“Le he encargado al ministro de Educación tener especial atención con Atacama”, dijo el Mandatario en Radio Nostálgica. Además, aseguró tener conciencia de las irregularidades y que el tema era “una de sus principales prioridades” desde que visitó la región en agosto de 2022, cuando se reunió con el Colegio de Profesores.

Pero no bastó con anunciar un Plan de Emergencia Educacional ni con las promesas que hizo el Presidente ese día. Hoy se cumplen 56 días de un paro que comenzó por los graves problemas de infraestructura e insumos en los colegios y que tiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases. Una crisis que solo ha profundizado los problemas del Ministerio de Educación que lidera Nicolás Cataldo (PC).

La impresión de él -y que comparten en el Ejecutivo- es que esta es la peor crisis educacional que ha enfrentado la actual administración, pues involucra tres dimensiones. Por un lado, en lo político nuevamente ha evidenciado la falta de manejo estratégico de un gobierno que no logra dominar las peleas de ribetes electorales entre los suyos con la senadora Yasna Provoste (DC) y el diputado Juan Santana (PS) en medio del conflicto. En segundo lugar, en lo educacional, ya que la crisis ha expuesto las debilidades del proceso de desmunicipalización -creado y empujado por varios dirigentes que hoy están en el gobierno, incluyendo a Cataldo-, hasta el punto de dejarlo en vilo con las constantes desprolijidades de los SLEP pioneros -donde está el foco del conflicto-, y las fallas de la reforma educacional. Y, por último, las graves irregularidades administrativas que derivaron de los conflictos anteriores y que gatillaron una contraofensiva del ministro esta semana en la que deslizó que hay actos de corrupción.

En La Moneda están al tanto de la magnitud del conflicto. Durante los últimos días de la semana la Secretaría de Comunicaciones (Secom) coordinó con Cataldo un fuerte despliegue comunicacional para contrarrestar las críticas y asumir mayor protagonismo en la resolución del problema. De dejar todo en manos de la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el director de la Dirección de Educación Pública, Jaime Veas, el ministro tomó el timón. Este, además, ha tenido apoyo del comité político, ya que hay una instancia periódica en la que comparte con los ministros Carolina Tohá (Interior), Camila Vallejo (Segegob) -con quien tiene una relación muy cercana-, Álvaro Elizalde (Segpres) y Mario Marcel (Hacienda). Asimismo, desde que estalló el conflicto, ha estado en comunicación fluida con Boric.

Cuando Cataldo asumió en el Mineduc en reemplazo de Marco Antonio Ávila (RD) el 16 de agosto, la carpeta con los antecedentes y resultados de las auditorías internas que había hecho su antecesor por el SLEP Atacama ya estaba sobre su mesa.

Por ello, el 29 de agosto Vicente Aliaga, jefe de la división jurídica del Mineduc, envió al fiscal nacional, Ángel Valencia, los resultados de la auditoría, “por haberse verificado hallazgos en la gestión que podían revertir caracteres de delito”. También fueron derivados al Consejo de Defensa del Estado y a Contraloría. A su vez, el ministro pidió realizar una auditoría forense que fue licitada y que hará Ossandón Auditores Consultores.

Al poco andar, en La Moneda y el Mineduc entendieron que era infructuoso marcar el punto de que los SLEP funcionan alejados del Ejecutivo. La crisis ya estaba instalada y las acusaciones de ser en parte responsables, también. De ahí que Cataldo sacara la artillería pesada al apuntar a la existencia de corrupción tras los resultados de la mentada auditoría que da cuenta de serias deficiencias.

En el escrito de 155 páginas, al que accedió La Tercera, se señala que en el periodo analizado -1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023- hubo , por ejemplo, “debilidades en el control de los traspasos de recursos entre cuentas corrientes”, con $ 12,6 mil millones no revisados, lo que “podría generar desviación de recursos públicos”. Asimismo, hay traspasos que no cuentan con autorización de respaldo y se da cuenta de 3 mil millones de pesos gastados no rendidos a la Superintendencia de Educación en el Programa de Integración Escolar.

