La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), luego de un largo periodo de reflexión durante el cual también consideró las visiones de Instituciones de Educación Superior (IES) de distinta naturaleza, oficializó los nuevos criterios y estándares para la certificación institucional, dando cumplimiento a la normativa vigente.

En esa línea, resulta de especial interés mirar el aseguramiento de la calidad, entendido no solo como una exigencia sino también como una herramienta para garantizar el avance hacia una mayor complejidad de las IES, en beneficio de los estudiantes y la productividad nacional.

A este respecto cabe destacar los resultados de la reciente investigación “Regímenes de aseguramiento de la calidad en el sector de la educación superior técnico profesional: un análisis de cambio organizacional en el contexto de la Ley de Educación Superior (N° 21.091) y de la experiencia internacional comparada”, patrocinada por la Comisión Nacional de Acreditación y liderada por José Joaquín Brunner, Javier Álvarez, José Julio León y quienes suscriben esta columna. Dicho estudio, pronto a ser publicado, entrega interesantes conclusiones.

Muestra, por lo pronto, que la implementación del nuevo marco normativo ha obligado a la CNA a encontrar un difícil equilibrio entre criterios y estándares generales aplicables a todas las instituciones, y el debido resguardo a la diversidad y misión de cada entidad. En efecto, existe un amplio consenso entre autoridades de centros de formación técnica e institutos profesionales, representantes de organizaciones gremiales y formuladores de política que la autonomía de proyectos institucionales es el principio esencial del régimen de aseguramiento de la calidad y para mejorar la pertinencia y eficiencia del sistema.

En tal sentido, la investigación destaca que el nuevo régimen chileno de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP), se estructura a partir de una única agencia que evalúa y acredita al conjunto de instituciones de todo tipo  en este nivel, cuyo foco evaluativo ha comenzado a desplazarse desde insumos y procesos hacia una evaluación y medición de resultados. Este arreglo  es apreciado en general por todas las partes interesadas, estimándose que ayudará a mejorar el cuidado interno de calidad dentro del sector. Con todo, sería necesario contar al interior de la agencia acreditadora con mecanismos y procedimientos de evaluación más pertinentes para las características del sector técnico-profesional, sin caer en la tentación de  imponer a éste un modelo adaptado exclusivamente a las características propias de las universidades. Asimismo, se subraya la necesidad de lograr un balance equilibrado  en la evaluación entre el foco puesto en insumos y procesos, por un lado, y en resultados, por el otro.

Considerando la importancia clave del sector técnico-profesional, parece esencial contar con estudios que evalúen en qué medida la implementación de la Ley N° 21.091, está impactando en la organización y gestión interna de los institutos profesionales y centros de formación técnica. En particular, en qué medida contribuye a mejorar el seguimiento de la empleabilidad e inserción laboral de los titulados de estas instituciones. Esta cuestión es decisiva, pues todas las partes interesadas internas y externas del sector entienden que el objetivo prioritario de las instituciones de este sector tiene que ver con la pertinencia de sus programas formativos y el desarrollo de capacidades y competencias de empleabilidad y para el desempeño laboral dentro de la sociedad.

Por último, en cuanto al aporte a la innovación tecnológica de parte de las instituciones educativas del sector, que la ley vigente promueve, la evidencia internacional es escasa. Se requiere por lo mismo acompañar de cerca esta nueva función encomendada a centros de formación técnica e institutos profesionales otorgándoles especial atención y apoyo, preparación de recursos humanos y adecuado financiamiento. Tal como anteriormente se hizo en el caso de las universidades, donde hay todavía numerosas tareas pendientes.

En síntesis, no son pocos los desafíos que implica implementar la reforma a la ESTP, sector cuya importancia ha crecido extraordinariamente durante la última década. Sobre todo en materias de aseguramiento de la calidad, se requerirá actuar con cuidado, de manera de reafirmar los principios de autonomía, diversidad y especificidad del sector, al mismo tiempo que se contribuye a reforzar sus funciones de empleabilidad, innovación y su vinculación con el entorno de la economía y la sociedad.