Han continuado reverberando los ecos en torno al informe sobre la educación superior chilena preaparado por la OECD y el Banco Mundial, alimentándose por esta vía el debate suscitado en torno al rol de los distintos tipos de universidades, del Consejo de Rectores (CRUCH), y del financiamiento de las instituciones y de los estudiantes al que me refiero en una columna publicada días atrás.
Ver a continuación una entrevista a Jamil Salmi, experto del banco Mundial que participó en el equipo a cargo del Informe y que realizó dos presentaciones en Santiago al momento de hacerse público el informe.
Ver asimismo, más abajo, entrevista al rector de la PUC-V, Alfonso Muga; a Jorge Allendo, premio Nacional de Ciencias; a diversas autoridades universitarias y dirigentes estudiantiles; Carlos Williamosn, Prorector de la PUC; Raúl Morales, Decano de la Facultad de Ciencias de la UCH y otros, entre los cuales la declaración del Grupo de Montivideo (b de universidades estatales de países latinoamericanos) sobre la situación de sus congénertes en Chile.
Jamil Salmi: “La educación superior chilena es una de las mejores de América Latina”
Universia, 16 abril 2009
El coordinador para Educación Superior del Banco Mundial habló con Universia sobre los datos entregados por el informe de la OCDE respecto de la enseñanza terciaria en Chile. Según indicó, nuestro país está a la vanguardia en temas de calidad y mecanismos de financiamiento. Sin embargo, hay que mejorar el sistema de inversión pública para los planteles universitarios.
A principios de abril, el Ministerio de Educación dio a conocer el informe “Revisiones de políticas nacionales de educación: La educación superior en Chile”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial.
Este documento plantea algunas modificaciones al sistema universitario en cuanto al método de ingreso, asignación recursos fiscales, mallas curriculares de pregrado, entre otros, además de destacar iniciativas que ha desarrollado el país, como el aseguramiento de la calidad y la implementación de nuevos instrumentos de financiamiento.
En conversación con Universia, Jamil Salmi, coordinador para Educación Superior del Banco Mundial, indicó que espera que el informe “permita un debate más objetivo y más amplio sobre los aspectos fuertes y en los que se puede mejorar en la educación superior en Chile y que el Gobierno lo pueda usar como un insumo para el debate sobre el futuro de la enseñanza terciaria”.
En cuanto al desarrollo positivo de la educación, destacó la alta tasa de participación en la formación superior y una gran diversidad de instituciones. “Hay dinamismo de competencia, el que puede influir en el mejoramiento de la calidad. La educación superior en Chile es una de las mejores, sino la mejor en América Latina, en cuanto a mecanismos dinámicos a logros de calidad y mecanismos de financiamiento sofisticado”, sostuvo.
Jamil agregó no podría mencionar aspectos negativos, sino más bien nuevos desafíos para el país. “Se debe encontrar un nivel de inversión pública para educación superior más alto, porque Chile ha demostrado su capacidad de ser un país líder en cuanto al desarrollo económico y eso no puede seguir sin un capital humano fuerte, lo que significa que las instituciones tienen que hacer una contribución aún más amplia”.
En relación a la molestia que causó entre algunas autoridades académicas el planteamiento de un trato más igualitario entre las universidades tradicionales y las privadas, el coordinador del Banco Mundial manifestó que “es una lástima que no hayamos tenido representantes de los estudiantes y preguntarles a ellos qué piensan de un país donde hay dos clases de personas: Los chilenos A y los chilenos B y los A tienen más privilegios que los B. Me parece que en una democracia esta segregación es algo del pasado que no debería seguir. Un joven del quintil más bajo debería tener los mismos derechos sin ver si está en la Universidad de Chile o en la Diego Portales”, puntualizó.

Universidades Latinoamericanas critican baja inversión estatal en sistema de educación superior chileno
La Segunda Online, Viernes 17 de Abril de 2009
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) respalda, en una declaración pública, las acciones para revertir el actual deterioro institucional y financiero de las universidades estatales de Chile.
Destacando la educación superior como “un bien público social y un derecho humano esencial”, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) organismo que agrupa a diversas universidades públicas de Agentina, Brasi, Paraguay, Uruguay y Chile , emitió una declaración el pasado 14 de abril, en donde critica la baja inversión estatal que tiene el sistema de educación superior en Chile.
