A las puertas de una contienda electoral, esa semántica se instrumentaliza sin recato: sirve para ganar minutos en la pantalla, tallar identidades, infligir daños simbólicos al adversario y, no pocas veces, para encubrir insuficiencias propias. El sábado y domingo pasados, los días del aniversario, la prensa y los medios de comunicación, más las redes sociales, se llenaron de reportajes, comentarios, mensajes, opiniones e interpretaciones sobre el 18-O. Yo mismo he sostenido antes que la batalla en torno a ese acontecimiento se libra en el campo del poder simbólico y que su botín es la legitimidad del futuro: si la política chilena será interpretada como deriva de una revuelta refundacional o como producto de un acuerdo reformista que contuvo la desintegración del orden institucional.

Días que conmovieron al país

Lo primero es distinguir capas. Hubo protesta masiva y hubo estallido violento. Ambas se solapan, pero no son lo mismo. Entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 se registraron más de 3.300 acciones de protesta; tres cuartas partes fueron marchas, concentraciones y acciones disruptivas no-violentas —huelgas, tomas, ocupaciones—. La marcha del 25 de octubre reunió a cerca de 1,2 millones de personas en Santiago; fue un hito pacífico que hizo posible el clima para el Acuerdo del 15-N. Lo que la televisión relató como un “estallido” fueron, más bien, los saqueos, incendios, ataques a comisarías y enfrentamientos que aparecieron en la orilla de esa marea cívica. Está doble faz nutre hasta hoy la disputa por el sentido del 18-O.

Junto al desborde, el Estado reaccionó —tardío y confuso— con un uso excesivo de la fuerza. Hubo miles de detenciones, centenares de denuncias por tratos crueles, casos de violencia sexual y un alarmante número de lesiones oculares, tal como reportaron organismos internacionales y recogió un amplio balance académico. Aquel accionar en extremo violento de bandas, barras, pandillas y grupos ‘lumpen’ (“grupo social que atenta sin ningún tipo de principios contra la seguridad de los individuos o colectividades, bajo un ánimo rapaz y delincuencial”) por un lado y, por el otro, la reacción descontroladas del Estado, contextualizan la declaración del estado de emergencia, el toque de queda, la extensión territorial de la protesta y el cuadro de ingobernabilidad percibida en aquellos días.

El 15 de noviembre, casi todo el arco político —incluido el actual Presidente Boric, a título individual, sin el apoyo de los suyos y con la negativa del PCCh a participar— pactó una salida institucional a la crisis: un plebiscito de entrada, una convención encargada de redactar una nueva Constitución con reglas de supermayoría y un plebiscito de salida. Fue la irrupción de lo que contra el espíritu de la revuelta (‘octubrismo’) algunos denominamos ‘noviembrismo’: la voluntad de encauzar el desorden con reglas, reponer la confianza en el procedimiento, oponer al pathos de la revuelta el oficio del acuerdo. Aquel ánimo —deslucido a veces, exento de fulguración— fue decisivo en ese momento para que la democracia chilena se mantuviese en pie pese a su dislocación momentánea.

Este contrapunto —octubrismo versus noviembrismo— organiza un filón de nuestra vida pública desde entonces. No son partidos ni plataformas; son interpretaciones en pugna: una exalta la interrupción del orden dominante y su épica callejera; la otra cree en la eficacia de las formas, los bordes y los votos. Una acompaña a la revuelta; la otra, a las instituciones. La primera sedujo a sectores intelectuales y artísticos, a jóvenes universitarios y movimientos antisistema; la segunda se hizo cargo de recuperar y sostener la convivencia, encauzando la ‘gran protesta’ hacia una salida constitucional.

