Becas y crédito universitario, aumento de subvenciones y cobertura universal de la educación preescolar:
¿Cuánto cuesta financiar cinco años de reforma total? Los cálculos llegan a los US$ 20 mil millones
El Mineduc, Educación 2020 y la Universidad Católica entregan sus visiones sobre las platas en juego.
Pablo Obregón Castro, El Mercurio, 14 de agosto de 2011
En un verdadero enredo de cifras se ha convertido el debate sobre el financiamiento de la reforma educacional que exigen los estudiantes.
Mientras el Gobierno asegura que con los US$ 4.000 millones anunciados por Hacienda estaría garantizado el financiamiento de los cambios más importantes por un periodo de entre cuatro y seis años, desde el mundo académico consideran que esas cifras darían para cubrir el gasto corriente de un solo año de reformas, en el caso de que se recogieran todas las demandas de los actores movilizados.
Esto último, porque las platas que están sobre la mesa no sólo deberían estirarse para resolver las principales demandas de los universitarios, sino también para cubrir gastos menos visibles, como universalizar la educación preescolar y sentar las bases de la institucionalidad que, en teoría, reemplazaría a las vapuleadas corporaciones municipales.
La investigadora de Educación 2020, Valentina Quiroga, estudió los costos que tendría para el país implementar cambios profundos a la educación preescolar, escolar y universitaria, y llegó a cifras que quintuplican las que maneja el Gobierno. Según sus cálculos, harían falta del orden de US$ 20 mil millones en un horizonte de cinco años para construir la infraestructura y solventar el gasto corriente que implicaría una reforma como la que se está demandando desde distintos sectores.
Claro que el debate no se agota en las cifras. El investigador del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica (Ceppe), Javier González, advierte que el tema no sólo pasa por los recursos, sino también por implementar cambios institucionales: “en educación superior, por ejemplo, es importante que el Estado (como ocurre en otros países) tenga la facultad para limitar el nivel máximo de aranceles que pueden cobrar las instituciones”.
Preescolares
En educación preescolar, la iniciativa del Gobierno pretende universalizar la cobertura en los dos quintiles más pobres, lo que significa sumar al sistema del orden de 55.200 niños. Para eso, según Quiroga, se requieren 574 instituciones que den cabida a 96 niños cada uno. La inversión para poner en funcionamiento esa nueva infraestructura sería del orden de US$ 142 millones (unos US$ 250 mil por cada institución).
A esto, habría que sumar un gasto corriente de US$ 163 millones anuales, considerando una subvención de $115 mil mensuales por niño, que es el estándar de los jardines infantiles de la red Integra.
En el Mineduc aclaran que algunas de esas cifras parten de supuestos irreales. Por ejemplo, la caída en las tasas de natalidad y la infraestructura ociosa del sistema público permitiría incorporar una buena cantidad de niños sin tener que edificar, necesariamente, todos esos establecimientos desde cero.
Tal es así, que entre 2000 y 2010 las escuelas públicas perdieron más de 459 mil estudiantes y el número de escuelas se mantuvo casi inalterado. Eso significa que, en la práctica, existen unos 589 establecimientos subutilizados que se pueden acondicionar.
Además, el promedio de $115 mil por cada niño que exhibe el sistema Integra incluye el gasto de alumnos de prekínder, kínder y también de sala cuna.
“Estos últimos requieren una inversión mayor, lo que eleva el promedio. Lo que estamos proponiendo apunta a prekínder y kínder, donde el gasto por alumno es de $55 mil”, dice el subsecretario de Educación, Fernando Rojas.
La subvención óptima
Debido a la merma de alumnos que ha experimentado la educación municipal -y la consiguiente caída de ingresos vía subvenciones- las alcaldías aportan anualmente unos US$ 265 millones a las escuelas. Además, las corporaciones más pobres tienen una deuda de arrastre de unos US$ 200 millones.
Para el coordinador de Educación 2020, Mario Waissbluth, si cambia la institucionalidad y se crean nuevas agencias a cargo de las escuelas públicas, el Estado debería, al menos, absorber la deuda y reemplazar los recursos que hoy ponen los municipios.
Si además se pretende aumentar la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a $100 mil para todos los escolares vulnerables -hoy es de $85 mil para los alumnos de prekínder a cuarto; de $73 mil para los de quinto a sexto, y de $62 mil para séptimo y octavo- se requerirían US$ 1.620 millones, según Quiroga.