El documento, que se redactó en la 53º reunión del Consejo de Rectores de la AUGM realizado en Sao Paulo, Brasil, da su pleno respaldo a las acciones que permitan revertir las condiciones de deterioro institucional, económico y financiero en que se encuentran las universidades del Estado de Chile, como también las inequidades que enfrentan al participar en el “mercado de la educación Superior chileno” y que las aleja de los principios de calidad y pertinencia, equidad e inclusión, que deben caracterizar a las universidades públicas estatales.
El secretario general de AUGM, Rafael Guarda, explica que los datos que sustentan la declaración se basan en una presentación que el rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Juan Manuel Zolezzi, realizó acerca de la actual situación de las universidades estatales chilenas.
“El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, expuso acerca de la actual situación de las universidades chilenas y de cómo se ha reducido significativamente el aporte del Estado a estas instituciones. Es por esta razón y sobre la información que dispusimos, que evidenciaban las dificultades que tienen las universidades estatales en Chile para cumplir su rol fundamental en el desarrollo de la sociedad, que surge la declaración.”, sostiene Rafael Guarda.
Por su parte Zolezzi califica de “valorable” la declaración y destaca el apoyo que el organismo le entrega a las instituciones estatales de educación superior en el país. “La Asociación de Universidades Grupo Montevideo se mostró sorprendida con la actual situación de las universidades estatales en Chile, lo que originó una situación de respaldo, de forma unánime, frente a las reivindicaciones de las actuales condiciones, aunque contemos con la agresión permanente de algunas universidades privadas, que si cuentan con el privilegio que nosotros no hemos tenido”, concluye el rector de la Usach.
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Chile en la OCDE: una mirada a la educación
Carlos Williamson B.
El Mercurio, 17 abril 2009
El informe 2008 de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) sobre educación permite situar a Chile como miembro asociado a esa organización de 30 naciones frente a los países de mayor desarrollo relativo a nivel mundial.
En cobertura escolar, queda claro que los logros han sido importantes. La población adulta entre 25 y 64 años con estudios secundarios alcanza en Chile al 50%, similar a Italia y España, aunque todavía por debajo del 68% que exhibe el promedio de la OCDE. El avance se explica en buena medida por el acelerado mejoramiento en las tasas de graduación escolar. En calidad, ya se sabe que Chile está lejos de cualquier meta razonable. Exhibió un pobre desempeño en las pruebas PISA 2006. En ciencias ocupó el lugar 32 entre los 30 países OCDE y los seis asociados, y el 40% de nuestros estudiantes no alcanzó el nivel mínimo para razonar adecuadamente frente a fenómenos científicos elementales.
La búsqueda de fundamentos a los magros resultados en calidad escolar apunta habitualmente a la falta de recursos. Ello es efectivo, pero sólo en parte. Desde luego, no hay gran diferencia en la proporción del PIB que se destina a esta área: 3,9% en Chile frente a un 4,3% en la OCDE, siendo en ambos casos su financiamiento mayoritariamente de fuentes públicas. El dato contundente y grave, sin embargo, es que nuestro gasto total por alumno en educación primaria y secundaria es sólo un tercio del mismo gasto en los países OCDE. Asimismo, este gasto por estudiante en referencia al ingreso per cápita respectivo es también un 25% inferior en Chile. Es más, entre 1995 y el 2000 el gasto escolar por alumno había experimentado un aumento de 60%, pero se estanca y deja de crecer hacia el 2005.
Otras razones aluden a la gestión del proceso educativo que inciden en la calidad de la docencia. Primero, llama la atención el tiempo que se gasta en la sala de clases, sin resultados aparentes. Chile ostenta el primer lugar de los 36 países de la muestra en cuanto al tiempo que los alumnos de colegios públicos están físicamente en clases: casi un 30% más que el promedio OCDE. Por contrapartida, el tiempo del profesor ex aula dedicado a la labor de planificación y preparación de clases es 25% en Chile y 40% en la OCDE. Otro dato duro es que en Chile los cursos son un 25% más numerosos y la remuneración de los profesores, en poder adquisitivo comparable, es un tercio de lo recibido por los docentes de las naciones OCDE, ya sea el sueldo de entrada o después de 15 años de antigüedad. O sea, exceso de tiempo en clases y poca planificación, cursos sobredimensionados, bajas remuneraciones, y, por ende, mala docencia.
