Incomunicación de los asuntos educacionales

Con frecuencia la discusión de un asunto público es interrumpida y desplazada por un nuevo asunto. Este fenómeno ha ido acentuándose con la comunicación masiva y la circulación cada vez más rápida de noticias e información. Cuando esto sucede, los hechos informados se mueven empujándose unos a otros hacia fuera del radio de preocupación de las personas. Su atención no alcanza a fijarse, igual como nos pasa con las imágenes que salen a nuestro encuentro cuando nos movemos velozmente.

Con la pandemia y sus reportes diarios sobre muertes y contagios la circulación de los signos alcanzó un ritmo endemoniado. Los muertos de ayer desaparecen cuando todavía no cae la última paletada sobre los muertos de hoy. Tan rápido gira la rueda de la fortuna que ni siquiera alcanzamos a conmovernos, a experimentar de verdad una pizca de terror o ternura. Tras la paletada nadie dice nada.

Algo similar acontece con las noticias provenientes de nuestro sistema educacional informadas por los medios y comentadas en las redes sociales. Los nuevos asuntos desplazan a los anteriores y ambos desaparecen. No dejan huella, ni provocan un debate reflexivo.

Por ejemplo, un día el país conoce los resultados de la PDT (nueva prueba transitoria para la admisión universitaria, reemplazante de la PSU que a su vez sucedió a la PAA). De inmediato la atención pública es atraída por los medios hacia los ‘puntajes nacionales’; jóvenes con el mayor puntaje en las respectivas pruebas. 24 horas después se instala un nuevo tópico, esta vez la crónica brecha entre estudiantes de colegios particulares pagados versus el resto. Alcanza a escucharse un eco que dice: elite frente a pueblo, cuna dorada frente a hogares deprimidos. Al día siguiente discutimos si la PDT refleja de una manera más adecuada (o no) la brecha social de resultados; como si fuese más  importante medir esa grieta que acortar las diferencias de origen familiar subyacentes que la producen. Y que luego el colegio reproduce, salvo aquellos que—por su efectividad pedagógica—logran compensar o mitigar esas diferencias.

En breve, la semana se fue y la cuestión educacional sale de la agenda, sin dejar rastro tras de sí. Salvo la incómoda sensación de que este mismo ciclo se repite desde los tiempos de la PAA (1966 a 2002) y atraviesa el reinado de la PSU, que acaba  de expirar.

Los temas de fondo involucrados en este ritual no llegan a la superficie pública. El carácter clasista de nuestra educación, la diferenciación de trayectorias educativas por su origen y destino, el rendimiento relativamente plano de los colegios, el abandono burocrático de la educación estatal y las causas reales de la desaparición de los liceos emblemáticos permanecen inalterados.

Otro ejemplo de la misma rotación de asuntos en desmedro de una discusión minuciosa de ellos, es el debate sobre el retorno a la escuela. La secuencia de noticias que se empujan unas a otras es mareadora.

Léase: el reingreso será el primero de marzo; no, será cuando haya inmunidad de rebaño y ni un día antes; tampoco, pues los alcaldes hablan del 15 de abril. Otros alegan que será en fase cuatro; el ministerio responde que incluso puede hacerse en fase dos, si se atiende a las medidas de sanidad. En medio de esa confusión in crescendo interviene el Presidente de la República; dice: el momento del reingreso lo decidirán las familias. Más se enredan las cosas, pues ahora la determinación será descentralizada y quedaría entregada a los padres y apoderados de 3,5 millones de estudiantes. No parece realista.

De cualquier forma, este segundo ejemplo de información que destruye información es distinto del anterior. Pero provoca efectos similares.

Efectivamente, en este caso hay una suerte de confrontación entre la autoridad ministerial y la directiva del colegio de profesores que alimenta la espiral sustitutiva de noticias. En vez de discutir sobre fechas y factores condicionantes y gatillantes, se necesita claridad respecto del objetivo a conseguir y mecanismos adecuados de coordinación entre los actores involucrados.

El objetivo prioritario y criterio ordenador es restablecer, lo antes posible, el proceso de enseñanza presencial, partiendo por los niños y niñas más pequeños en situación de mayor vulnerabilidad. Un acuerdo público en torno a esto es esencial. La precaria equidad del sistema, debilitada más todavía por la pandemia, se vuelve cada vez menos sostenible con la supresión de las clases presenciales.

En seguida, debe dedicarse tiempo, energía y recursos—no titulares polémicos en los media—a elaborar, preparar y afinar los planes de retorno a nivel de cada establecimiento escolar (16 mil en todo el país, incluyendo la educación parvularia). En esa dirección se ha avanzado. Es una tarea enorme, compleja, de múltiples actores y variadas exigencias. Más compleja, incluso, que la masiva vacunación en curso, que hasta ahora muestra insospechadas capacidades del país y sus servicios de salud.

¿Por qué no podría repetirse una gesta similar en el sector educacional? Bastaría concentrarse en el objetivo, coordinar metas y actividades y detener el ciclo autodestructivo de información sobre eventos de menor cuantía que nos distraen de lo fundamental.