Raíces sociales de la protesta

Con todo, sería un error reducir lo ocurrido a un par de etiquetas. Debajo de los eslóganes hay movimientos estructurales, transformaciones profundas de la sociedad. Durante las dos décadas anteriores al 18-O, Chile masificó aceleradamente el acceso a la educación superior. Centenares de miles de jóvenes se convirtieron en ‘primera generación’ de sus familias en cursar estudios terciarios. Aspiraban a obtener credenciales que, una vez infladas por la expansión, rindieron menos de lo imaginado. Lo advirtió un gran sociólogo francés, P. Bourdieu: cuando las expectativas formadas por el sistema educativo desbordan las satisfacciones que el mercado laboral puede ofrecer, sobreviene la histéresis (un desajuste), como en su país había ocurrido en 1968. Aparece entonces una generación desengañada que experimenta la educación como una promesa incumplida. La protesta chilena de 2019 tuvo mucho de este mecanismo, según postulamos al año siguiente de haber ocurrido este fenómeno. Pero, la verdad sea dicha, habíamos registrado tempranamente el riesgo de ese fenómeno (2007, p.232).

De cualquier forma, los datos confirmaron el relato. La gran movilización de protesta de esos meses tuvo un perfil marcadamente joven y educado; una proporción inusualmente alta de manifestantes poseía estudios superiores en curso, completados o incompletos. Las expectativas ocupacionales de nuestros adolescentes, medidas por pruebas internacionales, se ubicaban entonces entre las más altas del mundo. Las credenciales técnicas y profesionales, se pensaba, abrirían las puertas hacia un merecido status de nuevas clases medias. Sin embargo, tanto la rentabilidad privada (retornos) de numerosas credenciales venía cayendo, igual como los beneficios sociales de estos títulos de ‘nobleza mesocrática’ no lograban materializarse.

Asimismo, la desocupación entre quienes tenían 15 a 21 años de estudios al momento del 18-O se había estabilizado en una meseta relativamente alta y en los últimos años ha continuado incrementándose junto al semi empleo y otros desajustes en el mercado laboral de los titulados. Todo esto configura un terreno proclive al malestar: adultos jóvenes endeudados, títulos devaluados, empleo precario o inestable, servicios sociales insuficientes. El riesgo de esta situación en los años posteriores al estallido social se ha incrementado, si se considera que entre 2020 y 2024, se agregaron 1,4 millones de jóvenes adultos (en su mayoría) a la masa de personas con títulos de educación superior (técnicos y profesionales). El desajuste llamado histéresis no ha dejado pues de ir en aumento. Pablo Ortúzar retoma este tema en su libro Sueños de Cartón de 2024.

Súmese a lo anterior el efecto acumulado —antes y después de ese acontecimiento— de los abusos empresariales, servicios públicos ineficientes, corrupción e inequidades persistentes. En suma, la protesta masiva del año 2019 no fue una rareza sociológica, ni es cierto que fuese completamente imprevista ni tampoco resulta inexplicable. Fue la irrupción de amplios grupos medios frágiles y con altas expectativas frustradas que no se reconocían en la vieja cartografía de clases de la sociedad chilena ni en los repertorios ofrecidos por la política y las políticas públicas.Desde 2006 y 2011, esos grupos venían ensayando nuevos lenguajes generacional-protestatarios en las calles. Otra cosa muy distinta es la ‘violencia lumpen’ desatada esos días, cuya gramática propia necesita otro orden de explicación.

Doble poder y la sombra de la destitución

En ese contexto, una parte de la izquierda con memoria revolucionaria vio en el 18-O una ventana estratégica. Tomó forma allí la idea, clásica en el vocabulario comunista, del “doble poder”: construir desde abajo una soberanía alternativa que compita con el poder instituido; rodear a la naciente Convención Constituyente con movilizaciones permanentes; tensar el borde de la legalidad para empujar una refundación. No fue un plan homogéneo ni universal en las izquierdas, pero el PCCh se convirtió en su principal vector: reivindicó la revuelta del 18-O como ruptura democrática, se negó a firmar el 15-N y procuró que la Convención actuara como asamblea originaria, soberana por su propio gesto.

Esta estrategia, sostenida en una performativa del conflicto, fracasó políticamente. El texto maximalista de la Convención fue rechazado de forma rotunda, sellando —argumenté entonces— el fin de los ecos octubristas en la esfera institucional. Lo que sobrevivió fue el concepto: “octubrismo” circula hasta hoy como un significante esencialmente controvertido, usado para exaltar o denigrar, según quién lo pronuncie y en qué contexto. La derecha lo convirtió en paraguas para denominar el vandalismo y la insurrección; un segmento de izquierdas lo reivindica como fuerza poética y moral. Esa disputa semántica se reaviva cada octubre y, como veremos, hoy atraviesa la competencia electoral.