En educación superior se repite el logro de la mayor cobertura. Un 77% de los graduados en la educación media accede a alguna institución de educación superior, lo que es similar a la OCDE. Donde falla nuestro sistema es en las tasas de graduación universitarias. En las carreras técnicas, Chile está algunos puntos por debajo, pero en las universitarias la tasa de graduación es la mitad, y aun peor es el desempeño en los programas de doctorados.
En cuanto a financiamiento, la educación superior recibe en Chile una proporción similar a la OCDE del PIB nacional, pero presenta una situación extrema y preocupante en lo concerniente a la participación pública: sólo 15% frente a 63% en los países OCDE. El carácter de bien público de parte importante de la actividad académica condiciona de manera natural las fuentes de financiamiento, siendo imperativa una mayor presencia del Estado como complemento al aporte de los privados. En Chile, estamos a distancia de un balance razonable en esta ecuación.
Los indicadores comparativos que nos entrega el informe de esta prestigiosa entidad muestran los frutos del esfuerzo que ha hecho Chile en materia de cobertura educativa. Ello sin duda es condición necesaria para la equidad social. Pero es un trabajo incompleto si el aprendizaje es mediocre o los alumnos abandonan a mitad de camino, como queda de manifiesto al mirar el bajo desempeño escolar o las bajas tasas de graduación universitaria. También nos señala que difícilmente nuestro país llegará muy lejos o se acercará a las naciones desarrolladas sin una priorización del gasto público que ponga acento en mayores recursos a la educación escolar y superior. Por último, que no basta el instrumento de financiamiento si no se introducen reformas profundas en las escuelas que eliminen las ineficiencias y se hagan cargo del talón de Aquiles de una gestión escolar moderna y eficaz: el profesor y su trabajo docente dentro y fuera de la sala de clases.
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Rector de la Católica de Valparaíso: “Lo estatal no tiene el dominio exclusivo de la vocación pública”
La Segunda Online, Jueves 16 de Abril de 2009
“En el sistema universitario nacional podemos distinguir tres tipos de universidades: las estatales, las particulares y las privadas. Tanto las estatales como las particulares se unen en una denominación común: tradicionales, y éstas se reúnen en el Consejo de Rectores”, planteó Alfonso Muga, al inaugurar el año académico en la Universidad Católica del Maule.
Un profundo análisis sobre la vocación pública de las universidades desarrolló el rector de la PUCV, Alfonso Muga, al dictar una clase magistral, durante la inauguración del año académico de la Universidad Católica del Maule, en Talca.
“Hay que decirlo claramente, lo estatal no tiene el dominio exclusivo de la vocación pública. No es del caso confundir propiedad con función”, planteó Muga, en el Campus San Miguel de la institución maulina.
El rector de la Católica de Valparaíso se refirió al tema en momentos en que se da una amplia discusión sobre la educación universitaria en el país. “Asistimos a un debate sobre los distintos aspectos que tocan a la educación superior y a la universitaria en particular. Diariamente, surgen nuevos análisis, artículos de prensa, opiniones y ponencias, marcados, las más de las veces, por intereses corporativos”, dijo Muga, quien habló en su condición de Presidente del Capítulo Chileno de Universidades Católicas.
Recordó que hace unas semanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial dieron a conocer un diagnóstico sobre la Educación Superior en Chile: “El documento plantea cuáles son la funciones que debiera cumplir la educación superior en el siglo XXI, da cuenta del estado actual de nuestras instituciones y de las políticas en este ámbito, y efectúa una serie de recomendaciones, que podremos compartir o no, pero que dejan explícitamente reflejada la necesidad de abordar de manera profunda e institucional cambios que la educación superior requiere”.
Muga criticó que desde algunos sectores se presente a las universidades estatales como las únicas depositarias de la vocación pública. “Uno de los aspectos que ha estado en la discusión pública nacional en el último tiempo es el referido a la diferenciación que se ha querido establecer entre universidades del Estado y aquellas que no lo son, atribuyendo a las primeras, por su condición de estatales, la exclusividad de la vocación pública, como una forma de justificar lo que estas entidades han señalado como “un nuevo trato” por parte del Estado, de modo tal que éste les otorgue un financiamiento preferente con un piso mínimo. Se trata de una distinción no exenta de repercusiones”.
