La política de educación superior continua debatiéndose en clave CRUCH, lo cual revela, una vez más, los límites político-culturales e institucionales de la discusión. A fin de cuentas, ésta sigue entrampada en el estrecho círculo de intereses de las 25 universidades que forman parte del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).
Ver más abajo las siguientes recientes intervenciones.
— Política de educación superior, El Mercurio, opinión editorial, 29 junio 2009
— Las universidades del Estado, Eduardo Dockendorff , Director del Instituto de Asuntos Públicos , Universidad de Chile, El Mercurio, columna de opinión, 29 junio 2009
— Consejo de Rectores, Carta, El Mercurio, 27 junio 2009, Víctor Pérez Vera, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores
— Polémica en Consejo de Rectores por diferencias en criterio de financiamiento, Radio Universidad de Chile, 26 junio 2009
— Juan Manuel Zolezzi, presidente del Consorcio de Universidades Estatales: “Con esta reunión el CRUCH se ha fortalecido”, Universia, 26 junio 2009
— El oficio de columnista, Leonidas Montes, La Segunda, columna de opinión, 25 de Junio de 2009
— Jiménez: “Lamento que haya un quiebre” en el Consejo de Rectores. Ministra de Educación aseguró que mientras una ley no diga lo contrario seguirán “entendiéndose” con dicha institucionalidad, La Tercera, 25 junio 2009

Política de educación superior
El Mercurio, opinión editorial, 29 junio 2009
Los conflictos en el seno del Consejo de Rectores reflejan diversas visiones respecto del rumbo que debe tomar la política de educación superior. El Gobierno anunció cambios en esta área que hasta ahora no se han materializado, y las universidades estatales han planteado que, por su naturaleza, les corresponde un trato preferente. Pero en un marco de recursos escasos, la demanda por fondos adicionales en educación preescolar y escolar significa que eventuales nuevos recursos para educación superior deberían destinarse de manera casi exclusiva a las universidades estatales.
¿Iría esta política en el interés del país? No es evidente. Más allá de las distorsiones en su diseño que aún persisten, se ha aceptado la inconveniencia de un tratamiento diferenciado para el financiamiento de los estudiantes. Se estima que éste debe ser independiente de la naturaleza jurídica de la institución de educación superior, y dependiente de la calidad de la misma y de la situación socioeconómica del estudiante.
Respecto del financiamiento de la ciencia y la tecnología que desarrollan estas instituciones y la provisión de otros bienes públicos, se insiste en privilegiar a unos planteles por sobre otros, sin consideraciones de calidad. No hay argumentos sólidos para esto.
A veces se aduce también que las instituciones estatales serían las únicas capaces de garantizar el pluralismo, pero éste no es incompatible con una asignación competitiva de fondos, que asegure investigación y provisión de bienes públicos de calidad. En cambio, una asignación discriminatoria sí puede erosionar la calidad universitaria. Entre las estatales, muy pocas son complejas. Muchas son universidades de docencia y productoras de un rango limitado de bienes públicos. Es legítimo que aspiren a más, pero desde el punto de vista del interés público no es razonable que reciban fondos no competitivos para satisfacer este propósito. Los fondos deben estar abiertos a todas las instituciones que, entre otros aspectos, tengan las capacidades efectivas de desarrollar investigación de primer nivel, contribuir a la innovación del país y establecer buenos doctorados.
Por cierto, para brindar a todas las universidades la posibilidad de responder a estos incentivos, ellas deben estar libres de ataduras burocráticas que perjudican su desempeño. A este respecto, las instituciones estatales requieren transformaciones y el Estado debería obviamente apoyarlas en este propósito. Probablemente, eso requerirá, más temprano que tarde, una reestructuración del gobierno corporativo de las entidades estatales.
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Las universidades del Estado
“…El nuevo trato no es un reclamo por trato preferencial, sino por que el Estado asuma su titularidad en aquellas entidades de educación superior que le pertenecen…”.
Eduardo Dockendorff , Director del Instituto de Asuntos Públicos , Universidad de Chile
El Mercurio, columna de opinión, 29 junio 2009
La historia de la educación superior no empezó recién en 1981, cuando se reformó completamente el sistema. Voces disidentes del Consejo de Rectores postulan hoy la inadmisibilidad del reclamo de las universidades estatales por un nuevo trato, como si éstas estuviesen exigiendo un privilegio o un salvavidas para protegerse de la competencia. Nuevo trato no busca trato preferente, ni mucho menos privilegiado.
