Agenda de acuerdos educacionales

José Joaquín Brunner, 7 de septiembre de 2025

¿Cómo puede entenderse que las y los candidatos presidenciales no pongan a la educación al centro de su discurso y visión de futuro? En un país que aspira al desarrollo, esta omisión significa renunciar al futuro. A fin de cuentas, este depende vitalmente de la solidez, calidad y proyección de su educación.

Al contrario, desde hace más de una década, bajo los últimos tres gobiernos —dos de izquierdas, uno de derechas— nuestra educación se estancó, oscilando entre medidas episódicas y controversias de coyuntura.  Cada nueva administración introduce cambios que la siguiente descuida o revierte; se suceden los ministros proclamando grandes transformaciones que se frustran a poco andar.

Estos vaivenes de la política educativa —de la descentralización y el mérito a la centralización y el igualitarismo; de las libertades y la elección privada a la justicia y el servicio público— impiden acumular experiencia y certidumbre en el tiempo. Mientras tanto los viejos problemas se suman y se agregan nuevos. Menciono algunos a continuación.

Primero, la formación inicial docente y el desarrollo de la profesión. Llevamos años moviendo el péndulo de las exigencias de acceso a las carreras de pedagogía en un escenario de matrícula estancada, baja natalidad y potencial déficit de profesores en ciertas áreas. Mientras tanto el prestigio de la profesión se deteriora.

Segundo, la violencia que atraviesa aulas, escuelas y liceos ha pasado a ser parte del escenario cotidiano. Hablamos de microviolencias cotidianas (acoso psicológico, físico, digital); fenómenos violentos a nivel de establecimientos (amenazas a profesores, consumo y tráfico de drogas, ingreso de armas blancas) que erosionan los aprendizajes y la convivencia; y episodios de macroviolencia —como la desplegada por los overoles blancos— que desbordan la autoridad del sistema y entran de lleno en el plano delictivo.

Tercero, observamos un estancamiento de lo más fundamental: lectura comprensiva y manejo numérico. Llevamos años leyendo sobre la importancia de estas habilidades clave del siglo XXI. Pero, en la práctica, no avanzamos en su dominio.

Cuarto, vuelve a agitarse la controversia sobre el régimen mixto de financiamiento y provisión de nuestra educación. Se creyó que con las leyes adoptadas para la educación escolar en 2009 y para la educación superior en 2018 —leyes que definen, diseñan e implementan dicho sistema mixto, estatal y privado—se habían dejado atrás las ácidas polémicas que llevan más de medio siglo. Profundo error. Hoy mismo estamos nuevamente envueltos en esta corrosiva querella, enfrentados a iniciativas que pueden afectar la sustentabilidad de los colegios particulares subvencionados y desfinanciar a la educación superior.

Quinto, por último, existe un gran desconcierto frente al uso de los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial en el sistema educativo: ¿qué hacer?, ¿dentro de qué marcos, con qué responsables, con qué gradualidad y con qué evaluación?  Nuestra propia inteligencia humana parece vacilar.

Frente a estos problemas, la agenda educativa requiere una gramática distinta a la contienda. Necesita avanzar hacia acuerdos con base técnica y política, usando la experiencia nacional e internacional. A continuación, algunas propuestas.

En el caso de la formación inicial docente es imprescindible estabilizar un estándar de acceso a las carreras de pedagogía que combine requisitos académicos exigentes, instrumentos de selección validados y cupos ajustados a la demanda proyectada por nivel y territorio. Además, supone reforzar públicamente el valor de la profesión y su autoridad, hoy apenas reconocida y cultivada tibiamente.

Debemos abordar la violencia escolar separadamente en sus diferentes niveles. A nivel micro requiere protocolos de comportamiento, equipos psicosociales especializados, gestión de los recreos y el acceso a los colegios, y seguridad de los entornos escolares coordinada con municipios y vecinos. A nivel meso, un fuerte apoyo a las funciones de dirección de los establecimientos, liderazgo de los directores y sus equipos y acción conjunta con centros de alumnos y asociaciones de familias. Y en los liceos de alta conflictividad, planes integrales, pudiendo llegar, incluso, a la refundación de los establecimientos, con pleno apoyo de las comunidades y dentro de reglas de derecho.

Para el caso de la prioridad en lectura y matemáticas, se podría fijar como meta nacional —con seguimiento trimestral— que todo niño lea con comprensión y maneje aritmética elemental al finalizar segundo básico, y que al término de sexto domine lectura informativa y razonamiento proporcional. Supone currículos y textos alineados, evaluación formativa de alta frecuencia, acompañamiento docente en aula y extensión del tiempo de aprendizaje donde las brechas lo exijan.

En cuanto al debate sobre el financiamiento mixto (fiscal y privado) debe asumirse que Chile no puede sostener su sistema educacional sin un esquema de costos compartidos, tal como se halla consagrado en la legislación. Es una pieza decisiva que, al momento, está siendo contestada, amenazando la estabilidad de colegios privados subvencionados con copago y la sustentabilidad financiera de la educación superior.

Por último, qué hacer frente a la cuestión del uso de teléfonos inteligentes y la IA. ¿Hay que establecer lineamientos nacionales —con flexibilidad local— sobre uso de dispositivos en horario escolar, gestión de tiempos y espacios “libres de pantalla”, y un currículo de ciudadanía digital desde primero básico como han hecho otros países? Pienso que sí; que la evidencia disponible y el buen criterio, apuntan en esa dirección. Asimismo, hay que profundizar la enseñanza temprana de habilidades digitales esenciales para la vida laboral y personal futura. En la enseñanza media y superior debería utilizarse la IA intensamente en las más variadas actividades, reforzando trazabilidad de fuentes, uso ético y evaluación permanente.

¿Cómo lograr todo esto? Por el momento, devolviendo al debate educacional su lugar en la esfera pública. No puede ser que la educación desaparezca del horizonte próximo (2026-2030) y de medio plazo (hasta 2050); significa renunciar al futuro.

La educación no compite con seguridad, salud o crecimiento: es seguridad preventiva, salud futura y productividad sostenible. Pero es mucho más. No sólo un punto de apoyo para fines sociales y de bienestar sino una actividad esencial a través de la cual las personas y sociedades se integran y transforman.