directivo genuino y reconstruir los pactos de convivencia en cada comunidad escolar. Ninguna legislación de escuelas protegidas servirá este propósito si antes no se ha restituido el sentido de misión y el significado comunitario de los establecimientos.

La tercera forma, difícil de prevenir, es la ‘violencia enajenada’. El caso de Calama lo ejemplifica. El autor era un joven que, según todos los relatos, vivía en un profundo aislamiento, repetía cuarto medio y era conocido por su tendencia a aislarse. Durante meses, en un camino angustioso que ni siquiera podemos imaginar, preparó su ataque, cubriendo su mortal arma cortante con inscripciones que aludían a ataques contra comunidades educativas en otros países del mundo.

Este tipo de violencia corresponde a la de un ‘lobo solitario’, con graves trastornos mentales, en un entorno que no contó con alertas preventivas para detectar a tiempo lo que se gestaba. La respuesta más efectiva no es punitiva ni tecnológica, sino la formación de equipos interdisciplinarios de salud mental con presencia real en los establecimientos, protocolos de evaluación de riesgo y una conexión efectiva con los servicios de salud locales. El Colegio de Profesores ha señalado en los últimos días que la violencia escolar no se resolverá sin abordar la salud mental. Sorprendentemente, el proyecto “Escuelas Protegidas” no contempla este aspecto como eje central.

La cuarta forma, más visible en el ámbito político y que genera mayor alarma, es la ‘violencia antisistema y anárquica’, conocida en la literatura internacional como ‘violent extremism’. Esta tiene un carácter nihilista e ideológico. Incluye incidentes como las bombas molotov en el Liceo Lastarria, los encapuchados en el Instituto Nacional y los 35 estudiantes heridos del INBA, además de varios casos de quemaduras, algunos en estado grave, lo que representa una expresión extrema de violencia contra el sistema y de rechazo a los procesos democráticos. La interrupción intencional (‘cancelación’) del evento académico de la UACH y el bochornoso asalto a la ministra de Ciencia y Tecnología evidencian un patrón similar, aunque sin recurrir a armas incendiarias.

Se presenta aquí una escala continua de formas de violencia, en lugar de un enfoque binario. En el nivel menos grave están las tomas y acampes pacíficos que interrumpen el funcionamiento normal de los establecimientos; después, la cancelación de conferencias por intolerancia ideológica, mediante presión y amenazas, pero sin dañar físicamente a nadie; más arriba, la interrupción forzada de eventos académicos con maltrato a los invitados, como sucedió en la UACH; y en el nivel más grave, la violencia directa con armas blancas, artefactos incendiarios o el uso del espacio como base para ataques contra el espacio público.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha sugerido la posible existencia de una red de entre cuarenta y sesenta personas vinculadas a los liceos emblemáticos que promoverían la violencia. Aunque esta hipótesis no ha sido confirmada judicialmente, sería un error descartarla de antemano, aunque más adelante pueda resultar sólo una conjetura similar a las que se presentaron -en su momento- para explicar la destrucción de las estaciones del metro el 18-O de 2019.  O bien, se usaron inicialmente para involucrar a supuestos adultos provenientes de fuera de la universidad en el caso de Lincolao.

Lo que sí resulta evidente es que estas minorías activas operan bajo una ideología antisistema que rechaza la cultura del diálogo, la negociación y el consenso, y considera que la destrucción del orden material y simbólico constituye una forma de afirmar su propia identidad. La respuesta efectiva implica, por un lado, acciones policiales y judiciales, como en cualquier delito; y por otro, aceptar que la anomia en sectores marginados no se soluciona sólo con portones de metal, sino con instituciones que vuelvan a tener sentido y con comunidades escolares que puedan responder internamente a comportamientos que las desafían.

Una mirada que no viene de hoy

El autor de esta crónica reflexiva ha indagado durante más de siete años en el fenómeno de la violencia vinculada a la lucha política, social y cultural en Chile. Lo he abordado desde la perspectiva de un ‘periodismo sociológico’, manteniendo una postura coherente: la de una izquierda democrática, institucionalista y deliberativa. Esta postura condena la violencia en todas sus formas y rechaza recurrir al pánico moral para aceptar que existe una crisis en este frente.

En noviembre de 2019, poco después del 18 de octubre, comenté que la violencia en las calles de Santiago no era solo vandalismo, sino una agresión al Estado: una especie de ‘deconstrucción posmoderna’ de sus símbolos y de su estatus en la sociedad y la cultura. Aunque carecía de una ideología revolucionaria clara, tenía el potencial para desencadenar auténticas revueltas.

Señalé que el ‘dispositivo discursivo’ que equiparaba la violencia antisistema con la represión policial del gobierno de Piñera se utilizaba para deslegitimar toda acción del Estado, beneficiando “exclusivamente a los sectores radicalizados” de la izquierda que buscaban una ruptura democrática. También aclaré, con firmeza, que, siendo parte del mundo político heredero de la Concertación, no lograba entender “la conducta errática, de escasa visión estratégica y nula efectividad frente a la violencia” que seguían los partidos y líderes de izquierdas. Mi crítica iba dirigida a los míos, no al adversario.