El rector continuó: “Ante ello, hay que decirlo claramente, lo estatal no tiene el dominio exclusivo de la vocación pública. No es del caso confundir propiedad con función. Así lo recoge, por lo demás, el informe de la OCDE”.
En el curso de su presentación, aclaró que en Chile existen tres tipos de planteles de educación superior. “En el sistema universitario nacional podemos distinguir tres tipos de universidades: las estatales, las particulares y las privadas. Tanto las estatales como las particulares se unen en una denominación común: tradicionales, y éstas se reúnen en el Consejo de Rectores”, precisó.
Muga explicó de qué depende la condición pública de una institución de educación superior: “Toda universidad, dado su quehacer formativo e investigativo, puede argumentar que responde a una vocación pública. En estricto rigor esta cualidad no depende sólo de una voluntad o vocación personal -aunque esta persona sea jurídica- , sino que depende de que otros, a la vez, la reconozcan. Eso es lo propio de lo público. Por lo tanto, la vocación pública no se puede enunciar unilateralmente. En el caso de las universidades particulares, el reconocimiento de su vocación pública tiene formalmente fundamento en un acto del Estado, que entre otros aspectos implica otorgarles un financiamiento análogo al de las universidades estatales”.
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“Consejo de Rectores quedó obsoleto, pero falta voluntad para cambiarlo”
Raúl Morales, Decano de Ciencias de la U. de Chile
El Mercurio, 16 abril 2009
Decano de Ciencias de la U. de Chile contradice al Rector del plantel. Raúl Morales critica la posición de Víctor Pérez de desconocer la crisis que vive una institución que, a su juicio, “ya no responde a las necesidades del país”.
MANUEL FERNÁNDEZ BOLVARÁN
Sorprendido quedó el decano de Ciencias de la U. de Chile, Raúl Morales, con las palabras del rector de esa institución, Víctor Pérez, quien el lunes dijo en “El Mercurio” que no ve amenazada la continuidad del Consejo de Rectores (CRUCh) e incluso se cerró a la posibilidad de que este organismo reciba a otras instituciones de educación superior, como propone la OCDE.
“Discrepo de lo que él plantea. Me preocupa que mantenga una posición tan inflexible de continuar con un Consejo que ya no responde a las necesidades del país y que mantiene una discriminación anacrónica entre las universidades que lo integran y las que no”, sostiene.
En 2008 Morales publicó el libro “Horizontes de la crisis universitaria”, en el que apuntó sus dardos contra el CRUCh. El mismo que hoy está al rojo luego de que la ofensiva por más recursos de las universidades estatales generara la reacción de cinco planteles tradicionales privados, agrupados en la Red Cruz del Sur, que se oponen a la “agenda involutiva” que impulsan las estatales, en palabras del rector de la U. Católica, Pedro Pablo Rosso.
“El surgimiento de Cruz del Sur es síntoma de que el sistema se agotó”, dice Morales, en claro contraste con la posición de Pérez, quien le restó importancia a este grupo.
-¿El CRUCh quedó obsoleto?
“Sí. Hay un grupo de universidades que trata de mantener un statu quo que ya no puede seguir. Hace tiempo que el CRUCh quedó obsoleto, pero ha faltado voluntad política para crear un nuevo sistema”.
-¿Cómo se explica eso?
“Los últimos gobiernos no han sabido hacer cambios. El sistema universitario genera mucho ruido (basta ver las protestas estudiantiles), y piensan que cualquier paso mal dado puede generar una explosión contraria a sus intereses de poder. Así que el tema se tranca y se deja esperando a que explote más adelante. Pero se le está haciendo un daño al país”.
-¿Este quiebre se da porque el financiamiento divide demasiado al Consejo?
“Sin duda. Cuando se habla de plata, el sistema universitario queda de lado y cada uno se dedica a ver cómo captura más recursos para su institución. Debemos ordenar el sistema, reconocer a todas las universidades”.
-¿Un Consejo más amplio?
“Sí, un consejo de universidades chilenas. Y ahí se verá en función de qué se les van a entregar recursos: si va a ser por la formación de personas con posgrado, investigación, extensión o apoyo a actividades sociales. Esto requiere, como dice la OCDE, duplicar el gasto en educación terciaria”.
-Y lo que plantea Cruz del Sur es privilegiar a las universidades de excelencia, no a las públicas sólo por el hecho de ser del Estado.
