En medio de un nuevo día de protestas, declaraciones de dirigentes estudiantiles, análisis de prensa y opiniones.
Eloísa González: “El día de hoy marca una nueva estrategia del movimiento estudiantil”
radio.uchile.cl, 23 de agosto de 2012
En entrevista con Radio Universidad de Chile, la vocera de la ACES dijo que los secundarios buscarán ampliar el movimiento a comunas que no habian participado y que los próximos pasos deben dejar claro que “la clase política y la institucionalidad” no han respondido a sus demandas: “Ellos desean una mayor aprobación, pero no la van a conseguir si no resuelven pronto los conflictos”, advirtió.
La vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Eloísa González, calificó este jueves como “sumamente exitosa” la convocatoria a paralización nacional y marchas en distintas comunas de la región Metropolitana.
En entrevista con la segunda edición de Radio Análisis, la dirigente relató que “al igual que el resto de las marchas, acá en Ñuñoa se agruparon cerca de tres mil estudiantes secundarios y universitarios junto a sus profesores y familias”.
La estudiante del Liceo Manuel de Salas relató que se realizó una marcha hasta Plaza Ñuñoa, donde se realizaron actividades culturales. “Posteriormente decidimos hacer una asamblea en el Pedagógico, por lo que fuimos marchando junto a los compañeros. En ese entonces fue cuando Carabineros actuó con violencia, reprimiendo. Estoy en el lugar de los hechos observando cómo están golpeando a los compañeros y reprimiendo a los estudiantes”, dijo.
Asimismo, Eloísa González sostuvo que “el día de hoy marca una nueva estrategia por parte del movimiento estudiantil, secundario en particular, que tiene que ver con ampliarse a las comunas y distintos sectores, espacios que no habían estado participando. Las mismas familias, trabajadores y profesores, por ejemplo. La radicalización es eso: una ampliación hacia otros sectores para que participen de las demandas y los movimientos actuales. En ese sentido, creemos que los próximos pasos a seguir deben dejar en claro que el conjunto de la clase política y la institucionalidad no han sabido responder. Ellos desean una mayor aprobación, pero no la van a conseguir si no resuelven pronto los conflictos”.
En esta línea, la vocera de la ACES señaló que “las únicas señales” que han entregado las autoridades han sido desalojos violentos, represión a las distintas marchas “y el silencio profundo respecto a las propuestas que hemos estado entregando”. Entre ellas, destacó la que entregó la propia ACES hace cuatro meses.
Respecto al llamado hecho por el Gobierno a tener mayor confianza en la institucionalidad, Eloísa González respondió que “si desean encontrar nuevamente la confianza tienen que estar observando más de cerca lo que está ocurriendo en Chile. Aquí existe un mínimo porcentaje de apoyo a los partidos y a la clase política en su conjunto, lo que nos da a entender que las gestiones que ha estado haciendo el Gobierno actual y los gobiernos anteriores han sido completamente insuficientes para las demandas que emanan desde la misma sociedad”.
Finalmente, afectada por el actuar de Carabineros en el sector donde se encontraba, la dirigenta estudiantil hizo un llamado a evitar la violencia y añadió que “la ciudadanía juega un rol fundamental, que tiene que ver con que se deben construir las propuestas en conjunto con la ciudadanía y que solamente así se puede dar una salida”.
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Propuestas para terminar el recreo del gobierno y la clase política
La agenda para transformar la educación que los secundarios defienden en la calle
En una de las semanas más convulsionadas del año, hoy salen a movilizarse en una marcha convocada por la ACES. Han recibido apoyo de la ciudadanía, también críticas. Sin embargo, los escolares no sólo han encendido las mañanas con tomas, encadenamientos, desalojos y otra vez tomas. También han presentado propuestas sólidas y técnicas sobre la mesa. Aquí varios expertos las desmenuzan y analizan, y coinciden en que el gobierno debería abrir sus puertas para escucharlas antes de hacer un gallito político con los adolescentes.
por Alejandra Carmona, El Mostrador, 23 de agosto de 2012
Los secundarios volvieron a la carga con una imagen que se podría endurecer en las próximas semanas: tomas, desalojos y varias autoridades reclamando. “Creo que llegó el momento en que los jóvenes entiendan que hay otros caminos, la gente está cansada, está indignada, estos jóvenes no están representando a la opinión pública, a los padres”, señaló el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.
Sin embargo, los jóvenes han sistematizado no sólo sus reclamos, sino también opciones y alternativas para cambiar nuestro sistema educacional que es el que más segrega por clase social en el mundo.
El lunes, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) publicó un compendio con demandas y propuestas con una síntesis de las transformaciones que piden para fortalecer la educación pública. “Es nuestra vía de solución para la problemática de la educación en Chile. No venimos como eruditos a mostrar el camino”, recalca Carlos Alarcón —encargado del equipo asesor técnico de la CONES y estudiante del Instituto Nacional—, quien ha trabajado con otros compañeros en el documento que aún está en etapa de socialización y luego del debate ciudadano, tendrá una versión definitiva la próxima semana. Esta será entregada al Mineduc, a La Moneda y al Congreso.