Las universidades del Estado han sido instrumentos esenciales de las políticas de desarrollo, tanto en los orígenes de la Universidad de Chile a mediados del siglo XIX, cuando el “Estado en forma” reclamaba urgentemente especialidades y profesiones, como cuando el Estado “bienestar” del siglo XX debió industrializar y luego tercerizar al país. Esenciales, porque el régimen político unitario necesitaba de instituciones educativas que le proveyeran un soporte cultural e intelectual homogéneo, plural, tolerante frente a las tendencias centrípetas, desintegradoras de los años inciertos de la República. Al amparo de la libertad de cátedra y la autonomía pudieron florecer en ellas el pluralismo, la diversidad y la tolerancia, el liberalismo, el pensamiento humanista laico, el racionalismo positivista y el conservadurismo secular, todos valores fundamentales de la República, los mismos que defendieron sus fundadores en 1810.
Durante casi todo el siglo XX, Chile, aún minúsculo económicamente, se hizo grande y reconocido en todo el mundo, gracias a que su democracia permitió consolidar la República de manera excepcional. Ello no habría sido posible sin la existencia de las universidades del Estado, entre otras instituciones republicanas. Los bienes públicos que éstas proporcionaron fueron, y son también, aquellos de la República. No es coincidencia que, con un par de excepciones, todos los presidentes de Chile, desde 1878, hayan provenido de las aulas de una universidad del Estado, ni que la inmensa mayoría de los premios nacionales otorgados hayan recaído en egresados de estas instituciones.
Las universidades estatales, luego de haber sido pilares del desarrollo de Chile, desde 1973 han sido protagonistas de una historia aciaga. De ser universidades intervenidas pasaron a ser mutiladas, luego vigiladas (Jorge Millas), abandonadas en 1981, para ser finalmente dejadas a su suerte, o si se prefiere, derechamente olvidadas. En la mayor del país, por ejemplo, la Universidad de Chile fue mutilada para conjurar la amenaza disidente que sobrevivió en ella; se exoneró a miles de sus miembros y se intervinieron sus unidades académicas consideradas más propensas a un pensamiento crítico y, por tanto, políticamente indeseables o peligrosas.
Recientemente las universidades privadas se han instalado, para beneficio del país, aunque con disímiles resultados, también en ámbitos públicos, pero no han sido parte consustancial del esfuerzo del Estado por llevar adelante determinados proyectos-país. No es ésa tampoco su misión primera.
En el intertanto, las universidades estatales han sobrevivido apoyadas en su prestigio centenario, adaptándose malamente al modelo de financiamiento impuesto en 1981, que, al fundarse en el lucro, abandona el epicentro de su misión pública, para poder sostenerse y contener la migración de sus académicos más preciados por el mercado. ¿Cómo se puede conciliar el acicate del lucro con la misión de ser parte constitutiva del garante del bien común en el sistema educacional? Se puede, dirán algunos. Pero no les pidamos a quienes se mueven sólo por él en el sistema educacional que, además de sostener la rentabilidad del negocio educativo, se hagan cargo de los valores de la República o de la democracia política, del resguardo del pluralismo y las libertades públicas y de la tolerancia. Hay innumerables bienes públicos que simplemente no cabe delegar en agentes privados, por nobles y altruistas que éstos declaren sus fines.
El nuevo trato no es un reclamo por trato preferencial, sino por que el Estado asuma su titularidad en aquellas entidades de educación superior que le pertenecen. No significa buscar restarles recursos a otras universidades, recursos que tampoco son cuantiosos (OECD, 2009), sino lisa y llanamente reclamar aquellos recursos que el Estado está obligado a poner a disposición de la educación superior estatal que le corresponde.
El nuevo trato, antes que un trato preferencial, es una llamada de alerta de aquellas universidades que contribuyeron históricamente con el desarrollo político, social, económico y cultural del país, a que no sean esta vez atributos esenciales de la República los que estén siendo desamparados en este nuevo olvido.
