Una nueva Ley de Educación ha acompañado la celebración del Día del Maestro en México. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el miércoles la promulgación, en las próximas horas, de una reforma educativa que no ha estado exenta de polémica y que ha tenido que sobreponerse a cuatro meses de estancamiento en el Legislativo, controversias políticas, manifestaciones de profesores y debates con organizaciones civiles antes de llegar a la Constitución. La norma elimina las evaluaciones para determinar la permanencia laboral de los profesores, pero mantiene gran parte de los lineamientos del proyecto educativo que impulsó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La reforma, que consiguió esta semana el requisito de su ratificación por 18 de los 32 Congresos estatales, elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un organismo autónomo encargado de evaluar el desempeño docente y abogar por mejorar la calidad en los servicios educativos del país. El INEE fue el blanco de las críticas de los opositores de la reforma anterior por realizar “evaluaciones punitivas” a los docentes.

La ley cambia el concepto de calidad por el de excelencia, y contempla que el INEE sea sustituido por un organismo que formalmente sea parte del Gobierno, pero que tenga recursos propios y autonomía de gestión. Este órgano formará parte del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y será coordinado por una junta directiva de cinco miembros que serán nombrados por el Senado para un periodo de siete años. “Ni es la misma reforma de Peña Nieto ni es la reforma de López Obrador, es otra cosa, la verdad está en medio”, comenta Alma Maldonado, investigadora del Instituto Politécnico Nacional.

Otra de las novedades es que se establece que la educación inicial (de 0 a 3 años) sea obligatoria y que el Estado debe garantizar el acceso a la educación superior. “Nosotros siempre hemos sostenido que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo”, ha señalado López Obrador. La Cámara de Diputados deberá garantizar que se fije el presupuesto para que el Estado afronte estas nuevas obligaciones. Se deja asentado también que la educación tenga un carácter integral, inclusivo, multicultural y con perspectiva de género.

Uno de los puntos más criticados —e inéditos en comparación con otros países— es que se incluye una lista de materias obligatorias en la Constitución: historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas y extranjeras, educación física y sexual, las artes (“en especial, la música”), entre otras.

“Estamos viviendo y construyendo un momento histórico para la educación pública en México”, ha celebrado el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. La aprobación de una nueva reforma tuvo un camino accidentado porque en el fondo del asunto se discutían pautas de contenidos y programas educativos, así como las condiciones laborales de los profesores como el pago de nóminas y la asignación de puestos de trabajo. “Es una reforma mejor porque está orientada a la formación y no a la evaluación docente, pero se queda muy corta en términos programáticos y no hace justicia a la vocación transformadora de este Gobierno”, opina Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México.

La aprobación supone un alivio para López Obrador, que hizo de la derogación de la reforma de su predecesor una bandera política desde la campaña. Hace tres semanas, su iniciativa se quedó a un voto de ser aprobada en la Cámara alta. El proyecto ha provocado fracturas en la propia coalición gubernamental, en su mayoría entre miembros ligados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que agrupa a unos 100.000 maestros que se oponían al marco legal anterior y que no han quedado del todo conformes con la nueva ley. La CNTE, en una manifestación este miércoles, ha anunciado protestas y un paro de 72 horas para presionar para que sus demandas laborales se incluyan en las leyes secundarias que se debatirán en los próximos meses.

Con la promulgación de la reforma se cierra un capítulo político, pero se abre otro. Las miradas están puestas en las normas que determinarán los parámetros operativos y los cambios en el terreno. Algunas de las principales incógnitas son las funciones específicas de los nuevos organismos, las implicaciones laborales para los maestros y si los sindicatos, que concentran a 1,2 millones de maestros, recuperarán influencia en la asignación de plazas y el pago de nóminas cuando se discuta la “letra pequeña” de la ley. “Hemos estado mirando demasiado al Congreso y prestado poca atención a las escuelas, aún quedan muchas cosas por definirse”, apunta Jennifer O’Donoghue, directora de la organización Mexicanos Primero. “Tendremos que esperar al menos un año hasta que se reflejen estos cambios”, agrega O’Donoghue