Ya hace cuatro meses, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) había hecho lo mismo y entregaron un documento al ministro de Educación, Harald Beyer, y al alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Estas ideas están articuladas en torno a tres ejes centrales: gratuidad del pase escolar, reconstrucción posterremoto de los liceos; y el punto más importante: un sistema gratuito, de calidad y con control comunitario. “Con este sistema se busca reforzar la educación pública y la educación en su conjunto, entendiendo que los países más avanzados tienen el control comunitario, donde la gente participa en el proceso de educación del individuo, por ejemplo, los profesores, paradocentes, apoderados y hasta sindicatos que están cerca del colegio”, explica Pablo Toro, vocero de la ACES. La Asamblea está trabajando en reforzar estas demandas y —con la colaboración de docentes de la Universidad de Chile— el sábado pasado trabajaron especialmente en el tema de control comunitario.
Expertos de diversos ámbitos analizaron las propuestas de los secundarios y la posibilidad de que sean escuchadas y aplicadas.
AGENCIA NACIONAL
Una de las propuestas a la que hace alusión el planteamiento de la Cones es la creación de una Agencia Nacional de Educación Pública, una institución encargada de la gestión financiera, pedagógica y administrativa.
El sociólogo e investigador del área de política educativa de Educación 2020, Manuel Sepúlveda, cree que esta propuesta, que plantea una administración descentralizada que cuente con los recursos necesarios bajo un nuevo sistema de financiamiento —más allá de la discusión en particular—, es un planteamiento serio “que debe ser incluido en el debate sobre desmunicipalización que en algún minuto debiere retomarse en el Congreso”, explica Sepúlveda.
Para Marco Kremerman, economista e investigador de la Fundación Sol, este punto defendido por la Cones es interesante porque junto con ubicar a la educación pública en un lugar central del sistema educativo, también promueve la descentralización. “Considera necesidades educativas propias de cada zona del país, y cambia el eje del financiamiento a las escuelas, pasando del financiamiento por asistencia a un financiamiento por matrícula, lo cual es un primer paso, para superar el sistema de voucher, ya que parece más adecuado un financiamiento por aula y tamaño de escuela”.
Para el director ejecutivo del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Ernesto Treviño, la creación de la Agencia Nacional de Educación Pública y su organización parece una idea “brillante teóricamente”. Dicha agencia se encargaría de todos los niveles educativos desde inicial hasta media, y velaría por la coordinación de los mismos. “Me parece una alternativa mucho más elegante y elocuente que la propuesta que está en el Congreso que, más bien, representa una municipalización parchada. Si bien creo que esta no sería aceptada por el gobierno y una parte de la Concertación, se trata de una propuesta de solución simple, con jerarquización directa y funciones ejecutivas claras”, señala Treviño y agrega: “En temas de institucionalidad, la organización que se propone de las distintas agencias, superintendencias y el consejo nacional de educación es adecuada y simple. Sin embargo, falta ver las interacciones que deben ocurrir entre dichas instituciones y, también, con el Ministerio de Educación”.
FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
Otro punto que valora Manuel Sepúlveda de la propuesta de la Cones es la idea de terminar con el financiamiento compartido. Según Sepúlveda, el financiamiento compartido (o copago) es un elemento que contribuye a la segregación de nuestro sistema escolar. Chile es el país de la OCDE con mayor segregación en sus escuelas. “Es decir, en nuestro país hay escuelas para ricos y escuelas para pobres. Por lo tanto, es urgente avanzar hacia un sistema más integrador, en donde la educación escolar obligatoria sea gratuita. La propuesta de la Cones recoge esta demanda, cuestión que no ha hecho el gobierno”.
Igualmente Kremerman comparte la idea de eliminar de forma progresiva el financiamiento compartido y congelar la creación de escuelas particulares subvencionadas. “La Educación Pública hoy sólo representa el 35% de la matrícula total, situación que no permitiría ningún país que aspira al desarrollo (promedio OCDE es 90%). Se propone invertir una gran cantidad de recursos para recuperar el sitial de la Educación Pública en términos cuantitativos y cualitativos, lo cual es urgente, pero junto a ello se propone regular a la escuelas particulares que reciben subvención del Estado, quienes pueden lucrar, cobrar aranceles y seleccionar a los alumnos, lo cual también es urgente detener”, señala el economista.
