SEÑOR DIRECTOR

Como nunca antes, durante los últimos años los profesores han estado en el centro de la atención pública. En 2016 se aprobó la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, el cual aumenta significativamente las remuneraciones de esta profesión, asegura más tiempo no lectivo a los maestros, mejora las condiciones de su formación inicial, establece un régimen de inducción para docentes principiantes y, en general, enaltece la profesión.

Al mismo tiempo, un sector de profesores atrae negativamente la atención por la facilidad con que paraliza sus actividades, interrumpe las clases y perjudica así el aprendizaje de niños y jóvenes. Ahora mismo llevan cinco semanas fuera de las salas de clases, anulando el derecho a la educación de alrededor de 600 mil jóvenes que, en su conjunto, han dejado de percibir 12 millones de raciones alimentarias.

¿Hay una justificación para tan extrema medida del magisterio? ¿Acaso se venían deteriorando las condiciones laborales y de ingreso de los maestros? ¿Los gobiernos han sido sordos a las demandas de los docentes? ¿O ha perdido valor el derecho a la educación? No, nada de esto ha ocurrido. Al contrario, el reconocimiento a la profesión de los educadores ha aumentado, así como el entendimiento de la sociedad sobre el rol clave que cumplen.

Por eso mismo, el gremio docente corre el riesgo de volver atrás lo que la profesión había avanzado. No puede entenderse que use la educación de cientos de miles de jóvenes como arma para imponer un petitorio que no justifica el daño que causa. Ni puede aceptarse que suspenda por la fuerza el derecho de una enorme masa de estudiantes a cambio de obtener una pseudovictoria política.

El país pierde; pierde el sistema escolar; pierden los niños. ¿Cómo imaginar, entonces, que algo podrían ganar los profesores con este desastre?

José Joaquín Brunner

Académico UDP y exministro