En el Mineduc también desestiman estos cálculos y aseguran que, de acuerdo a sus proyecciones, para entregar una Subvención Escolar Preferencial de $100 mil a todos los alumnos hasta octavo se requieren del orden de US$ 500 millones.
En educación superior es donde se presentan las visiones más contrapuestas. Mientras los estudiantes ponen todas sus fichas en la obtención de más recursos, en el mundo académico creen que el tema no sólo se resuelve con dinero, sino incluso con cambios culturales.
Tal como advierte Javier González, la evidencia comparada muestra que los sistemas de créditos son adecuados para financiar aumentos sostenidos en la matrícula, pero son menos efectivos para aumentar la participación de jóvenes pobres.
De hecho, un estudio del Ceppe UC muestra que el 43,4% de los alumnos de nivel socioeconómico alto tiene una gran disposición a financiar sus estudios vía crédito, mientras que sólo el 29% de los estudiantes más pobres comparte esa actitud.
“Esto se debe probablemente a las diferentes percepciones que poseen en relación con su capacidad para pagar el préstamo. Mientras que el 32,5% de los estudiantes pobres piensa que tendrá dificultades para devolver sus créditos, este porcentaje se reduce a la mitad entre los estudiantes de mayores recursos”.
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Rectores evalúan de forma positiva proyecto del CAE
Señalan que el ingreso de nuevas instituciones financieras mejorará la competencia.
por Carolina Araya, La Tercera, 14 de agosto de 2011
Una positiva acogida tuvo entre algunos rectores de planteles privados, públicos y técnicos el proyecto de ley que presentará el gobierno durante los próximos días, en relación con la baja en la tasa de interés a un 4% del Crédito con Aval del Estado. La propuesta contempla, además, ampliar la cantidad de instituciones que entregarán el crédito, incorporando también al sistema a las cajas de compensación y las compañías de seguro.
“A mí me parece bien que se amplíe la cobertura respecto de que haya más instituciones que puedan ofertar”, dijo el rector de la Universidad de Santiago y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Juan Manuel Zolezzi.
Lo mismo señaló el rector de la UC, Ignacio Sánchez, quien dijo que esto permitirá que se “abran más alternativas y que la competencia rebaje la tasa de interés”.
En esto coincide también el presidente del Consejo de Rectores de los planteles técnicos y rector del Duoc, Jaime Alcalde: “Ojalá que siga bajando y que en el largo plazo se equipare con la tasa de interés del Fondo Solidario”.
Para Zolezzi, es una buena propuesta, pero es necesario saber “cuánto va a tener que invertir el Estado. De repente es mejor que exista un sólo sistema de crédito, para aquellos planteles que acrediten calidad y que no lucren”, dijo.
En tanto, para el rector de la U. Andrés Bello, una de las universidades con más matrículas, esta ley “no es todo lo necesario, pero es buena para ir avanzando”.

Jamil Salmi, coordinador de educación terciaria del Banco Mundial: “Nunca la educación es gratuita”
El Mercurio, 14 de agosto de 2011
Calidad y equidad deben ser, según este economista que vino a Chile invitado por la UDP, los conceptos matrices de un sistema justo de financiamiento de la educación superior. Por eso impulsa la idea de que los alumnos paguen sus estudios después de egresar, con descuentos proporcionales a los ingresos que obtengan en el mundo laboral.
Manuel Fernández Bolvarán
¿Qué buscan los jóvenes en la educación superior? Depende. La mayoría de los polacos no estudia tiempo completo, la carrera “top” en Uruguay es contabilidad, la mayoría de los centroamericanos desea ser abogado y los asiáticos, ingenieros.
¿Cómo se debe financiar la educación superior? Depende. En EE.UU. se traspasan fondos de enseñanza e investigación a los equipos deportivos, en Francia los alumnos protestan porque los aranceles aumentarán $2 mil al año, en China se cobra sólo a los alumnos de pregrado y en Argentina, sólo a los de posgrado.
¿Cómo se debe organizar el sistema de educación superior? Depende. Dinamarca apuesta por un ministerio de educación superior fuerte, en Costa Rica el poder reside en un club de rectores de cuatro de las cinco universidades públicas y en EE.UU. hay una autoridad para cada uno de los 50 estados.