Treviño destaca que la inmensa mayoría de los investigadores educativos en Chile concuerdan que se trata de una política que incrementa la segregación y produce desigualdades en el financiamiento por alumno, favoreciendo a aquellos con mayor capacidad de pago. “Sin embargo, es difícil que este gobierno genere medidas que tiendan a disminuir este mecanismo”, opina Treviño, quien enumera dentro de las fortalezas la propuesta de homogeneizar el gasto por niño en las instituciones financiadas por el Estado, “y las normas y exigencias para todos los establecimientos de este nivel. Actualmente, a causa de la institucionalidad compleja y débil, conviven en el sistema distintas condiciones de financiamiento y calidad que generan desigualdades”.
El documento de la Asamblea Coordinadora de estudiantes Secundarios explicita el fin al lucro, mayor control y fiscalización a los establecimientos particulares subvencionados y de educación superior que reciben fondos del Estado. “No proponemos, en lo inmediato, la eliminación de las escuelas particulares subvencionadas”. Sin embargo, condiciona su existencia y funcionamiento a varios requisitos, entre ellos el fin a la selección escolar, terminar con todo tipo de cobros a las familias (financiamiento compartido) y respeto a los derechos laborales.
Manuel Sepúlveda destaca, por otra parte, la propuesta de Reforma Docente; y expresa que, si bien se plantean cuestiones más generales, la idea de contar con salarios más altos, un nuevo sistema de evaluación y un plan de formación continua para todos los docentes del sistema —es decir, colegios públicos y particulares subvencionados— es un elemento fundamental. “El actual proyecto de Carrera Docente, pese a que entrega recursos a todos los colegios subvencionados, sólo pone exigencias a los establecimientos municipales, lo que es un duro golpe a la Educación Pública”, califica Sepúlveda.
CON LA COMUNIDAD
De los tres ejes que contiene la propuesta de la ACES, el punto más importante es aquel que dice relación con tener un sistema gratuito, de calidad y con control comunitario. “Se propone un sistema escolar gestionado descentralizadamente por organismos educativos estatales con participación de la comunidad como reemplazo al actual sistema de educación municipalizada”, describe el documento entregado en mayo.
“Es muy interesante la propuesta de descentralizar hacia las escuelas con participación de la comunidad. Así ocurre en el modelo neozelandés”, comenta Treviño, aunque considera que podría haber inconvenientes tomando en cuenta que las comunidades más pobres tienen escasa capacidad de gestión. “En Nueva Zelanda, estas comunidades reciben apoyos masivos del Estado para igualar sus posibilidades de gestionar eficazmente las escuelas”.
Treviño destaca el esquema de financiamiento de subvención a aportes basales; una propuesta que según defiende “tiene merecimientos”, ya que la educación escolar muchas veces sufre para cubrir sus costos fijos de infraestructura, personal y materiales, dados el bajo monto de la subvención y las restricciones de gasto. “En otros países, como Holanda, el Estado se hace cargo de pagar al personal y la infraestructura, y se asigna una subvención variable por alumno. Dichos sistemas de subvenciones cubren costos variables y su fórmula considera aumentos en el monto de la subvención conforme menor es el nivel socioeconómico de los estudiantes, el aislamiento geográfico y/o la pertenencia a algún grupo indígena”, detalla y también apunta al fondo de recuperación para la educación pública. Esto es una inversión que se realiza una sola vez, para recuperarse del “estado de devastación del terremoto neoliberal”, señala el documento de la ACES.
Respecto a este fondo, Treviño sostiene que “el actual gobierno prometió un fondo de 4 mil millones de dólares para educación, por lo que la demanda parece adecuada, aunque las autoridades nunca mencionaron que dicho fondo fuera exclusivamente para la educación pública”.
El documento de la ACES estima que es necesario cuestionar las mediciones como el SIMCE y la PSU como parámetros para evaluar la educación. En relación a esto, Treviño responde que el cuestionamiento de las mediciones parte de un concepto errado. El aprendizaje medido por pruebas estandarizadas no está en contraposición con la formación integral. “La eliminación de los mecanismos de selección en las universidades es una medida inadecuada. Es cierto que la PSU tiene un sesgo socioeconómico elevado, pero se requiere alguna forma para seleccionar a quienes aprovecharán mejor la educación superior, particularmente la universidad”, resalta Treviño.
El documento de la Asamblea Coordinadora de estudiantes Secundarios explicita el fin al lucro, mayor control y fiscalización a los establecimientos particulares subvencionados y de educación superior que reciben fondos del Estado. “No proponemos, en lo inmediato, la eliminación de las escuelas particulares subvencionadas”. Sin embargo, condiciona su existencia y funcionamiento a varios requisitos, entre ellos el fin a la selección escolar, terminar con todo tipo de cobros a las familias (financiamiento compartido) y respeto a los derechos laborales.
