Lecturas de nuestra sociedad encuestada
Octubre 9, 2024

Una amplia cobertura de prensa muestra la riqueza y variedad de reacciones que suscitó la encuesta más reciente. Veamos. PDI logra 59% y lidera confianza pública (PDI); 60% cree que una pareja del mismo sexo puede criar tan bien como una pareja heterosexual (La Tercera); Aumenta aprobación del Presidente Boric y desaprobación disminuye (Diario UChile); Chilenos siguen viendo un país estancado, evalúan mal el estallido social y no saben por quién votar (Diario Financiero); Qué dice Chile (El País); La oposición en busca de sentido tras la encuesta CEP (columnista, ExAnte); Matthei, Bachelet y Vodanovic son los mejores evaluados en la encuesta CEP (Cooperativa.cl); Baja creencia decidida en el infierno y en los milagros religiosos, pero aumenta quienes confían en la energía de lagos, árboles o cristales (CNN Chile); Ya no hay milagros (columnista, CEP); Mejora el ánimo sobre la situación económica personal, pero sube pesimismo para Chile en el largo plazo (LT Pulso); ¿Qué piensan los chilenos sobre la religión, el cielo, el “mal de ojo” y la reencarnación? (ADN Radio); A cinco años del estallido social, los chilenos le quitan piso a las manifestaciones y la mitad cree que fue malo para el país (El País); Todos satisfechos (Columnista, El Mercurio); más del 50% de los encuestados cree que la delincuencia es el principal problema que debería resolver el gobierno (La Tercera); Encuesta CEP: 50% apoya el aborto en casos especiales y 58% cree que la eutanasia se debe permitir en ocasiones (El Dínamo); Cómo ha evolucionado el pensamiento sobre “temas controversiales” en Chile (biobiochile.cl).

Vayamos ahora a los datos mismos de la encuesta que nos interesa y de su antecesora del bimestre inmediatamente anterior.

Privado positivo

Por el lado de la vida privada -del hogar y la familia, el trabajo y el consumo, las amistades y el bienestar personal, la seguridad y la vida cotidiana, las creencias y los anhelos individuales- los sentimientos declarados son, en promedio, realistas, moderados y nada catastrofistas en el conjunto, aunque, como veremos luego, mezclados con numerosos sentimientos negativos.

En general, la gente se halla satisfecha con la vida; así lo declara un 73% de los encuestados, la más alta cifra desde noviembre de 2014. La mayor satisfacción, en orden descendentes, se refiere a los hijos, la pareja, la ciudad o lugar donde se vive y el trabajo, moviéndose entre un 93% y un 75% de asentamiento. Alrededor de dos de cada tres encuestados declara alguna religión cristiana y alrededor de un 30 no tener ninguna o ser agnóstico. 74% dice conectarse directamente con Dios, sin intermediación de una iglesia o servicios religiosos, otra entre varias manifestaciones de la individuaciónen la sociedad. 50% cree que la religión es poco o nada importante, frente a un 46% que sostiene lo contrario. Sin embargo, un 56% declara que para cada uno es muy o bastante importante y un 43% lo contrario. A la vez, un 57% cree que confiamos demasiado en la ciencia y no lo suficiente en la fe religiosa frente a un 19% que piensa lo contrario. Hay pues una secularización relativa, pero no una completa desmagificación o desencantamiento del mundo -como llamaba Max Weber al proceso de ruptura con la magiaque adviene con la modernidad racionalizadora-, lo que se vuelve evidente también con algunos de los encabezados de noticias citados más arriba.

Descendiendo del cielo a la tierra, la mayoría siente que su situación económica actual no es ni buena ni mala (52%), junto a 31% que declara que es buena o muy buena. Un porcentaje aún mayor piensa que será positiva en los próximos doce meses; en efecto, un 37% cree que será mucho mejor o mejor y sólo un 9% que será peor o mucho peor. Asimismo, la ética del trabajo permanece viva, aunque a veces la productividad no lo valide. Un 61% está de acuerdo con que “en el largo plazo, el trabajo duro generalmente conlleva a una mejor vida”, frente a un 19% que cree que “el éxito depende más de la suerte, las circunstancias y los contactos”.