“Es que hay que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿son necesarias las universidades regionales estatales? Si decimos que sí, el Estado tiene que cumplir un rol. Además, las universidades estatales debieran ser de investigación, porque tienen que resolver los problemas de su zona. Visto así, es justo que se les entreguen los recursos para cumplir sus objetivos y se le deben exigir resultados”.
-Pero si se pide más plata para algunas y la torta es la misma, eso significa menos para el resto.
“Yo no partiría pensando que a la U. Católica o a la U. de Concepción les vamos a quitar lo que tienen. Son instituciones con una trayectoria de excelencia y sería muy tonto quitarles el apoyo. Incorporar a nuevas universidades al financiamiento estatal significa ampliar los recursos”.
-Pero por algo la ofensiva de las estatales hizo que las universidades de Cruz del Sur se sintieran amenazadas…
“Ningún rector de universidad estatal ha planteado que haya que quitarles a las privadas los recursos que el Estado les entrega. Lo que se pide es que seamos simétricos en los aportes y en las exigencias”.
-¿Qué futuro le ve al CRUCh?
“Este Gobierno no va a generar ninguna iniciativa de largo plazo. Es un tema que queda abierto para el próximo, pero en un contexto mayor de efervescencia. Los estudiantes están conscientes de que no es posible seguir sosteniendo una educación terciaria financiada principalmente por las familias”.
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Dirigentes universitarios se refieren al informe de la OCDE
Universia, 15 abril 2009
Líderes estudiantiles de las universidades de Chile, Diego Portales, Central y Alberto Hurtado coinciden en que las propuestas que da a conocer el documento ya habían sido puesta en la mesa por el estudiantado y otras agrupaciones, e instan al Gobierno a generar cambios. Visita nuestra sección Universitarios.
El informe “Revisiones de políticas nacionales de educación: La educación superior en Chile”, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, ha generado diversas opiniones en el mundo académico y también entre los estudiantes.
Jonathan Serracino, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, señala que lo que este documento demuestra que es el Gobierno “no entiende que acá pueden estar las propuestas. La mayoría de los temas que menciona la OCDE han sido nombrados por el Consejo de Rectores, por rectores de las instituciones de educación superior privadas y por los propios estudiantes. Creo que el informe va en las líneas de que la educación superior en Chile no puede seguir en estos niveles de exclusión”.
El dirigente de la UAH agrega que el Estado está entendiendo el aporte privado como el que sale de las familias para financiar los estudios superiores. “Eso llegó a un tope donde las familias no pueden financiar el desarrollo de la educación superior, que es mucho más allá que la profesionalización. El Estado debe financiar investigación, docencia de calidad y debe fiscalizar la calidad de las instituciones. Hoy día todos los informes técnicos indican que el sistema que hoy existe no da para más y esto solamente requiere que los políticos entiendan que las propuestas que se están generando van en la línea de lo que todo el mundo y todo el desarrollo necesitan”.
El líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Federico Huneeus considera una “vergüenza” que entidades extranjeras tengan mayor conocimiento sobre los cambios que deben realizarse en el país en materia de enseñanza terciaria. “Que necesitemos un informe de la OCDE para instalar un tema me parece muy preocupante, significa que Chile no tiene voz sobre su propio destino y está diciendo a los países de afuera que nos digan qué tenemos que hacer”.
Huneeus añade que los estudiantes se encuentran haciendo todo lo contrario. “No estamos hablando de propuestas técnicas, estamos hablando de una construcción política que quiere convocar a un gran movimiento social a generar un cambio. No queremos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, queremos un proceso social que convoque y que haga que toda la ciudadanía en la construcción de este proyecto”.
Equidad entre las universidades
Uno de los puntos que mayor discrepancia produjo el informe es la propuesta de un trato más igualitario entre las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores y las pridadas. Sobre esto, el presidente de la Fech sostuvo que “sabemos que la educación en Chile está segmentada en una educación para ricos y otra para pobres, con calidades desiguales. Queremos convocar a terminar con esto y buscar un proyecto educativo que integre socialmente a todos los actores”.