LYD: “Se pide que el Estado garantice una educación de calidad, lo que no es posible
Ante ambos documentos de los secundarios, María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, señala en rasgos generales que se plantea el tema del financiamiento compartido como una mala política pública, pero sin evidencia que avale los dichos. “Por el contrario, la única cifra que dan al respecto (distribución de alumnos por dependencia y nivel socioeconómico) muestra que el sector particular subvencionado sería más heterogéneo que el municipal. Hay una notoria oposición a la provisión privada de educación, aún cuando se reconoce que ésta es más preferida y de mejor calidad. Incluso se propone con liviandad congelar el número de colegios particulares subvencionados, lo que ignora por completo las preferencias que muestran los apoderados y no se hace cargo de las consecuencias que esto traería. El año 1990, el 58% de los matriculados pertenecía al sector municipal mientras que un 32% pertenecía al sector particular subvencionado. El año 2012, los matriculados en el sector municipal han caído a un 39%, versus el 54% del sector particular subvencionado”, señala Arzola.
La investigadora de LyD repara en un tema que ha no sólo de las gargantas de los secundarios, sino que también de los universitarios. “Se parte pidiendo una serie de reformas constitucionales, que en realidad no tienen un contenido claro ni menos aplicable. Por ejemplo, se pide que el Estado garantice una educación de calidad, lo que no es posible, así como tampoco se puede garantizar constitucionalmente la salud plena o un matrimonio feliz. A la Constitución no le corresponde definir qué es una educación de calidad”, señala la investigadora; y se mantiene en el tema: “En otro punto se plantea instituir la libertad de enseñanza acorde al “bien público y no al bien individual”. Al respecto, la Constitución establece en su primer artículo que el Estado está al servicio de la persona y que su finalidad es promover el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Lo que plantean los estudiantes es, por lo tanto, una contradicción.
Arzola suma más comentarios sobre la propuesta de la ACES. “También se pide que la tarjeta nacional estudiantil para el transporte público tenga la misma tarifa en todo el país y durante todo el año. Con esto se desconocen las diferencias que pueden existir en las distintas regiones del país, lo que amerita precios distintos. En cuanto a la labor docente, se pide la “dignificación de la profesión docente”, como si fuese el Estado el que deba llevar a cabo este cambio cultural. La falta de respeto por la autoridad y la paralización agresiva de las clases evidencia que este mismo grupo de estudiantes es el que menos respeto tiene por sus autoridades escolares, tanto director como profesores, y la dignificación de la profesión docente debe partir por ahí. Sobre esta materia, ya se envió el proyecto de ley que crea una carrera docente, la cual mejora sustancialmente las remuneraciones de los profesores y lo más importante, las liga a su desempeño en la sala de clases”.
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Titular del Minsal dijo que estudiantes no están siguiendo a sus líderes
Beyer critica a los dirigentes pero reconoce que “hay una posibilidad real de encauzar el diálogo con los secundarios”

El ministro de Educación salió al paso ante la propuesta que le presentó la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, que incluye como demanda la desmunicipalización, asegurando que “se debe buscar nuevas formas de organización de la educación pública”. “Creemos que hay un punto de encuentro y es primera vez que conocemos un documento donde realmente se invita al diálogo”, destacó el secretario de Estado.
por El Mostrador, 23 de agosto de 2012
El ministro de Educación, Harald Beyer, destacó la propuesta que le presentó la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), que incluye como demanda la desmunicipalización, señalando que “hay un punto de encuentro y es primera vez que conocemos un documento donde realmente se invita al diálogo” y criticó las manifestaciones violentas que, a su juicio, representan a “grupos pequeños que no siguen a sus líderes”.
En ese sentido, el secretario de Estado hizo hincapié en que hay un proyecto de ley en el Parlamento que responde a esa necesidad, por cuanto el actual sistema “no ha producido los efectos deseados y tenemos que buscar nuevas formas de organización de la educación pública”.
“Nosotros bienvenimos aquellas propuestas que buscan una solución distinta, de encuentro y de diálogo, y por eso hemos planteado con claridad que la propuesta de Cones es distinta a lo que hemos escuchado (…) tenemos que esperar que hagan sus planteamientos finales y vamos a ver su hay una posibilidad real de encauzar el diálogo y nos permita avanzar”, reparó Beyer.
Asimismo, subrayó que “no tiene sentido que a un Gobierno elegido democráticamente se le imponga retirar sus proyectos del Congreso y menos que se le diga solamente vamos a aceptar las propuestas que nosotros estamos planteando”.
Incidentes
Los incidentes se desataron hacia el final de más de una docena de marchas que comenzaron bajo la lluvia y cuyo denominador común fue la convergencia hacia los municipios y la entrega a los alcaldes de las demandas estudiantiles, en el marco de un paro nacional convocado por los alumnos de secundaria.
Hoy, después de que millares de jóvenes distribuidos en por lo menos catorce marchas no autorizadas desfilaran pacíficamente en la capital durante unas dos horas, estallaron incidentes en el centro de Santiago y también en torno a la alcaldía del municipio santiaguino de Providencia.