Así de gráfico es el economista marroquí y coordinador de educación terciaria del Banco Mundial, Jamil Salmi, para mostrar que en educación superior hay ejemplos para todo y, además, no existe una sola solución a un mismo problema.
Pese a esa diversidad, el experto -que integró la misión OCDE-Banco Mundial que elaboró un crítico informe sobre el sistema de educación superior chileno en 2009- hace ver que hay criterios a la luz de los cuales nuestro país no sale bien parado. En particular, respecto de las ayudas estudiantiles.
“Es extraño ver un país donde en función de los resultados de la PSU y el tipo de institución que se elige para estudiar, los alumnos, aun siendo del mismo país, tengan derechos y beneficios diferentes”, dice Salmi, en referencia a la existencia de un fondo solidario sólo para universidades tradicionales bastante más blando en sus condiciones y tasas de interés que el crédito con aval del Estado (CAE) vigente para el resto.
-En el informe planteaban la necesidad de tender a un solo sistema.
-Sí, de un sistema como el de Australia, Nueva Zelandia o Reino Unido, donde los estudiantes pagan en la proporción de sus ingresos, vía impuestos o pagos al seguro social.
-O sea, estudian gratis y pagan después de egresar.
-Sí, pero pagan un monto relativo a sus ingresos. Esta fórmula permite asegurar que a lo largo de la vida profesional los estudiantes paguen su deuda y los protege si tienen desempleo, problemas familiares, accidentes, o están en empleos que no tienen ingresos muy altos.
-Eso tiene la ventaja de que si a la institución le van a pagar según el desempeño laboral del egresado, no le va a convenir que salgan mal preparados.
-En muchos países no dan crédito a alumnos de instituciones de mala calidad. Estados Unidos, en los años 80, tenía altos niveles de morosidad de los egresados y era justamente porque estudiaban en instituciones de mala calidad. Entonces el gobierno decidió no permitir el acceso al crédito para estas instituciones.
-¿Qué pasa en sistemas así cuando un alumno se cambia de carrera o se atrasa?
-Ese es un problema que muchos países en desarrollo tienen: altas tasas de fracaso. Y las instituciones deben preocuparse de eso. Una universidad privada colombiana llamada Uniminuto de Dios creó la figura del vicerrector de primer año para trabajar, porque se dieron cuenta de que mucho del fracaso ocurre en primer año. Él debe asegurarse que los alumnos no sólo tengan los recursos económicos para estudiar, sino también los psicológicos y académicos.
-Es una crítica que se hace al modelo argentino: es gratis, pero pocos terminan y las carreras se alargan.
-De Argentina se dice que es un sistema democrático: todos pueden entrar y nadie paga. Pero al final del día, ¿quién se gradúa? ¿Quién se beneficia más del sistema? Los mejor preparados, que vienen de mejores colegios. Hay que tener cuidado.
-En el caso del CAE, los bancos tienen un riesgo bajísimo, porque si el alumno no paga, el Estado responde. ¿No es raro que tenga una tasa tan alta y que además el Estado deba comprar parte de la cartera de deuda para que los bancos se interesen?
-Hay que ver qué es lo que no ha funcionado. El sistema con los bancos es difícil de implementar. Canadá y EE.UU. lo tenían y ya no. Por eso recomiendo mirar sistemas como el de Australia, que ha funcionado bastante bien. Al principio puede ser costoso para el Estado, pero después es mejor, porque hay un flujo regular de parte de los egresados y no hay manera de escapar, porque se descuenta automáticamente. Eso sí, con un techo: no pueden pagar más allá de una proporción de su sueldo.
-¿Es posible tener educación superior gratis y de calidad en un país en vías de desarrollo como Chile?
-Nunca la educación es gratuita. Puede ser gratis para los estudiantes, pero alguien está pagando, y hay que ver quién paga y para quién. Las mejores universidades públicas de Brasil son gratuitas y en ellas estudian los alumnos que vienen de colegios privados. Eso no es democrático, ni justo ni equitativo. Siempre hay que preguntarse quién se va a beneficiar. Los únicos países en el mundo donde no hay pago de matrícula, hay buena calidad y equidad, son los países escandinavos y Suiza. Pero son países ricos, donde las personas pagan 50% de sus ingresos en impuestos.
-Influye mucho la desigualdad que viene del sistema escolar.
