El proyecto Aula Segura enviado por el Gobierno al Congreso ha causado revuelo. La ley que busca hacer más expedita la expulsión de estudiantes que participen de hechos de violencia, fue tildada como una fórmula segregadora y simplista por parte de la oposición, el mundo estudiantil, especialistas y el profesorado, porque es considerado un proyecto que “no se hace cargo del problema de fondo” que hay detrás de la violencia en los colegios, recalcó la diputada Cristina Girardi (PPD), presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

La medida busca dar solución a una serie de incidentes que se han desarrollado en distintos liceos emblemáticos, en los que se han producido enfrentamientos entre Carabineros y los denominados “overoles blancos”, además de una serie de denuncias por acciones al interior de los establecimientos, que habrían sido protagonizadas por estudiantes, siendo las más recordadas las ocurridas en el Liceo de Aplicación. Alza de incidentes que habría ido a la baja en las últimas semanas, luego que en dicho liceo se llegara a un acuerdo de no intervención por parte de Carabineros, mientras se encuentra abierta la investigación por ataques incendiarios, detallaron fuentes cercanas a la institución escolar.

La iniciativa gubernamental ha sido calificada como una forma de persecución en contra de algunas organizaciones estudiantiles, las que han denunciado que en el último año se han incrementado los sumarios y expulsiones de dirigentes y estudiantes de base, sin que se enfrente realmente el problema sistémico de la violencia escolar. “No es un proyecto que venga a solucionar el problema de la violencia en las comunidades educativas”, señaló la diputada y miembro de la Comisión de Educación, Camila Rojas (IA), quien agregó que la propuesta “no considera el debido proceso” y “lo que hace es criminalizar y sacar el problema de un lado a otro”.

La segregación y marginación ha sido uno de los principales puntos de crítica a la política detrás del proyecto, el uso de la estrategia de “sacar la manzana podrida” de liceos de élite para integrarlos en otros establecimientos, limpiando así a los denominados “emblemáticos”. “Lo que tenemos que hacer no es chutear el problema de un colegio a otro que es lo que hace el proyecto de Aula Segura, sino que realmente hacernos cargo”, destacó la diputada Camila Vallejo.

Mirada punitiva

Desde el Gobierno han asumido el asunto como un tema de seguridad pública y policial, más que educacional. El Ministerio del Interior y la Intendencia tomaron un rol clave en la salida comunicacional del Ejecutivo, es más, el fin de semana se dio a conocer un mapeo de las organizaciones estudiantiles que –a juicio de La Moneda– estarían tras los hechos de violencia protagonizados por los overoles blancos. En una nota publicada por La Tercera, el ministro Andrés Chadwick recalcó el trabajo de inteligencia que han realizado las policías para identificar una serie de colectivos estudiantiles, que según el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, tratan de “generar este caos en la educación pública. Estoy seguro de que hay un grupo que los financia y coordina”.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, marcó distancia de las resoluciones entregadas por la inteligencia de Carabineros. En el programa “Mesa Central”, de Canal 13, explicó que los datos están en proceso de investigación y puso el acento en que el proyecto de Aula Segura “es una medida disciplinaria, no penal”.

Pero el tema se ha posicionado dentro del ámbito penal, se ha intentado llamar a los alumnos involucrados “violentistas disfrazados de estudiantes”, según señaló el propio Presidente Sebastián Piñera en el lanzamiento del proyecto Aula Segura y así ha sido repetido por distintos miembros del oficialismo, como la diputada RN Camila Flores, quien destacó que la medida es “esencial para dotar de mayores facultades a los directores de colegios o liceos para expulsar a los violentistas que se disfrazan de estudiantes”.

Para un sector de Chile Vamos el tema no se agota ni soluciona con la medida y mirada punitiva. El diputado Diego Schalper (RN) manifestó que el proyecto Aula Segura ataca un problema puntual y efectivamente es un avance, que le da más herramientas a los directores de establecimientos educacionales, pero “la violencia de los colegios no se resuelve con eso” y destacó que es necesario implementar un proceso de dotación pedagógica, como también mejorar la disciplina.

En el oficialismo hay quienes ven con distancia la estrategia gubernamental. Reconocen que la medida va en la línea de la seguridad ciudadana que se ha implantado transversalmente desde el Gobierno, pero que es “efectista” y a “corto plazo”.

Para el especialista en educación y director de Fundación Nodo XXI, Víctor Orellana, el proyecto de Aula Segura se aleja estructuralmente de la educación pública: “Es humo, no tiene ninguna sustancia, no va a ninguna parte, yo diría que, más que proyecto, es una imagen comunicacional” y luego recalcó que hay una “insistencia en el punitivismo, que no resuelve nada, menos en educación”.

Según Orellana, la primera obligación es “explicar los hechos de violencia que han ocurrido en los colegios, la política durante décadas no ha escuchado a esos jóvenes. Las fuerzas nuevas estamos obligados a condenar estos hechos de violencia, pero también a construir, en esos movimientos sociales, formas de rebeldía distintas”.

Falta política educacional

El ingreso del proyecto al Senado trajo consigo un ruido interno en el bloque oficialista. Dentro del mundo académico de la centroderecha surgieron voces que criticaron la falta de proyección educacional de la medida, un trasfondo que sería parte del vacío que existe en la derecha sobre el rol de la educación pública, más allá de la priorización del rol del mundo privado en dicho ámbito.