En el centro, los disturbios surgieron tras una manifestación que reunió a más de 3.000 jóvenes en la Plaza de Armas, frente a la alcaldía, cuando algunos grupos pretendieron marchar por la Alameda Bernardo O’Higgins y algunas calles aledañas. Tras un par de advertencias por altavoces, la policía disolvió con chorros de agua y gases a los jóvenes, que respondieron con piedras y otros proyectiles.
En Providencia la situación fue similar, aunque en este caso la policía arremetió contra unos 5.000 jóvenes congregados frente al municipio antes de que pudieran entregar sus demandas en la alcaldía.
También hubo presencia masiva de jóvenes en los sectores de Ñuñoa y Maipú, en Santiago, así como en algunas ciudades como Valparaíso y Valdivia, entre otras. Hacia las 14:00 horas no se había informado de lesionados o detenidos y las autoridades policiales calificaron los disturbios como aislados.
Al respecto, el portavoz del gobierno, Andrés Chadwick,dijo que “se trata de grupos chicos” y consideró que las movilizaciones “ya tienen muy cansado al país”.
El Mostrador / EFE
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Revolución de los secundarios: Así se discute el llamado a funar las elecciones municipales
22 de agosto de 2012 – 07:14 | Por: Equipo El Dínamo
En medio de la ola de tomas a los establecimientos de la RM y de los preparativos de la marcha convocada por los secundarios para este jueves 23 de agosto, los dirigentes delinean cómo se materializará la anunciada funa a las elecciones de octubre. Un debate que sigue abierto y que parte de la Confech mira con distancia.
El panorama será más o menos el siguiente: el día viernes 28 de septiembre se iniciará oficialmente el periodo de campañas electorales de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de octubre. Esa misma jornada los comandos de cada uno de los candidatos a alcaldes y concejales saldrá a la calle a pintar muros y a desplegar propaganda. Acto seguido, brigadas de estudiantes secundarios se estrenarán como muralistas para tapar los vestigios de los candidatos a los gobiernos comunales, poniendo en su reemplazo consignas con el llamado a no participar en el proceso eleccionario.
Esa es solo una de las variadas acciones que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Aces, está preparando en marco del llamado a ‘funar’ las elecciones municipales que desde hace meses anunció la vocera de la Aces, Eloísa González.
La amenaza de los secundarios contra las elecciones municipales se hizo pública cuando un grupo de estudiantes interrumpió el desfile de las Glorias Navales con un lienzo con la consigna “ni traidores ni electorales, funemos las municipales. Y fue refrendada luego por Eloísa González en entrevista con este medio.
Para algunos se trataba solo de una frase grandilocuente en boca de la más mediática de las dirigentes secundarias. Sin embargo, la ola de tomas en los colegios de la Región Metropolitana que desde la primera semana de agosto se tomó la agenda de los medios de comunicación y un nuevo llamado a manifestarse este jueves 23 de agosto, dejó en claro que los estudiantes secundarios van a la acción. Y que las municipales serán su próximo blanco mientras el Ejecutivo no acoja sus demandas.
La posibilidad cierta de que el mes de septiembre se avecine los secundarios en la calle manifestándose contra las elecciones es vista con preocupación y distancia tanto por la clase política como por un sector de los propios estudiantes.
En este escenario la Confech aparece horquillada, pues no quiere aparecer públicamente contra los secundarios. De hecho, este fin de semana la vicepresidenta de la Fech, Camila Vallejo, justificó las tomas de establecimiento, asegurando que fue el propio gobierno el que empujó a los estudiantes a estas acciones al no escuchar sus demandas.
En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), Noam Titelman, explica que la postura de la Aces “es válida” y que el apoyo a la medida “es una discusión que tiene que darse al interior del movimiento estudiantil”.
“Como Feuc creemos que es fundamental que a través del voto los políticos sepan que no existen asientos con nombre y apellido, y que desde una mirada crítica juzguemos los programas de los candidatos, sin una lealtad mal entendida que significa votar por cualquiera solo por pertenecer a un bloque político”, aseguró Titelman.
Sin embargo, a nivel interno son varios los que discrepan de las posturas más radicales de los secundarios. Y así quedó en evidencia en la última cita de la Confech, donde varios cuestionaron el resultado de la marcha no autorizada convocada por los secundarios que terminó con fuertes hechos de violencia, que tuvieron su corolario en la quema de tres buses del Transantiago.
Funar o llamar a no votar
En conversación con El Dínamo diferentes sectores al interior de la Confech aseguran que el llamado a la funa no tiene mayores simpatizantes en el órgano estudiantil universitario ni en las otras organizaciones de estudiantes secundarios, ya que si bien existe un “sentir generalizado” de radicalizar y aumentar las manifestaciones, aseguran que la funa no sirve, ya que “trasgrede la capacidad democrática que tienen todas las personas”.
Otros sectores afirman que una mejor opción a la idea de la Aces sería “llamar a no votar”, ya que podría ser un “golpe” más elocuente considerando el cambio del padrón electoral luego de que se aprobara la inscripción automática y el voto voluntario.
