Más reacciones frente a las medidas de política educacional anunciadas por el Gobierno y el Ministro de Educación.
Ver a contionuación:
— Las medidas de Lavín: oportunidades y riesgos, Ignacio Larraechea, Decano de la facultad de Economía, Universidad Central de Chile.
— Mineduc y la “puntita” en el presupuesto de Educación Superior, Julilo Sarmiento, Presidente FECH
— Buenos anuncios en educación, columna editorial, El Mercurio

Las medidas de Lavín: oportunidades y riesgos
Ignacio Larraechea, Decano de la Facultad de Economía, Universidad Central de Chile.
El Mostrador, 14 de octubre 2010
Los recientes anuncios del Ministro Lavín, en los que detalla una serie de iniciativas tendientes a fortalecer la calidad del sistema de educación, parecieran apuntar en la dirección correcta en cuatro ámbitos: (i) mejorar la calidad de los futuros docentes, (ii) desarrollar las capacidades de gestión de los directores de establecimientos escolares, (iii) dotar de mayor transparencia al sistema de educación superior y (iv) fomentar la participación de estudiantes de pregrado en universidades de habla inglesa.
En general, las iniciativas consideran mecanismos innovadores para incentivar que el desempeño de los actores más relevantes del sistema se logre alinear con los objetivos de mejoramiento de la calidad:
-atraer a jóvenes de alto potencial para que sean los futuros docentes
-fortalecer el liderazgo de los directores de establecimientos
-incentivar a las universidades a mejorar la calidad de sus carreras de pedagogía
-promover que apoderados y estudiantes elijan carreras y universidades en base a información relevante
-fomentar el dominio del inglés en los futuros profesionales
En particular, la transparencia de información respecto a la situación financiera de las universidades y a la calidad de la inserción laboral de sus egresados, constituye un paso imprescindible para que las decisiones de los potenciales estudiantes y sus progenitores, al momento de elegir, se fundamenten en cualidades objetivas y relevantes de las instituciones de educación superior. Es lo mínimo que se pudiera exigir a un sistema basado en la libre elección de los demandantes: saber si tal o cual universidad está en riesgo de quiebra, si sus egresados demoran mucho o poco en encontrar trabajo y cual es el nivel de remuneraciones que alcanzan.
Lo que dificulta el análisis, la discusión e incluso el apoyo más decidido a las iniciativas es la ambigüedad que aún se percibe respecto al proyecto global. En vez de presentarnos ese “gran diseño”, el Mineduc ha optado por ir haciendo anuncios puntuales sucesivos (o “tips”, como dicen los expertos en marketing).
Sin embargo, si la información que se entrega es sólo esa (suponiendo que la calidad de esa información es fidedigna), existe el riego de que las universidades que reciben estudiantes de menor capital cultural, tiendan a ser excesivamente “castigadas” por el mercado, dado que es totalmente esperable que sus egresados tengan una inserción laboral menos exitosa que aquellos que provienen de hogares mejor dotados culturalmente y ubicados socialmente.
Uno de los incentivos perversos sería, para resumirlo, que las universidades intentarían privilegiar la captación de estudiantes de “la cota mil” de la que nos hablaba el Padre Felipe Berríos hace algunos años. Y esto, simplemente porque los jóvenes de los sectores más acomodados, dada la estructura social chilena, tienen mejores oportunidades en el mundo del trabajo, independientemente de la calidad de la educación que reciban.
Tener una mayor proporción de esos jóvenes, permitiría a las universidades mejorar los indicadores que observarían los postulantes y sus padres al momento de la elección. Por el contrario, el estudiante proveniente de sectores sociales menos favorecidos, aquel de redes sociales más débiles, pasaría a ser un “cliente de riesgo”, menos apetecido, pues podría “bajar los índices” de calidad de la inserción laboral post egreso de su universidad. De ahí a la segregación hay sólo un paso.
El sistema de señales debe apuntar a que los postulantes prefieran aquellas Universidades que, gracias a una gestión académico-docente de calidad, logran el mayor “salto” entre la condición de entrada de sus estudiantes y la calidad de su inserción profesional luego de su egreso. Necesitamos que el sistema premie a las universidades más eficaces en la formación y no a las más eficaces en la selectividad.
Si hay algo que no necesitamos es que la educación superior se vuelva a elitizar. Por el contrario, uno de los avances que necesitamos consolidar es que la gran mayoría (70%) de los actuales estudiantes universitarios es “primera generación” que accede a este nivel en su familia.
En este sentido, creo que vale la pena renunciar a la comodidad de simplemente “transparentar información” de inserción laboral y animarse a construir indicadores adecuados de eficacia, que incorporen la “agregación de valor” del proceso educativo.
Creemos que es fundamental que, como en este ámbito, el diseño concreto de las distintas iniciativas planteadas pueda ser discutida técnicamente, incorporando a diversos actores, para que se puedan obtener los mejores frutos.