El discurso constituyente y la saturación moral

Se instaló de esta manera otro espacio confrontacional tras el estallido y la protesta: el de la Convención Constitucional. El discurso que emanó de esa instancia —sus reglamentos, preámbulos tentativos, listas de principios, testimonios individuales— acumuló una retórica moral de alta intensidad. El reglamento general enumeró principios en abundancia: desde la plurinacionalidad a la trazabilidad, pasando por perspectiva feminista, enfoque socioecológico, lenguaje inclusivo y un largo etcétera cuya mera enunciación sumaba 1.800 palabras. Nacía así con la Convención un pathos particular —una mezcla de épica y victimización— que coloreaba el conjunto de su producción discursiva. No es irrelevante: el tono con que se funda una Carta moldea el imaginario de ciudadanía y las rutas de interpretación del texto. En esos días un imaginario normativo épico —a fin de cuentas, Chile es un país de abogados y poetas— recorrió los claustros y las oficinas públicas, las redes sociales y las pantallas de TV, los sermones matinales y los bares de la ciudad.

Esa saturación moral y el impulso a escribir una Constitución densa en “poesía fundacional” convivieron con un ánimo rupturista que, en parte, traducía el espíritu de octubre. A la postre, sin embargo, esa combinación resultó contraproducente: alejó a los sectores moderados, enervó a los poderes fácticos, confirmó los temores de quienes veían en la Convención un órgano anarquizante y alimentó el repertorio simbólico de las derechas para endilgar el rótulo de “octubrismo” a cualquier intento de cambio. Desde el fondo de la sociedad nacía una ola de temor que alimentaba la demanda por orden y seguridad.  

La política de la memoria en tiempos de campaña

Llegamos así al presente. El corazón de la controversia en torno al estallido y la protesta del 2019 ya no es qué pasó, sino para qué sirve hoy el 18-O. En el clima de competencia electoral en que vivimos pueden describirse al menos nueve movimientos (dejo el décimo para el cierre) que reordenan aquel pasado en función de obtener ventajas en el presente.

1. La derecha securitaria consolidó una narrativa de orden que reduce el 18-O a vandalismo y destrucción. El estallido es presentado como “infierno” o “catarsis destructiva” que habría desencadenado la actual crisis de seguridad; el rótulo octubrismo se usa aquí como estigma que homologa protesta a delincuencia. Esa lectura se apoya en hechos reales —la violencia existió, ¡y fue grave!— pero omite el componente institucional y el aprendizaje noviembrista. En un mundo que, desde antes de la pandemia, vive un giro sanitario y político, los relatos sobre crimen organizado y conductas desviadas en general, naturalizan la promesa de mano dura y sirven para causar pánico moral. Ponen a las derechas iliberales y autoritarias, apalancadas sobre emociones de miedo y hastío, en posiciones aventajadas, beneficiando las candidaturas de Kast y Kaiser.

Lección: para este sector, insinuar que con su salida del gobierno Boric, los bárbaros del 18-O volverán a asaltar a la polis y a tomarse las calles es más que una consigna; es la forma de generar un pánico moral. Hasta los más moderados se deslizan por esta pendiente; “tengo la impresión de que buena parte de la izquierda va a volver a las mismas andanzas”, anticipaba el exministro Blumel, un día antes del reciente aniversario del 18-O. Por su lado, el “abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast —quien ha bautizado los hechos de octubre como ‘estallido delictual’— sostuvo que es esperable que la ‘izquierda radical’ vuelva a movilizarse, impulsada por la frustración de quedar fuera del poder”.