González: “la idea es que se solucione primero el conflicto”
Al referirse al llamado a funa a las elecciones, Eloísa González, asegura que el movimiento apuesta a una solución a sus demandas. “Nuestra idea no es boicotear las elecciones municipales: la idea es que primero se solucione el conflicto”, dice la estudiante secundaria.
González explica que la acción “es un emplazamiento a la autoridad para que entiendan que si no son capaces de solucionar el conflicto, nosotros cumpliremos con la funa”.
“Hay un gran descontento con la clase política actual y los grupos estudiantiles y sociales que se están uniendo a la funa entienden que la solución al conflicto ya no se da a través del voto, sino que de un cambio profundo a través de las organizaciones populares”, dice González.
Según la estudiante, “la educación está como está por responsabilidad del bloque político que gobierna, desde los partidos políticos tradicionales hasta nuevos referentes, los que son cómplices de la inoperatividad por parte de las autoridades”.
En tanto, para otro vocero de la zona centro de la Aces , Pablo Toro, el llamado a la funa “es una acción desesperada”.
“Hace cuatro meses entregamos nuestra propuesta y no se nos da respuesta. Ahora en agosto, con la movilización que hemos hecho, por fin los temas están en el tapete y nos gustaría sentarnos a discutir, pero como no hay respuesta no nos queda más que seguir movilizándonos”, afirma el estudiante.
El dirigente aclara que “el llamado a la funa no se entiende como algo violento ni se concentra en el día de las votaciones en particular, sino que es un conjunto de acciones de todas las formas posibles ante todo el proceso electoral”.
Respecto a la dudas que tiene la Confech con el llamado de los secundarios a funar las municipales, Toro dice que “entendemos que hay líneas políticas que trabajan en otros sectores y que no estarán de acuerdo con la funa”. Aun así argumenta a favor de la medida: ”apelamos a que la ciudadanía tome conciencia que no ganarán nada si sale un alcalde u otro, sino que a través de la manifestación”.
Parlamentarios le restan importancia
Diferentes sectores políticos también se han referido al llamado a funar las elecciones municipales. El diputado PPD, Pepe Auth, quien ha criticado públicamente la presión de los estudiantes en la discusión presupuestaria, le resta importancia al llamado de la Aces. “Nunca los llamados a no participar han surtido mucho efecto, es difícil que la gente llegue a pensar que no hay ningún vínculo entre demandas por mejoras por cambios y las elecciones”, sostiene.
A juicio del parlamentario, “no votar para no avalar la institucionalidad es una reinvindicación muy antigua. Antes se hablaba de la democracia burguesa y había quienes se negaban a participar activamente, sin embargo no creo que tenga mucha acogida”.
La idea es refrendada por el diputado y presidente del PS Osvaldo Andrade, quien afirmó que “todas las personas tienen derecho en Chile a tener el comportamiento que les parezca más adecuado en los procesos electorales”.
Respecto al boicot al proceso eleccionario, el diputado afirmó que “soy de la generación de los sobrevivientes del año 73, por lo que de amenazas algo sé y en este caso no me siento amenazado”.
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Educación, radicalización y elecciones
El Mercurio, comentario editorial, 23 de agosto de 2012
Se han reactivado las manifestaciones en torno al tema educacional, primero en el ámbito secundario municipal, y luego en la Universidad de Chile, con 15 carreras en paro y su casa central también ocupada. Sectores radicalizados se han tomado colegios municipales -y los han retomado después de los desalojos por Carabineros-, y por medio de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios han anunciado que estas acciones se extenderán a lo largo del país. Pero, a diferencia del año pasado, un sector mayoritario de los padres y una gran parte del estudiantado rechazan esas medidas de fuerza -incluso en el Instituto Nacional-, aun cuando compartan parcialmente los planteamientos de los dirigentes estudiantiles. Incluso se registran casos de alumnos que tratan de impedir por la fuerza las tomas de sus colegios, y uno de ellos sufrió ayer un grave accidente mientras hacía guardia nocturna con ese fin. Los alcaldes han informado que muchos padres llaman diariamente a las municipalidades para exigir que sus hijos puedan recibir educación, y la sostenida caída en la matrícula de alumnos en colegios municipales es una muestra palmaria de que aquéllos desean evitar que sus hijos se vean expuestos a estas situaciones: este año hubo en ellos 90 mil matrículas menos que en 2011, y los de la comuna de Santiago -según información de su alcalde- están perdiendo alrededor de 20 alumnos por día, a causa de retiros por los apoderados desde que comenzaron las recientes movilizaciones.