Por su parte, Pablo Zenteno, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central indica que la división entre privadas y tradicionales ha sido nefasta para el país, “más hoy día, tomando en cuenta que muchos planteles privados reciben alumnos de los tres primeros quintiles del país. Creemos que se tiene que acabar ese trato proferente a esas universidades que no tienen integración social. La universidad debe tener sentido público y, en base a eso, se tiene que definir el financiamiento y la ayuda que se tiene que dar. El Estado debe enfocar su intervención y su garantía en la educación, no en la institución, sino en el sujeto”.
Maximiliano Núñez, vocero del Consejo de Presidentes de la Universidad Diego Portales, manifiesta que esta división refleja un problema de país. “Organizaciones internas se han referido al tema de las privadas versus las tradicionales; ahora son organismos internacionales los que lo dicen. Es un tema que no se puede hacer caso omiso, un problema país que afecta a todas las familias y que, como estudiantes, también tenemos considerado, además del financiamiento y los aranceles de las universidades que están descontrolados”.
Los universitarios esperan poder plantear al Gobierno una serie de reformas a la educación superior, las que están siendo discutidas tanto por dirigentes de entidades estatales como privadas.
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Educación superior según la OCDE
DR. JORGE E. ALLENDE RIVERA
Premio Nacional de Ciencias Naturales
El Mercurio, 14 abril 2009
Señor Director:
El informe sobre la Educación Superior en Chile, presentado por un grupo de expertos de la OCDE y del Banco Mundial, ha tenido la virtud de generar un necesario debate.
Una de las aseveraciones generales que contiene el informe es que hay una gran diversidad entre las instituciones de educación superior en Chile, incluyendo universidades que tienen grandes diferencias entre sí. Esta diversidad es positiva si es que se reconoce que las diferencias responden a las distintas misiones que esas instituciones se han dado. El informe hace un llamado a que las instituciones asuman sus específicas misiones y definan los nichos que debieran ocupar en el complejo sistema de educación superior chileno. Ese es un sano llamado que contradice a muchos que propugnan que no hay diferencias entre las universidades: estatales, privadas, confesionales, laicas, con o sin fines de lucro, de investigación o de docencia de pregrado. Hay diferencias, y esas diferencias ameritan que la sociedad y el Estado las traten en forma diferente, valorando las diversas funciones que ellas cumplen.
Entre otras recomendaciones interesantes, en el capítulo sobre investigación y desarrollo, el informe recomienda que Chile invierta mucho más en estos rubros y que una necesidad olvidada es la urgente renovación de la infraestructura para investigación y para innovación. Esa recomendación resuena profundamente con los planteamientos de la comunidad científica que hace décadas reclama por la obsolescencia de su equipamiento e instalaciones.
También nos sentimos interpretados por el llamado de los expertos de la OCDE y del Banco Mundial a aprovechar el Programa Becas Chile para avanzar en recursos humanos altamente capacitados, evitando, sin embargo, que ese programa afecte negativamente los programas de posgrado en nuestras universidades.
Como crítica al informe señalaría el poco o nulo análisis que éste hace sobre los programas de posgrado de nuestras universidades.
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Investigación y desarrollo: deudas pendientes de la educación superior
Radio Universidad de Chile, varios entrevistados, 13 abril 2009
El informe Revisión de Políticas Nacionales de Educación: La Educación Superior en Chile, dice textualmente que “la calidad de la investigación en Chile es bastante buena”. Según algunas cifras, “en la mayoría de las áreas es mejor que el promedio latinoamericano, y en varias está a la par con las mejores del mundo”, como Estados Unidos y la Unión Europea.
Lo cierto es que Chile gasta apenas alrededor del 0,7 por ciento de su PIB en Investigación y Desarrollo.
Por eso, la principal preocupación de la OCDE y el Banco Mundial es que los recursos se incrementen y se equilibren con el fin de dar más financiamiento a las universidades privadas.
Hoy las principales instituciones que realizan investigación son las universidades estatales más importantes (U. de Chile, U. Católica, U. de Concepción, U. de Santiago y U. Austral) y de las privadas, la única acreditada y que se perfila hacia una categoría destacada es la Universidad Nacional Andrés Bello.
Harald Beyer, coordinador académico del Centro de Estudios Públicos, aseguró que muchas universidades del Consejo de Rectores que “no están haciendo nada con el Aporte Fiscal Directo que reciben del Estado. Por eso, debería haber una redistribución de los ingresos”.
