A Antonio Abril (Viveiro, Lugo-1957), presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas ―el puente entre la sociedad y los campus públicos―, le encantaría que la reforma universitaria “generara la mitad de la mitad del debate del plan de pensiones”, pero no, así que no esconde que busca “altavoces” para cambiar el anteproyecto de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario). “Es una barbaridad, un retroceso impresionante, y como no hay debate en España, no se aborda el problema”, se desespera Abril, que lleva 33 años vinculado a las aulas, también como profesor asociado de Derecho Administrativo y presidente del Consejo Social de la Universidad de A Coruña. Su discurso es alarmista, aunque no pierde la esperanza en el texto final de una norma de la que el ministro Manuel Castells hizo al menos cuatro versiones (cada vez menos rompedoras) y su sucesor, con el que se reúne este martes, Joan Subirats, una.

Abril sacó las oposiciones a abogado del Estado, pero pronto se embarcó en el proyecto de Amancio Ortega y ha estado al frente de la secretaría general de Inditex, el gigante de Zara, 32 años, hasta mediados de 2021. Así que con el ministro saliente no escatimó paralelismos. “Yo he oído a Manuel Castells decir: ‘Tienes razón, yo sé muy bien lo que funciona, pero en España no funciona’. Y le dije: ‘No me digas que es imposible, tiene que ser. Lo que hay que poner son los medios. ¿Era posible que en Arteixo estuviera la primera empresa del mundo de fabricación y distribución de moda y complementos? No, y ahí la tienes’. Todo es posible si tienes los medios. Necesitamos un ánimo reformista y un pacto de Estado para reformar la Universidad”.

Pregunta. La hoja de ruta de la OCDE para la Universidad española pide cambios que coinciden con los suyos.

Respuesta. La hoja ha pasado desapercibida, como todos los informes que se han hecho sobre la universidad española, porque no es un tema que impacte [en la sociedad]. Lo que te dice la OCDE es que la mejora del sistema de ciencia, tecnología e innovación tiene que empezar por la reforma de la gobernanza de las universidades. No estamos hablando de la elección del rector, sino de gestión, de gobierno, de transparencia y de control de los resultados.

Universidades, si se me permite la expresión, está pasando absolutamente de lo que dice la OCDE

P. Ustedes creen que la LOSU es incluso “una oportunidad perdida”.

R. No aborda la gran reforma pendiente de la sociedad y de la economía. Porque las universidades hacen mucha y buena investigación, pero fallamos al transferir todos los resultados al sector productivo. El sistema de gobernanza ha aislado a las universidades de la sociedad, con ciertos planteamientos pseudo culturales de incompatibilidad entre uno y otro. No por casualidad Europa, entre las condiciones para dar los fondos Next Generation, pide una nueva ley universitaria y el primer objetivo que establece es el good governance (buena gobernanza) con participación de la sociedad, es decir, con equilibrio de poderes. Y, no por casualidad tampoco, dice lo mismo la hoja de ruta que realiza la OCDE, pedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación ―que tiene la voluntad de seguirla escrupulosamente― y por el Ministerio de Universidades que, si se me permite la expresión, está pasando absolutamente de lo que dice.

P. Algo bueno tendrá la LOSU.

R. Tiene innegables mejoras para la Universidad: el compromiso con la diversidad, la apuesta por la igualdad, la internacionalización, la autosuficiencia financiera, el compromiso del 1% del PIB de financiación… Pero en la gobernanza minimiza la participación de la sociedad en la gestión del gobierno y la rendición de cuentas de las universidades públicas y es grave.

P. Pero el proyecto de Subirats es una ley de bases y no se sabe cómo va a hacer la reforma cada universidad.

R. Se minimizan, de manera inexplicable y en algunos casos inaceptable, las competencias de la representación de la sociedad, de los consejos sociales. Nuestros informes dejan de ser vinculantes y determinantes, por ejemplo sobre el mapa de titulaciones, cuando es un clamor que deben de adaptarse a las necesidades reales del tejido productivo.

No confundamos autonomía universitaria, con que las universidades hagan lo que les dé la gana

P. Insisten mucho en la transparencia.

R. El Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo a las comunidades autónomas llevan diciendo largo tiempo que en las universidades no existe realmente transparencia y rendición de cuentas, y que no existe o no se cumple la ley en cuanto a las funciones del Consejo Social en el control de los presupuestos, porque no tenemos competencias en el control interno de la Universidad. Solo hay en cuatro universidades.

P. ¿Qué les parece la nueva vía que permitiría que haya profesores titulares o catedráticos no funcionarios que puedan ganan más?

R. Estamos a favor de una razonable contratación laboral, siempre y cuando se reúna los condiciones y requisitos de acreditación y calidad. Es una tendencia en Europa.

P. Pero podría ser una forma de pagar favores de los gobiernos autonómicos a determinadas personas.

R. La contratación laboral evidentemente es más libre y por eso es muy importante la rendición de cuentas a la sociedad.

P. Habla como si la ley intentase esquinar a los consejos sociales.

R. Lamentablemente es así en el anteproyecto, pero confiamos en que no vaya así al Consejo de Ministros o, sino, que se mejore en el trámite parlamentario.