Pero eso no es todo: en el informe se cuenta que a los estudiantes se les entregaron 2.316 giftcards parcialmente utilizadas por terceros, que se contrató a personal y se aumentó grado sin autorización de la Dipres o que se pagaron sueldos con dineros de otros programas.

Tras esas irregularidades hay personas cuestionadas que han debido salir de sus cargos. Se trata de dos militantes del Partido Socialista: el director jurídico, Miguel Carvajal, concejal de Copiapó y hasta hace poco presidente regional del PS -quien también tiene una causa abierta luego de autodenunciarse por soborno en el municipio-, y el jefe de personas, Claudio Álvarez, concejal de Caldera y exjefe de gabinete del seremi Gabriel González, del PS. A Carvajal también se le hizo un cobro de más de $ 12 millones de pesos por parte del SLEP luego de que se comprobara que tenía inasistencias injustificadas.

Autoridades del gobierno y de la región reconocen que ambos fueron propuestos por Santana y que son muy cercanos a él. Yariela Ardiles, presidenta del Colegio de Profesores copiapino, dice que “el ministro Ávila admitió que tenía estos nombres que le había dado Santana”, lo que generó una discusión entre ambos. En el Ejecutivo, en todo caso, aseguran que el diputado está consciente de los errores que Carvajal y Álvarez cometieron.

“Me llama la atención que se me cuestione a mí por tener una opinión diferente, pero no a quienes aprobaron la reforma educacional en 2016. Acá todos queremos aportar, con todos los aprendizajes y lecciones que se pueden sacar”, señala Santana.

La disputa ha provocado acusaciones cruzadas. Por ejemplo, hay quienes creen que la responsabilidad debería caer en el director del servicio, Luis Adasme (DC), contratación que se atribuye a la senadora Provoste, de quien es cercano.

El ministro Ávila, quien lideraba la cartera cuando se efectuaron las contrataciones, responde a La Tercera que durante su gestión “asumimos las recomendaciones que planteó la comisión evaluadora para mejorar la implementación y funcionamiento de los SLEP. Fueron removidos dos directores ejecutivos, entre esos, el de Atacama (…). Los SLEP tienen a su principal responsable en la figura de los directores ejecutivos. En esta figura, creo, tenemos falencias de formación y desarrollo de capacidades en algunos casos. Tampoco podemos eludir la necesidad de mayores recursos para solventar los gastos operativos. Ahora, para enfrentar esta crisis solo resta acompañar a la dirección del servicio y, tal como ha señalado el ministro, no politizar el problema, pues son los niños y jóvenes estudiantes los más perjudicados”.

El 13 de septiembre el conflicto político estalló. El paro llevaba nueve días, eran las 3 de la mañana en la Delegación Presidencial, iban ocho horas de reunión y Cataldo, la diputada Daniella Cicardini (PS), autoridades de la zona y los gremios y comunidades escolares afectados terminaban una discusión que dejó compromisos, pero que también desató el enojo de los que no estuvieron: la senadora Provoste y el diputado Santana.

Desde ahí, los problemas entre el ministerio y los parlamentarios han crecido, más allá de que según el Colegio de Profesores aún no se cumplen los compromisos fijados ese día, que tenían que ver con mejoras de infraestructura y generar las condiciones para que se retomaran las clases. En el ministerio y los parlamentarios confiesan que desde esa jornada, Provoste y Cataldo no han conversado en profundidad, que la relación está tensa, y en La Moneda aseguran que si hay alguien que puede destrabar la crisis -por su fuerte vínculo al Colegio de Profesores de la zona- es ella.

Además, las acusaciones cruzadas por las contrataciones han evidenciado las disputas electorales. Por un lado, entre Santana y Cicardini, que son de sectores distintos del PS; y con Provoste, ya que Cicardini termina su tercer periodo y podría competir en la senatorial en la próxima elección.

