Mineduc aclara dudas a rectores sobre implementación de inicio de la gratuidad

por Paulina Salazar y Flor Guzmán, 10 de julio de 2015

¿Cómo se implementará el inicio de la gratuidad en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch)? ¿qué mecanismos y criterios se usarán? ¿Cómo se definirán los costos de los aranceles?, fueron algunas de las preguntas que hizo ayer un grupo de rectores de las universidades estatales al jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez.

Las respuestas, según los asistentes, no estuvieron muy claras, pero continuarán en una mesa de trabajo entre los rectores y el Mineduc para definir cuál será el impacto real del inicio de la gratuidad que empezará en 2016 y que beneficiará al 60% de los alumnos más vulnerables de cada plantel considerado en la primera fase.

Las preocupaciones de las autoridades académicas se instalan hoy, a menos de dos meses de que el gobierno envíe la ley de presupuesto, iniciativa por la cual se fijarán los montos y mecanismos para comenzar la gratuidad en las universidades del Cruch, en los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) que estén acreditados y no persigan lucro.

Según los asistentes a la reunión, el Mineduc aún no tiene definida la fórmula que se utilizará para financiar la gratuidad comprometida para el próximo año. Dudas que, a juicio de Martínez, son naturales en un proceso de cambios. “Estas mesas de trabajo nos sirven para aclarar aspectos en los cuales ellos pueden tener dudas o haber interpretado situaciones de implementación, pero eso es natural”.

Una de las interrogantes fue si la iniciativa perjudicará o no a los alumnos de las instituciones. La respuesta de Martínez fue que “ningún estudiante va a ser afectado negativamente. (La medida) está diseñada de tal manera de que aquellos que entren en gratuidad este año serán cubiertos por el gobierno y se mantienen todos los beneficios para aquellos que no sean considerados”.

Sin embargo, algunos rectores plantearon que la iniciativa no tendrá mayor impacto en ciertas universidades, en especial en aquellos planteles estatales que tienen una mínima brecha entre el arancel real y el referencial, donde varios de sus alumnos beneficiados con la beca Bicentenario (que cubre parte del arancel) hoy ya “casi” estudian a costo cero. Una realidad de la que están conscientes en el Mineduc, pero que, sin embargo, recalcan que “cuando hay gratuidad, la relación financiera ya no es una relación con los estudiantes (y el plantel), sino que con el gobierno. El gobierno se compromete vía presupuesto de financiar y eso es una garantía legal”.

La iniciativa, que fue anunciada el 21 de mayo por la Presidenta Michelle Bachelet, apunta a beneficiar a los alumnos más vulnerables. Esta lógica, según los rectores, hace pensar que habrá universidades que tendrán mayor aporte de gratuidad que otras. Por ejemplo, la U. de La Frontera tiene una alta tasa de alumnos matriculados pertenecientes a los tres primeros quintiles. Una realidad lejana a la de la U. Católica.

Para Francisco Martínez, estas comparaciones no se deben hacer, ya que “esto no beneficia a más o menos recintos. Las universidades tienen diferentes proporciones de estudiantes en el sexto decil y esa es toda la diferencia, pero los planteles quedan inalterados, en el sentido de que aquellos (alumnos) que no son del 60% van mantener la situación anterior, y los que están en ese 60% van a entrar a gratuidad”.

Si bien la mayoría de los rectores de los planteles estatales concuerdan en que el impacto de dicha medida “será bajo”, entienden que esta es la transición y que el real efecto se sentirá cuando entre en vigencia la gratuidad para el 70% de los alumnos. El proyecto aún no se envía al Congreso, pero ese trámite ya fue comprometido para septiembre por la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Consultado por la dudas relativas a si los dineros alcanzarán para dicha meta, el jefe de la Divesup contestó que “la Presidenta hizo una propuesta y eso es lo que se ha mantenido, no se ha cambiado”.

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Ues estatales piden fijar aranceles igualitarios para una misma carrera

“El modelo impuesto por la dictadura en los años 80 se conserva y se reafirma su trato discriminatorio contra las universidades estatales”, declaró mediante un comunicado el rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Ennio Vivaldi. Bajo ese tenor, la directiva de planteles del Estado expresó sus aprehensiones respecto al proyecto de gratuidad en la educación superior que elabora el Mineduc y que ingresará al Congreso antes de septiembre.

Esto, mientras algunos de sus rectores se reunían con el jefe de la División de Educación Superior de la cartera, Francisco Martínez. Pese a ello, el Cuech planteó que las instituciones estatales exigen que todas los planteles que participen en el beneficio de la gratuidad, cobren lo mismo. “Se fija un arancel y se da el mismo arancel a todas las universidades para una misma carrera”, remarcó Vivaldi.

“Si estamos hablando de que en 2016 habrá una política de Estado, las universidades estatales tenemos que ser tremendamente cuidadosas para ver en qué consiste. Si la política es que el Estado de Chile le dará por un estudiante de una carrera determinada a una universidad, que hoy cobra mucho, todo lo que está cobrando; y a otra universidad, posiblemente estatal, posiblemente de región, por esa misma carrera, le va a dar la décima parte, nos parece absolutamente inaceptable e incomprensible. Nos opondríamos a que eso se convierta en una política pública”, agregó el representante de las estatales.

“Basar el mecanismo de gratuidad en que debe otorgarse a cada universidad el equivalente de lo que cada una cobra por aranceles no es una reforma a la educación superior. Por el contrario, reafirma los criterios de mercado y valida los efectos de una prolongada desregulación”, insistió Vivaldi, que también solicitó que no se prohíba aumentar la matrícula.

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