2. Al lado opuesto, las izquierdas no disponen de una voz unificada para hacer frente a esta ola. Conviven en ellas memorias encontradas: la épica de la revuelta, la responsabilidad del acuerdo, el remordimiento por la violencia y la convicción —a veces culposa— de que sin presión de la calle no hay cambios. Esa polifonía se hizo audible ya en el aniversario de octubre de 2021, cuando Gabriel Boric, firmante del 15-N, intentó equilibrar celebración y crítica del 18-O, rechazando dicotomías simplonas y defendiendo a la Convención como fruto del ciclo de movilizaciones y protestas. Cuando la propuesta del órgano constituyente fue rechazada rotundamente, sin embargo, el Presidente y su gobierno abandonaron toda esperanza y emprendieron el camino a Canossa. Esa tensión persiste: obligada a constantes revisiones retóricas, una parte de la izquierda —el FA sobre todo— abre flancos que permiten al adversario dudar de la autenticidad de sus conversiones ideológicas y profundiza la crisis de identidad de las izquierdas.

Lección: en ninguna parte queda mejor expuesto el drama de esa conversión que cuando se la confronta desde un común pasado octubrista. Según reflexiona la actriz y víctima del estallido María Paz Grandjean, la deuda contraída por el gobierno, el Presidente y su partido es la impunidad. Y apunta directamente a la mala conciencia de la izquierda en el poder. “La deuda es ahora con el futuro, porque si los niños salen a protestar pueden volver sin un ojo, golpeados, violados o sencillamente no volver”, afirma. Consultada sobre la respuesta del actual gobierno a las críticas frente a las políticas de reparación, la actriz expresa: “Estoy completamente decepcionada, frustrada. Vi a un presidente bajarse los pantalones desde el minuto uno. Ha sido indigno en todo lo que tiene que ver con políticas de reparación y de reconocimiento”. Asimismo, cuestiona la falta de garantías de no repetición. “Me gustaría que le explicara a su hija cómo puede garantizarle que no vuelva a ocurrir. Porque no hicieron nada por ayudar a que esto no se repitiera, sino que, al contrario, propiciaron que se repitiera”.

3. El Partido Comunista, por su parte, hace del 18-O un relato fundante: explosión de energías populares contra violencias estructurales —explotación, dominación de élites, abusos del modelo neoliberal—. Desde ahí argumentó, en su momento más octubrista, la legitimidad de una ruptura democrática y reivindica ahora la continuidad de la movilización. En su autocrítica más reciente, voces del PCCh ligan la derrota refundacional al “exceso de institucionalismo” y a la falta de un horizonte claro de superación del capitalismo. No es una interpretación inocua: influye sobre el gobierno de Boric y tensiona su ecuación entre orden y cambio. Para la imagen de la candidata Jara es un rayón en la cuidadosa puesta en escena de su campaña.

Lección: la izquierda radical continúa impertérrita imaginando, deseando, el regreso de la revuelta. En estos días, el exalcalde Jadue, vocero de este sector, ha dicho: “el 18 de octubre no terminó, sigue latiendo en cada lucha (…) Mientras haya opresión, mientras el pueblo siga siendo excluido de las decisiones que afectan su vida, la revuelta va a seguir ahí, siendo una posibilidad real, cada día, uno nunca sabe cuándo, pero una necesidad y también una promesa […] “Hoy más que nunca necesitamos retomar el horizonte emancipador, construir poder popular desde abajo, como lo hicimos en Recoleta, refundar las instituciones al servicio de las mayorías, romper con el neoliberalismo y su matriz colonial. Y nunca más permitir que nos roben la palabra, la calle y la dignidad”, sostuvo (El Sereno, Talca, 17.10.2025).

4. A su vez, el FA, atravesado por la experiencia de gobernar, ha mudado su ethos. Los ecos movimientistas y romántico-rupturistas de su origen sobreviven nada más que como una nostalgia generacional; su núcleo dirigente se autodefine hoy como de democracia avanzada, pero de cuño socialdemócrata, distante de cualquier “socialismo del siglo XXI”. El costo de esa “domesticación” es doble: pierde la mística de su origen y queda expuesto al flanco por la izquierda, sin una épica propia que contrarreste la narrativa securitaria de las derechas duras. Por eso en los aniversarios su discurso oscila entre la reivindicación de las demandas del 18-O y el rechazo a la violencia, confirmando que en estas materias su memoria es más leve que la del PC. 