Finalmente, como en muchos otros ámbitos, es necesario distinguir entre la pertinencia de las medidas anunciadas y su capacidad de resolver los desafíos de fondo. En mi opinión, estas directrices del MINEDUC son correctas en cuanto a su orientación y pertinencia, pero resultan aun insuficientes, tomadas aisladamente, para ilusionarnos con cambios sustanciales en la calidad de nuestro sistema educativo en un plazo razonable.
En ese sentido, habría sido preferible que estos anuncios hubieran sido acompañados de información más precisa respecto a los montos de inversión involucrados y a los objetivos buscados. ¿Cuál es el impacto esperado de estas medidas? ¿en qué plazo vamos a lograr qué metas? Lo que dificulta el análisis, la discusión e incluso el apoyo más decidido a las iniciativas es la ambigüedad que aún se percibe respecto al proyecto global. En vez de presentarnos ese “gran diseño”, el MINEDUC ha optado por ir haciendo anuncios puntuales sucesivos (o “tips”, como dicen los expertos en marketing), de medidas parciales.
Uno de los problemas de esta estrategia comunicacional es que impide tomar acuerdos políticos transversales que permitan enfrentar uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de la educación: la necesidad de enormes inversiones cuyos frutos toman muchos años en hacerse realidad. Solo un gran acuerdo país nos permitirá dar los pasos correctos con la audacia requerida.
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Mineduc y la “puntita” en el presupuesto de Educación Superior
Julio Sarmiento, Estudiante de Medicina, senador universitario y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
El Mostrador, 13 octubre 2010
Como quien busca casar moscas con miel, el gobierno ha sorprendido con un presupuesto de educación superior aumentado. Contradiciendo anuncios iniciales de austeridad, la propuesta incluye un aumento superior al 12% en los recursos respecto del año pasado.
El truco está en que los ítems que registran un mayor aumento son aquellos a los que pueden optar también universidades privadas, con lo que se restringe el criterio de exclusión en torno al Consejo de Rectores a un cada vez más limitado monto de recursos, consolidando la igualdad de trato entre privadas y públicas, que ha sido uno de los puntos centrales para calificar la agenda ministerial como “privatizadora”.
Es natural concluir que universidades estatales, que se relacionan con el Estado de la misma manera que las privadas, concursando por los fondos, cobrando cada vez más a los estudiantes y generando ingresos propios, pierden en los hechos su carácter público.
Uno de los ítems que mas aumentan son las Becas (24,12%), lo que se debe casi en su totalidad a las propuestas de incentivo a las pedagogías. Sin embargo, la glosa nº3 que define cómo y dónde gastar estos recursos, establece que estos fondos pueden ser destinados a cualquier universidad privada autónoma acreditada.
A este paso, los montos correspondientes a ayudas estudiantiles, superan los entregados directamente a las instituciones, profundizando una lógica de financiamiento destinado a la demanda. Otro aumento considerable (53,92%) son los Fondos de Desarrollo Institucional, que según la glosa también dejan de estar restringidos al Consejo de Rectores. Esto, sumado a la apertura de las becas, le permitiría al gobierno poner un “piso” para implementar la misma apertura para resto de los recursos.
La diferencia entre los aumentos de los créditos con aval del Estado (18,58%) y el Crédito Fondo Solidario (3,84%) es otra señal política preocupante, que confirma las intenciones de sustituir un mecanismo por otro. El resultado es un mayor endeudamiento a través de la banca privada, con intereses tan altos que es más barato vender tu casa para pagar la universidad y contraer un crédito hipotecario para comparte otra, que pagarla a través del Crédito con Aval del Estado.
La glosa de aportes entregado a la Universidad de Chile por actividades de interés nacional, ahora incluye la exigencia de resultados (a diferencia de la glosa del 2010), lo que abre la posibilidad de que estos recursos puedan transformarse en los anunciados convenios de desempeño, con los que se ha planteado sustituir los recursos directos que hoy día reciben las universidades tradicionales.
Son graves noticias, porque el fomento del criterio de acreditación institucional para la adjudicación de recursos no asegura la calidad de la formación y en esa dirección está apuntando el MINEDUC. Muchas universidades no tienen las carreras debidamente acreditadas, por tanto no se asegura que los recursos estén bien invertidos y no terminen financiando el lucro o el desarrollo de proyectos educativos ajenos a los valores que debe promover el Estado. Hay instituciones que han sido acreditadas por un número de años mucho menor que otras y en función de una misión institucional menos exigente – la acreditación solo corrobora que su funcionamiento sea acorde a la misión, sin establecer criterios mínimos -. Esta diferencia entre calidad y rol de la universidad, no tendría expresión en la posibilidad de que le sean entregados los recursos ni el monto de éstos.