La gestión del talento no tiene por qué afectar a la autonomía universitaria

P. ¿Ningún centro se está gestionando bien en España?

R. La ciencia pública en España sí es competitiva y meritocrática. Lo tienes en el Icrea [centro de investigación en Cataluña], en Ikerbasque en el País Vasco o en los centros de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu. Te reúnes con ellos y te dicen: hacemos justamente lo que no hacen las universidades públicas y es aplicar criterios de gestión del talento. Contratamos en términos de mercado, vamos a por los investigadores, les pagamos en función de resultados, hacemos rendición de cuentas, si cumplen los objetivos les renovamos… Hay que vencer resistencias, por eso hemos pedido un pacto de Estado.

P. ¿Ve factible el pacto de Estado para la Universidad?

R. La política, por definición, es partidista. Cada año lo veo más difícil, pero no será evidentemente por nosotros. El otro día, un gran inversor en universidad privada, me decía: “No vas a conseguir nada. Lo voy a conseguir yo. Porque la competencia de las universidades privadas [las públicas están perdiendo terreno] va a obligar al sistema a reaccionar”. Yo no comparto esa opinión. Ahora, a las universidades públicas se les viene encima una Formación Profesional muy competitiva, la crisis demográfica, una rigidez de las plantillas tremenda para reaccionar…

P. ¿Una universidad es una empresa?

R. No, es una institución pública. Pero vaya a un hospital de la Seguridad Social y diga que el director se va a elegir por votación corporativa de los enfermeros, los enfermos y los médicos. Y luego dígame, ¿se va a operar con ellos? No. Por tanto, la Universidad no funciona en lo profesional.

P. ¿El gerente debe ser alguien de fuera de la universidad?

R. Hay que buscar lo mejor. Profesionalizar la gestión. En todo el mundo, el dueño de los resultados de la investigación es la institución, profesionales especializados transfieren los resultados y se da una compensación al investigador. Mietras que en España, el propio investigador transfiere o no transfiere. Las OTRIS [Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación] no funcionan porque tienen a funcionarios que no han recibido una preparación especial.

P. ¿El rector también debería ser externo?

R. El otro día venía en un periódico español un anuncio de la Universidad a Aveiro [Portugal] para la contratación de un rector. Concurso de méritos. ¿Cuándo veremos esto en España? Puede contestar un catedrático de la Universidad de Oxford, de Delhi… Pero el mejor rector del mundo no puede venir a España. Se tiene que presentar a unas elecciones [el anteproyecto de la LOSU permite regularlo], las tiene que ganar y encima, aunque las gane, luego no le damos autoridad ni capacidad de gestión.

Endogamia, endogamia, endogamia hasta el rector, que es el endogámico mayor del reino

P. Pero la universidad puede decir en sus estatutos que el rector sea solo de la casa.

R. Sí, pero no confundamos autonomía universitaria con que las universidades hagan lo que les dé la gana. La gestión del talento no tiene por qué afectar a la autonomía universitaria, que es libertad de investigación y libertad de cátedra. Y luego, efectivamente, hay una autoorganización de las universidades. No puedo consentir que una universidad me diga que la representación del Consejo Social en el Consejo de Gobierno sea una persona [cada claustro determinará su número]. ¿Me está diciendo usted que la sociedad que financia con sus impuestos el 60% o el 80% de la universidad, está representada con un señor con voz pero sin voto en el órgano de gobierno de la Universidad? Esto está en el anteproyecto. Le hemos dicho al ministro que lo tiene que cambiar. Nos pone en evidencia en Europa.

P. El ministro Castells propuso darle más poder al rector en la elección de sus decanos aunque luego se echó atrás. ¿Estaban de acuerdo?

R. En su empresa se contrata a un consejero delegado y no pueden decirle que no nombre a personas. Pero en la Universidad el poder va de abajo arriba, no va de arriba abajo. Los departamentos eligen a su jefe, endogamia. Los alumnos eligen a sus decanos, endogamia. Endogamia, endogamia, endogamia hasta el rector, que es el endogámico mayor del reino, porque lo elige lógicamente su base electoral, que son quienes trabajan en la universidad. Esto, y que la elección del rector la pueda hacer un órgano con participación externa, generaron una resistencia interna de tal calibre que el ministerio lo sacó del siguiente anteproyecto. Yo le decía: “Ministro [Castells], tienes que aguantar la presión, tienes que hacer la reforma”.

¿Pretendemos que la Universidad haga frente a los retos del mundo con consensos con sus bases electorales?

P. Pero Castells no le hizo caso.

R. Yo he tomado decisiones en mi departamento [en Inditex] que no han gustado, me han generado resistencias y me he tenido que aguantar, porque o me voy o sigo ahí. Y ahí está la cotización y las ventas para reflejar la transparencia. Pero en una universidad el rector tiene que generar consensos, esa palabra que usan tanto. ¿Pretendemos que la Universidad haga frente a los retos de este mundo con consensos con sus bases electorales?

P. Hay una percepción dentro de la universidad de que los consejos sociales funcionan un poco como los consejos de las cajas de ahorros, que a veces sirven para pagar favores a personas, por el poder que da. El expresidente madrileño Joaquín Leguina lleva 20 años de presidente en la Universidad de Alcalá.

R. Nos sobra autocrítica. Hemos pedido al ministro un estatuto de los consejos sociales. No es un cargo institucional para figurar. Es un cargo de trabajo. Hay que hacer un estatuto que le dé dignidad y relevancia a la figura del presidente y a los miembros del Consejo Social. ¿Qué pedimos? Que se exija que sean personas que tengan experiencias previas universitarias, compromiso y capacidad de dedicación y sin componente político. Y que el presidente del Consejo Social vaya al menos una vez al año al Parlamento correspondiente a rendir cuentas, como en Navarra.

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