La anterior encuesta CEP, del mes de julio del presente año, permite completar un cuadro del clima de opinión sobre la esfera privada en la actualidad. En el terreno educacional, 66% califica el colegio de sus hijos con nota 6 a 7, lo cual ciertamente resulta sorprendente; en cualquier caso, el doble que en 2012. A su turno, un 61% está de acuerdo con que en Chile los establecimientos públicos de alta exigencia seleccionen a los estudiantes por sus méritos académicos, lo cual habla de la pervivencia, también, de una ética meritocrática que, en cambio, suele ser declarada muerta por personeros exitosos de las élites académicas y políticas. Por último, en términos político-ideológicos, un 42% de las personas se identifica con el centro, la cifra más alta desde junio de 2006. 27% no sabe o no responde; 18% se declara de izquierda, 13% de derecha. Nuestro espectro político está pues más centrado a nivel de masas de lo que suelen imaginan las élites.

A su turno, en el ámbito valórico personal, existe un amplio consenso en torno a que el aborto debe estar permitido en casos especiales (50%), como son las tres causales, por ejemplo, o bien debería ser una opción para las mujeres en cualquier caso (34%). Respecto de la eutanasia un 58% piensa que debe ser permitida en casos especiales y un 29% siempre. La ola silenciosa que viene cambiando las actitudes sobre estos asuntos a nivel de base de la sociedad no parece haber sido frenada ni revertida por la guerra cultural que se libra en torno de ellos a nivel de las élites doctrinarias.

Preocupaciones privadas

Al mismo tiempo, según muestra la encuesta CEP del mes de julio pasado, la esfera privada se encuentra cruzada por intensas preocupaciones. Un 85% está muy preocupado de que alguien de su familia o el/ella misma sean víctimas de un delito violento (robos, agresión). Lo que más preocupa es ser asaltado/a en casa. De acuerdo con lo que saben los encuestados, un 91% declara que durante los últimos 5 años el tráfico de drogas aumentó en el país; un 49% que lo hizo en su propio barrio, donde un 28% estima que hay bandas de narcotráfico (¡uno de cada cuatro chilenos/as!). Asimismo, un 87% está preocupado o muy preocupado de enfrentar alguna enfermedad grave y no poder pagar los costos no cubiertos por el sistema de salud; 82% de tener una pensión adecuada al momento de jubilarse. Respecto de la educación, un 41% piensa que la violencia escolar es el problema más importante que están enfrentando las escuelas del país. Qué duda cabe; los servicios sociales básicos son percibidos como gravemente deficitarios. Volveremos sobre esto.

En suma, puede observarse -tanto de la encuesta CEP de julio como la de septiembre- que respecto de la esfera privada existe, en general, un clima de relativa satisfacción con las circunstancias personales y familiares propias, al mismo tiempo que hay severas preocupaciones en el orden de la seguridad y del bienestar básico de las personas y su grupo familiar.

Todo esto ocurre dentro de un cuadro cultural típico de sociedades capitalistas democráticas contemporáneas con fuertes procesos de secularización, pero, a la vez, de individuación y con una conciencia social que mantiene elementos religiosos o animistas conjuntamente con una creciente liberalización de la moral individual.

A la vez, ese cuadro se halla cruzado por preocupaciones existenciales (malestares, frustraciones, agobios, resentimientos, etc.) debidas, antes que todo, a la inseguridad hobbesiana (frente a la delincuencia violenta, robos, agresiones físicas), a la que se suma un temor en ascenso al narcotráfico y el crimen organizado, que las encuestas muestran ha comenzado a penetrar los barrios y mundos de vida cotidiana de una porción en aumento de la población. Sin duda, este parece ser el fenómeno más decisivo que condiciona la esfera privada, operando con la fuerza de una propagación infecciosa.

Preocupaciones público-políticas

Por el lado de la polis, esto es, de la esfera pública, que habitualmente se halla más distante de los temas cotidianas de conversación y discernimiento propios de la opinión pública encuestada, el CEP confirma que un 65% de las personas se muestra nada interesado o no muy interesado en la política; 11% muy o bastante interesado y 23% algo interesado. Este fenómeno de relativa despolitización se observa hace rato y debería preocupar ante todo a la élite política -partidos, parlamentarios, agentes públicos, movimientos de derechos y de causas de interés público, intelectuales públicos, think tanks ideológicos, etc.- que, sin embargo, como vemos en los días que corren, permanece impasible mientras camina hacia su propia destrucción.

En cuanto a cuáles deben ser los tres temas de mayor preocupación para esta élite y el gobierno de Boric, la reciente encuesta indica que son: delincuencia, asaltos, robos (57%); narcotráfico (33%) y pensiones (32%). Siguen salud, educación, corrupción e inmigración. Tal es el contundente mensaje que surge desde la sociedad, los hogares y las personas en la esfera privada.

