La Ley 21.040 estableció un nuevo Sistema de Educación Pública con el propósito de promover una educación pública gratuita, laica, inclusiva y de calidad integral, que tenga además la capacidad de responder adecuadamente a las necesidades locales de mejor manera que el esquema municipal. El sistema implica la creación de 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) descentralizados, una gobernanza con organismos de participación local (comités directivos y consejos locales) y una Dirección de Educación Pública (DEP) que coordina y apoya al conjunto del sistema.

La implementación del sistema completo se ha planificado de manera progresiva y, originalmente, se organizó en dos fases entre los años 2018 y 2025. La primera fase, correspondiente al período 2018-2021, contempló la creación de 11 Servicios Locales. Para el segundo período, que abarca desde 2022 hasta 2025, estaba prevista la creación de los 59 SLEP restantes. Durante el gobierno del presidente Boric, se han realizado distintas modificaciones a la normativa con el propósito de favorecer una adecuada implementación de esta nueva institucionalidad, por ejemplo ajustando la programación de la creación de los nuevos servicios. Si no se producen nuevos cambios, el año 2029 debería traspasarse el servicio educativo de la última cohorte de comunas y establecimientos educacionales hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En la actualidad existen 24 SLEP con servicio educativo, que corresponden a aproximadamente un 30% de la matrícula de la educación escolar e inicial pública.

Una serie de estudios, así como también el Consejo de Evaluación de Educación Pública —instancia que ha emitido a la fecha seis informes anuales y una evaluación intermedia el año 2021—, han documentado los avances y dificultades de este proceso de reforma. Evidencia reciente muestra que este proceso comienza a mostrar algunos resultados positivos en distintos indicadores educacionales, como la asistencia a clases, la desvinculación y el aprendizaje de los estudiantes. Por el lado de los problemas, uno de los más relevantes ha sido, salvo excepciones, el débil compromiso de los municipios con el proceso de traspaso de la nueva institucionalidad. Esto se ha traducido en múltiples complicaciones, que van desde la mala calidad de la información sobre las dotaciones docentes o la infraestructura e inmuebles municipales, hasta el abandono técnico y financiero de las escuelas en el período previo al traspaso, cuestiones que afectan negativamente la puesta en marcha de los nuevos servicios y la calidad de la educación pública en un momento especialmente crítico.

Dada la importancia del rol municipal en la Nueva Educación Pública (NEP), centros de pensamiento progresistas elaboraron el documento Herramientas para aportar a la Nueva Educación Pública desde los Municipios. Este recopila propuestas de actores a nivel local y municipal, fundaciones que trabajan en el sector y académicos del sector, que abordaron los desafíos clave del proceso de implementación de la NEP y cómo abordarlos desde la perspectiva de los municipios y los gobiernos locales.

Las propuestas sistematizadas se agrupan en torno a cinco nudos críticos:

1. Manejo presupuestario, de recursos y de dotación de la educación municipal;
2. Calidad de la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos educativos públicos;
3. Fortalecimiento del liderazgo directivo y el trabajo colaborativo como claves de la mejora de la calidad de la educación pública;
4. Falta de confianza con el traspaso por parte de las comunidades educativas y sus actores;
5. Calidad educativa integral y continuidad del proceso, programas y servicios educativos, durante y después del traspaso.

En general, las propuestas evidencian que los municipios no sólo cumplen un rol fundamental antes y durante el traspaso del servicio educativo, sino que también después de él. Se abordan temas clave como el ordenamiento financiero antes del traspaso, la adecuada preparación del traspaso de las personas, el rol de los municipios en la información y generación de confianza sobre este cambio a nivel de los territorios, la función directiva escolar como un eslabón clave de este proceso de reforma y, especialmente, el compromiso que los municipios pueden y deben mantener con la calidad integral de la educación una vez traspasados sus establecimientos (por ejemplo en el ámbito de la salud física y mental), para lo cual es indispensable el trabajo colaborativo sistemático y permanente entre las instituciones comunales y los nuevos Servicios Locales. El informe también propone un rol activo de los gobiernos regionales en este proceso, camino que ya han iniciado algunas regiones por medio de convenios con distintas instituciones, proyectos de infraestructura y programas de mejoramiento de la calidad.

La reforma de la educación pública se encuentra en una etapa especialmente desafiante. Aunque su implementación ha aportado beneficios significativos a las comunidades educativas y a la educación pública local, tal como lo confirman diversos estudios e informes, también ha enfrentado dificultades notables en su ejecución, documentadas por estas mismas fuentes. Esta situación ha generado desconfianza y una perspectiva crítica entre numerosos actores involucrados, basados en su experiencia con el proceso. En los años que vienen, el compromiso y contribución de los actores locales, y por supuesto de los municipios, será crítico para el éxito de esta reforma. Este compromiso debería ser transversal a todos los gobiernos locales del país y fundarse en la premisa de que su rol seguirá siendo clave para la formación de las nuevas generaciones de sus respectivos territorios. Es una responsabilidad de todos y todas que la Nueva Educación Pública siga avanzando.