Lección: Es difícil saber con precisión qué piensa hoy el FA como colectividad, lo que explica la alta visibilidad pública de su única figura con real proyección mediática, el Presidente de la República. Sus demás dirigentes hacen piruetas para explicar su posición ante el estallido de octubre hace seis años. “Creo que hoy se está tratando de buscar solamente una versión, una parte de esa historia, y creo que, como país, tenemos que aprender todos sobre ese proceso, sobre cómo hacernos cargo de ese malestar que todavía sigue muy presente, y lo muestran todos los estudios internacionales. Creo que requiere una mirada un poco más profunda”, explicaba en estos días la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.

5. El PS-PPD-PR transita hacia el ocaso con pragmatismo y melancolía. Contrario a la violencia bajo cualquier forma, quedó atrapado entre un liberalismo social que perdió tracción cultural y un progresismo estatista poco verosímil para los desafíos de productividad, seguridad y bienestar del presente. Defiende, con razón, el aprendizaje del 15-N, pero su relato carece de atractivo simbólico, y su lugar técnico en la coalición oficialista depende cada día más de los equilibrios entre el FA y el PCCh. Carece de la necesaria autonomía intelectual y política como para incidir en los sucesos que conducen al fin de este período.

Lección: Así es como un político experimentado de este sector sale del entuerto en este aniversario del estallido: “Hay opiniones diversas que tienen que ser todas tratadas con el debido respeto, porque creo que va a pasar todavía un tiempo antes que Chile pueda lograr un acuerdo sobre el acontecimiento”, expresa Camilo Escalona, secretario general del PS. No es mucho decir, pero ahí está.

6. Sobrevive aún un margen de “octubrismo” en el exilio —motejado a veces con el nombre de destituyente— que romantiza la revuelta como un pequeño Big Bang estético y condena la política “normalizada” a la espera de una nueva hora sagrada. Es un crisol minoritario, pero ruidoso y funcional a la caricatura: cada acción testimonial con que celebra la ruptura alimenta la etiqueta “octubrista” con que la derecha cataloga cualquier cambio. Además, genera ideas en el vacío de poder en que se mueve esta sensibilidad, más interesada en las resonancias profundas del estallido que en la lucha electoral de superficie.

Lección: Hay que atender también a estos márgenes de la política que, al final del día, es siempre batalla cultural e ideológica. Es allí, precisamente, en esos márgenes donde las izquierdas rupturistas y revolucionarias han librado históricamente sus guerras terminológicas y sobre el significado de la historia. Así ocurre también hoy en la disputa al interior de estos círculos sobre cómo cuadrar a Jara y el espíritu de la revuelta. En un reciente análisis del semanario Ideas Socialistas, se lee: “Quienes hoy celebran la irrupción de Jara como un “estallido dentro del progresismo” o una “revuelta al interior del régimen”, como plantea Rodrigo Karmy, aciertan en parte al ver la grieta que se abre bajo la lógica de la “normalización”, al ser electa una candidata del PC. Pero pierden de vista la segunda parte del fenómeno: lo que irrumpió por abajo en octubre de 2019 fue una fuerza social contra la transición y su pacto; lo que hace hoy Jara, por el contrario, es continuar el desvío inaugurado por el pacto por la paz y el gobierno de Boric, para encauzar esa potencia en una forma domesticada”.

7. Las derechas han creído —no sin fundamento— que podían capitalizar la contramarea provocada por el estallido y sus aristas violentas. Saben que el pánico moral ideológico es generado justamente por ese tipo de sucesos violentos. Han procurado por lo mismo encontrar, en cada aniversario del 18-O, un espejo del “octubre rojo”, seguras de que la calle volverá a arder y que ese hecho beneficia a su programa de emergencia destinado a restituir el orden. Ese libreto tuvo éxitos parciales en anteriores aniversarios; esta vez, por el contrario, suscitó frustraciones y desilusión. En efecto, salvo desórdenes localizados aquí y allá, la calle no repitió el guión y ni se encendió. El (malsano) deseo de ver violencia e incendios para exhibirlos en campaña quedó, por ahora, en suspenso.