Jorge Allende, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile descarta de plano la tesis. Sí llama la atención a la necesidad de priorizar áreas de investigación y desarrollo estratégico para el país y que se potencien las armas de ciertas instituciones en particular, pues “no todas las universidades se pueden dedicar a investigar. La idea es priorizar las misiones de las casas de estudio para que cinco o seis se dediquen al tema”.
¿En qué áreas se debe priorizar? ¿Cómo innovar?
La consultora internacional, Boston Consulting Group, propuso un criterio económico basado en cuántas divisas se producen para el país, lo que dio como resultado lo obvio: se debe invertir en minería, fruticultura y acuicultura. Pero el estudio no consideró otras áreas fundamentales como temas sociales y geopolíticos.
El Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad, en tanto, realizó ciertas propuestas enfocadas no sólo en necesidades económicas, sino también en factores que contemplan necesidades sociales, como la seguridad ciudadana o la salud pública; y las necesidades geopolíticas como el aprovechamiento hídrico o los estudios astronómicos y antárticos.
Andrés Bernasconi, vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad Andrés Bello, afirmó que la casa de estudios dirige sus áreas de investigación van por la línea de la “biotecnología, la acuicultura y la protección de la vida silvestre, programas que están alineados con las prioridades definidas por el Consejo para la Innovación”.
EL Gobierno también quiere tomar medidas respecto a este asunto. Sally Bendersky, Jefa de la División de Educación Superior del MINEDUC, indicó que la idea es desarrollar un mecanismo de asignación de temas a investigar a través de invitaciones a concursar en proyecto que sean prioritarios para el Gobierno.
En busca de un criterio uniforme para definir áreas estratégicas
El informe OCDE/Banco Mundial llama a aunar criterios a través de una instancia en la que exista un debate y la posterior toma de decisiones. En ese contexto debiera incluirse a los distintos actores de la comunidad científica, académica, del gobierno y del sector económico.
Algunos proponen la creación de un consejo asesor, otros de un ministerio. En el MINEDUC reconocen que se trabajó en una propuesta para crear una Subsecretaría.
Jorge Allende, Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, postula que la creación de una instancia presidida por una figura con rango de ministro facilitaría el debate y la puesta de estos temas sobre la mesa gubernamental.
Jorge Manzi, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex miembro del Consejo Asesor Presidencial para la Educación, no comparte la idea de crear la figura de un ministro cerca de la presidenta de la República, pero advierte que hay mucha confusión en la comunidad académica respecto a qué se está haciendo a nivel de política pública.
Mientras, Eduardo Bitrán, presidente del Consejo Nacional para la Innovación y la Competitividad es tajante: “la definición de prioridades científicas le corresponde a este Consejo, en un proceso de diálogo con los actores sociales, en un proceso técnico de comprender cuáles son las necesidades de desarrollo, en el que también se entreguen los criterios para la asignación de recursos”.
El punto en contra es que esta institución existe sólo a través de un decreto presidencial, lo que no garantiza la existencia del consejo en un próximo gobierno.
¿Cómo financiar la investigación en Chile?
Según el informe OCDE/Banco Mundial, la Investigación y Desarrollo en nuestro país tiene otro grave problema: el financiamiento.
Las universidades del Consejo de Rectores se llevaron más del 95 por ciento de los fondos del estado para Investigación. Una evidente inequidad.
Actualmente existen dos tipos de financiamiento público para las universidades: el Aporte Fiscal Directo (AFD) y los fondos concursables para la investigación.
Andrés Bernasconi, Vicerrector de Investigación de Postgrado de la UNAB aseguró que “el Estado no le dará al AFD a todas las universidades acreditadas. Lo que si debiera ocurrir es que ponga más recursos a través de fondos concursables o utilizar instrumentos para la creación de capital como el programa Mecesup a la ues privadas”.
Sally Bendersky, Jefa de la División de Educación Superior del Mineduc adelantó que se trabaja en una propuesta denominada convenio de desempeño en la que la actual inequidad en la asignación de recursos quedará atrás.
Al interior del Ministerio de Educación reconocen que hay mucho trabajo por hacer y que ya se está elaborando una propuesta para mejorar la actual inequidad en la asignación de fondos del sistema público.
Este proyecto pretende “generar más recursos para aquellas casas de estudio que cumplan con ciertos requisitos como acreditación y consolidación, transparencia en las gestiones y que cuenten con un sistema de participación del estudiantado”.
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