Los datos del sistema universitario público son inquietantes: en los últimos 10 años la plantilla de profesorado se ha reducido un 14,8%, ha envejecido (el 55,6% de la plantilla tiene 50 o más años de edad, y tan solo el 15,2% tiene menos de 40), y presenta altísimos índices de dedicación a tiempo parcial: en términos globales, el profesorado asociado ―sin incluir el de ciencias de la salud― ha alcanzado el 62,2% del conjunto del profesorado titular y catedrático, cuando la figura del profesorado asociado se creó con un límite del 20% ―incluyendo el de ciencias de la salud― con la única excepción de las universidades politécnicas (30%). A esto se añade una drástica reducción del número de contratos predoctorales y un crecimiento muy desigual de los contratos postdoctorales, que en la mayoría de universidades resultan insuficientes para remplazar la ingente cantidad de jubilaciones que se están y se seguirán produciendo.

En las universidades privadas, las principales carencias del profesorado son su muy baja dedicación (tan solo el 39% de la plantilla trabaja allí a tiempo completo), su baja cualificación (58% de su profesorado es doctor, frente al 76% de las públicas) y su todavía más baja actividad investigadora (la media de proyectos de investigación obtenidos en cinco años es 246 en las universidades públicas, y 12,4 en las privadas). De hecho, la contribución a la investigación y la ciencia de gran parte de las universidades privadas es sencillamente inexistente.

Todo ello comporta serias dificultades, tanto para la organización de la docencia como para el impulso de la actividad investigadora de nuestro sistema universitario, y pone de manifiesto la urgente necesidad de diseñar planes de futuro, para que se puedan producir relevos que permitan avanzar en todos los aspectos de la actividad universitaria y para garantizar que todas las universidades llevan a cabo una actividad docente e investigadora de calidad, pues la espina dorsal de la calidad de la docencia y la investigación reside en el profesorado a tiempo completo, dado que la dedicación a tiempo parcial está exclusivamente dirigida a cubrir necesidades docentes concretas.

El trámite parlamentario en que se encuentra el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es, pues, una oportunidad que no debería desperdiciarse. Sin embargo, resulta inquietante que el proyecto no afronte estas cuestiones con la decisión necesaria, pues no solo no impulsa planes para reforzar las plantillas en cantidad y calidad, sino que además relaja requisitos de calidad tanto en las universidades públicas como en las privadas, tanto en las presenciales como en las virtuales.

El proyecto da carta de naturaleza a la muy alta dedicación a tiempo parcial actual

Por lo que se refiere a las universidades públicas, el proyecto de LOSU prevé eliminar el requisito de acreditación para concursar a una plaza de profesorado ayudante doctor, pese a que esta evaluación externa ha mostrado ser una herramienta eficaz para la mejora de la calidad del personal docente e investigador. Además, esta categoría de profesorado pasaría a tener un contrato de seis años que la universidad no podría extinguir ni siquiera en el caso de un desempeño manifiestamente deficiente.

En los concursos para profesorado asociado ―cuya única función es docente―, el proyecto no garantiza un acto público de presentación y debate con las personas candidatas que permita contrastar su capacidad docente. Y, más en general, el proyecto desregula incluso aspectos básicos de los concursos de profesorado funcionario que garantizan que las personas que acceden a las plazas de profesorado sean capaces de planificar, organizar y dirigir la actividad docente e investigadora, y lo fía todo a una mayoría de profesorado externo en la composición de las comisiones que juzgan los concursos, mayoría cuyos resultados, desgraciadamente, ya conocemos de etapas anteriores. Esta desregulación de los concursos, además, comportará una diferenciación entre universidades, diferenciación que no solo puede acabar dificultando la movilidad del profesorado entre ellas, sino que además ―y esto resulta más inquietante― abre la senda de diferenciación de un sistema universitario público que hasta hoy se ha caracterizado por mantener unos altos estándares mínimos comunes de calidad.

El proyecto elimina el límite al número de contratos de profesorado asociado

Por otra parte, al establecer como indefinidos los contratos de profesorado asociado, el proyecto mejora de manera drástica la tasa de temporalidad, pero, simultáneamente, elimina el límite al número de contratos de profesorado asociado, límite que, con modificaciones, existe desde la creación de esta figura de profesorado en 1984, a pesar de que la mayoría de universidades no lo ha respetado. Con ello, lamentablemente, el proyecto no cambia un ápice la composición de las plantillas y da carta de naturaleza a la muy alta dedicación a tiempo parcial actual.

En cuanto a las universidades privadas, en el proyecto de LOSU desaparece el requisito de que el 60% de su profesorado doctor tenga que haber superado una acreditación externa. De este modo, todos los requisitos mínimos de calidad del profesorado quedan relegados a un real decreto que fue modificado hace un año y que no prevé este requisito ni limita la dedicación a tiempo parcial de la plantilla de profesorado de las universidades privadas.

Por último, el proyecto de LOSU no presenta ninguna propuesta ante la creciente expansión de las universidades no presenciales, e incluso mantiene la figura del profesorado “colaborador externo” que desarrolla funciones docentes “a tiempo parcial, externamente, con plena independencia y autonomía organizativa, y con aportación de los medios necesarios y de su experiencia técnica y profesional”. El proyecto consagra, pues, la existencia de estos “falsos autónomos”, con las consecuencias que ello tiene tanto en términos de precariedad laboral como en términos de dedicación del profesorado y, en suma, de calidad de las plantillas.

En resumen, los datos indican claras debilidades de las plantillas de profesorado, tanto en las universidades públicas como en las privadas. El actual trámite parlamentario del proyecto de la LOSU resulta muy oportuno para diseñar el futuro de estas plantillas, tanto en lo que se refiere a su cantidad y configuración, como en lo que atañe a sus garantías de calidad. Pero en este aspecto el proyecto presenta grandes carencias, cuando no problemas. La sociedad entera debería reclamar que se mejore, pues de ello depende no solo la formación de las personas que estudian o estudiarán en el futuro en nuestras universidades, sino también el bienestar de toda la ciudadanía y el avance de nuestra sociedad, a través del trabajo de las personas tituladas y de los desarrollos y las innovaciones derivadas de la investigación y del conocimiento.