Lección: Sin embargo, las derechas en competencia igual emplearon el día del aniversario del 18-O como un trampolín para acusar la violencia de las izquierdas. Según un reportaje escrito de la CNN, el candidato republicano José Antonio Kast dirigió sus críticas directamente al Presidente Gabriel Boric y su gobierno, afirmando que “muchos de los que hoy gobiernan estaban en las calles, justificando la violencia, celebrando el caos”. A su turno, la candidata Evelyn Matthei, vinculó directamente la violencia del estallido con la actual ola delictual, afirmando que la violencia terrible de 2019 abrió el espacio para la ola de delincuencia que afecta al país. Por último, Kaiser propuso la creación de una comisión de ‘justicia, reparación y garantías de no repetición’ pues hay, sostuvo, demasiadas víctimas que no recibieron indemnización, refiriéndose a personal de las fuerzas policiales.

8. Aunque separadas por candidatos, programas y estilos, las derechas cierran filas entonces en un punto: vincular sin matices a “las izquierdas” con la violencia del 18-O, y, en un movimiento de filiación genealógico, incluso con la violencia profética de ciertos grupos ultra de la UP. Es una operación eficaz, porque el miedo une lo que las perspectivas doctrinarias separan. La promesa es simple: “Nosotros sí los protegeremos”. 

Lección: Desde ya, artículos, columnas de opinión, editoriales y encuestas empujan esta estrategia. Sintomático, por ejemplo, es este titular de prensa y su bajada: “Cadem: 52% cree que volverían las manifestaciones violentas si gana un candidato de oposición. A pocos días del sexto aniversario del estallido social, el sondeo revela que más de la mitad de los consultados considera ‘muy o bastante probable’ que se repitan episodios de violencia si en las próximas elecciones triunfa un candidato opositor, como José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser o Franco Parisi” (La Tercera). Causar pánico ha sido, pues, un buen ‘negocio’ electoral.

9. Pero este aspecto de la batalla cultural tiene un costo: cuando las derechas invocan un pasado de violencia, se exponen ante su propio espejo —la violencia dictatorial y sus complicidades—. Buena parte del electorado no necesita largas genealogías para recordar que, si el 18-O mostró violencia anárquica, nuestra historia reciente, a partir del 11-S de 1973, también muestra violencia (en grande), esa vez del Estado y de quienes la adiministraron a sangre y fuego. La hipérbole moral —que caricaturiza a octubre de hace seis años como crimen organizado a punto de retornar si ganase la izquierda— borra matices que la sociedad chilena aprendió a no borrar.

Lección: invocar la violencia de octubre de 2018 inevitablemente lleva a aquella otra de septiembre de 1973 que funda a la dictadura de Pinochet.No es una mera cuestión de causas y contextos distintos, que por cierto lo son. Mas como muestra la siguiente cita de una tesis, los relatos sobre la violencia se entretejen a través del tiempo, ¡hasta la exageración!, y por eso no pueden contarse inocentemente. Dice esa tesis: “La violencia de Estado en Chile no es algo nuevo, ni algo que se observe por primera vez durante el estallido social en el año 2019, la violencia de Estado en Chile se ha mantenido a lo largo de los años, desde su conquista hasta hoy. […] Estas violencias que se ejercen y se viven en el cotidiano han generado consecuencias en la salud mental del pueblo de Chile, que no tienen que ver directamente con la violencia física sufrida, sino con una violencia que se traspasa, más soterradamente, de generación en generación, impregnando día a día de rabia a la población que ve cómo existe una desigualdad y una injusticia en el país que no sólo no se detiene, sino que cada vez se profundiza más”. Las manipulaciones de la violencia y su carga simbólica pueden pues ejercerse desde ambos extremos y remiten unas a otras en una dialéctica fatal.

Hasta aquí pues los nueve movimientos de este concierto del aniversario. Falta el décimo, que es el uso prospectivo del 18-O como herramienta de gobernabilidad preventiva. Volveré a él tras un rodeo necesario.

¿Qué aprendimos —si aprendimos algo— de octubre?