-Mucho de lo que pasa hoy en la educación superior es fruto de lo que ha pasado o no a nivel de primaria o secundaria. El tema de la equidad tiene dos dimensiones: las barreras financieras y la barrera que es la preparación académica. Hay que hacer un esfuerzo de calidad a nivel secundario y motivar a los jóvenes de familias más pobres a ver la educación superior como algo posible.
-Cuando hay conflictos como el actual en Chile, ¿se puede terminar tomando medidas populares, pero inconducentes en el largo plazo?
-Sí. Irlanda fue el primer país de Europa occidental que introdujo cobro de matrícula, a fines de los 80. En 1996, el Gobierno, por una promesa electoral, lo eliminó. Y lo que se observó es que la equidad empeoró, porque benefició a los alumnos de clase media y alta, y la calidad bajó también, por falta de recursos. Hoy, políticamente, es muy difícil volver a cobrar y no saben qué hacer.
¿Y las escuelas públicas?
Héctor Montenegro fue el responsable de seis distritos escolares de ese país, entre ellos Washington, San Diego y Dallas. Como las comunas en Chile, estos subsistemas de educación pública son muy diferentes en resultados y tamaño, con un rango que va entre 25 alumnos y un millón.
Invitado a Chile por el Centro de Políticas Públicas UC y la embajada de EE.UU. en medio del debate por la desmunicipalización, es enfático: “No existe ninguna fórmula de administración que haya demostrado ser la mejor”. Todo sistema depende de las capacidades de quienes lo componen. “En Texas, la mayoría de los miembros de las mesas directivas no sabe de educación y eso causa problemas”, dice.
Independiente de cómo se organice la educación pública, el experto da tres claves: que el que esté en manos del Estado no garantiza estabilidad, que no se pueden imponer cambios educativos de forma drástica y que quien administre los colegios debe generar dinámicas de equipo y metas claras.
Brunner y Peña proponen que Ues se articulen como fundaciones
Que las universidades públicas y privadas se organicen como “fundaciones universitarias” es la idea que proponen el rector de la UDP, Carlos Peña, y el investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la misma casa de estudios, José Joaquín Brunner.
La idea aparece en el capítulo final del recién publicado libro “El conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado”, del cual ambos son editores y que fue presentado el viernes por Jamil Salmi, además de los rectores de la UC, Ignacio Sánchez, y la U. de Valparaíso, Aldo Valle.
En el texto, los expertos buscan dar con un tipo de institucionalidad de la educación superior que “concilie dos objetivos que suelen ser rivales entre sí: de una parte, autonomía institucional; de la otra, alineación con el interés público de parte de las instituciones”.
A grandes rasgos, en la actualidad las universidades se dividen en dos tipos de instituciones. Por un lado, las corporaciones de derecho público (planteles estatales), con controles elevados y baja autonomía de gestión. Por otro, las fundaciones y corporaciones de derecho privado, que están sujetas a escasos mecanismos de control y gozan de mayor libertad.
Lo que Peña y Brunner proponen es un sistema que combine alta autonomía con un sistema importante de exigencias, que apunten a alinear a las instituciones hacia objetivos de bienestar social. “Tal fisonomía no existe en el sistema legal chileno”, dicen los investigadores.
Por eso proponen la creación de fundaciones universitarias, que sean personas jurídicas sin fines de lucro y cuyo patrimonio se encuentre destinado totalmente a entregar educación superior. Deberán rendir cuenta de su patrimonio y estado financiero como las sociedades anónimas abiertas y se someterán al escrutinio de la futura Superintendencia.
Además, proponen que su administración sea supervisada por un board (junta directiva) independiente y rentado, cuyos miembros respondan con su patrimonio ante las comunidades académicas por sus decisiones.
Una vez conformadas, las fundaciones se regirían por las normas del derecho privado, con plena autonomía para endeudarse, seleccionar y remunerar a su personal, fijar los programas que imparten y establecer metas institucionales.
En cuanto a financiamiento, éste provendría del propio patrimonio de las fundaciones, los aranceles que cobren y los recursos públicos a los que accedan por convenios de desempeño o “procedimientos competitivos e imparciales”.
Los autores proponen que este diseño institucional, de considerarse adecuado, no se imponga, sino que las instituciones tengan la libertad de adoptarlo voluntariamente. “El diseño legal debe crear incentivos para que las instituciones debidamente acreditadas (por ejemplo, cinco o más años para comenzar el proceso), luego de deliberar, decidan tomar la opción”, indican.