El CAE es un sistema de crédito para estudiantes de pregrado de la educación superior, que ha estado en el debate en los últimos años. Recientemente, las organizaciones estudiantiles universitarias y otros, han estado pidiendo la condonación de la deuda del CAE, tema sobre el cual haremos algunas precisiones.

Antecedentes

En 2016, según datos de la Comisión Ingresa, el CAE otorgó créditos a 355.586 estudiantes que son sus beneficiarios, 89.785 son nuevos, licitados para ese año, y 265.801 son renovantes. Para 2017 se estiman entre 85.000 y 94.000 nuevos licitados concentrados principalmente en universidades privadas, 44%; y en institutos profesionales, 34%.

Los recursos del Estado utilizados en su operación alcanzaron a MM$ 461.744.534 según lo informado por DIPRES para el cuarto trimestre de 2016 (lo presupuestado era MM$ 598.122.040) y está establecido para 2017 MM$ 705.783.389, lo que implica un incremento del 18% respecto del año anterior.

Respecto a los montos adeudados[1], según la información de créditos otorgados, las estimaciones de deuda total promedio por estudiante eran originalmente muy altas, pero, considerando la rebaja del 2% de los intereses, los montos alcanzan a MM $3.7 para alumnos de universidades del CRUCH, MM$ 4.7 para alumnos de universidades privadas no CRUCH, MM$ 9 para los alumnos de IP y MM$ 2.7 para alumnos de CFT.

El CAE surge como una solución financiera a los estudiantes de bajos ingresos y buenos resultados en la PSU para acceder a la educación superior a través de un crédito con condiciones más favorables que los que pudieran negociar individualmente con la banca. Se estimó que los futuros mayores ingresos de los egresados podrían financiarlo, sustentando al sistema. Para incentivar la participación de los bancos en el sistema, se ofrece por el Estado, una recompra de carteras del crédito, con sobreprecio, para mitigar el posible riesgo de éstos. Los bancos administran y cobran todo el crédito, su parte de la deuda y la parte recomprada por el Fisco, de la cual obtienen lo que se denomina “recarga”, también acordada en la licitación, la que incluye además el subsidio para la rebaja desde 2012 del 6% al 2% en la tasa de interés de estos créditos (Cuenta Pública año 2016, Comisión Ingresa).

¿Qué se pide condonar?

Una primera condonación se podría referir sólo a los deudores morosos (tres cuotas mensuales o más), lo cual significaría un costo de 818.31 millones de dólares. Alrededor de un 10% del monto total de la deuda por CAE. Sin embargo se deben evaluar alternativas para estos casos, considerando que la condonación de la deuda a este grupo puede incentivar a los deudores al día a no pagar su deuda para que ésta sea condonada. Y, obviamente no es ésta la condonación solicitada.

Otros podrían creer que se quiere resolver la deuda de los “desertores”, considerando que éstos arrastran una deuda respecto de un título profesional que no consiguieron, con consecuencias perjudiciales en el ingreso que esperaban obtener al pedir el crédito. Una situación particularmente difícil es la de aquellos deudores que además de ser desertores presentan mora, ya que cuentan con un ingreso bajo y además no pueden acceder al beneficio de rebajar cuotas con el 2% de interés, y al estar morosos, la institución financiera los envía a cobranza judicial, viendo precarizada su situación financiera ya que algunos no pueden acceder a créditos para vivienda o se les coarta sus posibilidades de empleo, cayendo en un círculo vicioso del cual difícilmente se ve una salida, considerando lo prolongado del calendario de la deuda. Una condonación a este grupo implicaría un gasto de 278.67 millones de dólares.

Considerando la situación vulnerable de este grupo (desertores y morosos), también se puede avanzar en otros métodos para dar la oportunidad de minimizar el impacto del endeudamiento, por ejemplo, dando más facilidades a la repactación de la deuda a quienes acrediten incapacidad de pago (indicando por ejemplo, costos de vivienda, pensiones alimenticias, entre otros). Esto porque, si bien es posible renegociar la deuda atrasada y así acceder a los beneficios de rebaja al 10% de la renta y/o rebaja del interés al 2%, las condiciones de la repactación dependerán de cada banco y no se asegura que el deudor no siga viendo afectada su solvencia, incluso volviendo a caer en la morosidad que no le permite acceder a los beneficios de menor cuota o interés. Por ejemplo, la negociación de la deuda puede significar que el deudor deba hacerse cargo de los gastos de cobranza, y si ésta llega a instancias judiciales incluirá entre otros gastos, los honorarios de los abogados. Ante esta situación, hoy en día hay casos en que se están realizando recursos de apelación en los cuales la deuda total del CAE queda liquidada luego de que se rematen los bienes del deudor al aplicarse la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Esta desesperada medida además limpia los antecedentes de morosidad del deudor. Si no se establecen normas para este grupo, es posible que cada vez más deudores recurran a esta instancia. Instaurar medidas que consideren la capacidad de pago y no sólo un porcentaje de la renta podría beneficiar a más personas (egresados, por ejemplo) y resolver lo injusto que terminó siendo este sistema, ya que el ingreso futuro no está asegurado.