El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, destacó que el proyecto busca “facilitar la resolución de un problema muy grave, pero de alcance relativamente acotado. El ministerio busca acelerar un proceso que ya existe en términos de tiempo, lo entiendo como un proyecto muy acotado para un problema en específico”.

El especialista en educación, que fue parte del equipo de programa en la última campaña presidencial de Piñera, afirmó que “si los municipios requieren de esta norma para proteger a sus comunidades está bien, pero lo que uno esperaría después de esto es una visión más sistemática de la educación pública y sus problemas. En este proyecto se cayó en el léxico de la seguridad, en la lógica de la prevención y la lucha contra la violencia, que no es propiamente educacional”.

Consultado sobre los objetivos de la política del Gobierno de Piñera respecto a la educación pública escolar, desde el Mineduc señalaron a El Mostrador que “tenemos el objetivo muy concreto de hacer de la Educación Pública una alternativa real para las familias. Para ello, debemos generar todas las condiciones para que los establecimientos alcancen los estándares más altos de calidad y se beneficien todos los niños y jóvenes de Chile”. Agregaron que “tenemos nuestro foco puesto en el mejoramiento de la calidad en la sala de clases, lo que lograremos a través del desarrollo de un Plan Nacional de Calidad”.

Una visión que, pese a que busca ser global, es insuficiente para la complejidad de abordar una política de educación a nivel de estructura. Según los especialistas, esta ha sido una ausencia histórica del proyecto de centroderecha en Chile, que ha tecnificado la visión educacional y ha reducido el rol del Estado en dicho ámbito y en la formación estructural de la ciudadanía. “Que la derecha esté hablando sobre educación pública da cuenta de que el debate no está cerrado, y que las fuerzas nuevas han ido avanzando, porque durante los 90 y los 2000 se nos hizo creer que la educación pública y la privada eran lo mismo”, destacó Orellana.

Para Rodríguez, en tanto, la clave está en la falta de análisis político en el sector: “Hace falta una reflexión más profunda que termine con la política del corto plazo, que sea más consistente, y más propia de la educación pública”. Una tarea en la que estarían varios think tanks, como Libertad y Desarrollo o el IES, además de algunos parlamentarios como Jaime Bellolio (UDI) y Schalper.

El nombramiento del subsecretario Raúl Figueroa sembró la esperanza en varios que ven con preocupación el descuido de la educación pública desde la centroderecha. Su mirada mucho más ideológica y política de la educación, hizo pensar que “se podía avanzar un poco más, pero aún no ocurre, no se pasa de la mera administración”, destacaron desde el círculo académico de la derecha.

Ante esta falta de perspectiva teórica y estratégica, “los políticos no tienen alternativa, porque las ideas que manejaba la centroderecha no dan el ancho para una discusión más de fondo, son muy superficiales. Los políticos profesionales van a tener que echar mano a un discurso más consistente, escuchar más a Raúl Figueroa y entender lo que ellos promueven”, destacó Rodríguez.

Esta discusión al interior de la derecha marca un quiebre, según Orellana, ya que el debate “por primera vez es distinto al aniquilamiento de la educación pública. Está abierta la discusión y hay que ver si van a primar posiciones muy conservadoras, que no solo desde la dictadura, sino desde toda la construcción nacional, ha desconfiado y ha conspirado contra la educación pública”.

La desmunicipalización

Un ejemplo de este abandono de la educación pública sería la falta de impulso que le ha dado este Gobierno, hasta ahora, a la implementación de la Nueva Educación Pública, conocida como “desmunicipalización”, uno de los principales proyectos educacionales de la administración de Michelle Bachelet y que es liderado por la Dirección de Educación Pública, organismo autónomo del Mineduc integrado por varios ex miembros de dicho ministerio, tanto así que entre bromas le llaman el “soviet que dejó Bachelet para defender la educación pública”.

La propia ex Mandataria ha recalcado que ha “habido problemas en la implementación de la Nueva Educación Pública”, pero desde el Mineduc destacaron que el proceso de traspaso de los servicios desde los municipios al Estado “se está realizando conforme a los plazos establecidos en la Ley”.

Bajo el actual Gobierno se han creado cuatro servicios y tres más deberían estar creados para realizar el traspaso en el año 2020, proceso que había sido liderado por Rodrigo Egaña, quien fue nombrado por Bachelet y dejará el cargo este año.  En la Dirección de Nueva Educación Pública también se encuentra Rodrigo Roco, ex asesor del Mineduc de la administración anterior.

La única acción del actual Ejecutivo sobre el proceso de desmunicipalización, ha sido crear el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, el cual está “compuesto por seis miembros y presidido por el subsecretario de Educación cuyo rol principal es asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación de los Servicios Locales”, detallaron desde el Mineduc.

Pero, en los próximos meses el Presidente Piñera deberá escoger al reemplazante de Egaña. La terna propuesta ya estaría en manos del Mandatario y significaría una verdadera oportunidad para ver “la voluntad de ir más allá de la mera administración que exige la ley”, destacaron desde Chile Vamos.