A su vez, la situación económica del país es percibida por la mayoría como mala y muy mala (50%), mientras la considera ni buena ni mala (40%) y buena o muy buena apenas un 10%. La expectativa de que mejore en los próximos 12 meses llega a 20%; 47% considera que no cambiará y 20% que empeorará. Por ende, prima en general la idea de que el país macro está estancado (55%), mientras un 29% piensa que está en decadencia y un 15%, por el contrario, que está progresando. Es una percepción -presente y de futuro- de escaso crecimiento, ralentización y falta de vitalidad, que los medios de comunicación y los gremios empresariales se encargan diariamente de reforzar.

En cuanto a la situación política del país, un 58% piensa que es mala o muy mala y un 32% que no es ni buena ni mala; es decir, un 90% se halla disconforme con esta vital actividad para la democracia y su gobernabilidad.

En el campo público institucional sólo reciben mucho o bastante confianza (entre 59% y 51%) la PDI, las universidades, los carabineros y las FF.AA.A continuación, en orden descendente, se ubican las radios, los sindicatos, los diarios, el sistema de salud y las municipalidades. En el extremo más bajo (con menos de 15% y hasta un 3%) aparecen la TV, las redes sociales, el sistema de pensiones, el Congreso y los partidos políticos. Luego, puede decirse que mientras los aparatos coercitivos del Estado gozan de relativo prestigio y confianza, los agentes directamente políticos y comunicativos de la esfera política se han depreciado seriamente.

La encuesta CEP de julio pasado, que sirve para complementar este cuadro, agrega que un 69% de la población piensa que la corrupción se extiende a mucha gente y a casi todas las personas, hallándose particularmente extendida (63% a 50%) en el Congreso, Gobierno, Tribunales de Justicia, fundaciones y Ministerio Público. Los tres poderes del Estado están pues aquejados de un mismo principio de deslegitimación, que en estos días se profundiza por el verdadero carnaval de acusaciones entrecruzadas que se discuten en el Parlamento, frecuentes errores político-comunicacionales del gobierno y la seria crisis que afecta al Poder Judicial. Sólo parecen salvarse, aunque no completamente, Carabineros, FF.AA. y PDI que exhiben entre un tercio y un 29% de percepción de corrupción en este fatídico ranking.

Por último, un 52% declara estar de acuerdo con la frase “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, mientras un 27% lo está con la frase “a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario”, y un 15% concuerda con la frase “en algunas circunstancias, un régimen autoritario puede ser preferible”.

En suma, desde el punto de vista de la escena pública chilena, las dos encuestas recientes del CEP -de julio y septiembre pasados- muestran un estado de avanzada despolitización, una percepción de estancamiento económico macro del país, una fuertísima desconfianza hacia las instituciones y una extendida enajenación de la ciudadanía respecto de los tres poderes del Estado que gozan de escasa adhesión popular. Todo esto gestionado por una democracia debilitada y una clase política altamente polarizada e inefectiva.

Parece claro, entonces, que existe en Chile una cada vez mayor separación entre una sociedad atravesada por múltiples preocupaciones y demandas de seguridad en una esfera privada donde se acumulan además otras preocupaciones y una esfera pública centrada sobre sus propias querellas que no logra asegurar gobernabilidad. Está brecha, veremos de inmediato, tiene un potencial importante de conflictos e inestabilidad.

Dinámicas público-privadas

Efectivamente, al considerar las dinámicas presentes en ambas esferas -individual-familiar dentro del ámbito privado por un lado y, por el otro, pública, propia de la polis (política) y la civitas (comunicación masiva y encuestas de opinión)- se encuentra uno con varias situaciones que contribuyen a definir el actual estado de cosas.

Primero, una brecha de percepciones y modos de comprensión entre ambas esferas -familiar-privada y público-ciudadana- que da lugar a conflictos de distinta naturaleza y se expresa por una enajenación mutua que corre en sentidos contrarios. Conflictosentre las condiciones materiales de la vida personal y material hogar, por un lado, y, por el otro, los discursos e interpelaciones ideológicas; unos llevan a estrategias micro-familiares de ajuste a recursos y oportunidades disponibles, los otros conducen al espectáculo de la polarización y actualmente al nuevo ciclo de escándalos.

