Tras los importantes efectos en educación que dejó la pandemia, los establecimientos deben avanzar en ser más inclusivos, con el objetivo de ofrecer oportunidades de aprendizaje y una red social que apoye a las y los estudiantes sin excepción.

Esto implica la construcción de comunidades escolares más acogedoras que valoren las diferencias y construyan un potencial educativo a partir de ellas. Así, podremos avanzar hacia el desarrollo de entornos educativos igualitarios, con especial énfasis en la justicia social, la equidad y los derechos humanos.

Denisse Gelber es socióloga de la Universidad Católica del Uruguay, magíster y Ph.D. de la Universidad de Texas en Austin (EE.UU.). Se ha desempeñado como consultora externa para oficinas de Cepal y Unesco en  Chile y cuenta con 15 años de trayectoria investigando causas y manifestaciones de inequidad educativa en América Latina.

Gelber estará presente en el VII Seminario Internacional de Inclusión, organizado por Fundación Educacional Seminarium, el próximo jueves 26 de mayo.

Ella explica el momento que vive la región, así como la manera en que deben enfrentar este momento las comunidades educativas.

¿Cuán avanzada está Latinoamérica en cuanto a políticas de equidad en educación y qué desafíos nos falta por abordar?

América Latina es la región más desigual del mundo, y el sistema educativo es reflejo de ello. Por tanto, si bien en las últimas décadas, se ha avanzado en la matriculación en secundaria y educación terciaria, así como en la completitud de primaria, la disparidad en el acceso a educación de calidad continúa afectando a niñas, niños y adolescentes de nivel socio-económico bajo, residentes en zonas rurales y en zonas urbanas segregadas.

Las brechas de aprendizaje y logros educativos, se mantienen altas en particular para migrantes y refugiados, varones de nivel socioeconómico bajo, mujeres afrodescendientes y pertenecientes a pueblos originarios, estudiantes con necesidades educativas especiales y residentes en áreas rurales. Si bien se ha aumentado el gasto educativo y la inversión en la educación pública, se han realizado esfuerzos para evitar el abandono temprano a través de programas sociales focalizados para familias de bajos ingresos (transferencias condicionadas, becas, asignaciones familiares), se han promovido normativas para garantizar el acceso al sistema educativo a migrantes (independiente de su regularización), así como se han promovido programas de formación docente para atender la diversidad del aula, se mantiene como desafío una aproximación integral del estudiantado a la hora de diseñar políticas educativas para promover la equidad.

¿Qué rol cumplen las comunidades educativas en el camino hacia una educación más inclusiva? 

Desde el Estado se pueden plantear lineamientos, apoyos y resguardos para promover la inclusión escolar, así como se pueden definir normativas para garantizar el acceso y permanencia de toda la niñez y adolescencia en el sistema educativo. Sin embargo, las comunidades educativas tienen un rol protagónico en lograr la inclusión de todo el estudiantado, considerando que los establecimientos educativos son los responsables de crear y eliminar las dificultades que enfrentan los estudiantes para aprender.

Tal como plantean Booth & Ainscow (2000, 2011), las comunidades educativas pueden enfocarse en tres ejes para promover la inclusión: cultura, políticas y prácticas. La cultura inclusiva refiere a las actitudes, creencias y valores respecto a la diversidad, así como a la generación de una comunidad escolar que respete a cada uno de sus miembros. Estos valores deben traducirse en políticas que aseguren que el establecimiento sea inclusivo, mediante la entrega de apoyos adecuados para atender la diversidad. Por último, estas políticas deben transformarse en prácticas que promuevan la participación de todos los estudiantes y les garantice una educación de calidad a todos, sin excepción (Ainscow et al., 2006; Unesco, 2015).

¿Cómo ves la realidad actual, luego de dos años de pandemia y clases online, en cuanto a educación inclusiva y cómo abordarla?

América Latina es la región que más días de clases presenciales perdió a raíz de la pandemia. En promedio, los establecimientos educativos estuvieron 56 semanas cerrados desde el inicio de la pandemia hasta septiembre de 2021. Si bien los países implementaron diversos mecanismos para ofrecer educación a distancia (programas de TV y radio, plataformas digitales, entrega de guías impresas, entre otros), la mayoría de las comunidades educativas no contaban con el equipamiento, conectividad ni conocimiento digital suficiente para sostener una educación a distancia por un tiempo tan prolongado.

Más aún, el estudiantado quedó relegado a las condiciones de su hogar para continuar estudiando (equipamiento tecnológico, conectividad, apoyo familiar para las tareas, acceso a alimentación) así como a las obligaciones (cuidado de hermanos y adultos mayores) y riesgos del confinamiento (violencia, soledad, depresión, entre otros), en un contexto de recesión económica que afectó fundamentalmente a trabajadores de baja calificación, la juventud y mujeres, lo que profundizó la histórica desigualdad de la región.

En este contexto, las estimaciones son desalentadoras. El Banco Mundial estima una pérdida de aprendizajes, en que 2 de cada 3 estudiantes de América Latina no podrán leer ni comprender textos adecuados para su edad. El Banco Interamericano de Desarrollo estima un aumento en la brecha de aprendizajes entre los estudiantes más ricos y de menores recursos económicos. Unicef estima un aumento del abandono escolar temprano y un incremento del trabajo infantil, mientras Neidhoefer, Lustig y Tommasi (2021) estiman una reducción en la probabilidad de completar educación secundaria (de 56% a 42%).

En este escenario, la crisis ha acrecentado brechas pre-existentes, y la pérdida de aprendizajes podría extenderse a futuras generaciones, eliminando décadas de progreso, especialmente en relación a al acceso y retención de niñas y mujeres en el sistema educativo