Por otro lado el financiamiento a la demanda en lugar de la oferta fomenta el alza de aranceles, perjudica a las instituciones regionales, que concentran estudiantes de menores recursos, y disminuye la posibilidad de que pueda fiscalizarse el uso de éstos, ya que ingresan por concepto de aranceles que tienen escasa o nula correspondencia con las necesidades de las universidades. Los estudiantes pagan un valor que, en algunos casos, no se condice con la calidad de la formación que reciben y que, paradójicamente, es menor en universidades tradicionales, que en su mayoría tienen mejor acreditación.
La competencia entre fondos que sean entregados en función de criterios de desempeño afecta la autonomía de las instituciones para definir la manera de utilizar los recursos en concordancia a su proyecto de desarrollo. Impide proyectar el crecimiento de las instituciones a largo plazo por la incertidumbre de que los recursos sean adjudicados. Va en perjuicio de las universidades estatales, que tienen una serie de trabas administrativas que dificultan la ejecución de los proyectos y por tanto podrían comprometer los resultados.
Por último, la posibilidad de que todo tipo de instituciones reciba recursos fiscales sin distinción, no permite el desarrollo de una educación pública financiada principalmente por el Estado, que lleve a cabo un proyecto de desarrollo nacional generado de manera participativa y en el que colaboren un grupo de universidades de excelencia académica, comprometidas explícitamente con el bien común, que puedan entregar la educación como un derecho promoviendo valores democráticos, y que no tengan como prioridad el lucro o el desarrollo de un proyecto educativo sesgado ideológicamente.
El presupuesto, efectivamente, incluye un aumento general de los recursos destinados a Educación Superior, que aún no expresa las necesidades reales del sistema para superar el autofinanciamiento, y tampoco permite proyectar un crecimiento que sea sostenido, en vías de alcanzar 1% del PIB para Educación Superior en cuatro años, como fue sugerido por la OCDE. Pero este aumento va acompañado de una aplicación de facto de la agenda del MINEDUC, saltándose los espacios de discusión solicitados por las comunidades universitarias y necesarios para hacer transformaciones a la institucionalidad o el financiamiento de la Educación Superior.
Esta agenda expresada en el Presupuesto 2011 en lugar de aumentar las regulaciones para el buen uso de los recursos, abre un flanco desmedido al mercado. Detrás de muchas partidas hay un intento de privatización con consecuencias desastrosas para la educación pública, y auspiciosos resultados para la educación privada, planteados de manera sigilosa y adornados con abultados números. No nos perdamos con los voladores de luces, las reformas que permitan el fortalecimiento de la Educación Pública y le devuelvan a estas instituciones su rol social, siguen ausentes de la agenda ministerial.
(Publicado en El Quinto Poder.cl)
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Buenos anuncios en educación
El Mercurio, columna editorial, 10 octubre 2010.
En un encuentro con los rectores de las universidades chilenas, el Presidente y el ministro de Educación anunciaron valiosas medidas que comienzan a perfilar una agenda ambiciosa en educación, que hasta ahora no se veía. Así, se crearía un programa de magíster para directivos de establecimientos subvencionados, con un importante aumento de recursos en el Presupuesto 2011 para este efecto. Se espera que a su realización postulen universidades solas o asociadas con otras instituciones. Es importante que los términos de referencia de estos programas sean definidos con cuidado, para que resulten útiles y en línea con las realidades de los planteles nacionales. Sin un buen liderazgo directivo no hay colegios eficientes, y el esfuerzo desarrollado hasta ahora para potenciarlo ha sido insuficiente.
Además, se anunció una inversión inicial de seis mil millones de pesos, a través de fondos concursables gestionados por el programa Mecesup, para fortalecer los programas de formación inicial docente. Cabe notar que entre 2000 y 2009 se invirtieron para este fin alrededor de ocho mil millones de pesos. Los nuevos recursos sugieren un fuerte compromiso con el mejoramiento de estos programas. Es evidente que sin buenos docentes —una de las mayores debilidades de nuestro sistema educacional—, es imposible lograr una educación de calidad. Estos recursos deben invertirse bien para que produzcan cambios efectivos en los programas de formación de los profesores, algo que las inversiones anteriores no lograron. El panel transversal de expertos que convocó este gobierno propuso usar recursos públicos para renovar las plantas académicas, acomodar los currículos a los estándares en preparación que deberán satisfacer los programas de formación de profesores, y crear redes de establecimientos donde los futuros docentes puedan hacer sus prácticas, factor fundamental de la formación, al menos en educación básica.
Por cierto, estos esfuerzos no servirán de mucho si no se atraen jóvenes de mayores habilidades a la profesión docente. Aunque no constituyen el único factor, las perspectivas económicas son claves para esto. Así, es importante que se esté contemplando la aprobación de una prueba obligatoria para ser profesor en la educación subvencionada, y que aquellos con buenos desempeños en ella reciban una importante bonificación en sus salarios iniciales, que en la propuesta gubernamental llega hasta 30 por ciento.
Estos anuncios tienen consistencia y abordan cuellos de botella que deben ser superados para lograr una educación de calidad. Habrá que esperar los detalles para evaluar si satisfacen las expectativas.
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