Cada octubre reaparece el ritornelo: “aprendimos” / “no aprendimos nada”. La realidad es más mezclada, sin embargo. Como sociedad aprendimos que la violencia: (i) nos persigue desde hace medio siglo, sin que ningún sector político pueda declararse libre de toda responsabilidad; (ii) erosiona derechos de las personas y siembra el temor colectivo, sobre todo entre aquellas clases sociales que tienen mucho que perder; y (iii) deslegitima cualquiera causa que busca el apoyo de las mayorías. Deberíamos haber aprendido además que los abusos del Estado —cuando este emplea la fuerza sin Dios ni ley— no son ni “daños colaterales” ni “excesos aislados”: requieren verdad, justicia y reparación para restablecer la confianza dentro de la sociedad civil.

Pero hay no-aprendizajes también que este sexto aniversario vuelve a poner de manifiesto. Persisten déficits en pensiones, salud, educación, vivienda y seguridad ciudadana que en una población cada vez más educada y consciente de sus derechos se tornan explosivos. Persiste una economía con crecimiento insuficiente y baja productividad, que esa misma población resiente ahora más que antes de la modernización del país impulsada a partir de 1990. Persiste una cultura institucional que elude responsabilidades y desconfía del mérito. Persisten enclaves de clientelismo y una impaciencia moralizante que rehúsa la negociación como si fuera cobardía.

El aprendizaje más importante, sin embargo —a menudo olvidado tras el estallido— fue el del 15-N cuando la política, con sus actores, medios propios y valores democráticos, eligió aumentar reglas en vez de reducirlas, imponer bordes y no evadirlos. Aquel momento normativo, de respaldo a las instituciones y rechazo a la violencia —truncado luego por el fracaso de dos procesos constitucionales— sigue siendo nuestro mejor activo, aunque no lo hayamos cultivado suficientemente y tenga escasa voz y visibilidad en este aniversario.

Con todo, no puede pasarse por alto que, a medida que tomamos distancia temporal del estallido, la opinión pública se aleja también de su actitud de entonces. Como mostró ya hace un año la encuesta CEP (octubre de 2024), si en diciembre de 2019 un 55% apoyaba las manifestaciones de protesta del 2019, ahora sólo un 23% dice que las apoyó. Según comentó el director de dicho Centro ante este giro: “Es como si bajo el velo del autoengaño se manifestara una especie de arrepentimiento colectivo. Por si fuera poco, la mitad de los chilenos cree que el estallido fue malo o muy malo”.

En efecto, lo que en aquel momento de eclosión de la protesta de masas se imaginó como amanecer hoy se recuerda con una mezcla de frustración, disgusto y extrañamiento. Más aún si se piensa que a esa capa de dislocación de la sociedad, se sobrepusieron luego la parálisis profundamente perturbadora de la pandemia, la frustración de una ilusión gubernamental generacional, el doble fracaso constitucional animado desde pasiones ideológicas contrastantes y la ola de inseguridad que aún recorre al país de norte a sur y sirve de trasfondo para la elección del 16 de noviembre próximo.

La tentación securitaria

Vengo ahora a la décima torción del engranaje en movimiento que nos condujo hasta el aniversario número seis del estallido social; esto es, el uso prospectivo del 18-O como argumento para justificar un gobierno de emergencia, una administración de mano dura y el despliegue de un Estado securitario.

El libreto es previsible: si las izquierdas “intentaron tomarse por asalto” al gobierno de Piñera —exageración que confunde estallido con insurrección organizada—, mañana “harán lo mismo” contra el (probable) nuevo gobierno de derechas. Por tanto: seguridad preventiva, endurecimiento de penas, restricción de protestas, priorización de la “paz social” entendida como eliminación del conflicto, apaciguamiento de la democracia (liberal) que trae consigo el germen de protestas excesivas y la posibilidad de nuevos estallidos.

El problema con este libreto no es su concentración sobre la seguridad —legítima y urgente, sobre todo frente a los avances del crimen organizado—, sino su deriva maximalista. Si el pasado reciente nos enseñó algo es que la política no puede reemplazarse con procedimientos de excepción. Una sociedad que naturaliza el estado de emergencia como régimen cotidiano pierde la capacidad de construir acuerdos y sustituye el poder de la política —crear mundos compartidos— por la fuerza como único medio para sostener el orden. Pero no hay estabilidad que dure mucho tiempo sin consentimiento, como al final debió reconocerlo la propia dictadura cívico-militar de Pinochet.