En este cuadro, destaca el discurso más enérgico que han tenido algunos alcaldes, especialmente el de Santiago, Pablo Zalaquett, en cuanto a rechazar y exigir la devolución de los colegios, para garantizar el derecho a la educación. Y si bien la movilización estudiantil de 2011 puso en evidencia la urgencia de resolver ciertos problemas de la educación chilena, esa experiencia fue traumática en cuanto a programación académica y destrozo de la infraestructura y la convivencia escolar. Por eso es imperativa una acción resuelta de la autoridad en cuanto a velar, junto a la mayor parte de los padres, estudiantes y profesores, por un clima escolar que garantice el normal desenvolvimiento educacional en Chile.
El derecho a manifestarse pacíficamente para plantear demandas está garantizado en democracia. Sin embargo, en momentos en que un conjunto importante de medidas está siendo discutido en el Congreso, todos los sectores democráticos, cualquiera sea su color político, debieran validar al órgano esencial que sus personeros integran, pues es la instancia de deliberación propia de una democracia. Lamentablemente, en los últimos días -tal como ocurrió el año pasado- algunos sectores políticos, buscando congraciarse livianamente con los movimientos sociales, siguen horadando la legitimidad de la institucionalidad.
Desde esta perspectiva, las próximas elecciones municipales -sin perjuicio de que la discusión normalmente se centre en aspectos locales- ojalá sirvan también para que la ciudadanía exprese en algún grado su posición frente a temas nacionales relevantes, como la educación. Los nueve pactos que compiten reflejan sendas formas de abordar la sociedad. Este debate sobre visiones nacionales ha estado hasta ahora ajeno a la campaña, pero sería deseable que eso vaya cambiando a medida que se acercan las elecciones. No sorprendería que sus resultados terminen indicando que la ciudadanía se inclina mayoritariamente por posiciones razonables, ajenas a las radicales que algunos “movimientos sociales” extremistas buscan mostrar como la realidad que impera en Chile.
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Encuesta de Instituto Libertad y Desarrollo: Un 61% de apoderados rechaza las tomas y paralización de clases

Sondeo también revela que el 62% de los padres cree que la reforma tributaria entregará mayores recursos a la educación.

Sebastián Sottorff, El Mercurio, 23 de agosto de 2012
Una encuesta realizada por el Instituto Libertad y Desarrollo a 1.030 padres y apoderados de la Región Metropolitana concluyó que un 61% de los consultados rechaza las tomas de colegios o universidades como una medida de presión, versus un 33% de personas que considera que este tipo de acción es legítima.
El sondeo telefónico refleja, además, que un 61% de los apoderados cree que las marchas no deberían seguir autorizándose si se generan hechos violentos. En la misma pregunta, sólo un 36% cree que dicha clase de manifestación debería seguir siendo permitida, pues se trata de un derecho de todos los ciudadanos.
María Paz Arzola, investigadora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, cree que los resultados tienen relación con el efecto de las movilizaciones de 2011.
“Después del año pasado, muchos apoderados interpretaron que la paralización de las actividades no se justifica. En ese sentido, existe un consenso en que es momento de tomar acciones diferentes a las tomas”, sostuvo la experta.
La encuesta, realizada hace dos días, evidencia también que un 18% de los apoderados encuestados preferiría matricular a su hijo en un colegio municipal, mientras que un 37% optaría por un establecimiento particular subvencionado y un 45% se inclinaría por uno particular pagado.
“Este resultado se da porque las personas están percibiendo que la educación de sus hijos es también parte de una inversión. De ahí que muchos eligen las opciones pagadas, porque harían el esfuerzo por cancelar una mensualidad”, agregó Arzola.
Apoyo al copago
En cuanto a la reforma tributaria, un 62% de los apoderados (versus un 32%) se declaró a favor de que se permita hacer un descuento al impuesto a la renta por gastos en educación.
Y en relación con el financiamiento compartido, el 59% de los encuestados afirmó que el copago de las familias ayuda a mejorar la calidad de los colegios. De hecho, e independientemente de si lo usa o no, el 57% de los apoderados (contra el 35%) no está de acuerdo con que se elimine este tipo de financiamiento.
Adicionalmente, un 47% estaría dispuesto a pagar sobre $10.000 más de lo que ya paga para la educación de su hijo.
60% de los apoderados encuestados cree que si se producen hechos violentos en una marcha, son los convocantes quienes deberían asumir la responsabilidad económica de los daños.
77% de los padres se declara satisfecho con la educación que entrega el colegio de su hijo y sólo el 18% elegiría un establecimiento municipal.
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El movimiento estudiantil resurge en Chile con mayor radicalidad
Estudiantes de secundaria toman colegios y facultades y convocan para este jueves un paro nacional
Rocío Montes, El País, Santiago de Chile 22 AGO 2012 – 18:04 CET138
La clase política, la ciudadanía e incluso los dirigentes sociales pronosticaban que, después de las protestas prolongadas de los estudiantes en 2011, este año en Chile ya no se verían ocupaciones de colegios y facultades ni paralizaciones académicas en demanda de una educación pública gratuita y de calidad. Hace dos semanas, sin embargo, los estudiantes de secundaria comenzaron a liderar un nuevo proceso de movilización, marcado por tomas de establecimientos y desalojos policiales, y han convocado para este jueves un paro nacional.