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Consejo de Rectores
Carta, El Mercurio, 27 junio 2009
Víctor Pérez Vera, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores
Señor Director:
En “El Mercurio” de ayer viernes se informa que el “Consejo de Rectores zanja quiebre con un nuevo comité integrado por la red Cruz del Sur”, sobre una Mesa de Trabajo con el Mineduc y sobre la formación de profesionales del área de la salud. En relación con ello, me permito señalar lo siguiente:
La elección del rector de la Universidad de Chile como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (Cruch) y del rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como vicepresidente alterno se efectuó en la reunión que tuvimos en mayo pasado en Valparaíso. En la reunión de junio en Antofagasta y a que alude la información de “El Mercurio” se eligió al resto de los integrantes del Comité Ejecutivo: los rectores de la Universidad de Santiago de Chile, de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad de Talca, de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Católica de Temuco. O sea, el Comité Ejecutivo del Cruch quedó conformado por cuatro rectores de universidades estatales y tres rectores de universidades privadas, uno de los cuales integra el grupo Cruz del Sur, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y quien fuera elegido en la reunión de mayo pasado, y no el jueves 25, al igual que el suscrito.
Además, en la última reunión de Antofagasta, el Consejo de Rectores y la jefa de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Sally Bendersky, acordaron crear una Mesa de Trabajo entre el Cruch y el Mineduc para analizar y generar propuestas sobre el 5% variable del Aporte Fiscal Directo y sobre los aranceles de referencia, tema este último sobre el cual el Mineduc ya se encuentra trabajando, y sobre el cual y con el trabajo de la Mesa se espera lograr una propuesta a implementar en 2010.
También se decidió conformar una comisión de decanos y decanas de las Facultades de Medicina del Consejo con el objeto de analizar el tema de la competencia que se ha generado entre las universidades del Cruch y las nuevas universidades privadas (algunas incluso sin sus carreras de Medicina acreditadas) por acceder a los campus clínicos existentes en los centros públicos de salud y en los cuales nuestros estudiantes y académicos han realizado por años su labor docente, académica, social y asistencial. El Consejo formulará una propuesta al Mineduc y al Ministerio de Salud que permita resolver la actual situación y que en la práctica significa que se está “licitando al mejor postor” nuestra presencia en esos campus clínicos públicos, para lo cual se plantearía un pago directo mensual por cada estudiante (se habla de 3 y 4 UF mensuales por estudiante de pregrado, y de 5 a 7 UF mensuales por estudiante de especialidad de postítulo), además de otras inversiones, situación que, de concretarse, pondría en peligro la calidad, equidad y compromiso social de la docencia que reciben nuestros estudiantes del campo de la salud.
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Polémica en Consejo de Rectores por diferencias en criterio de financiamiento
El financiamiento de la educación superior mantiene enfrascados en una tensión interna al Consejo de Rectores, que agrupa a los 25 planteles tradicionales del país.
Radio Universidad de Chile, 26 junio 2009
Encabezadas por la Universidad de Chile, los planteles estatales han solicitado un “nuevo trato” del Estado, que incluye, entre otros aspectos, un mayor aporte de recursos.
Situación que no comparten cinco entidades privadas agrupadas en el grupo “Cruz del Sur”, que integran las Universidades Católica, Católica de Valparaíso, de Concepción, Austral y Federico Santa María.
El Consejo de Rectores cumplió ayer una jornada ordinaria de sesión en la sede de la Universidad Católica del Norte, sin embargo, los planteles del grupo “Cruz del Sur”, habían anunciado su inasistencia, en una señal de disconformidad, con lo que califican un poco compromiso del vicepresidente de la entidad, el Rector Víctor Pérez, en representar los intereses de todo el Consejo, al liderar una petición “sólo para las estatales”, según afirmó el martes su par de la Universidad Federico Santa María, José Rodríguez.
De hecho, ayer mismo, el grupo Cruz del Sur, se reunió con la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart para presentarles su programa de mejoramiento de gestión.
Una tensa situación que el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez Vera evitó de calificar de “quiebre”.
“No hay quiebre, el que cuatro rectores por razones muy legítimas no hayan querido asistir no significa que en el futuro no quieran seguir asistiendo”, indicó el rector de la Universidad de Chile.
En tanto, el rector de la Universidad Católica, Pedro Pablo Rosso, que lidera el grupo Cruz del Sur, confirmó la tensión con las universidades estatales.
“La palabra quiebre es muy dura, hay un momento de tensión que tendremos que resolver, queríamos dar una señal de disconformidad con la aparente decisión de las universidades estatales de no dialogar y de no acoger la propuesta de ponerse de acuerdo en una mesa de consenso para la dirección del Consejo”, argumento Rosso.