Algunas cautelas

La primera: no reducir el 18-O a una sola de sus capas. La protesta pacífica existió, fue mayoritaria, y sin ella no habría 15-N; la violencia existió, fue grave, y sin ella no habría herida abierta en la convivencia ni arma arrojadiza para dañar al adversario. Los candidatos en carrera que nieguen una de las dos constataciones pierden autoridad; el que absolutice una sola, confiesa no haber aprendido nada.

La segunda: no romantizar la revuelta ni satanizar la negociación. A estas alturas sabemos que la poética octubrista —rica en símbolos, potente en su estética y su denuncia— carece del todo de cualquiera traducción gubernamental; es políticamente inconducente. Y que la prosa noviembrista —político-administrativa, a ratos tecnócrata— fue lo que impidió un desfiladero más hondo. Ambas enseñanzas valen también para el día siguiente de la próxima elección; la primera vuelta y el balotaje.

La tercera: no tercerizar los aprendizajes. El PCCh ha de resolver si permanece en una tensión irresuelta entre las instituciones y la calle, un 18-O que nunca termina y el 15-N del cual se excluyó fiel a esa ambigüedad. El FA tendrá que mostrar si puede sostener una definición socialdemócrata hace poco adquirida, sin renegar de su matriz movimientista y sus juveniles ilusiones proto-octubristas. Pronto se sabrá si el Socialismo Democrático encuentra una voz propia en su crepúsculo o continúa adentrándose en el olvido y la insignificancia. Y las derechas deberán demostrar si están dispuestas a administrar el orden con derechos —y no a punta de regímenes de excepción—, y a no tropezar con su propia historia de preferencias portalianas, ‘democracia protegida’ y guerra cultural.

La cuarta: reconectar la memoria del 18-O con las condiciones sociológicas que la hicieron posible. El 18-O no estalló por una teoría, un partido o una conspiración siniestra sino por expectativas frustradas, por servicios públicos mediocres y una difundida sensación de abusos de todo tipo experimentados por unos sectores intermedios que buscan rentabilizar su educación superior con mejores ingresos y status.

Mientras no hagamos unas políticas sostenidas de oportunidades —empleo decente, seguridad efectiva, servicios públicos de calidad, viviendas dignas, trato igualitario—, la semilla de los malestares no podrá ser “contenida” por medio de eslóganes; tamoco por la amenaza del miedo, ni por el encantamiento de una épica. Hacia allá apunta el enfoque mencionado más arriba que liga masificación educativa ascendente, premio salarial a los títulos decreciente, deuda juvenil, riesgo de caída social y estancamiento del progreso intergeneracional. Sin considerar ese complejo trasfondo de factores y su potencial explosivo, efectivamente los aprendizajes del 18-O permanecerán inconclusos.

La quinta cautela, cuidar el lenguaje, aunque dicho esto aquí equivale a ir rogando y con el mazo dando. El país no necesita que su élite intelectual y académica fabrique nuevas fábulas justificatorias del 18-O ni que levante a éste como un espantajo, ya bien para acallar su orígen protestatario o bien para amenazar con la violencia que sobrevendría si no se frena la marea roja a tiempo. Si algo demandan estos años es un mínimo rigor conceptual: llamar a la violencia por su nombre, nombrar las violaciones de derechos humanos sin discriminación de los pasados, y distinguir protesta de vandalismo, Estado de derecho de “estado de ánimo” y orden de represión.

Cierro aquí con unas imágenes útiles a la hora de escribir sobre la memoria del 18-O: aquel acontecimiento fue simultáneamente ruptura y revelación, mientras el 15-N, a su tiempo, fue contención e instrucción. El primero nos advierte que no hay orden legítimo que pueda soportar una deuda social indefinida. El segundo, que no hay justicia posible si se persigue contra las instituciones.

El clima de campaña busca usar esa doble comprensión para generar pequeñas ventajas electorales. El desafío, en tanto, es convertirla en un programa: orden con derechos, cambio con reglas, crecimiento con inclusión y seguridad con ciudadanía. Lo demás —incluyendo la propagación del miedo— sólo sirve para aplazar lo que necesitamos: integrar la sociedad sobre bases de mayor justicia.