Hora de un cambio integral en educación superior

Prof. Luis A. Riveros: “Se debe elevar la calidad y mejorar en equidad, pero esto no ha sido suficientemente atendido por una reforma con énfasis en la gestión financiera, y no en su diseño curricular…”.

Nuestra educación vive una crisis no adecuadamente abordada. Se debe elevar la calidad y mejorar en equidad, pero esto no ha sido suficientemente atendido por una reforma con énfasis en la gestión financiera, y no en su diseño curricular, la formación de profesores y el financiamiento público. La educación pública, en particular, continúa desatendida, incluyendo el inadecuado financiamiento de las universidades del Estado. Es evidente que una educación básica y media deficiente en sus aspectos esenciales, junto con una insuficiente educación preescolar, no tiene otro resultado en cuanto a educación superior que la necesidad de una alta selectividad y la proyección de un severo problema de calidad.

Abordar una reforma a la educación superior requiere que se enfrenten adecuadamente los déficits esenciales que trae el resto del sistema, y darse en tres ámbitos bien definidos. En primer lugar, generar un sistema que hasta ahora no ha existido como tal, procurando una mucho mayor transparencia de las instituciones individualmente respecto de sus audiencias y del sistema como un todo en relación con su validación social, con una adecuada supervisión/regulación por parte de una Superintendencia independiente.

Dicho sistema debe ser más eficiente, desarrollando institutos politécnicos que aúnen la tarea de institutos profesionales y centros de formación técnica y propiciando innovación en el diseño curricular universitario.

Asimismo, debe propiciar mayor diversidad, evitando tendencias que se insinúan en cuanto a planes homogéneos que repriman la necesaria innovación formativa. Debe ser un sistema más dialogante, para que la autoridad tenga la posibilidad de transmitir a los actores el propósito de sus políticas, requiriendo una asociación de universidades acreditadas, además de un Consejo de Rectores de Universidades Estatales. Y en materia de financiamiento institucional se debe instaurar una política de financiamiento en base a bienes públicos asociados a la actividad de las distintas instituciones, sean ellas privadas o estatales. Asimismo, este sistema debe propiciar que las universidades del Estado actúen como una red colaborativa, restringiendo la extravagante idea de que ellas deben competir en desmedro de los bienes públicos que deben generar.

Pero también una reforma debe enfatizar la calidad, un concepto multidimensional que incorpora aspectos curriculares, de dotación académica y de infraestructura, pero además, y de modo muy importante, de vinculación activa entre investigación y creación con la formación profesional. Este último aspecto ha sido a menudo subvaluado y no integrado adecuadamente en el análisis institucional y de carreras.

Para todo ello, una reforma debe implicar un cambio sustantivo en materia de acreditación, especialmente haciendo de ella un proceso de acompañamiento más bien que un “semáforo” instalado en un contexto punitivo en lugar de uno que efectivamente promueva la calidad como proceso permanente. En este aspecto debe también existir un cambio sustantivo en la autoridad acreditadora, para que ella no sea más un conjunto representativo de instituciones, sino, más bien, donde estén académicos de la más alta y transversal calificación.

Un tercer ámbito del cambio que debe tener lugar en la educación superior se relaciona con la equidad, que es, a toda vista, uno de los aspectos más cruciales. Las instituciones y la Superintendencia deben hacer un esfuerzo por transparentar los costos efectivos y poner en práctica un cambio en materias de selección y admisión que no implique la centralización del mismo, sino su diversificación.

La gratuidad no puede ser universal, sino concentrarse en los estudiantes con mayores necesidades, y abarcar los aspectos de subsistencia que han sido siempre dejados de lado, cruciales como son para la exitosa permanencia de un estudiante en el sistema. La gratuidad universal de aranceles cuesta aproximadamente 2 puntos de PIB, una cantidad cercana a lo que costaría una reforma integral de los niveles preescolar, básico y medio, especialmente con los mayores recursos que necesita el sistema público.

Además de su costo, es una medida regresiva porque subsidiaría a los sectores más acomodados, que deben contribuir al financiamiento de un sistema que precisa propiciar accesibilidad y permanencia para todos.

Necesarios cambios en la educación superior han sido pospuestos por años, legando un sistema incompleto, con débil regulación, escasa cooperación interinstitucional y profunda segmentación. Es hora de un cambio decisivo que aborde las materias mencionadas y posiblemente otras. Para ello es fundamental un diálogo entre los actores más destacados del sistema para que una reforma no sea producto de una reflexión parcial o crucialmente incompleta. Si algo debe caracterizar a una apropiada educación superior es la existencia de debate para ponderar las mejores ideas posibles, y las políticas no sean resultantes solo de las visiones de quienes son los responsables de implementar las propuestas.

Prof. Luis A. Riveros
Ex rector Universidad de Chile