Asimismo, el financiamiento de la investigación académica, por su parte, se encuentra administrado a partir de la competencia individual por fondos estatales (Fondecyt). Los Fondecyt fomentan la excelencia del trabajo individual, la constante renovación de ideas (duran entre 2 y 4 años) y la productividad de artículos indexados. Este instrumento de subvención a la investigación no se responsabiliza por las condiciones laborales de sus investigadores y personal técnico, tampoco por las relaciones entre investigación y enseñanza ni por la descentralización del saber. Su principal foco es la producción de artículos basados en la métricas bibliográficas internacionales. Por todo esto, Fondecyt deriva en una política que produce precarización laboral sin continuidad, salud, previsión o vacaciones. Es decir, es una política que tiene por efecto secundario producir malas condiciones laborales.

La formación de estudiantes en postgrado también presenta problemas críticos: primero, porque los créditos a los que deben acceder para poder solventar sus estudios, exigen la retribución del pago con altos intereses (el CAE es entre un 2% a 6%) y, segundo, porque las becas (sea para Nacional o Becas Chile) que se entregan desde ANID no alcanzan a cubrir completamente las necesidades de los becarios. Aún más, las becas no se consideran “salario” propiamente tal, pues no son imponibles frente al Servicio de Impuestos Internos. Al no haber “contratos” ni los sujetos ser “trabajadores” los excluye de calificar para recibir beneficios sociales del Estado. Es más, los estudiantes de postgrado que se costean los estudios -que es un porcentaje significativo en Chile- están aún más expuestos a los vaivenes del mercado, pues deben estudiar y trabajar a la vez, por lo que la continuidad de sus estudios depende de mantener su trabajo.

Un caso particular es la Formación Técnico-Profesional en Chile. Las condiciones contractuales, desde el institucionalizado “boleteo” hasta los contratos a plazo fijo o “a contrata”, han provocado una crisis permanente e institucional en el sistema educativo. Hace pocos años la situación laboral de los docentes del área Técnico-Profesional salió a la luz a razón de demandas colectivas por despidos masivos injustificados, tipos de contratos fijos por décadas y hostigamientos laborales, esto obligó a que los criterios de Acreditación Institucional (2021) debieran ser modificados. También el financiamiento a los Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales está en crisis con lo que se ha llegado a despidos por cierre de las instituciones como en el caso del CFT Los Lagos.

La acreditación de las instituciones de educación superior tampoco considera las condiciones laborales de los distintos estamentos, actores y funciones como un elemento sistémico, orgánico y de base. En la actualidad, las acreditaciones observan la cantidad de profesores contratados, el porcentaje de ellos con doctorados y la adjudicación de fondos estatales (FONDECYT, FONDEF, Anillos, Milenios, etc.). No obstante, esta mirada no se extiende a la amplitud laboral del establecimiento con una impávida ceguera, como si las condiciones laborales de funcionarios, profesores docentes e investigación se pudieran separar de la calidad de la educación entregada a los estudiantes. Aún más, los criterios de evaluación para otorgar la acreditación en Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) e instituciones universitarias son tan disímiles que parecen reproducir y perpetuar las desigualdades y segregación social de los estudiantes dentro de las mismas IES. Aún más, la alta competencia en el “mercado de las IES”, donde la innovación curricular y la búsqueda de “valor agregado” promueve la diferenciación entre instituciones a partir de su financiamiento (ingreso de capitales activos) y su tipo (privado, Estatal, mixto).

En definitiva, las condiciones laborales en la Educación Superior chilena son estructuralmente precarias, con duplicidad estresante de funciones y perfiles de cargo inexistentes o difusos. La situación actual se ampara bajo la óptica de una administración neoliberal, en donde la universidad se organiza como una empresa y la capitalización del saber está orientada a nutrir “áreas prioritarias”, desplazando otras ciencias y disciplinas, como las Artes y Humanidades. Es necesaria una estrategia nacional para el desarrollo de las políticas que piensen las condiciones laborales en las Instituciones de Educación Superior chilena como un sistema complejo con los diversos actores, funciones, espacios y, a la vez, como un proceso de formación, creación y difusión de los distintos conocimientos a lo largo de la vida personal, laboral, profesional y en relación a las distintas comunidades. Si bien el cambio deberá comenzar con ampliar el apoyo económico basal a las instituciones para devolverles su carácter social y público, también será necesario un diálogo abierto y de calidad entre las universidades, actores sociales, los órganos del Estado y el sector productivo. Sólo a partir de un diagnóstico compartido se podrá tomar el peso a la precariedad estructural de las condiciones laborales en la Educación Superior chilena.