“Se ha adoptado, por fin, un nuevo eje prioritario pospandemia en educación”.
Lo ratifica el hecho de que el actual gobierno, con el propio Presidente Boric a la cabeza, haya convocado a la sociedad civil educativa para abordar en conjunto el mayor desafío que hoy enfrenta el sector. En efecto, se ha adoptado, por fin, un nuevo eje prioritario pospandemia: la recuperación de los aprendizajes de los niños; en especial, la comprensión lectora, su núcleo más importante.
En la práctica, ¿qué debiera significar esta iniciativ
a? Tres cosas fundamentales. Primero, redefinir el trabajo del Mineduc con una agenda alineada con la matriz del sistema. Segundo, hacerse cargo de los rezagos en la lectoescritura, del ausentismo y el abandono temprano, y de la salud mental afectada por la pandemia. Tercero, contar con un consejo de orientación, monitoreo y evaluación de este esfuerzo.
Allí se expresará, pues, la educación pública chilena en su doble vertiente estatal y no estatal o privada, con participación de especialistas y practicantes representativos de organismos de la sociedad civil, del Mineduc como órgano rector del Estado y de las comunidades escolares.
Hecho el anuncio, empieza la parte difícil: traducir las buenas intenciones en acción colectiva. Supone un esfuerzo de movilización masiva de personas y recursos, y una implementación coordinada eficazmente. Asimismo, el acompañamiento —con escrutinio, apoyo crítico y consejo deliberativo— de la academia y los medios de comunicación.
La proyección futura de este esfuerzo se corresponde con el mayor desafío de nuestro sistema. En efecto, en él continúa operando una profunda desigualdad en la distribución de las oportunidades de aprendizaje.
El hecho de que nuestras niñas y niños aprendan todos a leer y desarrollen las habilidades involucradas en esta crucial actividad es, junto al cuidado temprano de los infantes, la principal condición para encaminarnos hacia un estado de mayor justicia educacional.
En suma, si durante los meses y años que vienen el Mineduc logra llevar adelante esta colaboración entre todos los componentes de nuestra educación pública —tanto estatales como de la sociedad civil—, no solo reforzará las bases estructurales del sistema, sino, a la vez, podría empujar su transformación hacia un horizonte de mejores oportunidades para todos.
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