Empiezan a apagarse los ecos del debate sobre la crisis y el futuro del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) que hemos venido siguiendo durante las últimas semanas.
En estos últimos días hay solo una opinión que viene a agregarse a las decenas que hemos registrado anteriormente sobre este tópico:
— Rectores: su responsabilidad y tarea común, columna de opinión, Roberto Guerrero del Río, Rector Universidad Finis Terrae, 29 julio 2009. Ver más abajo texto completo.

Rectores: su responsabilidad y tarea común
Roberto Guerrero del Río Rector Universidad Finis Terrae
El Mercurio, 29 julio 2009
La estructura de nuestro sistema de educación superior es amplia y compleja. Es así como subsisten entidades de distinta naturaleza (universidades, institutos de educación superior y centros de formación técnica), y entre las primeras las hay de diversa índole, encontrándonos con universidades estatales y privadas, nacionales y regionales, privadas “tradicionales” y privadas “nuevas” (algunas ya con más de 20 años), privadas auténticamente sin fines de lucro y otras que sí lo tienen, de tamaño grande, mediano y pequeño, complejas (incluyen investigación) y simples, etcétera.
Este conjunto ha permitido ampliar el espectro de los estudiantes que acceden a la educación superior, con lo cual se ha dado un salto muy importante para que los sectores de menores recursos puedan por fin tener una formación que supere los niveles de la enseñanza secundaria.
Actualmente hay un total de 800 mil estudiantes en educación superior, de los cuales 525 mil asisten a universidades. El porcentaje que es primera generación en estudios superiores alcanza el 70% del total de alumnos.
Todo ello lleva a concluir que el capital humano de nuestro país sigue incrementándose, lo que sin duda contribuye de una manera trascendental a nuestro proceso de desarrollo. Adicionalmente, con eso se logra una esperada promoción en el ámbito cultural y formativo, cuyos alcances los verán las generaciones futuras.
Como cualquier ente que ha tenido una explosión en su crecimiento, el sistema adolece, por cierto, de algunas imperfecciones que es necesario superar, para lo cual se requiere de una atención nacional especial, particularmente de los organismos comprometidos con la educación superior. Es preciso coordinar muchas de las políticas, aunar esfuerzos, complementar otros y, en definitiva, tener una visión país sobre los requerimientos de la educación terciaria.
El año 1954 se creó el Consejo de Rectores, cuyo estatuto orgánico fue fijado en un texto refundido de 1985, reconociéndose a esa fecha como integrantes del mismo a universidades e institutos profesionales estatales y algunos privados que habían sido creados antes del proceso iniciado el año 1981, con lo cual quedó configurada una entidad que, aun cuando tiene por objeto tareas de interés para todo el sistema universitario, ha quedado reducida a que sus plausibles labores de estudio, coordinación e información comprendan, afectan y favorezcan sólo a los planteles que la integran.
Lamentablemente, ha subsistido la estructura del Consejo de Rectores como una entidad separada del resto del sistema de educación superior, especialmente en lo que dice relación con las universidades, y no existe a la fecha una instancia que pueda reunir a todos los rectores, sin exclusiones, salvo la cita anual que organizan Universia y el Banco Santander para debatir temas que interesan a todo el sistema, cuales son, entre otros, las políticas de financiamiento para los estudiantes (para facilitar un proceso de mayor equidad en el acceso de la educación superior), las políticas para evitar la deserción estudiantil, aquellas que digan relación con el ingreso y aceptación de alumnos, la acreditación y mejoramiento de la calidad, duración de las carreras, reconocimiento de estudios, posibilidades de postítulos y posgrados, modelos formativos, inserción laboral de los nuevos profesionales, políticas de investigación e innovación y, en fin, otra multiplicidad de materias que ameritan al menos intercambiar opiniones, conocer y respetar las distintas posiciones y efectuar aportes positivos al mejoramiento de nuestra educación superior.
Lo anterior no pone en juego la existencia del Consejo de Rectores en su actual estructura, si se quiere mantenerlo para resguardar eventuales derechos que sus actuales miembros puedan invocar, lo que amerita otra discusión.
Lo importante no es eso, sino generar una política de Estado que apunte a impulsar el progreso de la educación superior, a superar las deficiencias, a promover políticas de apoyo efectivo a los estudiantes que más lo necesitan, pero siempre respetando la individualidad de las instituciones y la diversidad de los respectivos proyectos fundacionales y sus misiones.
Si todos los rectores se proponen un objetivo de esta naturaleza, asumiendo sus responsabilidades y aportando su peso intelectual para pensar la educación superior, será un paso importante para que los beneficios de este proceso alcancen a un mayor número de habitantes de nuestro país.