¿Serán responsables nuestros legisladores?

Una ley de educación superior compromete el futuro de la nación. Por lo mismo, no debería ser producto de un apresurado arreglo de conveniencia política o un mero acomodo de intereses corporativos. Ante la carrera contra el tiempo que supone el empeño del Gobierno de que se apruebe una normativa de esta importancia, la responsabilidad de los parlamentarios oficialistas y opositores es enorme.  

José Joaquín Brunner 

Luego de cuatro años de vacilaciones y confusión, el Gobierno y el Parlamento están empeñados en una carrera contra el tiempo: aprobar una ley de educación superior (ES) que satisfaga las contradictorias ideas e intereses en juego.

El texto en discusión es resultado de una indicación gubernamental de última hora que, por enésima vez, recorta, combina y rearregla anteriores propuestas desechadas por su inconsistencia y las críticas que recibieron. A lo largo del camino desapareció el ideal de una legislación orgánica que abordara coherentemente las materias clave para la ES. Lo relativo a universidades estatales fue trasplantado a un proyecto distinto que también se tramita bajo presión. Los temas de la investigación científica y tecnológica, parte esencial de la universidad moderna, se tratan en un tercer proyecto, el que crea un ministerio especial para estos asuntos.

El proyecto de ES enmienda algunos errores, pero mantiene una filosofía centralista, burocrática y de escasa proyección hacia los reales desafíos del sistema. A su vez, los parlamentarios han presentado varias centenas de indicaciones adicionales, reflejo de las diferencias que subsisten.

Las universidades, principales afectadas por el marco legal que eventualmente se adopte, buscan proteger sus derechos corporativos y evitar que las competidoras obtengan ventajas competitivas. Las demás partes interesadas -incluyendo instituciones técnico-profesionales, organizaciones estudiantiles, medios de comunicación y expertos del área- parecen sorprendidas y desconcertadas. No entienden cómo un gobierno recién despedido espera obtener del Parlamento -a días de iniciarse las vacaciones de verano- una ley ultra rápida que previamente no pudo conseguir durante todo el cuatrienio. ¿Podría ser que al gobierno recién elegido, todavía en la oposición, le convenga “despejar” este asunto de la agenda antes de asumir el presidente Piñera? ¿O será que al gobierno de Bachelet le basta con un trofeo simbólico, como dejar inscrita en la ley una gratuidad universal que en la práctica no podrá materializarse? ¿O bien será que los legisladores chilenos, como observa la OCDE en un reciente informe, “realizan numerosas propuestas de cambio regulatorio y de política, impulsadas frecuentemente por imperativos de corto plazo o por divisiones ideológicas”?

Como sea, la responsabilidad de los parlamentarios oficialistas y opositores es enorme. Una ley de ES compromete el futuro de la nación. Por lo mismo, no debería ser producto de un apresurado arreglo de conveniencia política o un mero acomodo de intereses corporativos. Más bien, necesitaría responder a los principales desafíos del sistema, que al momento resultan ignorados. Primero, ofrecer una visión de futuro del sistema. Este aspecto -de fundamentos y principios estratégicos- se halla ausente o apenas tratado. No establece las bases de un régimen mixto con amplia diversidad de instituciones autónomas y derechos garantizados. No precisa un régimen público que cubra por igual lo estatal y lo privado sin fines de lucro. No estimula la competencia al servicio del bienestar general. Ni genera tampoco un adecuado equilibro entre las fuerzas del Estado, las instituciones y el mercado.

Segundo, la gobernanza de un sistema así constituido no está asegurada. Más bien se conforma de manera contradictoria y poco eficiente. Se crea una subsecretaría de ES separada de un ministerio de ciencia y tecnología. No se prevé un núcleo de conducción sólido e informado, en condiciones de guiar al sistema. Ni tampoco se reconoce una instancia orgánica para la interlocución del conjunto de las universidades con el Gobierno.

Tercero, el proyecto carece de un marco para el mejoramiento continuo de la calidad de la ES. Este debería favorecer la flexibilidad de las carreras, su relevancia para el siglo 21, su mayor capacidad de retención y oportuna conclusión. No hay un diseño robusto para la acreditación de las instituciones, centrado en la gestión interna de la calidad y su profesionalización. Tampoco estándares para incentivar nuevas formas de enseñanza, currículos por competencias y el uso de tecnologías digitales.

Cuarto, la equidad es objeto de retórica, pero se reduce a condiciones de acceso y a la superación de obstáculos económicos. Por el contrario, ella depende hoy mucho más críticamente de la calidad y pertinencia de la educación ofrecida, su alineamiento con las demandas del mundo del trabajo y capacidad de generar oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

Quinto, por último, el proyecto en discusión no proporciona un régimen de financiamiento sustentable para la ES, sus estudiantes e instituciones. La gratuidad focalizada en los seis deciles de hogares de menores recursos está lejos de hallarse bien financiada y de cubrir a todos los potenciales beneficiarios. Además, representa solo una fracción del financiamiento de la docencia. Falta perfeccionar un esquema de costos compartidos que, mediante créditos y becas, complemente a la gratuidad. Falta, asimismo, un diseño para el financiamiento de la investigación académica, la tercera misión y el desarrollo de las instituciones.

En breve, una apresurada discusión legislativa sobre el futuro de nuestra ES no está a la altura de los desafíos principales. A esta altura, incluso resulta frívola, podría decirse. Corre el riesgo de quedar subordinada a los intereses pasajeros del Gobierno y la oposición, cuyos roles están a punto de invertir. De ocurrir así, constituiría una prueba adicional de que, en ciertas circunstancias, incluso si la razón sale aplastada, en cambio vale la palabra del poeta: “la izquierda y la derecha unidas / jamás serán vencidas”.

“El proyecto carece de un marco para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior. Este debería favorecer la flexibilidad de las carreras, su relevancia para el siglo 21, su mayor capacidad de retención y oportuna conclusión. No hay un diseño robusto para la acreditación de las instituciones, centrado en la gestión interna de la calidad y su profesionalización. Tampoco estándares para incentivar nuevas formas de enseñanza, currículos por competencias y el uso de tecnologías digitales”.