Una semana después, profundicé en el análisis describiendo la violencia del estallido como un “enjambre” de redes descentralizadas -células anarquistas, grupos narcos, lumpen, pandillas juveniles- que operaban sin una dirección central, pero con inteligencia distribuida. Estas estaban sustentadas por una ideología anarquista profundamente ‘destituyente’ que no buscaba tomar el poder, sino destruirlo, con la idea de “vivir y repetir el momento de la destrucción”. También mencioné que el propio gobierno de Piñera había contribuido a la confusión al declararse en “guerra” con los manifestantes, y que Carabineros había reprimido “con medios contrarios a la ley” a personas que no habían cometido actos de violencia.

En diciembre de 2020, al centrarse el país en la Convención Constitucional, anoté tres formas de violencia política que crecían silenciosamente: la narcoviolencia, la violencia rural en la Macrozona Sur y el descontrol en las ciudades. También señalé una cuarta fuente, especialmente alarmante porque provenía del Estado: Carabineros, que «a veces —¡pero muchas veces!— actúa como una cuarta fuente de violencia con connotación política, dañando gravemente los derechos de las personas». Escribí entonces: “Nada golpea más al Estado de derecho y al orden democrático que esta nueva forma de violencia.” No lo decía por gusto, sino porque era la realidad, y una visión coherente sobre la violencia no puede tener puntos ciegos que beneficien a un lado u otro.

En octubre de 2022, analicé el octubrismo como un fenómeno principalmente ‘destituyente’ que celebraba con fascinación estético-filosófica la destrucción a su alrededor sin comprometerse con un proyecto institucional de reconfiguración del poder. En dicho acto, expresaba una fatal paradoja: sólo podía validarse como posición a partir de los escombros que dejaba tras de sí la violencia, al mismo tiempo que alimentaba la demanda social de represión, seguridad y orden.

Hoy, esta observación resulta amarga: los actos violentos de una minoría anárquica en liceos y universidades alimentan la agenda de seguridad del gobierno Kast. El esteticismo intelectual de octubre (2019), que alguna vez fue una expresión romántica de la revuelta en el mundo de las bellas letras, hasta el punto de conferir un halo luminoso a la demolición y a las ruinas por parte de ‘profetas de cátedra’, muestra que, en realidad, se trató de ‘profetas desarmados’, quienes -según Maquiavelo– están destinados al fracaso en la esfera del poder político.

En noviembre de 2022, analicé la problemática de la violencia escolar, describiéndola como una “policrisis» institucional que no sólo implica un problema policial, sino también el desgaste simultáneo de las instituciones claves que sustentan la socialización de las generaciones futuras. Indiqué que las minorías violentas en los liceos emblemáticos “actúan con total prescindencia” del movimiento estudiantil legítimo y, ante la opinión pública, parecen ser “minorías anárquicas, nihilistas, anómicas y antisistémicas”. Asimismo, señalé que la “doble retractación” de la Iglesia y la escuela -dos instituciones simbólico-institucionales responsables, durante décadas, de transmitir normas— favorece la aparición de la violencia.

En abril de 2023, finalmente noté que el estado del Instituto Nacional indicaba que la violencia escolarse había convertido en un “problema tóxico” que el gobierno de Boric evitaba por motivos políticos. Lo que verdaderamente se necesitaba era liderazgo: movilizar a los actores clave, realizar diagnósticos precisos y crear políticas que aborden las causas raíz en lugar de solo los síntomas. Mucho antes de que el gobierno de Kast propusiera detectores de metales y revisiones de mochilas, ya señalé que las raíces de la violencia escolar eran más profundas que cualquier solución tecnológica o punitiva.

Este breve recorrido no busca, al menos espero que así se entienda, presentar una forma de autocomplacencia retrospectiva. Más bien, demuestra que en la tradición de la izquierda democrática chilena existe una perspectiva sobre la violencia que no requiere del pánico moral para expresarse. Esta visión condena toda violencia -la anárquica, la estatal, la policial y la que se justifica en nombre de la “contraviolencia” o de la “resistencia”, ya sea de ultraderecha o de ultraizquierda- utilizando los mismos criterios y sin diferenciar entre las víctimas preferidas y las olvidadas. No debería existir una ‘complicidad pasiva’ con ningún tipo de violencia; ni con la del 18-O ni, mucho menos, con la violencia durante la dictadura de Pinochet.

Una perspectiva que, por consiguiente, obliga al Estado a ejercer su monopolio de la fuerza en el marco legal, además de instar a las izquierdas a no ceder espacio en el discurso a quienes recurren a la violencia para manifestarse. Asimismo, argumenta que las soluciones eficaces a la violencia escolar requieren inversión constante, políticas públicas basadas en evidencia y una deliberación democrática auténtica, en lugar de medidas legislativas ‘duras’ destinadas a reforzar la imagen de un gobierno de emergencia.

La problemática de la violencia en la educación requiere más que sólo castigos y escuelas vigiladas constantemente. Quienes venimos de una tradición que la aborda desde otros enfoques, alejados del pánico moral, tenemos la responsabilidad de expresarlo. Espero que pronto llegue el momento de debatir en serio las causas fundamentales y las soluciones a largo plazo.