La arremetida estudiantil ha reabierto inesperadamente este conflicto social que ha marcado el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, cuya popularidad alcanza un 27% pese al crecimiento económico del 5,5%, de acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dada a conocer el martes. “En el país se escucha mucho ruido, gritos, y la forma de avanzar no es con tomas, violencia ni bombas molotov”, dijo el domingo el jefe de Estado, cuya Administración apostaba por dar respuesta a las demandas estudiantiles a través de diversos proyectos de ley radicados en el Congreso.
Las movilizaciones se agudizaron luego de la marcha del 8 de agosto, que no había sido autorizada por el Gobierno, y que culminó con 75 detenidos, 40 policías heridos y acusaciones cruzadas entre los estudiantes y el Ejecutivo por la responsabilidad en la violencia. Los principales dirigentes dijeron que el incendio de tres autobuses urbanos, que causó pérdidas por valor de unos 650.000 euros, era un “montaje” de La Moneda para desprestigiar al movimiento estudiantil. Días después, sin embargo, reconocieron el error: “Fueron declaraciones vía Twitter muy desafortunadas”, indicó Gabriel Boric, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh).
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La protesta callejera fue el inicio de una oleada de ocupaciones y paralizaciones, fundamentalmente en los establecimientos estatales de mayor tradición. Los jóvenes reclaman un nuevo modelo educacional y pretenden que La Moneda retire del Parlamento los proyectos de ley que no fortalecen el sistema público, como el que permitirá a la familias desgravar impuestos de lo que pagan en educación. Aunque las cifras cambian de hora en hora, hasta este miércoles una docena de colegios estaban movilizados a nivel nacional, la mayoría en la capital. Los estudiantes de la Universidad de Chile, la más antigua del país, paralizaron las actividades académicas en 14 carreras y ratificaron la toma de su sede central, ocupada desde el viernes pasado.
El movimiento ha resurgido con mayor radicalidad, aunque hasta ahora sin la convocatoria masiva de 2011. Actualmente, una de las principales dirigentes es Eloísa González, portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). De 17 años, activista desde los 11, y sin pertenecer a un partido político, ha llamado a boicotear las elecciones municipales de octubre próximo y ha desafiado a las autoridades y al presidente. “Hemos iniciado un nuevo estallido social”, anunció el lunes respecto del paro nacional de este jueves.
El Gobierno, según ha publicado la prensa local, maneja diversas encuestas internas que desvelan que cerca de un 70% de la población no apoya las tomas de colegios y facultades, lo que contrasta con el amplio respaldo social que tenían este tipo de acciones en 2011. Es la razón por la que el Ejecutivo ha actuado con dureza para reprimir las ocupaciones, aunque no ha podido evitar que los establecimientos educativos vuelvan a ser tomados por los estudiantes. El lunes, por ejemplo, en un hecho inédito desde el restablecimiento de la democracia en el país, en 1990, un autobús de Carabineros amaneció en medio del patio del Instituto Nacional, uno de los más importantes del país. Los alumnos, sin embargo, lograron ocupar el edificio pese a la presencia policial. Posteriormente fueron desalojados y 101 estudiantes quedaron detenidos.
La educación sigue siendo una de las principales preocupaciones de los chilenos, de acuerdo con la encuesta CEP. El mismo estudio indica que un 12% de la población cree que el Gobierno lo está haciendo “bien o muy bien” en esta área y un 57% estima que “mal y muy mal”. La investigación desvela que la confianza de la ciudadanía en el movimiento estudiantil bajó de un 35% a un 30% desde diciembre de 2011, pero que su credibilidad es superior a la del Gobierno (23%), el Congreso (10%) y los partidos políticos (6%).
El analista británico Michael Reid, editor para las Américas del semanario The Economist, visitó Chile en marzo para observar el conflicto educacional y su posible extensión hacia otras zonas de Latinoamérica. En una entrevista concedida al periódico La Tercera, indicó que “las protestas masivas de Chile se van a replicar en el resto de la región. Por lo menos en los países que están en una senda de progreso sostenido, como Brasil, Colombia, Perú y, tal vez, México”. “En la medida en que un país tiene progreso social, de clases medias empoderadas y con mayores expectativas, movilizadas por los temas de la calidad de los servicios públicos y la falta de igualdad de oportunidades, tarde o temprano va a tener que enfrentar este fenómeno”, indicó Reid, autor de El continente olvidado.
La protesta del 8 de agosto, según cálculos de la policía, reunió a unos 5.000 estudiantes en la Alameda, en el centro de Santiago. La marcha anterior, la tercera de este año organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), había congregado el 28 de junio a más de 100.000 personas en la capital chilena.