La ministra de Educación, Mónica Jiménez, también se refirió a esta controversia entre las universidades estatales y privadas integrantes del Consejo de Rectores.
“Mientras no haya un cambio en la ley, la institución con la cual nos vamos a entender, es el Consejo de Rectores. Quiero que quede muy claro”, enfatizó la ministra.
Una postura que se corrobora también con la asistencia de la jefa de la división de educación del Mineduc, Sally Bendersky, a la reunión del consorcio de universidades estatales, realizada el miércoles, en donde anunció la creación de una mesa de trabajo con cinco miembros del consorcio que verá la puesta en marcha de un trato preferente en temas de financiamiento para los planteles.
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Juan Manuel Zolezzi, presidente del Consorcio de Universidades Estatales: “Con esta reunión el CRUCH se ha fortalecido”
Universia, 26 junio 2009
El rector de la Universidad de Santiago de Chile y vocero de los planteles estatales, aseguró que todo está volviendo a un cauce de normalidad y “esperamos que ellos se reintegren prontamente a las reuniones”.
“Mi impresión es que el Consejo de Rectores se fortalece. Lo que ocurrió a lo mejor era necesario que pasara, pero creo que está volviendo todo a un cauce de normalidad y esperamos que ellos se reintegren prontamente a las reuniones del Consejo de Rectores”. Así lo manifestó Juan Manuel Zolezzi, presidente del Consorcio de Universidades Estatales, una vez finalizada la reunión del CRUCH, en Antofagasta.
La cita estuvo marcada por la inasistencia de los rectores de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Santa María, Universidad de Concepción y Universidad Austral de Chile, todas pertenecientes al nuevo conglomerado “Cruz del Sur”, que además tiene como miembro a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuyo rector, Alfonso Muga, sí se presentó en Antofagasta. De hecho, él es parte de la nueva mesa directiva que se conformó ayer en el norte.
De esta manera, Víctor Pérez, de la Universidad de Chile, es reelecto como vicepresidente ejecutivo del organismo; Muga es el nuevo vicepresidente alterno, mientras que miembros del comité son Juan Manuel Zolezzi, de la Universidad de Santiago de Chile, y Misael Camus, de la Universidad Católica del Norte. Se integran, además, los rectores de la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Talca.
Juan Manuel Zolezzi aseguró que el tema del impasse provocado por las opiniones de su par de la UC, Pedro Pablo Rosso, quien aseguró que el CRUCH está obsoleto, no se tocó en la tabla de la reunión, aunque sí se comentó el hecho.
“Ellos son personas que siempre van a ser bien consideradas. La verdad es que uno echa de menos caras amigas, independientemente de las distintas posiciones, seguimos siendo personas y nos respetamos mucho. Creo que este es un momento especial, pero de estas crisis siempre se sale fortalecido y nosotros esperamos que ellos se reintegren lo antes posible al Consejo de Rectores”, enfatizó Zolezzi.
Edición: Universia / RR
Fuente: Universidad de Santiago de Chile
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El oficio de columnista
Leonidas Montes
La Segunda, columna de opinión, 25 de Junio de 2009
En nuestro país el oficio o, mejor dicho, la responsabilidad de ser columnista es difícil. Si algo tienen en común las columnas provocativas es que generan diversas reacciones, sobre todo e-mails con contenidos variopintos. El debate serio es muy positivo. Un bien público, diría un economista. Pero la responsabilidad de ser columnista no sólo es difícil. También puede ser arriesgada. Por una columna acerca de una empresa pública de la que se sabía bastante poco terminé enfrentando ante la justicia una querella criminal por injurias. Tuve que defenderme y contratar a un abogado. Al menos la empresa sigue siendo de todos los chilenos. Y aunque poco se ha sabido de esta empresa, sólo recuerdo haber leído recientemente que el ex rector de la Universidad de Chile asumió su presidencia. Y como las coincidencias a veces no son casuales, un par de columnas donde mencioné a la Universidad de Chile han generado más reacciones de las que hubiera previsto.
