El nuevo Sistema de Admisión Escolar –SAE– se creó porque en Chile los dueños y autoridades de muchos establecimientos educacionales, especialmente privados, aplicaban masivamente prácticas discriminatorias contra los niños y familias a quienes (por los más variados motivos) no querían en sus colegios.

Aunque el Estado chileno intentó, por diversas vías, regular e incluso prohibir estas prácticas, muchos continuaron aplicándolas, llegando a burlar la Ley General de Educación de 2009. Por cierto, crear un sistema único de admisión no era la única solución posible, pero recordar este origen permite entender una de sus características centrales: el escaso rol que tienen los colegios en el SAE. Desconocer esto es como no saber que las leyes laborales son para proteger a los trabajadores de los (potenciales) abusos de sus empleadores.

Además de evitar prácticas discriminatorias, el SAE resuelve de una manera equitativa el problema de que en algunos establecimientos hay más postulantes que vacantes disponibles. Ahora bien, así como no en todos los colegios se producían discriminaciones, tampoco en todos existe sobredemanda (de hecho, eso sucede en una minoría). No es de extrañar entonces que para muchas familias y directivos escolares, el SAE no tenga mayor sentido y se entienda sólo como parte de una modernización tecnológica, porque ahora “todo se hace por internet”.

Pero es precisamente en esa dimensión, que el SAE se transforma en una poderosa herramienta de información que facilita enormemente la difusión de los colegios y el conocimiento de sus características por las familias. Así, el SAE funciona como una vitrina que hace mucho más transparente para los postulantes las ofertas de las instituciones, potenciando e igualando formalmente la libertad de elección escolar que las familias chilenas tienen garantizada por ley. Por eso, es tan incomprensible cuando autoridades que siempre han dicho defender “el derecho a elegir” de los padres parecen no valorar el SAE, un claro dinamizador del mercado educacional chileno, para ponerlo en sus términos.

Un equipo de la Universidad de Chile hemos estado estudiando el funcionamiento del SAE en sus primeros años. Lo que resulta evidente es que la capacidad de las familias de aprovechar las oportunidades abiertas por el nuevo sistema y -más en general- de hacer una postulación alineada con sus criterios para decidir sobre la educación de sus hijos, varía significativamente entre ellas, perjudicando fundamentalmente a las familias más pobres. También es claro que existen confusiones y errores difundidos ampliamente, incluso, entre los directivos de establecimientos educacionales. Esto es crítico porque el supuesto básico del SAE es que todas las familias tienen la capacidad y la información para ser usuarios competentes. En varios sentidos el SAE es complejo y errores en la postulación pueden afectar severamente el resultado esperado por las familias. Para muchas, en efecto, el SAE aparece como un sistema caprichoso e incomprensible, además de frío e impersonal.

Ante este panorama, las actuales autoridades (más allá de su legítimo interés por modificar el SAE, que por cierto admite muchas mejoras) deben asumir su responsabilidad de informar y educar a las familias postulantes. Diseminar la desconfianza ante el SAE, desinformar a las familias y difundir equívocos sobre éste, arriesga el derecho de los niños y niñas a estar en igualdad de condiciones ante el sistema educacional. Tan grave como suena.