Buscando caminos para abordar esta situación dramática, agravada por la pandemia, realizamos una investigación reciente titulada “Las llaves de la educación”. Allí estudiamos la mejora de los sistemas educativos en América Latina. Al comparar los indicadores educativos durante un período de 15 años en 486 sistemas educativos subnacionales de seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) encontramos 12 casos que mejoraron la calidad de los aprendizajes de manera sostenida en el tiempo.

Una síntesis de esta investigación indica que los casos de mejora sistémica se explican por la creación de una plataforma de gobierno de la educación que integra cuatro dimensiones:

• Otorgar una prioridad política real a la educación aislándola de las batallas partidarias de corto plazo.
• Conocer el sistema educativo en profundidad y escuchar a docentes, alumnos y familias para generar acciones incrementales ante problemas complejos y no soluciones de shock.
• Medir los resultados de cada escuela para detectar caso por caso los problemas y combinar incentivos a la mejora con apoyo pedagógico y curricular.
• Los incentivos y el apoyo solo funcionan sobre la base de la confianza y la legitimidad de las políticas, no por imposición o a la fuerza.

Nuestro estudio indica que es muy difícil lograr mejorar a escala sistémica, pero no imposible. Hay que combinar la evidencia científica con una obsesión por la mejora para lograr que nuestros alumnos aprendan más y mejor.

Chile es un gran ejemplo para la Argentina en este sentido. Sus resultados educativos son claramente superiores a los del resto de América Latina, tanto en inclusión como en calidad de los aprendizajes.

La mejora de Chile no se basa en el modelo de mercado de los vouchers educativos. Los estudios más serios sobre Chile indican que los vouchers generaron más desigualdad y no explican la mejora de los resultados. Al contrario, los resultados mejoraron como consecuencia de las políticas públicas con un rol muy activo del Estado. En Chile se logró garantizar durante treinta años un aumento del presupuesto educativo que paga salarios docentes muy superiores que en la Argentina. Se garantizó la jornada escolar completa para casi la totalidad de las escuelas públicas.

Al contrario de lo que a veces se cree, en Chile las regulaciones y el rol del Estado son mucho más fuertes que en la Argentina. El currículum es un mapa detallado de lo que hay que aprender, más riguroso, claro y actualizado que en nuestro país. Esto se complementa con las pruebas SIMCE, que generan una poderosa regulación curricular, y por los libros de texto que el Estado compra y distribuye gratuitamente a todos los alumnos del país desde hace décadas.

El caso de Chile devela una obsesión social y política por la educación. El mejor ejemplo de su agenda educativa desnuda nuestra mayor falencia: la carrera profesional docente. En la Argentina esta temática ha sido un tema tabú que los gobiernos no han logrado o querido abordar. Las regulaciones vigentes vienen de la década de 1950 y expresan un modelo en el cual solo se mejora el salario por antigüedad o por escalar a cargos directivos.

En Chile la reforma de la carrera docente lleva ya más de dos décadas. Esto comenzó con acuerdos con el sindicato docente y una visión de la importancia de prestigiar a los maestros y profesores como única salida hacia el futuro.

La reforma más valiosa

Luego de varias capas de reformas, la más importante fue impulsada en la segunda presidencia de Michelle Bachelet en 2017: el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. La reforma definió etapas de especialización que se atraviesan mediante una serie de pruebas rigurosas y sofisticadas que miden las competencias docentes.

La carrera docente permite un crecimiento salarial notable sin dejar las aulas. Esto se combinó con una disminución del tiempo frente a alumnos de todos los docentes para garantizar el trabajo pago de planificación didáctica, corrección y reuniones con alumnos y familias.

En Chile está claro que es necesario prestigiar y hacer más atractiva la docencia. Las pruebas para ingresar a la formación docente son el gran termómetro del futuro del país: se busca que los candidatos lleguen con las mejores calificaciones previas para empezar una formación rigurosa para un trabajo complejo que requiere competencias científicas profesionales.

En la Argentina, la carrera docente no ha sido modificada en casi ninguna provincia de manera sustancial. El cambio debería ser integral: durante muchos años hay que mejorar los salarios, aumentar la exigencia en la formación y crear etapas de especialización profesional con capacitación gratuita para permitir el ascenso basado en el mérito. Solo así serán posibles los cambios necesarios del sistema educativo.

El punto de partida actual es grave: en la Argentina faltan docentes en muchas provincias en el nivel primario y en muchas materias del secundario. Esto requiere medidas urgentes, pero también un plan a largo plazo para potenciar la docencia y hacerla más atractiva como profesión.

El caso de Chile nos enseña dos cosas que están demasiado alejadas del debate educativo en nuestro país. La primera es la necesidad imperiosa de sensatez en la visión de la mejora de la educación. Chile no mejoró por el mercado, mejoró por fuertes políticas públicas en un sistema educativo mucho más regulado que el argentino con más inversión pública, más eficiente y equitativa (en la educación básica, no en la educación superior, donde Chile tiene grandes deudas pendientes).

Chile mejoró porque se concentró en medir la calidad y en apoyar a cada escuela y cada docente para lograr avanzar. Lo mismo ocurrió en los sistemas subnacionales que mejoraron, como Ceará y Pernambuco en Brasil. Lograr esto a escala sistémica es el gran desafío que tiene nuestro país en un contexto federal en el que hay que combinar la autonomía provincial con un rol activo del Estado nacional.

Lo segundo es que para modificar algo tan complejo como la carrera docente se requieren grandes acuerdos y una visión de largo plazo. La reforma de Bachelet fue sostenida por el gobierno de derecha de Piñera que le siguió y por el de izquierda de Boric que vino después. Esto es parte de un gran consenso educativo que en nuestro país está ausente.

La Argentina hoy está en la vía opuesta a las lecciones aprendidas de los casos de mejora sistémica. El gobierno nacional está aplicando un fuerte recorte del presupuesto educativo en medio de una crisis social y económica. Justamente cuando más se necesita de la educación menos recursos recibe. Los maestros tienen que atender cada vez más demandas sociales con un salario deprimido y al cual se le eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que representa un 10% del salario aproximadamente) que había comenzado en 1999 y había continuado todos los gobiernos desde entonces. Se han caído o demorado programas de becas, horas adicionales de clases y libros de texto.

Las universidades y el sistema científico están viviendo una crisis de financiamiento que impactará en el futuro de los profesionales que están en formación y en las posibilidades de potenciar el conocimiento como base de crecimiento del país.

Esto se suma a una discusión inédita sobre el valor de la educación pública, que amenaza las raíces más básicas de los consensos sociales sobre cómo se logra el desarrollo y la equidad en el mundo contemporáneo. Algunos discursos y opiniones del gobierno nacional no solo lanzan un manto de sombras sobre la educación pública, sino que también hace difícil cualquier acuerdo sostenible para las transformaciones necesarias del sistema educativo.

Cuanto más fuerte es la discusión ideologizada en el corto plazo más se aleja de las aulas reales donde circula el aprendizaje. Los niños necesitan más que nunca de adultos que se pongan de acuerdo de manera seria para lograr soluciones basadas en la evidencia, en las necesidades más profundas del sistema educativo y en una visión consensuada del futuro del país.