Doble enajenación, en seguida, que corre en sentidos opuestos. Una enajenación corre de lo privado hacia lo público, adoptando diversas formas de anomia (desintegración, resistencia, cálculos de conformación, cinismo, rebeldía, uso táctico de las normas, etc.). La otra corre de la esfera pública (cívico-política) hacia la esfera privada de la gente, dando lugar a variados fenómenos de alienación de la política, tales como narcisismo de lo público, crisis de las élites, brecha entre la oferta de los partidos y las necesidades y demandas de la gente, ingobernabilidad de expectativas, lucha entre la clase política y el pueblo desprovisto de representación y así por delante. Puesto en perspectiva del aniversario del 18-O, se habla -a propósito de esta doble enajenación- de las latencias de un nuevo estallido social y los medios de comunicación andan a la caza de vestigios del octubrismo o de sus lejanos ecos (que la propia encuesta CEP de septiembre pasado mostró que la gente ya desechó).

Segundo, desde otro ángulo, se observa una conflagración cada vez más intensa -aunque sorda y subterránea- entre un creciente liberalismo valórico cultural de masas en la esfera privada y un iliberalismo emergente en la esfera pública cívico-política. Aquel acompaña a las sociedades capitalistas de consumo masivo en la esfera individual-familiar privada y, este otro, a la desintegración del orden tradicional basado en una jerarquía de autoridades. Ambos principios entran fácilmente en contradicción; lo privado se autonomiza, lo público se vuelve autoritario y coercitivo.

Tercero, la divergencia entre las esferas público-estatal y privada-cívica admite también una aproximación de economía política. Cual es, que la incapacidad del Estado para crear y asegurar arreglos institucionales que hagan posible la provisión de los servicios sociales esenciales -como salud, previsión, educación, vivienda y transporte- moviliza corrientes cada vez más fuertes de demandas privadas. Esto resulta especialmente evidente en sociedades capitalistas “en desarrollo” que, habiendo logrado expandir la base material de la existencia para vastos sectores de la sociedad, como ocurrió en Chile entre 1990 y 2010, luego no están en condiciones de responder a las nuevas, masivas, demandas de los grupos emergentes.

En regímenes democráticos abiertos a las manifestaciones de protesta, estos grupos poseen la capacidad de movilizar un amplio potencial de descontento y de llevarlo a las calles. Qué duda cabe, esto explica en medida importante el estallido social chileno del 18 de octubre de 2019. En efecto, este puede ser leído e interpretado como una arrolladora protesta en contra de las fallas en la provisión de servicios públicos-sociales esenciales, alimentada por las altas expectativas de esa población emergente al estatus de clases/estratos que además reclaman reconocimiento de su dignidad, mayor participación en los beneficios de la modernidad y más seguridad y bienestar.

Ahora que se cumplen cinco años de dicho estallido -protestas masivas + violencia anárquica, elemento este último que aquí no se analiza- es importante detenerse en ese aspecto de la ecuación del orden que mira al bienestar básico de la población y no sólo a su seguridad física frente a la violencia criminal. O sea, a la dimensión marshalliana del Estado de derechos sociales (Estado de bienestar) y no sólo a la dimensión estatal hobbesiano-schmittiana.

Cuarto, por último, podemos adelantar aquí una hipótesis adicional de interpretación de las complejas dinámicas y disyunciones público-privadas en la sociedad chilena actual, que adquiere gran importancia de cara al próximo futuro de las luchas programático-electorales.

En efecto, cabe conjeturar que la vida familiar-privada se ha ido convirtiendo de manera creciente en un refugio y sostén de los individuos frente a las exigencias de la dura lucha por la vida en un capitalismo democrático semidesarrollado. Es un ámbito de protección para aquella parte mayoritaria de la población con fuertes expectativas mesocráticasque ha dejado atrás la pobreza multidimensional como problema/preocupación prioritaria -aunque subsiste en un no-despreciable 17% de la población (Casen, 2022). Como sea, esta mayoría emergente prioriza la provisión (estatal y no-estatal) de servicios esenciales en las dimensiones de seguridad y bienestar, movilizándose tras principios de libre elección, mínimos universales garantizados y esquemas mixtos de atención.

Combinar estos principios, reflejándolos adecuadamente mediante políticas e instrumentos, es el principal desafío de la gobernabilidad presente y futura de nuestra sociedad. Hoy mismo está en juego en las reformas de la salud, la previsión y el financiamiento estudiantil de la educación superior.

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