“No sé quién y con qué interés quiere ver o contaminar esto con un tema electoral. Es desconocer y un insulto a la lucha que están dando los profesores, profesoras, apoderados, asistentes y estudiantes, y es pretender que las plagas de ratones o los baños en mal estado no existieran, y por cierto los graves problemas e irregularidades de gestión. Querer politizar esto es un despropósito y con la senadora estamos trabajando juntas”, dice Cicardini.

Entre los parlamentarios se repartieron comunas buscando apoyo de privados. Cicardini fue a Chañaral, Provoste a Tierra Amarilla y Cristián Tapia (ind. PPD) a Caldera. Santana no fue considerado en esa gestión, lo que evidenció aún más el quiebre oficialista.

“Lo que nos inquieta permanentemente es que el ministerio tiene los recursos y facultades para encontrar las soluciones a los graves problemas que atraviesan los SLEP, pero lo que vemos es el abandono del gobierno a las atribuciones que la misma ley le entrega. Los ministerios sectoriales tienen que solucionar los problemas reales y evitar conflictos políticos artificiales”, afirma Provoste.

Apenas aterrizado como ministro, Cataldo le pidió expresamente al Presidente Boric poder revisar la glosa del presupuesto del Mineduc referida a la Dirección de Educación Pública y, por consiguiente, de los SLEP. Hasta ahí, la idea de congelar el proceso y los intentos por frenarlo eran sólo amenazas lejanas.

Por eso en el ministerio sorprendió tanto que de un segundo a otro se les abriera una ventana a quienes aún se resisten a la desmunicipalización, un proceso que en el oficialismo abrazan con especial énfasis y que ha llevado, entre otras cosas, a incluirlo en la repriorización legislativa que hizo Cataldo una vez asumido. De prosperar esto último, otra vez le traerá modificaciones a una ley que ya ha visto varios cambios en el camino. De hecho, el actual ministro quiere corregir las indicaciones que envió su antecesor y así agotar todas las instancias y soluciones para que no triunfe la idea de quienes ven en esta crisis una oportunidad para frenar el traspaso.

“El gobierno del Presidente Boric tiene una nueva oportunidad, con una agenda que es crítica para el país, y si priorizar recursos para la desmunicipalización implica postergar otras reformas, habrá que hacerlo”, cree, por ejemplo, Gonzalo Muñoz, afín al gobierno y miembro del consejo de evaluación permanente de la reforma.

Y si el jueves de esta semana la bancada RN anunció un proyecto para congelar la implementación de la reforma en el resto del país, hay otros actores relevantes que saltan al ruedo, como Raúl Figueroa, el exministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera al que le correspondieron los traspasos de los 11 SLEP ya en funcionamiento y apuntado justamente por esa situación. “La ley tiene serios problemas de diseño que, no obstante haber sido advertidos reiteradamente durante la tramitación de la reforma, no fueron considerados por quienes la idearon e impulsaron”, dice. Y añade: “Durante el gobierno de Sebastián Piñera se cumplió a cabalidad con la implementación de la ley, creándose los únicos servicios locales que a la fecha están en funcionamiento, cuya operación se evaluó y supervigiló permanentemente. La experiencia recogida llevó a presentar un proyecto de ley que apuntaba a corregir algunas de las deficiencias de diseño, el cual fue rechazado por la oposición de entonces”.

Aun cuando el Mineduc presentó el viernes un plan de retorno que propone retomar las clases el 2 de noviembre y cerrar el año escolar el 12 de enero, el conflicto parece estar lejos del fin. Los profesores estarían por seguir en paro para sumar aristas a su petitorio, como que la U. de Atacama incorpore en sus carreras Pedagogía en Educación Media o la derogación de la Ley 21.040 que crea los SLEP.

“La convicción es que la ley requiere mejoras urgentes”, dice el ministro Cataldo. Y cierra: ”Tenemos la decisión de hacer un llamado a todos los sectores a que nos pongamos de acuerdo en las soluciones estructurales que se necesiten”.

En el intertanto, 30 mil niños siguen -una vez más- retrasando su educación.