En este contexto, han surgido algunas voces que, por aparente desconocimiento o atendiendo a paradigmas refutados, ponen en duda el diseño de la política pública que crea 15 centros de formación técnica. De hecho, hace algunos días, el prestigioso medio El Mostrador publicó una columna del investigador Manuel Villaseca, titulada “CFT estatales: radiografía a una política mal diseñada”, en la cual se generaliza sobre datos parciales e imprecisos, poniendo en duda un trabajo serio y responsable, que recién el año 2022 cumplió con su etapa de instalación en los territorios.

Para comprender el impacto real y potencial de esta política pública, es necesario conocer algunos datos que  pueden dar cuenta de las características de estos centros distribuidos desde Arica a Magallanes.

A saber, 14 de 15 CFT se ubican fuera de las capitales regionales, dato relevante si consideramos que, excluyendo a la Región Metropolitana, más de la mitad (54%) de la oferta proveniente de instituciones privadas concentra esta en las capitales de cada región. En consecuencia, gracias a la existencia de los CFT Estatales, miles de personas pueden acceder a estudios superiores técnicos, cuestión que sería imposible sin la existencia de estas instituciones.

Las comunidades que han recibido a los CFT, conocen el valor e impacto de esta descentralizadora política pública, y comunas como Alto Hospicio, Ovalle, Chañaral, Los Andes, San Vicente, Linares, Tirúa, Lautaro, Angol, Panguipulli, La Unión, Paillaco, Llanquihue o Porvenir, por nombrar algunas, podrán opinar con su matrícula y con sus titulados sobre la eficacia de esta política pública, que ha llegado con educación superior técnica donde nunca antes se llegó y permite que el desarrollo se distribuya a rincones casi olvidados.

Tomando los datos de matrícula del Sistema de Información de la Educación Superior (SIES), los CFT Estatales están presentes en 17 de las 33 comunas más pobres del país, de acuerdo al indicador de pobreza multidimensional, marcando una clara diferencia con la oferta privada de formación técnica.

Ver los territorios desde otra dimensión, con énfasis en contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de las regiones, permite comprender esta política pública y que es adecuado que el Estado invierta en capital humano, conectando la oferta formativa técnica con las necesidades locales, especialmente con aquellos sectores económicos emergentes que no garantizan alta demanda de matrícula, pero sí mucho potencial de desarrollo y empleo. Es así como la oferta académica de los CFT Estatales destaca por ofrecer carreras técnicas de nivel superior como: Automatización, Climatización y Refrigeración, Mecatrónica, Electricidad y Energías Renovables, Mantenimiento Industrial (mecánico – eléctrico), Operación de Equipos Mineros, Estructuras Metálicas, Agroindustria e Innovación en Alimentos, Operaciones Logísticas, entre otras.

En relación con la eficiencia y el uso de los recursos, es preciso distinguir aquellos dineros destinados a la compra de bienes, equipamiento o infraestructura, identificado en el mundo público como “capital”, y que para cualquier institución que nace desde cero, es necesario considerar como inversión inicial, fundamental para comenzar actividades académicas.

Es impensable que en la implementación de la Ley 20.910 los CFT desarrollaran una oferta formativa marcada por carreras de “plumón y pizarra”, las que no requieren mucha inversión en infraestructura, equipamiento o tecnología. Por lo tanto, los recursos de capital destinados a esta política pública representan la inversión necesaria para comenzar las actividades académicas, cuestión que de otra forma sería una irresponsabilidad del Estado.

En relación con los gastos de operación o corrientes, evidentemente tenemos un desafío gigante, pues como Estado debemos establecer con claridad la magnitud y características de un aporte basal permanente a los CFT, cuestión encargada por el Senado a la mesa constituida por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, la Dipres y la Red CFTECh, de la cual se espera que a mediados de este año pueda hacer una propuesta.

Si el Estado reconoce que es necesario que se creen centros de formación técnica para que atiendan las necesidades de lugares donde la oferta privada no llega, y propone que se desarrollen carreras que por costo no son rentables para otras instituciones, parece evidente que debe considerar financiamiento para ello; lo que no es tan evidente es la magnitud y forma de distribución, cuestión que esperamos resolver en la mesa que se constituirá para dichos efectos.

Hace poco, en la comuna de La Unión, y con la presencia de autoridades encabezadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric, se llevó a cabo la primera ceremonia de titulación de nuestro CFT Estatal de Los Ríos. En ese acto simbólico, el Mandatario y las autoridades que le acompañaron, pudieron palpar desde el relato de las y los titulados el valor que aportan los CFT Estatales a personas que, en otras condiciones, les sería imposible obtener un título técnico profesional. Escuchar esos relatos es un indicador indiscutible de la relevancia de esta tremenda política pública en los lugares más postergados de nuestro país.

Entender la educación como un derecho es un paradigma difícil de aceptar para algunos, y reconocer que Santiago y las capitales regionales no son Chile, es otro gran desafío para quienes –con probable buena intención–quieren influir en las políticas estatales de educación sentados en algún imponente edificio del centro o del sector oriente de nuestra capital, sin ver ni conocer la realidad de las comunas más pobres y apartadas de Chile