Por atreverme a comparar un par de datos entre la Universidad Católica con la Universidad de Chile, destacando de paso algunos logros de las universidades privadas, recibí una seguidilla de e-mails cuyo contenido, poco académico por cierto, no sería apropiado reproducir. Mi error más grave fue decir que “dos de las universidades más competitivas en medicina, prácticamente sin apoyo de recursos fiscales, son privadas. Quién lo hubiera imaginado diez años atrás”. Y para que esto no pareciera sólo un tema «cota mil», agregué: “no olvidemos que la Escuela de Derecho de la UDP jugó un rol clave en nuestra reforma procesal penal”. Ya que existe una campaña respecto al «nuevo trato», donde las universidades públicas lideradas por la Chile exigen más recursos del Estado, me preguntaba por qué la Chile tenía 3,5 veces más funcionarios no académicos que la Católica. Como el eslogan ahora es «más Estado», independiente de algunos resultados que están a la vista, mis palabras sonaron como una herejía. Y hablar de la «cota mil»… este loco sí que no cacha na’ del mundo en que vivimos.
Pese a todos los e-mails e insultos que recibí por comparar a la Chile y a la Católica, hace poco volví a cometer el mismo pecado. Eso sí, esta vez fui cuidadoso: no mencioné nada que tuviera que ver con las universidades privadas. No quería ser tratado nuevamente de inculto, ignorante o fascista. Simplemente planteé algunas inquietudes y ciertas preocupaciones, a mi juicio fundadas, respecto de la situación actual de la Chile y de las universidades públicas. Y nuevamente, en un pasaje donde lamentablemente cometí un error, me preguntaba por qué la Universidad de Chile tiene 6.832 funcionarios no académicos, un número elevadísimo si se compara con todo el sistema. Mencioné que se parecía a Codelco.
En reiteradas ocasiones he planteado que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (el cartel CRUCH) es una institución obsoleta. Finalmente, la Católica junto a otras buenas universidades golpearon la mesa. Hay aires de cambio. La Chile seguirá liderando el CRUCH. Y me temo que lo hará en compañía no muy buena. Quizás en todo esto hay una apuesta política: la oportunidad de concretar el «nuevo trato». Esto es, obtener mayores recursos del Estado. Un trato preferente, argumentarán algunos; exclusión disfrazada de equidad, dirán otros.
Nuestro sistema universitario es parecido al de Inglaterra, donde hay dos grandes universidades que lideran el sistema: Oxford y Cambridge. Y compiten. En nuestro país es parecido: la Chile y la Católica (pongo a la Chile primero, ya que son más susceptibles). También compiten. La única diferencia es que en Inglaterra existe un rico debate respecto a Oxford y Cambridge. Recuerdo haber leído columnas develando realidades muy duras. Entienden que el debate es un bien público. En Chile estamos lejos. Y si alguien se entromete, se especulan confabulaciones.
Sigo preguntándome qué diría don Andrés Bello de la actual situación de la Chile…
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Jiménez: “Lamento que haya un quiebre” en el Consejo de Rectores. Ministra de Educación aseguró que mientras una ley no diga lo contrario seguirán “entendiéndose” con dicha institucionalidad.
por Cristian Chandía E.
La Tercera, 25 junio 2009
El financiamiento de la educación superior mantiene enfrascados en una tensión interna al Consejo de Rectores que agrupa a los 25 planteles tradicionales del país.
Las universidades estatales abogan por un “nuevo trato” del Estado (encabezadas por la U. de Chile), situación que no comparten cinco privadas agrupadas en “Cruz del Sur” (lideradas por el rector de la U.Católica, Pedro Pablo Rosso).
El Consejo de Rectores cumplía hoy una jornada de sesión en la Universidad Católica del Norte, sin embargo, hubo ausencias pues esta mañana cuatro planteles (UC, Universidadde Concepción, Austral y Federico Santa María) se reunieron con la subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart.
“Lamento mucho el quiebre. Mientras no haya un cambio en la ley, la institución con la cual nosotros nos vamos a entender, como ministerio, es el Consejo de Rectores y yo quiero que les quede muy claro a unos y a otros -son todos mis amigos, ustedes lo saben, porque yo vengo de ese mundo-, pero que les quede muy claro que de acuerdo a la ley el Consejo es el organismo con el cual el Mineduc se entiende”, dijo la ministra de Educación, Mónica Jiménez.
Agregó que “pueden existir todas las organizaciones que quieran y de hecho las hay -el capítulo de la UC, el Consorcio de Universidades Estatales, la asociación de Universidades Regionales, en fin-, existen muchas y fantástico que sigan existiendo, no hay ningún problema, pero de acuerdo a la ley el Mineduc se entiende con el Consejo de Rectores”.