La petición más significativa, sin embargo, es la demanda de condonar la deuda de todos los créditos otorgados por el CAE, lo que implicaría un gasto de 8.859 millones de dólares. El Ministerio señala que ésta es una cifra demasiado importante, por lo que se deben evaluar sus posibles usos alternativos, señalando que serviría para resolver otros problemas sociales altamente demandados, por ejemplo, financiar pensiones solidarias para hasta 2,1 millones de jubilados durante 25 años o incluso ir a la gratuidad total en Educación Superior.

En esta línea, se han planteado estimaciones alternativas para una condonación total. Roxana Pey calcula un monto de la deuda más bajo. Su argumento es que del total de colocaciones, $4.089.155 millones de pesos, entre 2006 y 2016, una parte del monto a condonar debe considerarse como ya pagado[2]. Luego, el monto de la deuda y lo que se debería condonar alcanzaría a $2.678.955 millones de pesos, lo que significa 3.984 millones de dólares^[3]. Pero este valor asume que lo que se debe al Estado no es deuda o que la deuda fiscal podría ser condonada por el Estado. Es como si no existiera costo de oportunidad de los recursos (incluso los fiscales).

Algunos plantean que se difiera el pago de la deuda para buscar ajustes posteriores, lo cual sólo quita la presión de hoy pero la mantiene para el futuro, porque no se formulan mecanismos que la resuelvan.

Otra línea, señala que si alternativamente, a la deuda total el CAE al día de hoy se le rebajan los intereses que se acumularon desde 2006 a la fecha, para considerar sólo el pago del capital, la cifra a condonar se reduce a 5.480 millones de dólares. Como el monto de la deuda fue incrementando año a año, la estimación puede ser mejorada, pero las magnitudes a condonar sigue siendo de gran magnitud.

Desde luego, la utilización de los recursos fiscales es resuelta desde una perspectiva política y eso requiere la aprobación social de destinar tamaña cantidad de recursos a esta solución. Actores como la CONFECH señalan que a partir de condonaciones tributarias a empresas que ha realizado el Estado, no habría justificación para no condonar el CAE.

La condonación del CAE llevará adosados, inmediatamente, a los deudores del Fondo solidario de Crédito Universitario y CORFO. Esto sería como declarar que los créditos que hoy se otorgan no se cobrarán en el futuro (estará este antecedentes de condonación) y es decretar, de hecho, gratuidad de la educación superior de pregrado, para los beneficiarios de ambos tipos de créditos, sin que se tomen en cuenta las condiciones de nivel socioeconómico de estos estudiantes, las realidades de las instituciones de ES a las que pertenecen y las limitaciones de los recursos presupuestarios del país, que han permitido entre 2016 y 2017 otorgar gratuidad a solo el 20% del total de estudiantes de la ES.

Como se ha demostrado, existen fuertes dificultades financieras y políticas para condonar la deuda del CAE. Junto con las estimaciones de sus costos financieros se deben hacer las evaluaciones correspondientes de esta política pública.

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[1] Considerando capital más intereses, se aplica interés del 2% a la deuda de los beneficiarios que pactaron su contrato desde 2012 en adelante, y 6% para aquellos que pactaron desde 2006 a 2011. Las cifras están actualizadas a pesos de 2016.

[2] Los montos que se pueden considerar pagados, según Roxana Pey son los siguientes: la recompra del fisco ($1.891.422 millones de pesos); los intereses devengados por estudiantes o el fisco ($ 410.020 millones de pesos); el subsidio por diferencia de intereses (reducción de 6% a 4%) ($152.101 millones); la “recarga” pagada por el fisco ($566.134 millones); y lo ya amortizado por el fisco, estudiantes o avales ($72.403 millones, $8.496 millones, $0, $566.134 millones) y con esto, la deuda y condonación total equivaldría a $2.678.955 millones de pesos

[3] Calculado a $672,4 pesos por dólar al 28 de mayo 2017.